jueves, 19 de febrero de 2015

Mentiras interesadas que circulan por ahí

Julio Macera (ACTA)

Los “defensores de la República” andan diciendo que “con la muerte de Nisman volvió la muerte a la política, hecho inédito desde el 83 hasta la fecha” ¿Olvido o interesada mentira?

En todos los gobiernos de esta etapa democrática hubo asesinatos políticos.

Sin incluir los asesinatos por gatillo fácil, políticos en tanto y cuanto son protegidos desde el Estado, me permito aportar una lista, seguramente incompleta de asesinatos políticos desde el 83 a la fecha.

En el gobierno de Alfonsín fue asesinado un compañero en los portones de Villa Martelli durante el alzamiento carapintada. Un disparo de FAL en el pecho mientras avanzaba con los brazos levantados lo mató. Al final del alzamiento las tropas “leales” dispararon contra un grupo de civiles que gritaban en un puente hiriendo a dos de ellos. Ninguno de los casos fueron investigados.

Lo mismo ocurrió con las desapariciones y fusilamientos en La Tablada.

En el gobierno de Menem se multiplicaron los asesinatos políticos sin resolverse o con resoluciones destinadas a ocultar la realidad. Víctor Choque, Teresa Rodriguez, los “suicidados” de IBM banco Nación, del contrabando de armas, del caso de la aduana y los asesinatos de Anibal Verón, del Lobito Rodriguez Saa y de Cabezas integran esa lista.

El gobierno de la Alianza, por su parte, asumió con dos asesinatos en el puente Chaco-Corrientes cometidos por Gendarmería y subió al helicóptero matando compatriotas a lo largo del país, treinta y ocho según CORREPI.

Durante el gobierno de Duhalde el más notable fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, aun impune salvo que aceptemos que fue fruto de un comisario que enloqueció y dos impresentables (uno dado de baja con anterioridad).

Tampoco en el actual gobierno la de Nisman fue la primera muerte política. ¿O qué fue la desaparición de Jorge Julio Lopez? ¿Y los asesinatos de los Qom?

El asesinato de Mariano Ferreyra, por supuesto, integra esta lista de crímenes políticos sin resolver, salvo que aceptemos que el retiro de la Federal de la zona fue una orden de Pedraza y no de Anibal Fernandez o que la decisión de sostener el negociado de las tercerizaciones en el ferrocarril era solo del burócrata sindical y su patota y que las amigables charlas telefónicas entre José Pedraza, Carlos Tomada y Noemí Rial son un invento de Magnetto, la CIA o el Mossad.

Lamentablemente no agotan estas muertes políticas la lista. La completan Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro (asesinados durante la toma del Indoamericano) Ariel Farfan, Alejandro Farfan, Félix Reyes y Juan José Velazquez (asesinados durante la toma de tierras en Libertador San Martín en Jujuy) y al menos la de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, para no extenderme en la trágica lista.

En resumen: La muerte del fiscal y los intereses encontrados que se mueven en ella, pusieron a la vista la realidad violenta en que se mueve la política argentina sin que ninguno de los gobiernos hayan intentado resolver sus causas profundas, ni poner en caja a sus responsables directos e institucionales.

Esta muerte, con lo que representa, no incorpora un hecho nuevo a la política, apenas corporiza en un fiscal lo que viene pasándole a decenas de compañeros del 83 para acá, eso sí, con mucha menos prensa.

Mucho menos es cierto que esa muerte produjo una crisis política que hirió a nuestra institucionalidad, sólo puso a la vista la crisis en la que vivimos y a la que esta institucionalidad no solo no puede darle respuesta sino que, además, es responsable y funcional a ella.

Julio Macera es Secretario General Adjunto de la CTA Capital.

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