viernes, 20 de febrero de 2015

México: Inconsistencias al por mayor en 2013

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

La simple mención de “las inconsistencias” o “posibles irregularidades” por 90 mil millones de pesos que detectó la Auditoria Superior de la Federación a la Cuenta Pública de 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, resultan ilustrativas respecto del manejo discrecional que del erario hizo el titular del Ejecutivo y los encargados de despacho, el llamado gabinete legal, como si existiera otro de naturaleza ilegal; así como los contados hombres que ponen disponen en la Cámara de Diputados y el Senado.

Fue en el gasto social donde la ASF localizó las mayores irregularidades o inconsistencias y son por 56 mil millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 5.900 millones. En particular en salud (5.800 millones de pesos), y en el IMSS, el ISSSTE e Inmujeres (4 mil millones), además de Desarrollo Social (1.740 millones). En los estados las observaciones contempladas están en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (11.400 millones), Seguro Popular (5.400 millones) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (3.200 millones), así como servicios de salud (2.800 millones).

En el caso de Desarrollo Social fueron ubicadas anomalías en la “falta de control” en el manejo de programas como Pensión para Adultos Mayores, además de “actos irregulares” en contratos ligados a la Cruzada Nacional contra el Hambre en los que, según el informe, hubo “simulación de servicios y adquisiciones, y la subcontratación de proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos”.

Tampoco escapó el Senado de la danza de irregularidades e inconsistencias que, en este caso, “ocultó la forma en que gastó 1.200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios en 2013, año en que Ernesto Cordero –el de los 5 mil pesos mensuales de salario para alimentos, renta, auto, colegiaturas y salud–, lo presidió durante ocho meses y después Raúl Cervantes Andrade.

En San Lázaro, donde manda Manlio Fabio Beltrones, no cantaron mal las rancheras. Los diputados desviaron recursos que tenían como finalidad mantener en buenas condiciones el complejo legislativo, pero se gastó en comunicación social, viajes, celulares, estética y peluquería, y hasta en obsequios. Sólo que la ASF no se molestó en señalar a ningún responsable, seguramente porque no tiene atribuciones y es un órgano dependiente de la Cámara de Diputados.

Y así podríamos continuar con el enorme listado, pero el espacio es muy limitado. El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, estima que de los 90 mil millones de pesos, las llamadas “recuperaciones probables” podrían ascender a 50.721 millones de pesos, pero al valor de dos años atrás, y que hasta ahora sólo se recuperaron 5.804 millones, y faltan por recuperar más de 84 mil millones de pesos.

Al presentar el Informe general de la cuenta pública 2013, en la Cámara de Diputados, Portal llamó a las instituciones del Estado a ganarse la confianza de la ciudadanía, creando certidumbre y objetividad, y “no subordinarse a los vaivenes de la opinión pública”.

Sin duda que es valioso el informe porque exhibe la discrecionalidad y la opacidad en que operan el Ejecutivo y el Legislativo, incluso para favorecer a los influyentísimos poderes fácticos con brutales exenciones fiscales y multimillonarias devoluciones, pero sin ninguna consecuencia práctica pues es un órgano dependiente de la Cámara baja, sin autonomía y atribuciones para que las inconsistencias e irregularidades que documenta tengan consecuencias legales.

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