lunes, 2 de febrero de 2015

El gobierno de Guatemala lamenta sucesos ocurridos durante conflicto armado interno

CERIGUA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala publicó un comunicado en el que lamenta los sucesos acaecidos durante la época del conflicto armado interno, en el contexto de la guerra fría.

La Cancillería destaca que el gobierno de Guatemala, respetuoso de la independencia de los Poderes del Estado, recibe la sentencia emitida por los órganos jurisdiccionales correspondientes del Organismo Judicial, en relación con la quema de la Embajada de España, suscitada el 31 de enero de 1980, en la ciudad de Guatemala.

El gobierno además reitera sus condolencias por la pérdida de vidas “de ilustres españoles y guatemaltecos”, como consecuencia del siniestro en la sede diplomática española ocurrido hace 35 años.

Estas situaciones no pueden repetirse, afirma el pronunciamiento oficial, en el cual se puntualiza “el espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996, en los que se llama a los guatemaltecos a la reconciliación y a continuar con el desarrollo nacional y el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Guatemala.

Por su parte, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, al cumplirse este 31 de enero 35 años de aquellos trágicos hechos, emitió un comunicado en el que señaló que la justicia es la gota que apaño el fuego de la impunidad.

El documento, dirigido a la comunidad nacional e internacional, destaca que este 35 aniversario de la masacre de la embajada de España en Guatemala, representa la celebración de la dignidad y memoria de las 37 víctimas, sus luchas, sus anhelos por una vida digna para sus familias, sus comunidades y para los guatemaltecos y guatemaltecas.

Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando Seis de la Policía Nacional (PN), fue sentenciado este lunes por un tribunal de alto impacto a 90 años de prisión por la quema de la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, hecho en que fallecieron 37 personas, la mayoría de ellas campesinos del altiplano.

El Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jeannette Valdés, condenó al ex jefe policial a 80 años de prisión por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa y a 10 años por el delito de deberes contra la humanidad.

La mañana del 31 de enero de 1980, cinco estudiantes y 22 campesinos tomaron la sede de la Embajada de España en la zona 9, para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el entonces gobierno del general Romeo Lucas García, en el occidente del país.

A raíz de esto, la sede diplomática fue rodeada por elementos de la PN, quienes posteriormente hicieron a los ocupantes atrincherarse en una habitación, a la cual prendieron fuego; los cuerpos de socorro pudieron intervenir hasta que el incendio se había consumado.

Del ataque sobrevivieron únicamente el embajador español Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá; el diplomático fue llevado al hospital Herrera Llerandi, a donde pidió trasladar al otro sobreviviente para su seguridad.

Sin embargo, Yujá fue secuestrado un día después del atentado y su cuerpo con señales de tortura fue arrojado a inmediaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Posteriormente, los estudiantes Adolfo Hernández y Jesús España fueron asesinados cerca del Paraninfo Universitario, cuando se realizaba el funeral de las víctimas de la quema de la Embajada.

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