viernes, 20 de febrero de 2015

Guatemala: Denuncian nueva estrategia del gobierno para implementar uso de semillas transgénicas

CERIGUA

Organizaciones sociales y campesinas denunciaron una nueva estrategia por parte del gobierno para implementar el uso de semillas transgénicas en Guatemala, las cuales aseguraron atentarían contra la autonomía de los pueblos y privatizarían el uso de todas las semillas.

Pese a que el año pasado la demanda social logró la derogación de la Ley de Obtenciones para la Protección de Obtención de Vegetales, llamada también “Ley Monsanto”, dirigentes de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG) denunciaron que de forma oculta el Ejecutivo aprobó una política nacional para el uso de organismos genéticamente modificados.

No conforme con esto, el gobierno busca aprobar el Reglamento Nacional de la Biodiversidad, con el que se pondría en riesgo de contaminación genética y extinción todas las especies nativas y criollas del país, afirmaron.

Asimismo, señalaron que con esta política las y los campesinos se verían obligados a comprar las semillas modificadas a empresas transnacionales, lo que beneficiaría a las compañías y tendría como resultado la presencia de enfermedades desconocidas, tanto en las plantas como en los humanos.

Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales de Guatemala (Cer Ixim), dijo que la idea de la política es promocionar el uso de semillas transgénicas, que gradualmente erradicarán las nativas.

Conduce a la privatización de los alimentos; en el paquete agronómico no solo se venden semillas, sino también los agroquímicos, los pesticidas y todos herbicidas que se utilizan en el cultivo de estos transgénicos, añadió.

La Política Nacional de la Biodiversidad de los Organismos Vivos Modificados fue publicada por el gobierno el 19 de agosto del 2014 en el Diario Oficial; los miembros de REDSAG indicaron que esto se hizo de forma oculta, argumentando otros compromisos del Estado a nivel internacional.

De igual manera, subrayaron que Guatemala no cuenta con laboratorios para el estudio de las semillas transgénico y el Ejecutivo no contempló en el presupuesto un apartado para la creación de éstos, en caso se aprobara el reglamento.

La REDSAG solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) pronunciarse en contra de este reglamento y con ello garantizar los derechos humanos de la población.

En el mismo sentido, exigió al Congreso impulsar una ley que prohíba la experimentación, comercialización, cultivo y consumo de transgénicos en el territorio nacional.

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