miércoles, 4 de febrero de 2015

Los turbulentos servicios del poder

Claudio Katz (LAIZQUIERDADIARIO.com)

La conmoción creada por la muerte de Nisman no obedece sólo a los interrogantes que rodean su muerte. Le entregaron el arma, fallaron los custodios, se demoró el auxilio médico y nunca se comportó como un suicida. Su fallecimiento añade un nuevo misterio a los enigmas de la causa AMIA. El fiscal estaba muy involucrado en el encubrimiento de las pistas para hallar a los responsables de ese atentado y no se sabe por qué fue víctima de esa trama.

Ocultamientos al por mayor

A veinte años del asesinato de 85 personas no hay culpables, condenados o imputados. Sólo se discute si el gobierno negociaba o no la impunidad de Irán, presuponiendo la responsabilidad de los Ayatollahs. Nisman sostenía esa acusación sin ninguna prueba. Como el grueso de los comunicadores silenciaba otras posibilidades más coherentes.

Todas las huellas del atentado fueron inmediatamente borradas por gobiernos de Israel, Estados Unidos y Argentina. Desviaron la investigación hacia Irán, desechando la pista siria y amparando la conexión local.

A mediados de los años 90, Israel negociaba con Siria una eventual extensión del acuerdo de paz firmado con Egipto y no le convenía involucrar a su contraparte en lo sucedido en Buenos Aires. La AMIA y la DAIA se subordinaron a la diplomacia sionista y engañaron a los familiares de las víctimas.

Estados Unidos incentivó la culpabilidad de Irán porque era su principal adversario geopolítico en Medio Oriente. El menemismo motorizó ese desvío para ocultar su responsabilidad en la matanza. Varios analistas estiman que la explosión fue un acto de venganza por incumplimiento de alguna promesa, en el tráfico de armas que administraba el ex presidente. También se supone que Menen desconoció compromisos de transferencia de tecnología nuclear o de misiles con los financistas extranjeros de su campaña electoral.

Esos diagnósticos coinciden con la secuencia de escándalos que acompañó su gestión. La tragedia de AMIA no es ajena a la venta de armas a Croacia, la violación de la neutralidad en el conflicto entre Ecuador y Perú, los privilegios al traficante Al Kasar, el estallido del arsenal de Rio Tercero o el extraño accidente fatal de Carlitos Menen.

Para oscurecer lo sucedido en la AMIA los servicios de inteligencia y la justicia actuaron en común. Limpiaron la escena del crimen, destruyeron escuchas telefónicas y protegieron a los reales sospechosos, mientras inventaban acusados y coimeaban testigos. El ex secretario de Galeano que denunció esas anomalías fue secuestrado y torturado.

Estas irregularidades fueron también cuestionadas por Cristina durante su paso por el Senado. Pero al asumir el gobierno los Kirchner mantuvieron el encubrimiento y hostigamiento a Irán, con discursos en la ONU que ubicaron la demanda contra ese país al mismo nivel que el reclamo por Malvinas. Convalidaron, además, las inverosímiles denuncias que Nisman recibía de sus mandantes de la CIA y el Mossad.

Este sostén kirchnerista obedeció inicialmente a un pacto de gobernabilidad con Menem y Duhalde (menor belicosidad a cambio de impunidad). Posteriormente el mismo apoyo apuntó a mejorar las relaciones con Estados Unidos e Israel.

Las inconsistencias de la acusación contra Irán desembocaron en un papelón tras otro. Un supuesto involucrado en el atentado que cumplió funciones diplomáticas en Argentina fue detenido e inmediatamente liberado en Europa por falta de pruebas. Altos funcionarios de Israel se jactaban mientras tanto de haber ultimado a los artífices del crimen.

Pero el artificio motorizado por Nisman comenzó a naufragar en los últimos dos años por otras razones. El gobierno tomó distancia de las manipulaciones norteamericanas y atenuó la demanda contra Irán, reemplazando el pedido de captura por una negociación que culminó en la firma del Memorándum.

Este giro sintonizó con el nuevo escenario creado por las tratativas que encaró Estados Unidos con Irán, para lograr el desmantelamiento de las plantas nucleares. Israel continúo promoviendo el bombardeo de esas instalaciones, pero Washington comenzó a priorizar el hostigamiento a Siria, e incluso la demolición de ese país siguiendo el precedente de Libia e Irak.

En este nuevo contexto Nisman se quedó solo y alguien lo incentivó a subir la apuesta. Elucubró una ridícula denuncia, acusando a CFK de acordar cierto perdón de los iraníes (levantamiento de las “alertas rojas” de Interpol) a cambio de una mayor comercio de granos por petróleo. Nadie acompañó ese delirio. Perdió el sostén norteamericano (Noble), la complicidad de los jueces (Canicoba y Servini) y la protección de los servicios (Stiusso).

Maniobras y reacciones

La derecha intenta presentar a Nisman como un justiciero que ansiaba la verdad. En los hechos ensuciaba la causa con las instrucciones de la embajada estadounidense, que destapó Wikileaks. Para recordar esa estrecha relación, el principal representante de la delegación norteamericana se hizo presente en el velatorio.

Los derechistas trabajan para transferir nuevamente el manejo de política exterior argentina a la diplomacia yanqui e israelí. Por eso promueven el desembarco de una comisión internacional, armada en Washington, para monitorear lo ocurrido con el fiscal.

También pretenden bloquear el próximo juicio por encubrimiento del atentado, que involucra a varios próceres del menenismo, el PJ, la DAIA y el macrismo. Junto a Galeano y Beraja, un hombre de confianza de Macri (Fino Palacios) debería desfilar por Tribunales.

Para encubrir estas complicidades los derechistas sugieren la culpabilidad directa del gobierno en la muerte de Nisman. Clarín acompaña este operativo presentando como un grave delito, las intrascendentes conversaciones telefónicas que mantuvieron hombres del kirchnerismo (D´Elía) con allegados a Irán. Estas campañas pretenden demostrar -como mínimo- que CFK no puede manejar la crisis en curso.

El gobierno continúa desconcertado. Cristina polemiza por twitter, diagnóstica primero un suicidio y luego un crimen, mientras acusa a Lagomarsino sin hablar todavía del poderoso jefe de los espías. Para apuntalar la investigación habría bastado con el sostén presidencial a un accionar judicial en serio.

Pero la muerte del fiscal sobrevino a pocas semanas de un gran conflicto con el mandamás de los servicios. El gobierno confronta también con los jueces que investigan los hoteles de la familia Kirchner y sus conexiones con el lavado de dinero (Báez).

Estas guerras de palacio no apuntan a penalizar a los corruptos. Proliferan ante el fin de un ciclo político y el consiguiente enfrentamiento entre los distintos grupos que disputan preeminencia en el aparato del estado.

La muerte de Nisman también impacta sobre el escenario electoral. Con la campaña anti-buitre el gobierno recuperó iniciativa y se aprestaba a condicionar la candidatura de Scioli. En un marco de recesión y alta inflación, pretendía retomar el endeudamiento, clavar el dólar, posponer el corte de los subsidios y reanimar el consumo, para transferirle el ajuste al próximo presidente. ¿Podrá sostener este plan en el nuevo contexto?

Un camino para el esclarecimiento

En medio de la turbulencia el ejecutivo ha propuesto una reforma de los servicios, para superar “la gran deuda pendiente de la democracia”. Con este enunciado omite recordar que le corresponde una década completa de ese pasivo.

Por lo que trascendió la intención oficial es cambiar los nombres y preservar la misma estructura de espías. La vieja SIDE convertida en SI pasaría a denominarse AFI, mantendría a su personal y su voluminoso presupuesto secreto. Las principales designaciones pasarían por el Parlamento, pero el ejecutivo podría modificarlas. No se introducen modificaciones entre los espías del ejército y la policía y sólo se dispone una supervisión judicial de las controvertidas escuchas.

Con este formato la pretendida disolución de la SI queda reducida a una simple reorganización. Como no se investiga nada, ni se depura al viejo personal hay más cosmética que transformaciones reales. El proyecto también disuelve la anunciada desclasificación de los archivos. Conviene recordar que en la última década ya hubo varias crisis los espías, que no alteraron su poder (coimas en Senado en el 2001 y despido de Beliz en el 2004).

Milani ha sido ratificado, además, como el nuevo hombre fuerte de los servicios, pese a la grave acusación que arrastra por la desaparición de un soldado durante la dictadura. El oficialismo habla poco de Stiusso y de sus fortunas, quizás por las comprometedoras carpetas que maneja el super-espía.

Pero por primera vez está saliendo a superficie el enorme entramado de los informantes, que operan como un estado dentro de otro estado. Ese aparato ha construido sus propios negocios y está involucrado en numerosos delitos. Sus agentes oficiales e inorgánicos participan en el narcotráfico, los levantamientos policiales, los saqueos y el turbio manejo de las cárceles. Dirimen sus conflictos mediante el asesinato y se reciclan aceitando vínculos con intendentes, gobernadores y punteros.

Esclarecer lo ocurrido en la AMIA podría ser el punto de partida para desmantelar esa estructura mafiosa. Ese caso concentra todo el nefasto accionar de los espías. Formar la Comisión Investigadora Independiente que promueve la asociación APEMIA permitiría inaugurar ese camino. El parlamento y la justicia han demostrado su total incapacidad para encarar esa tarea. Como ocurrió con la CONADEP, sólo un organismo autónomo con plenos atributos e integrado por personalidades y familiares de las víctimas podría realizar esa investigación.

Es el momento para actuar con celeridad y convicción. Existe una generalizada indignación frente a la impunidad. La izquierda y el progresismo deben tomar la iniciativa, ante el peligroso manejo de las protestas que ensayan los caceroleros y la DAIA. No basta con acciones parlamentarias o convocatorias a la interpelación de los ministros. El Congreso nunca ha sido el ámbito central de las demandas populares.

Lo importante es privilegiar la movilización. Esta semana se realizará la primera marcha de una secuencia que debe ampliarse. Los poderosos necesitan a los servicios para ocultar sus tropelías, pero el pueblo ansía transparencia, democracia y justicia.

Claudio katz es economista, investigador, profesor de la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

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