jueves, 5 de febrero de 2015

México. Reducción del gasto público: Mayor desigualdad con pobreza

Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorta en 124.300 millones de pesos (mdp) el gasto público federal de 2015, lo que representa 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con esta medida se reduce el crecimiento económico para este año y la generación de empleos.

El segundo aviso igual de trascendente es para 2016, al informar que su presupuesto será mucho más reducido, en función de los nuevos precios del petróleo y de la reforma energética, ya no será inercial o de continuidad sino con base cero. La disponibilidad de ingresos será mucho menor, pero también el crecimiento de la economía.

La reducción se concentra en un 48.3 por ciento en Petróleos Mexicanos (Pemex); sigue en orden de importancia la política social, con 13.2 por ciento (incluye a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (9.5); Comisión Federal de Electricidad (8.0), y Seguridad 3.4 por ciento (ver gráfica).

Es muy alta la reducción que tiene la política social frente a la de seguridad, como si la política social no fuera un componente más en la solución de la problemática de la seguridad pública.

Atendiendo a la naturaleza del gasto público, la proporción es de 20 por ciento en servicios personales (sueldos, salarios y prestaciones); gastos de operación (36.0) y subsidios (44 por ciento). En suma 35.0 en gasto de inversión y 65.0 por ciento en gasto corriente.

Se cancelan los proyectos del tren rápido a Querétaro y del transpeninsular que uniría Yucatán con Quintana Roo; se afecta al programa de adultos mayores y el reparto de televisores baja de 13 a 10 millones. Al reducir la inversión física se impacta negativamente a la industria de la construcción y al empleo que ésta genera, ya de suyo en crisis.

Los efectos en el empleo son directos e indirectos. Los primeros tienen que ver con la cancelación de empleos por honorarios y eventuales, o bien de nuevas posibles contrataciones que se cancelan; los segundos con el impacto que tiene en la actividad económica una reducción de esta naturaleza, por el efecto multiplicador del gasto, sobre todo en los proyectos de infraestructura como los trenes.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que se mantiene la previsión del crecimiento económico para 2015 en un rango de 3.2 a 4.2 por ciento del PIB. Sin embargo ya las calificadoras internacionales como Moody’s estiman un 2.5 por ciento.

Seguramente en las próximas semanas se verán nuevas predicciones del PIB a la baja, tanto nacionales como internacionales.

Con la “ganancia” adicional de que se mantiene (incluso puede mejorar) la calificación internacional crediticia (capacidad para contratar créditos), a costa de una mayor pobreza del país. Es la lógica neoliberal, la intención es darles certidumbre a los mercados financieros, igual ha sucedido y sucede en Grecia o España.

¿Por qué la reducción del gasto?

En la explicación de la Secretaría de Hacienda sólo se ponderan los factores externos: el desplome del precio internacional del petróleo que ha disminuido 60 por ciento y su efecto en la depreciación del peso respecto al dólar; la volatilidad en los mercados financieros por la posible subida de las tasas de interés en Estados Unidos y, la disminución en el volumen de exportación del crudo y en su plataforma de exploración. ¡Vamos! Menos petróleo y cada vez más barato.

El aumento en las tasas de interés combinado con la baja en el precio del petróleo reduce considerablemente las posibilidades para obtener más o mejor financiamiento en los mercados internacionales.

Muchas veces se dijo, y se dijo bien, que la reforma energética tendría como efecto inmediato abrir un boquete en las finanzas públicas, boquete corregido y aumentado con este escenario internacional. No hay que perder de vista que los impuestos sólo representan 20.7 por ciento de los ingresos.

Se anunció que ahora había que “gastar menos y gastar mejor”, ya no habrá presupuestos inerciales para 2016 y para el futuro; mientras se mantenga la reforma energética y la política neoliberal se gastará menos, pero quién sabe si mejor.

Se terminó la fuente de ingresos que representaba la renta petrolera y la posibilidad de obtener créditos se complica, entre otras razones porque el aval era justamente el petróleo.

Resulta que los ingresos para el Presupuesto 2015 se estimaron con un precio promedio de 79 dólares el barril y para enero de este año el precio anda en 39.22 dólares, una diferencia de 49.6 por ciento; en esa misma medida está el faltante en los ingresos públicos para 2015 y para los próximos años.

Por eso el verdadero problema empieza a partir de 2016, es lo que está detrás del presupuesto cero propuesto por Hacienda, seguramente ya están en proceso los precriterios de política económica y para agosto ya deben estar los anteproyectos de presupuesto, basados en la proyección de ingresos petroleros de 35 a 40 dólares el barril de petróleo y no de 79 dólares. ¡Vaya diferencia!

Incluso, es posible que después de las elecciones intermedias se anuncie otro recorte del gasto público. Tampoco está muy lejos la posibilidad de un aumento en los impuestos, ya se escuchan voces de la Iniciativa Privada (IP) pidiendo gravámenes para alimentos y medicinas, entre otras razones porque la única forma de que crezcan los ingresos por estos conceptos (impuestos) es aumentándolos, ya que la disminución del crecimiento económico trae aparejado menos captación de impuestos.

De momento la IP y la derecha se concilian con el gobierno, les gustó el recorte y sus resultados se verán en las elecciones intermedias, también se complació a Wall Street. Para la ciudadanía de a pie adiós bienestar social, esta política económica produce una mayor desigualdad con pobreza.

Ramona Ponce es economista especializada en temas de género.

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