lunes, 23 de febrero de 2015

El conflicto económico en un año electoral

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El centro del debate político se concentra en el caso Nisman, el fiscal del caso AMIA, muerto el 18 de enero pasado, y sus secuelas asociadas al recambio presidencial de este año.

La novedad provino de la marcha de homenaje a la víctima, al mes del suceso, donde muchos adhirieron más allá de los vínculos del fiscal con los servicios de inteligencia locales y extranjeros, y reclamando una solución judicial, razón por la que muchos otros no marchamos.

Hay que mencionar que la movilización se constituyó en un acontecimiento político de carácter opositor al gobierno, muy diferente a la marcha del 4 de febrero, convocada por la CTA Autónoma, Apemia, el Serpaj y organizaciones sociales y políticas diversas reclamando contra la impunidad, por la apertura de los archivos secretos y la constitución de una Comisión Investigadora Independiente con participación minoritaria de los parlamentarios.

Es cierto que la movida del 18F fue masiva e intervino en la confrontación política central de la coyuntura, atravesada por la disputa del gobierno del capitalismo en la Argentina actual, mientras que la temprana intervención del 4F tuvo un sentido ideológico señalando un camino alternativo a quienes buscan solución en la Justicia, con antecedentes de impunidad no solo en el caso AMIA. La respuesta oficial y de la oposición, con matices, recorre el camino de la Justicia y el debate favorable o crítico al trabajo específico de la fiscalía asociada a la investigación del atentado en la mutual judía. La propuesta alternativa intenta expresar el ejercicio del poder soberano del pueblo.

La política en la coyuntura transita por la disputa y el conflicto político entre oficialismo y oposición, pero también, aun marginal en los medios de comunicación, con una intervención política alternativa asentada en el protagonismo popular para instalar otra forma de ejercicio de la soberanía del pueblo.

No solo se trata de investigar la muerte del fiscal, o el brutal atentado impune a la AMIA, sino también de investigar la deuda pública, incluso ahora que existe un mandato legal desde septiembre del 2014 en ese sentido. No es solo quién gestiona el capitalismo, sino si se puede pensar una política de intervención popular asentada en la soberanía del pueblo.

La economía en disputa

La situación política corre en paralelo con la evolución de la economía y el conflicto a varias puntas.

Por un lado, en un clásico de esta época y pese a los ajustes en el salario docente del verano, la paritaria de los maestros parece no tener acuerdo y el 22% ofrecido por las autoridades está muy lejos del 38% de actualización que reclaman los sindicatos en la discusión con las autoridades nacionales, algo que se reiterará en las provincias más allá de la decisión que se asuma en el orden nacional.

El interrogante es si peligran las clases, preocupación social reiterada para estos tiempos desde hace años. Por lo pronto, los estatales, que incluyen a los docentes anunciaron un paro nacional para principios de marzo y en algunas provincias, caso de Buenos Aires, el paro se anticipa una semana.

No es menor la cuestión salarial, cuando se discute si la inflación del 2014 fue de 24% o de 38%, por lo que los dirigentes sindicales sostienen ajustes de ingresos que supongan recuperar lo perdido y anticipar el crecimiento de los precios del 2015. Ese es el argumento de la conflictividad salarial en estas horas.

En el mismo sentido, el conglomerado de gremios del transporte, de aire, tierra y agua, han convocado a un paro nacional para fines de marzo con eje en el impuesto a las ganancias, especialmente las de cuarta categoría, y la principal demanda es la actualización del mínimo no imponible y así evitar que los ajustes y/o aumentos de salarios tengan destinos en la recaudación fiscal.

Pero el conflicto no solo proviene del ámbito sindical, sino que también se procesa desde el interior de los sectores productivos y tanto en el sector agrario como en el industrial se procesa una interna política de los empresarios sobre las medidas económicas que anticipan el debate, ya no solo con el actual gobierno, sino que presupone una agenda para el que lo suceda desde diciembre del 2015.

En ese marco, un tema no menor de conflicto es la discusión con los fondos buitres y las justicia de EEUU. Desde el gobierno se insiste en una propuesta similar al canje del 2005 y 2010 y el Juez Griesa, sin perjuicio de empujar la ejecución del fallo, intentan arrimar a su sentencia a todos los bonistas no ingresados al canje de deuda de la Argentina.

La búsqueda del juez en Nueva York apunta a completar el 7% de titulares no ingresados al canje para el mismo beneficio que los buitres. Se trata de 7.000 millones de dólares en origen, al momento de la cesación de pagos del 2001 y que pueden estimarse en 14.000 millones de dólares si se aplican las mismas consideraciones con las que falló la justicia de EEUU en la demanda de los fondos buitres.

Desde el gobierno se confirma la voluntad de pago, bajo las mismas condiciones del 93% ingresado a los canjes. La oposición sistémica también tiene voluntad de pago, y pretende que se resuelva antes del cambio de gobierno. La disputa es por quién asume el compromiso de pago y consecuentemente el ajuste, por derivación de recursos fiscales con privilegio en la cancelación de deuda.

El problema es abrir camino a un rumbo alternativo en materia de endeudamiento, con eje en la investigación de la deuda y mientras ello ocurre se impone la suspensión de los pagos. ¿Es esto posible? Existe una coyuntura mundial, donde la deuda pública vuelve a estar en discusión, en Grecia, España, Argentina o en la propia Organización de Naciones Unidas.

La importancia del tema impone la intervención social, más allá de los gobiernos, y con movilización generar condiciones para superar la lógica de pagar la deuda ilegal, ilegitima y odiosa.

Soberanía popular más allá del oficialismo y la oposición sistémica.

Se necesita iniciativa política popular para que la disputa política trascienda la lógica de la confrontación por la gestión del capitalismo. Hace falta una Conferencia Internacional para discutir sobre la deuda, con presencias de las diferentes experiencias y posiciones que en el mundo intentan un camino alternativo al del poder transnacional representado en el sistema financiero y su gerencia desde el FMI y el Banco Mundial. Pero no alcanza con esa propuesta. Resulta imprescindible convocar desde allí a una gran campaña popular que pueda desembocar en una consulta popular para que el pueblo decida sobre los usos de los dineros públicos.

El movimiento popular argentino necesita articular sus luchas y converger en una gran iniciativa política, con capacidad de actuar en diversos escenarios, el de la constitución de sujetos conscientes en el proceso de transformación social, al tiempo que se construye un programa sustentado en la defensa de la soberanía de los bienes comunes y la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas.

La renovación presidencial, en tanto acción política colectiva, ofrece el desafío para articular fuerza social volcada a la disputa electoral con iniciativas políticas populares, que más allá de los comicios, incorporen masividad a la lucha. Una lucha por reivindicaciones democráticas que emergen de la vida cotidiana, y otras que vayan más a fondo en la denuncia del orden hegemónico del capital y supongan la búsqueda de un nuevo orden social, no solo anti capitalista, anti colonial y antiimperialista, sino contra la discriminación, el racismo y el patriarcado.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.