lunes, 23 de febrero de 2015

España: Ciudadanos contra la corrupción

Daniel Ayllón (LA MAREA)

Reportaje publicado en el número de febrero de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual

Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.

González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos. Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro. “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.

Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”.

González y Villarejo forman parte del elenco de ciudadanos y expertos que protagonizan el documental Corrupción: El organismo nocivo, que tiene como objetivo reconocer la labor de estos denunciantes. El filme narra las experiencias de diversos profesionales de la administración: desde interventores municipales como Fernando Urruticoechea o Maite Carol, hasta el inspector de cursos de formación Carlos Martínez o el ex director del Institut Municipal Promoció Econòmica Mataró Jaume Llansó. El director del documental, Albert Sanfeliu, destaca los puntos en común que tienen todos ellos: son personas con una “fortísima integridad moral” y que “conocen el sistema muy bien desde dentro”. Sin embargo, se sienten “solos” social y jurídicamente.

Incumplimientos del Gobierno

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en noviembre de 2012 un informe sobre anticorrupción, en el que recomendaba, entre otras medidas, “establecer una clara legislación y un eficaz marco institucional que proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción”.

Tras su publicación, España se comprometió a adoptar medidas para proteger a los denunciantes en un plazo de dos años. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido su promesa y todavía carecen de garantías. En Europa, apenas un puñado de países –Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido, a la cabeza– cuentan con estatutos de protección para denunciantes. A pesar de ello, los casos de corrupción judicializados tuvieron un repunte en España en 2014, que se cerró con más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos y varias macrocausas a punto de llegar a juicio. Entre ellas destacan sobre todo parte de la trama Gürtel y los casos Nóos, Campeón y Pretoria.

En este último, las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.

Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.

Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”.

Los informativos de televisión batieron en 2014 el récord de horas de emisión de noticias sobre corrupción, el tema estrella, impulsados por el tirón mediático de casos que afectaban a la infanta Cristina, el ex president de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la tonadillera Isabel Pantoja, los exministros Rodrigo Rato y Jaume Matas, los expresidentes de clubes de fútbol José María del Nido y Josep Lluís Núñez y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, entre otros.

Lejos de poner el foco en los acusados, el director del documental, Albert Sanfeliu, reflexiona sobre cómo tratan los medios de comunicación la corrupción: “Echo en falta que se dé más voz a las personas que denuncian los casos”. Éste fue uno de los motivos que le llevó a rodar el filme: promover el ejemplo de quienes hacen posible la apertura de las investigaciones, a través de su narración. “Hablan de cara, para empatizar y que la ciudanía se sume. Queremos transmitir que sí puede”.

Por su osadía, Sanfeliu tiene asumido que no logrará ayudas públicas para su documental –el rodaje lo financiaron 451 mecenas a través de crowdfunding– y que, probablemente, encontrará problemas para proyectarlo en los cines. Por ello, busca ahora patrocinadores para los bolos y salas alternativas donde presentar el proyecto en todas las ciudades posibles.

Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana. A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.

Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca. “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad.

Una justicia sin recursos

Además de la responsabilidad del Gobierno de proteger a los denunciantes anónimos, el ex fiscal anticorrupción sigue señalando en la actualidad a jueces y magistrados: “Están formados para robos y pequeños delitos, no para tramas complejas en las que influyen elementos económicos o políticos. Hace falta formación, recursos y esfuerzo. Falta capacidad, fuerza y voluntad”.

Los problemas siguen a día de hoy. Otro protagonista del documental, Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores. En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.

La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva. Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros.

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