viernes, 6 de febrero de 2015

México: El secretario Andrade investigará a su jefe

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

La curva del aprendizaje no concluye todavía y consumidos 26 meses del gobierno encabezado por los grupos de Atlacomulco y de Pachuca pareciera que no distinguen que México es mucho más informado, diverso y demandante que los estados de México e Hidalgo que encabezaron Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.

De otra manera no se comprende la decisión presidencial de que lo investigue, además de a Luis Videgaray, el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, misma que estuvo acéfala 26 meses y en proceso de extinción de hecho y de derecho, al punto que una parte de sus atribuciones fueron trasladadas a la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, emitido tras la reforma en 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual establece la desaparición de la SFP.

Apenas ayer el presidente Peña Nieto aseguró a michoacanos que no gobierna para la inmediatez, pero sólo la coyuntura política sellada por su muy baja credibilidad y las denuncias de los principales diarios estadunidenses e ingleses sobre el conflicto de interés en la adquisición de cuatro casas con empresas que a la vez son proveedoras del gobierno federal en la actualidad y antes del mexiquense, puede explicar las ocho medidas presidenciales para hacer frente a la cada vez más impugnada –desde la opinión pública y publicada–, corrupción oficial y las amplísimas zonas de opacidad que la permiten en los tres niveles del Poder Ejecutivo, pero no en menor medida en el Legislativo y el Judicial.

Y en la gran empresa privada lo que florece es el llamado capitalismo de compadres, aunque los voceros de los magnates e incluso ellos mismos exigen al gobierno lo que son incapaces de practicar en sus consorcios. Esto explica que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100, la misma en prácticamente las últimas dos décadas, es decir, en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual, que en voz de Peña habló de “los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas” y los nulos resultados.

Lo nuevo en el discurso del “ya sé que (los periodistas) no aplauden” y donde Enrique Peña participó en los arreglos de la escenografía, es que asume el problema de la corrupción ya no sólo como “cultural” sino también como “estructural”, lo cual es un avance en la comprensión del histórico tema.

Mas lo muy viejo, lo arcaico de la pieza oratoria es la propensión a emprender movimientos “de simulación” para “control de daños” –como en distintas expresiones y juicios coinciden los partidos de la oposición que pacta en los sustancial con Peña Nieto y voces de la academia–, así como hacer la defensa cerrada de sí mismo, en tercera persona del singular, con obviedades que lastiman el más común de los sentidos:

“Y aquí quiero ser enfático: el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió.” Miguel Alemán y Carlos Salinas tampoco otorgaban contratos y se enriquecieron brutalmente.

De tal suerte que si no se genera esa “apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”, los gobernados no serían favorecidos con esta gran operación política, más que jurídica, y que desde hoy es previsible servirá para exonerar a los que Virgilio Andrade investigará.

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