miércoles, 11 de febrero de 2015

Guatemala: Cambio de actitudes como acción política

Rosalinda Hernández Alarcón (CIMAC)

Garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres en Guatemala es un asunto complejo, debido -entre otras razones- a la preponderancia que todavía tienen las visiones conservadoras en la familia, la escuela, los medios; a los enfoques fundamentalistas que pregonan algunos líderes políticos/religiosos o bien limitar la solución a problemáticas sociales a través de la vía legal.

Así ocurre que un partido político en el país centroamericano, el segundo en importancia, se vanaglorie en proponer una ley que obligue la lectura de la Biblia en escuelas públicas, a pesar de que tal iniciativa conlleva violar la Constitución, que reconoce la libertad de religión y creencia.

Al analizar qué sucede con las muertes violentas de mujeres, este delito está plenamente reconocido en una ley que tiene por objeto garantizar su vida, libertad, dignidad e igualdad; sin embargo reportes periodísticos informan que el número de casos de femicidio va en aumento.

Si bien la legislación referida está encaminada a promover una vida libre de violencia para la población femenina, y erradicar los delitos que se cometen en el marco de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, falta promover políticas públicas y transformar actitudes interpersonales para suprimir comportamientos machistas en todos los espacios.

Es decir, se requiere atender todo aquello que origina la violencia patriarcal, ya que desde niños ellos están mal educados porque se les inculca la errónea idea de que son superiores a las mujeres, y a las niñas se les fomenta aceptar el dominio del sexo masculino.

Si hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guatemala o en otro país donde la mayoría de diputados es de ideología conservadora, hace política invocando el nombre de Dios e ignora la situación de inferioridad que vive el sexo femenino, difícilmente aprobará leyes que garanticen tales prerrogativas; por el contrario, su misión será legislar para coartar libertades de las mujeres.

Igual ocurre cuando es de la misma tendencia quien dirige el Poder Ejecutivo, y a través de sus políticas públicas intensifica la militarización, fomenta estigmas y prejuicios, criminaliza movimientos sociales, y debilita la institucionalidad a favor de las mujeres.

Es entonces oportuno reflexionar qué hacer para que los derechos de las mujeres sean realidad, no sólo desde la vía legal o de las políticas públicas.

Hay feministas en Guatemala que proponen definir estrategias encaminadas desde los movimientos de mujeres para internalizar qué significa “apropiarnos de nuestras vidas y de nuestros cuerpos”, cómo romper los mecanismos de opresión, cómo constituir sujetos políticos individuales y colectivos que exijan un alto a las violaciones y el acoso sexual, a los matrimonios y embarazos forzados, la trata, la explotación, etcétera.

Ningún organismo de Estado conservador garantizará la libertad de las mujeres a decidir y actuar con autonomía, es necesario conformar una masa crítica activa que ejerza sus derechos.

Estos anhelos requieren vías legales y políticas públicas, pero sobre todo fuerza política (en los ámbitos privado y público) que asuma en los hechos el cambio de actitudes como una nueva cultura, convencida de que es posible erradicar las relaciones de poder machistas.

Rosalinda Hernández Alarcón es periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

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