viernes, 27 de febrero de 2015

Indemnizan en Venezuela a víctimas de represión del Caracazo

PL

El Gobierno venezolano indemnizó a 596 víctimas del Caracazo (27 -28 de febrero de 1989) y actualmente cursan siete acusaciones sobre esos hechos, destacó hoy la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Berthé.

La funcionaria precisó a la televisión estatal que solo ahora las miles de familias afectadas por aquella brutal represión contra una revuelta popular por medidas económicas tienen esperanzas en que se haga justicia.

En esa dirección, dijo, se trabaja para dar cumplimiento al artículo 29 de la Constitución de la República que señala la obligación del Estado a investigar y procurar la sanción de quienes vulneren los derechos fundamentales.

El estallido social de hace 26 años, recordado hoy con diversas actividades en toda la nación suramericana, es visto como el despertar del pueblo venezolano contra las medidas neoliberales impuestas durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las iniciativas aplicadas, conocidas como El Paquetazo, provocaron la liberación de precios y tasas de interés, el aumento del precio de la gasolina y del costo de los servicios públicos, así como eliminación de subsidios y control de cambio.

Estas políticas trajeron la privatización de empresas públicios miles de familias afectadas y el alto costo de alimentos, aumento de la inseguridad y otros males sociales que empobrecieron aún más al país. "Las cifras de las víctimas del Caracazo no se pueden conocer en exactitud porque por órdenes de Ítalo del Valle Alliegro, ministro de Defensa de aquel gobierno, las investigaciones pasaron a la jurisdicción militar para encubrir los delitos, y allí ninguna de esas causas tuvieron impulso procesal", señaló Berthé.

Explicó que en 2001, en el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez, la Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que esas causas fuesen investigadas.

Berhé acusó al gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez de encubrir esos hechos como parte de una política de violación sistemática a los derechos humanos-

En 2007, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, creó una Comisión Especial de letrados para investigar los hechos ocurridos durante el Caracazo.

Desde 2011, rige una ley que establece sanciones a crímenes y torturas a personas perpetradas durante la IV República (1958-1998).

Para autoridades locales como el Defensor del Pueblo, Tarek William, los responsables de aquellos hechos sangrientos de 1989, son los mismos que ahora desde la derecha pretenden enlutar a Venezuela con intentos golpistas y propuestas de gobiernos de transición, delitos y autores que serán debidamente sancionados, agregó.

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