lunes, 2 de febrero de 2015

Colombia: La ilegalidad y la marrullería como norma

Jorge Enrique Robledo (MOIR)

El Polo dio voto negativo la ley estatutaria de salud (PL 209 de 2013 Senado), porque no era para servirles a los colombianos acabando con el negocito de las EPS, sino para mejorárselo a sus dueños, pero, eso sí, con la consabida demagogia que manipula al ciudadano. Y mejoraba el negoción porque, de una parte, mantenía la intermediación financiera y las facilidades para defraudar a clínicas y hospitales (IPS), y, de la otra, atacaba la tutela, los derechos ciudadanos y la independencia de los médicos, todo para disminuir el gasto en los pacientes y aumentar las ganancias de las EPS. No sale gratis que estemos en el gobierno de las EPS y de los altos funcionarios con vínculos con ellas.

Con lo que no contó el ministro Alejandro Gaviria fue con que la Corte Constitucional le modificara varios de los peores artículos, aunque habían sido redactados para que no se entendiera lo que decían. Fue tal su molestia, que afirmó ofensivo: “La Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta” (http://bit.ly/1vDGcyZ); “los magistrados no entendieron lo que allí estaba plasmado”; “La Corte Constitucional, con algunos argumentos que a mí me parecen espurios, dijo ‘esto se tacha’, y el acuerdo que se había construido democráticamente ya no es”(http://bit.ly/1y4vgx3). Todo porque la Corte rechazó, por inconstitucional, menoscabar aún más los derechos ciudadanos. Pero lo peor vino después.

La Corte Constitucional, con las modificaciones que generaron la iracundia de Gaviria, publicó su sentencia afirmativa sobre la ley estatutaria el 22 de octubre de 2014 y la corrigió el 3 de diciembre, y esta es la hora en que el Presidente de la República, en descarada violación de la Constitución, ni la sanciona ni la objeta y se proponen perpetrar otra ilegalidad: devolverla al Congreso para que allí el santismo la rehaga (http://bit.ly/1JUqHMz), con lo que burlaría la decisión de la Corte y nuevamente sacrificaría al país en el altar de las EPS. Tan inaceptable ha sido la actuación del Gobierno, que Jorge Iván Palacio, magistrado de la Corte, calificó de “inexplicable” que la ley no se haya sancionado (http://bit.ly/1ENzQDG).

Ante la actitud contumaz de Santos -y solo digo Santos porque la verdad es que el ministro Gaviria carece de competencia legal en este caso-, la Mesa Nacional por la Salud le interpuso una demanda al presidente del Congreso, José David Name, para que sancione la ley estatutaria, según lo ordena el Decreto 2067/1991 cuando el Presidente se niega a actuar. Ojalá el senador Name siga las normas y no contribuya con un mayor descrédito del Congreso, asumiendo la ilegalidad de Santos y la retórica soberbia de Gaviria (http://bit.ly/163RcQj).

Mientras los días corrían sin que fuera sancionada la ley estatutaria, al finalizar 2014, en medio de las fiestas, el ministro de Salud expidió cuatro decretos a favor de las EPS y contra las IPS. Y anda tras ponerles copagos a los derechos no POS que ordenan las tutelas e incluir otra reforma a la salud oculta en la ley del Plan de Desarrollo, ley que se ha convertido en una selva de los micos porque contiene centenares de artículos sobre decenas de temas, de manera que en los hechos se evade la debida publicidad del trámite y la unidad de materia y el debate en las comisiones especializadas que cumplen las demás leyes.

Otro caso de abierta violación de la ley por parte del gobierno ocurre sobre el derecho a pensión de la policía, aumentado en cinco años mediante el Decreto 1858 de 2012, firmado por el Presidente y el ministro de Defensa. Porque aun cuando el Consejo de Estado declaró ilegal el decreto -dado que las pensiones solo pueden modificarse mediante ley- y ordenó suspender su aplicación, el gobierno se niega a cumplir dicha orden, según me explicó el general Palomino, en respuesta a carta mía a Santos y al ministro. ¿Qué norma estipula que cuando se les pregunte a unos deben responder otros? Y añade que no acatan la decisión del Consejo de Estado porque no les gusta, como si existiera una ley que permita escoger qué leyes se cumplen y cuáles no. Quedaron incursos en fraude a resolución judicial.

Otra hazaña en la historia de la marrullería nacional la logró el ministro Mauricio Cárdenas al meter en la reforma tributaria un artículo -a las escondidas, que es lo que caracteriza al mico legislativo- que impide reducir los precios de los combustibles, que por ello quedaron con impuestos del 53 por ciento, entre los más altos del mundo.

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