lunes, 23 de febrero de 2015

El anonimato de las fuentes periodísticas, en riesgo

Daniel Salado (LA MAREA)

El anonimato de las fuentes, uno de los pilares de la libertad de información (y por tanto de la libertad de expresión), navega por aguas turbulentas en los países occidentales en los últimos años. Carolina Pina, socia consultora del despacho de abogados Garrigues, experta en derecho a la imagen y en derecho de la propiedad industrial e intelectual, cree que el derecho del periodista a proteger el anonimato de las fuentes “se va a regular más” en el futuro por cuestiones de “seguridad nacional”.

Pina participó el pasado jueves en Sevilla en las jornadas El debate entre el derecho a la información y la imagen pública, organizado por la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APD). En opinión de esta experta, en España los tribunales están siendo “benévolos” con sus sentencias hasta ahora, pero cree que es posible que en el futuro “se ceda en otros derechos como la libertad de información por cuestiones de terrorismo”, según dijo a preguntas de los periodistas sobre la posible evolución legislativa al respecto.

Los expertos vienen a confirmar de este modo la tendencia a la consolidación de una posición jurídica más partidaria de limitar el derecho a la información, que se inició en Estados Unidos en 2005 con el caso Judith Miller, una periodista del diario New York Times que fue encarcelada por un tribunal de Washington por no revelar su fuente tras la filtración de una información de seguridad relacionada con una agente encubierta de la CIA. Pese a que su defensa invocó la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra la libertad de expresión, la fiscal que contribuyó a su condena basó su alegato en que los periodistas no están habilitados para prometer confidencialidad a sus fuentes. La historia inspiró la película Nothing but the true (Nada más que la verdad).

En las mismas fechas, en España se vivió el caso del ex director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, procesado por no revelar sus fuentes en relación con los atentados del 11-M. Pero en esta ocasión, el periodista fue absuelto de sus cargos al ser tenida en cuenta su apelación al “secreto profesional y al derecho a no revelar las fuentes de información, al amparo de los dispuesto en el artículo 20 de la Constitución”.

Posteriormente llegó el caso Wikileaks, un portal de filtraciones anónimas que publicó miles de documentos sobre las actividades de los aliados en la guerra de Irak, principalmente, y que llevó a su fundador director, Julian Assange, a una persecución por presunto delito sexual que le mantiene aún hoy refugiado en le embajada de Ecuador en Londres.

¿Seguridad nacional o lavado de trapos sucios?

Pese a esta oleada de regulación o intento de regulación del mensajero, lo cierto es que las incursiones de los poderes del Estado en derechos fundamentales de los ciudadanos se han cebado hasta ahora más con las fuentes, una vez identificadas (o presuntamente identificadas), que con el periodista. Pero en cualquier caso, la presión se ha intensificado desde comienzos del siglo XXI con las dos guerras más mediáticas de este periodo.

El caso más conocido es el del soldado y analista de inteligencia Bradley Edward Manning (actualmente Chelsea E. Manning), señalado por el Pentágono como la fuente principal de Wikileaks en la filtración de documentos de las guerras de Afganistán y de Irak, especialmente del video más famoso de esa filtración, Collateral murder (asesinato colateral), que muestra cómo un helicóptero estadounidense mata a un grupo de civiles en Irak del que formaban parte dos periodistas de la agencia Reuters. Manning fue condenado a 35 años de cárcel y se encuentra en situación de máxima vigilancia.

Pero no es el único que ha pagado caro su chivatazo. Tan conocido como el caso Manning es el de Edward Snowden, el analista que filtró información sobre el programa de vigilancia secreta del Gobierno estadounidense. Estados Unidos ha mantenido causas contra una decena de funcionarios en los últimos años basándose en el Acta de Espionaje de 1917, diseñada para criminalizar a los espías e informantes pero no para encausar a los funcionarios que simplemente denuncian ante la prensa o la justicia, con pruebas obtenidas gracias a su trabajo, las actuaciones del Gobierno que consideran abusivas o abiertamente ilegales.

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