jueves, 26 de febrero de 2015

La Alianza del Triángulo Norte ¿Acaso hay agenda oculta?

Javier Suazo (ALAI)

En un Foro auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado en Washington en septiembre de 2014, el Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que su país será el “socio estratégico” para ejecutar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte conformado por Guatemala, el Salvador y Honduras, el cual fue presentado por los presidentes de los tres países. Destacó el interés de los Estados Unidos por apoyar con recursos financieros áreas de interés común como la seguridad regional donde se han invertido más de 800 millones de dólares, el fortalecimiento de la institucionalidad para hacer más justo el sistema de impartir justicia, sin corrupción ni impunidad, mejoramiento en la recaudación de impuestos y combate de la pobreza.

Hizo un llamado al sector privado para que invierta más en la región, se trabaje en forma conjunta con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, mejorando la competitividad de las economías y la capacitación de los jóvenes para una mejor inserción en los mercados de trabajo. Resolver el problema de la migración infantil, garantizando condiciones de vida adecuadas para las familias de menores recursos económicos y en riesgo social.

La ejecución del plan depende mucho del apoyo ofrecido por la administración Obama de 1,000 millones de dólares, que fue solicitado al Congreso para su aprobación como parte de las proriroidades de inversión en la región. A criterio del presidente Barack Obama, las necesidades de los países y población de la región centroamericana y de aquellos que conforman la Alianza del Triángulo Norte son mayores y se necesitan cerca de 5 mil millones de dólares.

En Honduras, el gobierno de la República ha denunciado que partidos de oposición como el Partido Anticorrupción (PAC) hacen mala imagen y conspiran contra la Alianza al denunciar en Estados Unidos los actos de corrupción, la impunidad y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país; lo mismo puede decirse del gobierno guatemalteco al ser denunciado por violar derechos humanos de campesinos y comunidades indígenas. La preocupación es que los recursos para la ejecución del Plan se destinen a financiar el anti desarrollo en los países, o sea apoyar políticos, militares, grupos empresariales y banqueros dedicados a hacer negocios con el Estado, sin que se garantice previamente la reducción acelerada de los índices de corrupción e impunidad, mucho menos la reducción de la violencia, pobreza, indigencia y miseria humana.

En un encuentro a celebrarse en Tela, Honduras, el jueves 26 de febrero de 2015, los presidentes de los países, bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, además del apoyo de organismos como el BID, PNUD y la OEA, buscan el apoyo del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), para que el empresariado regional participe de la ejecución del plan generando fuentes de empleo como medio para combatir la pobreza y la migración. Entre los invitados al encuentro de los presidentes de la Alianza del Triángulo Norte con el CEAL, destaca la presencia de Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Mexicanos, Scott Nathan, representante especial para Asuntos Comerciales del Departamento de Estado y Gina Montiel, Gerente del BID para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y México.

Las preguntas que surgen de esta iniciativa tripartita son: ¿Qué papel juegan los demás países de la región como Nicaragua y Costa Rica? ¿Acaso no son parte de la región ni enfrentan problemas económicos y sociales? ¿Es éste un Plan excluyente ideado por Estados Unidos para apoyar a sus verdaderos aliados en la región? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos? ¿Qué opinión tienen los partidos de oposición acerca de la gobernanza del plan? ¿Cuál es el interés real de la administración Obama en la región centroamericana?

Una referencia obligada para buscar respuesta a las interrogantes anteriores, es el interés de Estados Unidos por fortalecer la Alianza del Pacifico que conforman Colombia, Perú, Chile y México, como un bloque regional comercial y estratégico de contrapeso a UNASUR, MERCOSUR, e incluso a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) promovida por Venezuela. Los países del Triángulo Norte participarían como un bloque regional dentro de la Alianza del Pacífico, ya que a pesar de lo pequeño de sus economías (un PIB de cerca de 103 millones de dólares), y con problemas de pobreza, desigualdad y violencia, son con México el patio trasero de EEUUU y posen una ubicación geopolítica envidiable y para potenciar el comercio y la inversión extranjera directa que ha sido poca (cerca de 3,450 millones de dólares en 2014), mucho menor que la de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico.

Asimismo, el plan conlleva la ejecución de una agenda de trabajo contrapuesta a los esfuerzos de los países que participaron en la cumbre de la CELAC, celebrada en San José, Costa Rica. En esta reunión la integración económica, comercial, social, regional y política de los países será parte recurrente de los temas importantes de la agenda del CELAC paran avanzar en la ejecución de políticas públicas más autónomas, como también la vigencia de una nueva arquitectura financiera para América Latina ya iniciada con el Sucre y el Banco de Desarrollo creado por los BRICS.

También son evidentes las denuncias de los países del Triángulo Norte acerca de la posible adquisición de aviones soviéticos por Nicaragua, la construcción del Gran Canal Interoceánico con fondos de empresas chinas y las reiteradas condenas de Daniel Ortega a las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a Rusia. Igual, Costa Rica es la puerta de entrada a China para los países de la región centroamericana, evidenciando el gobierno de Luis Guillermo Solís una posición a favor del pluralismo ideológico y la concertación social y política; el autoritarismo y militarización que se observa en países como Guatemala y Honduras no va con los ticos.

El control de los recursos naturales y de los bienes y servicios ambientales y biodiversidad de la región por empresas transnacionales es otro de los propósitos perseguidos, destacando entre los instrumentos la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), las Alianzas Público-Privadas, ejecución de proyectos mineros y energéticos y el control del espacio aéreo y territorio de tránsito de droga por la DEA. La vigencia de una zona de libre comercio y de tránsito de personas entre Guatemala y Honduras, es también un primer paso para conformar la Unión Aduanera en la Región con apoyo de Estados Unidos que facilita los negocios con y desde aquél país.

Los grupos defensores de los derechos humanos no tienen todavía una posición unificada sobre la ejecución del Plan de la Alianza en terreno todavía minado, asimismo los partidos de oposición política aún no han exigido las garantías requeridas para el uso y manejo de estos fondos en caso de ser aprobados. Al parecer, lo que está claro es que existen objetivos no visibles para los pueblos de la región que forman parte de una agenda geopolítica de los gobiernos de los países y la propia administración Obama.

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