jueves, 19 de febrero de 2015

Los servicios nacionales y extranjeros en el eje de una trama delictiva generada por un gobierno al servicio de las grandes potencias y del capital

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. En una nota anterior (Argentina: La no aparición forzada y la segunda muerte del fiscal Nisman, Argenpress, 8 de febrero) escribimos que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo que decidió la cuestión de competencia el 6 de junio de 2013, la Cámara Criminal y Correccional Federal , que el 14 de mayo de 2014 declaró inconstitucionales el Memorando de Entendimiento con Irán y la ley que lo aprobó y el Fiscal de la Cámara de Casación Penal que el 4 de noviembre de 2014 dictaminó a favor de la confirmación de la sentencia de inconstitucionalidad, coincidieron en que con dicho Memorando el Poder Ejecutivo invadió el ámbito de competencia del Poder Judicial, obstaculizó el progreso de la investigación del atentado contra la AMIA, lo que puede conducir a la total paralización de la causa, al castigo de los culpables y a vulnerar los derechos de las víctimas a un juicio justo, a establecer la verdad y a la reparación moral y material, derechos consagrados en la Constitución y en diversos tratados internacionales.

Por su parte el fiscal Nisman, con ese mismo enfoque y teniendo en cuenta otros elementos probatorios de la intencionalidad de sustraer al Poder Judicial la causa AMIA por parte del Poder Ejecutivo y de los representantes del mismo que negociaron el Memorando con las autoridades iraníes, concluyó que estaba configurado el delito de encubrimiento de un crimen contra la humanidad y cumplió con su deber de denunciar dicho delito el 14 de enero de 2015.

Delito punible aún en grado de tentativa pues el objetivo perseguido de dejar impune el atentado se frustró, hasta ahora, por razones ajenas a la voluntad del Poder Ejecutivo (inconstitucionalidad del Memorando y de la ley aprobatoria y negativa de INTERPOL a levantar las notificaciones rojas).

Dijimos también que el Memorando cae asimismo bajo la sanción de nulidad prevista en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

II. Ahora nos proponemos analizar, así sea someramente, los contornos de las diversas reacciones políticas, en el oficialismo y fuera de él y en particular la cuestión de los llamados “servicios de inteligencia”, a partir de la muerte de Nisman.

La primera reacción al más alto nivel fue la de la Presidenta de la Nación con su primera carta unas 48 horas después de la muerte del Fiscal, que ya hemos comentado en nuestra nota precedente.

En esa primera carta la señora Presidenta relataba haber sido objeto de un atentado en su estudio en 1980, quisimos verificarlo y comprobamos que fue así, que tal atentado existió.

Pude leer parte de la solicitada que publicaron entonces la señora y su extinto esposo (además pude ver una foto de abril de 1982 del abogado Néstor Kirchner, junto con otros representantes de las “fuerzas vivas”, reunido con el general Oscar Enrique Guerrero (con un siniestro currículo durante la dictadura militar) para significar su apoyo a las Fuerzas Armadas en la aventura de las Malvinas. (http://www.perfil.com/politica/Pasado-imperfecto-las-verdaderas-relaciones-de-Nestor-Kirchner-con-los-militares-de-la-dictadura-20061105-0031.html)

En la solicitada donde reclamaban la investigación del atentado del que fueron víctimas y que se hiciera justicia, los esposos Kirchner escribían:

..."También agradecemos la adhesión que nos ha hecho llegar el Sr. Ministro de Asuntos Sociales Dr. Felipe Pablo Oscar Borrelli y el Sr. Intendente Municipal, Sr. Pablo Andrés Sancho, como así también la cooperación prestada por el Sr. Jefe de la Policía Tte. Cnel. Juan José Claro. Respecto de los hechos acaecidos, ésta es la única manifestación pública que este Estudio efectúa, dejando en manos de la justicia la prosecución de las investigaciones pertinentes, conforme debe ser en un Estado de Derecho y esperando sea esclarecida la verdad en su totalidad".

De modo que -para los esposos Kirchner- la dictadura militar era un “Estado de Derecho”.

Sin duda lo era para ellos, pues formaba parte de ese “Estado de Derecho” la circular 1050 de Martínez de Hoz, que les permitió constituir en poco tiempo un patrimonio de 20 propiedades, como resultado de las ejecuciones hipotecarias de deudores morosos.

Es cierto que lo que generalmente se entiende por Estado de Derecho, caracterizado por el acatamiento a la ley y la llamada división de los poderes, da lugar a distintas interpretaciones, pero calificar de Estado de Derecho a la dictadura militar excede de ciertos límites, sobre todo viniendo de dos abogados. Y puede explicar qué particular visión del Estado de Derecho tiene la señora Presidenta de la Nación.

Escribimos “la llamada división de los poderes” porque compartimos el punto de vista de quienes prefieren llamarla división de funciones (ejecutiva, legislativa y judicial) dado que entendemos que existe un solo poder, el de la clase capitalista dominante. De donde resulta que “todos son iguales ante la ley”, pero desiguales frente al derecho de propiedad de los instrumentos y medios de producción y de cambio. Expresado popularmente: todos son iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que los demás.

Dicho de otra manera, de un lado están los pocos “más iguales” que son los propietarios del capital y sus funcionarios en sentido amplio (políticos, burócratas, jueces, legisladores, economistas, intelectuales, periodistas), y del otro están las mayorías económicamente explotadas e ideológicamente dominadas y manipuladas. Y, por cierto, próximos a estos últimos, hay también intelectuales, políticos, periodistas, etc. E incluso jueces y fiscales con sentido moral y que creen en el ejercicio honesto, objetivo e imparcial de su función.

La reacción del lado oficial (dirigentes, juristas, medios de comunicación, etc.) giró en torno a la teoría de un complot gestado por la oposición, por los fondos buitres, etc (teoría complotista de la que participaron algunos grupos de izquierda: complot en el marco de la lucha interiimperialista, Nisman agente de la CIA y del Mossad, etc).

En los medios oficialistas se propalaron mentiras, falsedades de todo tipo y versiones contradictorias sin limitación alguna. A algunas de las cuales ya nos referimos en nuestra nota anterior. Por ejemplo Zaffaroni diciendo que no hubo delito porque, en todo caso hubo desistimiento de la tentativa, cuando es delito porque hubo frustración de la tentativa.

O el Poder Ejecutivo y Página 12 y su columnista Verbitzky, comparando el Memorando con el caso Lockerbie , cuando en este último caso se realizó un juicio ante un Tribunal de Justicia, que, en primera instancia, duró 84 días repartidos en 38 semanas en el que declararon 230 testigos. (L’affaire de Lockerbie devant la justice ecossaise par M. William WOLL sous la direction de M. Eric DAVID Mai 2006. Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit .Université Libre de Bruxelles).

Además, en el caso Lockerbie intervino la Corte Internacional de Justicia a instancias de Libia y, a pedido de los Estados de la nacionalidad de las víctimas, intervino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dictó tres resoluciones: la 731 de enero de 1992, 748 de marzo del mismo año, reclamando a Libia que respondiera a las peticiones de colaboración para determinar las responsabilidades en el atentado y la 883 de noviembre de 1993 ordenando embargos contra Libia por no haber respondido a dichas peticiones de colaboración. Presión internacional sobre Libia que llevó al juicio de los implicados citado precedentemente. (Véase Jean-Marc Sorel, L’épilogue des affaires dites Lockerbie devant la CIJ, Revue Générale de Droit Internacional Public, octobre-décembre 2003, Nº 4).

Cabe preguntar ¿por qué Kirchner y Fernández de Kirchner fueron a hablar del tema a la Asamblea General de la ONU, evidentemente para el consumo interno, dado que la Asamblea no puede tomar medida alguna efectiva y en cambio no llevaron la cuestión al Consejo de Seguridad que puede dictar medidas coercitivas?

III. El oficialismo y sectores de la oposición propalaron la versión de que Nisman trabajó para la CIA y a las órdenes de la embajada de Estados Unidos.

En setiembre de 2004 Nisman fue designado por el Procurador General sustituto Dr. Casal (no por Righi, que se excusó) al frente de la causa AMIA (atentado de 1994) y la del atentado de 1992 contra la embajada de Israel, que incluyó la creación de una unidad especial para la investigación de los mismos.

Contó con el apoyo total del Presidente Néstor Kirchner, quien le dio el contacto con los Servicios de inteligencia y el acceso a los documentos de dichos servicios en relación con dichos casos.

Estas fueron las palabras del presidente Néstor Kirchner en la firma del “Acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados de la AMIA y la embajada de Israel», en marzo de 2005, que ser pueden encontrar en el sitio web Presidencia.gob.ar (Buenos Aires). http://www.presidencia.gob.ar/discursos-2007/24700:

“Señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; autoridades nacionales; representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal; miembros de las comisiones directivas de AMIA Y DAIA; señor embajador de Israel en la República Argentina; señores representantes de organismos de derechos humanos; familiares de las víctimas; señoras y señores: escuché decir con precisión que lo que hoy se está configurando no es ni más ni menos que la obligación que el Estado argentino tiene de trabajar para el esclarecimiento, para lograr justicia en estos hechos aberrantes y vergonzantes que nos ha tocado vivir...

...“El señor fiscal, doctor Nisman, tiene todas las carpetas del Servicio de Inteligencia (SIDE) para hacer la investigación y llevarla a fondo; todas y además todas las atribuciones para que el Estado esté a disposición de él para que Dios quiera pueda encontrar justicia definitivamente. Nuestro apoyo incondicional; apoyamos decididamente al éxito del doctor. Sufrimos lo que sufren los familiares más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso o encubrió. Porque no hay duda de que para llegar a tanto encubrimiento debió existir y esperemos que la justicia avance fuertemente en este tema.

Así que doctor, tiene una tarea muy fuerte por delante pero puede ser un antes y un después. Los argentinos estamos absolutamente esperanzados en su gestión”....

El contacto de Nisman con los Servicios fue Jaime Stiusso, un veterano de dichos servicios pues ingresó a ellos en 1972, permaneciendo en ellos desde entonces hasta hace pocos días.

Es decir estuvo al servicio de 17 Presidentes (cuatro de ellos encabezando dictaduras militares ): Lanusse , Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel Martínez, Videla, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Puerta, Rodríguez Saa, Camaño, Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner.

De modo que la actividad de Nisman y la información a la que tuvo acceso éste fue controlada por el Poder Ejecutivo a través de los servicios de inteligencia.

Dicho de otra manera, si Nisman tuvo contactos con servicios extranjeros fue con el conocimiento de la SIDE y la anuencia del Gobierno.

Era la época en que los Estados Unidos estaban interesados en presionar por todos los medios a Irán y Argentina podía desempeñar un papel de peón en ese enfrentamiento

Cabe aclarar que en Argentina no existe a nivel nacional una Policía Judicial dependiente del Poder Judicial. De modo que los fiscales, para sus investigaciones, tienen que contar con la Policía y los servicios de inteligencia que dependen del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que con Nisman avanzó la investigación y, como él mismo relata en su denuncia póstuma, en octubre de 2006 emitió un dictamen en el que acusó a un ciudadano libanés y a siete ciudadanos iraníes. En noviembre del mismo año el juez Canicoba Corral dictó órdenes de captura nacional e internacional contra nueve imputados (un libanés y ocho iraníes) a fin de recibirles declaración indagatoria. INTERPOL Buenos Aires emitió las correspondientes notificaciones rojas. Teherán cuestionó tales notificaciones y la Secretaría General de INTERPOL convocó a las partes en enero de 2007. Nisman concurrió a la convocatoria para defender la posición de la justicia argentina. La Secretaría General de INTERPOL, tras escuchar también los argumentos de la delegación iraní, dispuso que el asunto fuera tratado por el Comité Ejecutivo del organismo a la vez que encomendó a la Oficina de Asuntos Legales la confección de un dictamen sobre la cuestión debatida. En marzo de 2007 se reunió el Comité Ejecutivo de INTERPOL que confirmó la decisión de emitir las notificaciones rojas. Irán apeló la decisión y finalmente, en noviembre de 2007, la Asamblea General de INTERPOL confirmó la decisión a favor de emitir las notificaciones rojas.

Esto permite suponer que las pruebas aportadas por el Fiscal Nisman en las sucesivas reuniones de INTERPOL contra los iraníes imputados eran suficientemente sólidas como para convalidar la emisión de las notificaciones rojas.

Pero después cambió la estrategia de Estados Unidos frente a Irán y Obama manifestó su voluntad negociadora con Teherán. Allí cayó el papel de Argentina como peón en el enfrentamiento Estados Unidos-Irán y el Gobierno argentino giró a una política negociadora con Irán en el asunto de la AMIA, que desembocó en el Memorando de Entendimiento. Nisman -que en su denuncia elogia a Néstor Kirchner por su política contraria a negociar con Irán (que coincidía con la estrategia estadounidense en ese período)- perdió el viraje gubernamental y siguió batallando en la causa en la misma dirección. Y en ello le fue la vida.

Nisman fue conciente de ese viraje: en su denuncia contra las autoridades gubernamentales señala que el mismo comenzó a producirse en 2011.

A la luz de los hechos comprobados y de presunciones verosímiles es posible sostener que desde los atentados de 1992 y 1994, ninguno de los sucesivos Gobiernos argentinos se esforzó por establecer la verdad y emplear los procedimientos más eficaces a fin de sentar en el banquillo a los autores materiales e intelectuales de los atentados, por un lado para no involucrar a miembros de los servicios de inteligencia de Argentina, que sirvieron -por lo menos- de apoyo logístico en los atentados , y por el otro, a fin de seguir los cambios de la estrategia de los Estados Unidos frente a Irán. Todo ello con la intervención de la CIA y del Mossad, ya sea directamente, o indirectamente a través de los servicios de inteligencia de Argentina.

Es archiconocido el papel que desempeñan la CIA y el Mossad, trabajando en colaboración con los servicios de inteligencia estatales locales y/o con bandas mafiosas o grupos violentos de derecha o autoproclamados revolucionarios, infiltrados desde afuera o desde adentro. Colaboración que incluyen acciones terroristas y asesinatos selectivos. Para eliminar enemigos o con fines de provocación política.

Por cierto que la CIA y el Mossad no son los únicos servicios que se dedican a esas prácticas. Los servicios de otras grandes potencias suelen cometer acciones similares. Quedó en los anales el hundimiento mediante explosivos del Rainbow Warrior, navío de Greenpace, efectuado por los servicios franceses en julio de 1985, durante la presidencia de Miterrand.

Ejemplos típicos son los atentados terroristas en Italia cometidos por grupos fascistas (entre ellos el de Piazza Fontana, Milán en 1969, 17 muertos y 90 heridos y el de la estación de Bolonia, en 1980, 85 muertos y 200 heridos) y el asesinato de Aldo Moro (partidario del “compromiso histórico” con el Partido Comunista italiano, política inaceptable para los Estados Unidos) por las Brigadas Rojas, , donde estuvieron involucrados los servicios secretos italianos (SISMI) y la CIA (Véase Lucha antiterrorista y respeto de los derechos humanos. Centre Europe-Tiers Monde-CETIM, Ginebra, diciembre 2007 -www.cetim.ch/es/publications_antiterrorisme.php. Puede verse también Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi . 58a seduta. Mercoledi' 24 novembre 1999, sesión en la que se evocó la posible implicación del Mossad en alguno de esos atentados. http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno58.htm)

IV. Quienes reclaman desde diferentes sectores - con razón - que se haga la luz sobre la actuación del Gobierno en el asunto AMIA y sobre las circunstancias de la muerte del Fiscal Nisman, lo hacen con distintos enfoques. Algunos olvidan que tienen una responsabilidad compartida en el estancamiento de la investigación de los atentados terroristas contra la embajada de Israel y contra la AMIA y ven principalmente la posibilidad de sacar ventajas para la próxima contienda electoral. Y si llegan al Gobierno cabe presumir con bastante certeza que harán gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual.

Otros, organizaciones populares y grupos de izquierda, reclaman lo mismo y agregan reivindicaciones tales como el control democrático de los servicios de inteligencia, la apertura de sus archivos y la publicación de la lista de todos los espías. Estas reivindicaciones para hacerse efectivas, implicarían un cambio radical en la naturaleza del Estado, pues no hay que olvidar que los servicios son por naturaleza secretos, entre sus miembros no sólo hay espías sino también asesinos profesionales y tienen continuidad en su personal y en sus actividades mientras los gobiernos cambian. Es decir, están en el riñón del Estado y más allá de toda legalidad. Stiuso, con 42 años de “servicios”, es la prueba viviente de ello.

Es significativo que las tomas de posición de organizaciones populares, grupos de izquierda y algunas personalidades sean ignoradas tanto por la prensa oficialista como por la gran prensa opositora. Estos grupos, organizaciones y personalidades podrían decir, parafraseando al Quijote (“ladran, Sancho, señal que cabalgamos”): “Nos ignoran compañero/as, señal que vamos por el buen camino”.

En lo que concierne específicamente a los servicios de Argentina es muy útil la lectura del artículo de Herman Schiller : “La SIDE y la criminalidad estatal” , publicado en Argenpress el 10/02/15, donde recuerda que los servicios de inteligencia fueron creados por Perón en 1949 con el nombre de “Control de Estado” como respuesta a la huelga ferroviaria de ese año (varios trabajadores ferroviarios fueron desaparecidos) y que después siguió funcionando como Servicio de Informaciones del Estado - SIDE, pero siempre con la misma orientación represiva antipopular.

V. El Gobierno utiliza los archivos de los servicios para sacar a luz episodios -políticos, profesionales e incluso familiares, verdaderos, aproximativos o falsos- de gente que puede cuestionar de una manera u otra (como jueces, fiscales, peritos, periodistas, etc) la actuación gubernamental. El mecanismo consiste, no en poner en duda lo que dicen o hacen en el momento presente, sino en descalificarlos por algo en que fueron (o se supone que fueron) protagonistas en el pasado.

Tres casos recientes.

1. El 27 de enero se publicó en Pagina 12 -el boletín diario de la Casa Rosada financiado con dineros públicos- un artículo sin firma titulado “Otro personaje insólito entra en escena” donde se “acusa” a una periodista extranjera, Teresa Dussart de haber publicado ... “declaraciones de los dos policías federales [custodios de Nisman] en su blog, de neto corte opositor al kirchnerismo”. Se la califica de “analista de inteligencia belga” y se agrega su biografía detallada, según la cual ha trabajado en diversos servicios. Dussart después recibió amenazas y pidió protección consular a la embajada belga.

2. Cuando se hizo pública a designación del Fiscal Gerardo Pollicita como sucesor de Nisman, (que ya pidió numerosas medidas para completar y concatenar las pruebas aportadas por Nisman en su denuncia) inmediatamente comenzaron a circular descalificaciones en su contra. En este caso con el agravante de que en Página 12 del 14/02/15 -el boletín diario de la Casa Rosada financiado con dineros públicos- junto al artículo de Kollman destinado a descalificar a Pollicita, aparece una ilustración donde a través de una lupa se ven destacados el nombre y el apellido del Fiscal. Es un claro mensaje mafioso donde se le está diciendo “te tenemos en la mira”. Hubiera sido muy grosero poner “Gerardo Pollicita” tras una mira telescópica.

3. El tercer caso es el artículo de Verbitzky -que además de ser un connotado periodista es un viejo experto en servicios de inteligencia- publicado en Página 12 del 15 de febrero, titulado “Gente con pericia”, que comienza así:

“La jueza Sandra Arroyo Salgado designó como peritos de parte al “prestigioso médico forense” Osvaldo Raffo y al “especialista en criminalística” Daniel Salcedo, según la calificación al uso en la perezosa prensa local. No es seguro que sepa quiénes son”.

Después sigue una demoledora carga contra los peritos, citando sus antecedentes con lujo de detalles, acompañada del facsímile de un viejo documento poco legible que parece tener la firma de Raffo. Es increíble la celeridad con que Verbitzky tiene acceso a documentos que seguramente están en los archivos de los servicios. La urgencia en descalificar a los peritos de parte en la causa por la “muerte dudosa” de Nisman se debe a que el 13 de febrero se publicó que éstos, en la inspección del departamento del fiscal, encontraron “evidencias que hasta ahora no se habían tenido en cuenta”.

Para completar, en el mismo Página 12 del 15 de febrero, el periodista Kollman decreta:

“Mientras ya se considera difícil que aparezcan indicios importantes en la casa del fiscal y en el arma”...

Que es una manera de apresurarse a anticipar que los peritos de parte no aportarán nada nuevo a la causa. A no ser que ocurra lo contrario, por ejemplo que se establezca que hubo otras personas, además de las que ya se sabe que estuvieron, en el departamento de Nisman. O que haciendo pruebas con el arma encontrada junto a Nisman, se verifique que cuando se dispara la misma deja huellas de deflagración en la mano de quien hace el disparo.

VI. En cuanto a las sospechas relativas al involucramiento del Gobierno y/o de los servicios en la muerte de Nisman, cabe recordar el antecedente de otras muertes vinculadas a causas judiciales donde el Gobierno o sus servicios podrían resultar malparados. Señalaremos sólo dos.

Jorge Julio López, víctima de la represión durante la dictadura militar, fue confinado en un centro clandestino de detención. Tras sus declaraciones que contribuyeron a que se condenara a Miguel Etchecolatz a prisión perpetua, López desapareció el 18 de septiembre de 2006. Hasta ahora no se sabe nada de López ni quiénes fueron sus secuestradores. Probablemente una venganza de los servicios, que son los mismos desde las dictaduras de los años 60 y 70 y aún antes.

En la madrugada del 9 de febrero de 2013, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Leonardo Andrada fue asesinado de cinco tiros. Esperaba el colectivo para ir, como lo hacía habitualmente, a desempeñarse como maquinista del ferrocarril Sarmiento. Andrada era testigo clave de la Masacre de Once, ya que él fue el motorman que le entregó el servicio a quien luego condujo la formación el 22 de febrero de 2012, donde perdieron la vida 51 personas. Aquel día, en jerga ferroviaria, le afirmó a su compañero: “Tené cuidado que la formación tiene freno largo”, es decir que no estaba en condiciones.“Cuando lo matan a Leonardo es porque tiene que ver con el accidente de Once, tiene que ver con que le dijeron que no fuera a declarar o si declaraba que no dijera lo que tenía el tren. Él declaró la verdad. Dijo que el tren tenía fallas cuando se lo entregó a Córdoba (se refiere al maquinista), que tenía freno largo y al otro día amaneció muerto”, relató a Enredando las Mañanas Juan Carlos Cena. (http://www.anred.org/spip.php?article9313).

En la causa por la masacre de Once el eje principal fue si el accidente se debió a un error del maquinista o a deficiencias del material ferroviario. En esta segunda hipótesis (que avalaba el testimonio de Andrada) la responsabilidad caía sobre la empresa concesionaria y sobre los funcionarios del Gobierno que tenían que controlarla. Se sigue sin saber quienes fueron los asesinos de Andrada.

VII. Además del Gobierno y sus adictos incondicionales, la teoría de que la denuncia de Nisman contra la Presidenta de la Nación y otras autoridades y las sospechas que involucran al Gobierno en la muerte del Fiscal, son parte de un complot para desestabilizar a éste a causa de su política progresista de defensa del interés nacional y del bienestar de las masas populares frente a las agresiones del “enemigo interno” y del imperialismo, la sostienen algunos “analistas” cuyos comentarios circulan en medios de izquierda, entre ellos Emir Sader (“Cristina somos todos”, artículo publicado en el diario oficial Página 12, la agencia oficial de noticias TELAM y otros medios) y la ha sostenido un grupo que se ha propuesto, con toda modestia, “defender a la humanidad” (Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad).

Sostiene la misma tesis el Presidente Correa de Ecuador quien no hace mucho dijo que la petrolera Chevron “es una empresa que dejó "uno de los desastres ambientales más grandes del planeta" en su país y llamó a un "boicot mundial" contra dicha empresa. Correa parece haber olvidado que el Gobierno argentino está asociado a Chevron.

Los citados, Sader y los “defensores de la humanidad” no saben, o no quieren saber, cuál es la real situación, política, económica y social, en Argentina.

Sader, en su artículo, llega al extremo de establecer un paralelo del actual Gobierno argentino con el Gobierno de Salvador Allende, que llevó una política exactamente opuesta a la que lleva el gobierno de Cristina Fernández, hasta que fue derrocado por el sanguinario golpe de Estado orquestado por la CIA.

VIII. ¿GOBIERNO “NACIONAL Y POPULAR? Lo cierto es que la política del actual Gobierno argentino no tiene nada que ver con la imagen que intenta darse -y que le atribuyen algunos- de “nacional y popular” pues es totalmente favorable a los intereses del gran capital transnacional y nacional (sean éstos amigos-socios o “enemigos) y ha facilitado la creciente explotación de los trabajadores, sobre todo por el capital extranjero, como demostraremos con algunos datos.

1. Este Gobierno no denunció y ni siquiera renegoció -pudiendo hacerlo- los 54 tratados bilaterales de libre comercio (celebrados durante el Gobierno de Menem) que someten el país al poder económico transnacional y a la legislación y a los tribunales extranjeros. Sigue aceptando la jurisdicción extraterritorial del CIADI, mecanismo que funciona dentro del Banco Mundial, en las demandas de empresas trasnacionales contra el Estado nacional, lo que le está costando al país centenares de millones de dólares en causas perdidas.

2. Nunca derogó la ley de inversiones extranjeras dictada por la dictadura militar, con lo que continúan vigentes las múlti¬ples ventajas concedidas al capital extranjero que surgen de la misma y de diversas nor¬mas complementarias.

3. Capitales extranjeros estatales y privados (chinos, ingleses, estadounidenses, etc.) han comprado y siguen comprando enormes extensiones de tierra, inclusive en las zonas de seguridad, para explotaciones agrícolas y ganaderas, y hasta construyen aeropuertos que operan fuera de todo control de las autoridades argentinas. Uno de ellos en Río Negro, instalado en zona de seguridad, propiedad del inglés Joe Lewis. Otro propiedad de una minera canadiense en la misma región.

Según algunas estimaciones, el 10% del territorio argentino- unos 300.000 kilómetros cuadrados- está en manos extranjeras.

El resultado de esta política agrícola es el agotamiento, la degradación y la contaminación de tierras, totalmente negativa para una política de autoabastecimiento alimentario a largo plazo.

4. Hay 144 empresas mineras en actividad registradas en Argentina, 24 de ellas argentinas, al menos nominalmente, y 120 extranjeras. Entre estas últimas grandes transnacionales con una bien ganada reputación de contaminadoras de las aguas y de las tierras, que pagan regalías mínimas, extraen oficialmente ciertos minerales en cantidades no controladas y se supone que extraen y se llevan clandestinamente del país minerales estratégicos.

5. En 2012 el Gobierno anunció la nacionalización de YPF que consistió en retomar la parte de la española REPSOL en YPF (51% de las acciones). Como no hubo acuerdo entre las partes sobre el monto de la indemnización, REPSOL presentó una demanda al CIADI. Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual el Gobierno argentino (que no debió pagar nada en razón de la política de vaciamiento de la empresa practicada por REPSOL) aceptó pagar 5000 millones en bonos de la deuda (a lo que hay que agregar 6000 millones en concepto de intereses, según algunos expertos).

Después el Gobierno argentino firmó acuerdos con Chevron (con cláusulas no reveladas ni siquiera al Parlamento) y con otras empresas transnacionales para explotar zonas petrolíferas mediante el sistema de “fracking”, altamente contaminante.

6. La política de “sojización” del campo (con soja transgénica de Monsanto y utilización masiva de Roundup y otros pesticidas, con graves consecuencias para la salud humana) iniciada por Menem, continuó aceleradamente con el kirchnerismo, para gran satisfacción de los vilipendiados “sojeros” y del mismo Gobierno que obtuvo una elevada renta sojera, la que dilapidó en su mayor parte, aunque dedicó algo de ella a realizar una política social de tipo clientelista.

7. La deuda. Después 12 años de gestión kirchnerista - tras la pantalla de la consigna oficialista “Patria o buitres” - la deuda pública real no ha disminuido sino que ha aumentado, pese a que en ese lapso se han pagado 190.000 millones de dólares.

Escribió hace poco Héctor Giuliano: “Durante toda la gestión K la principal tarea del gobierno en materia de endeudamiento fue pagar privilegiadamente a los acreedores externos - sin cuestionamiento alguno - traspasándole las obligaciones impagables a los organismos del propio Estado, fundamentalmente ANSES (que administra la plata de los jubilados), BCRA (que administra las divisas del país) y Banco Nación (BNA, que es la principal entidad crediticia nacional)...

Todos ponderan que ahora el gobierno tiene menor deuda externa con acreedores privados del país pero nadie dice media palabra sobre el hecho que la Deuda Pública ha venido aumentando a pasos acelerados y que sus proyecciones son más crecientes todavía.

Nadie plantea el gran interrogante sin respuesta de quién, cómo y cuándo pagará toda esta cuantiosa Deuda intra-Estado generada por el gobierno Kirchner para privilegiar el pago de Deuda Externa con Terceros.

Peor aún, todos callan en forma cómplice frente a la maniobra en curso por parte del gobierno de ir licuando esa deuda intra-Estado vía inflación y sub-indexación de las obligaciones en pesos.

Nadie menciona el costo de esa Deuda Interna que agrava el desfinanciamiento del Sistema Previsional, la descapitalización del BCRA y la distorsión del Sistema Crediticio Argentino por culpa del pago de la Deuda Externa”. (Héctor Giuliano, Argentina, la deuda pública 2015 (Argenpress http://www.argenpress.info/2014/12/argentina-la-deuda-publica-del-2015.html)

Dicho de otro modo, el Gobierno sigue pagando una deuda mayoritariamente ilegítima con el producto del trabajo y los ahorros de la inmensa mayoría del pueblo argentino.

Con el doble discurso habitual, el Gobierno hizo aprobar por la mayoría parlamentaria adicta en setiembre del 2014 una ley que llamó “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”.

El artículo 1º de la ley dice: “En ejercicio del poder soberano de la República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010”.

El interés público es el interés común de toda la colectividad, como por ejemplo asegurar la salud, la educación, un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etc. Y de manera general asegurar el bienestar del conjunto de la población.

De modo que, con esta ley, el Gobierno argentino y su mayoría parlamentaria han otorgado la misma jerarquía normativa de interés público al pago de la deuda externa, que a los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República.

La ley habla de “pago local” y en la misma ley se establece la posibilidad del pago a los acreedores en países extranjeros y, en caso de litigio - como se ha hecho siempre hasta ahora- se acepta el sometimiento del mismo a tribunales extranjeros.

Colmo de la hipocresía, después de haber declarado “de interés público” el pago de la deuda y no haber objetado un solo centavo de la misma, el artículo 12 de ley dispone la creación en el Congreso de la Nación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha. Demás está decir que dicha Comisión no se ha constituido.

Y cabe agregar que desde el año 2000 duerme en el Parlamento la sentencia del juez Jorge Ballestero en la causa promovida por Alejandro Olmos junto con los dictámenes periciales agregados al expediente que demuestran la ilegitimidad de la mayor parte de la deuda externa y también duermen desde hace años varias iniciativas de diputados para constituir una Comisión Investigadora de la deuda externa. (Véase en Argenpress: Alejandro Teitelbaum, Acerca de la ley llamada “del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”- http://www.argenpress.info/2014/10/acerca-de-la-ley-llamada-del-pago.html).

8. Durante la gestión kirchnerista (caracterizada por lo que se ha dado en llamar “capitalismo de amigos” y una corrupción casi sin precedentes) ha aumentado la concentración y extranjerización de la gran industria y la tasa de explotación de los trabajadores, sobre todo en las industrias de capital extranjero.

Véase, al respecto, el documentado estudio de Pablo Manzanelli y Martín Schorr, “Extranjerización y poder económico industrial en Argentina” publicado en la Revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, 170(43), Universidad Nacional Autónoma de México, julio-setiembre 2012.

En la nota 19 del artículo se lee: “En el año 2009 la tasa de explotación de los trabajadores de las empresas extranjeras industria¬les que integran la enge fue 43.1% más elevada que en 1993 y 34.2% más alta que en 2001

En el Resumen del artículo se lee:

“Tras el abandono del régimen de convertibilidad, en los primeros días del año 2002 la industria argentina ha experimentado un proceso de expansión acelerada (sólo morige¬rado por los efectos domésticos de la crisis internacional desatada a fines de 2008). Esta fase fue acompañada de un incremento de consideración en la concentración económica y, en ese marco, en la profundización del predominio del capital extranjero en la cúpu¬la empresaria sectorial. Este artículo analiza estos procesos y busca identificar sus prin¬cipales factores explicativos, así como sus implicancias más salientes sobre la dinámica socio-económica de la Argentina. En este sentido, se busca aportar elementos de juicio para reflexionar acerca de si la industria realmente existente (altamente concentrada y extranjerizada) puede convertirse en el nudo conductor de un “modelo de acumulación con inclusión social”, tal como sostiene el discurso predominante”.

Se puede afirmar que la creciente explotación de los trabajadores ni siquiera sirvió para una acumulación interna de capital (el pretendido “modelo” de acumulación con inclusión) sino que sirvió fundamentalmente para engrosar los beneficios del capital extranjero, que son remitidos al exterior.

9. En cuanto a los recientes acuerdos celebrados con China, nada permite suponer que no seguirán la misma orientación general que han tenido hasta ahora los acuerdos con grandes empresas trasnacionales y con potencias extranjeras, es decir: tratar de salir, a cualquier costo, de los urgencias financieras del momento; darles trabajo a amigos-socios del gobierno (la infraestructura de la estación satelital la está construyendo Lázaro Baez); hacer concesiones lesivas para la soberanía nacional a muy largo plazo.

Por ejemplo la estación satelital al parecer será de hecho un enclave extraterritorial durante 50 años. La información hecha pública dice: Al permitir la construcción de la estación, el gobierno provincial cedió 200 hectáreas en comodato a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), que está bajo la órbita del Ministerio de Planificación. A su vez, la CONAE firmó un acuerdo por el cual el gerenciamiento de la estación durante 50 años estará a cargo del Control General de Monitoreo y Lanzamiento Satelital de China, que depende del Departamento General de Armamentos. A cambio del manejo de la estación por parte de China, la agencia espacial argentina accederá al 10% de tiempo de uso de la antena para llevar a cabo investigación científica y de cooperación internacional. La construcción implicará una inversión de US$ 300 millones.

(Véase de Esteban Mercatante en Argenpress del 5 de febrero: “China o buitres”, o cómo la (im)postura soberana lleva a profundizar la nueva dependencia - http://www.argenpress.info/2015/02/china-o-buitres-o-como-la-impostura.html

¿Este es el Gobierno “nacional y popular” que inquieta tanto a los grandes capitalistas?

Creemos, por el contrario, que están sumamente satisfechos con el mismo porque entienden el verdadero mensaje del Gobierno: “La mesa está servida. No arrebaten que hay pa’ todos”, como diría Menem con su tonada provinciana.

Este Gobierno, como todos los gobiernos capitalistas, con algunos matices folclóricos debidos a la personalidad de la principal protagonista, privilegia sobre el interés general el interés privado de los gobernantes, de sus amigos-socios capitalistas y de los grandes capitalistas en general.

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