jueves, 19 de febrero de 2015

Panamá: ¡Hay que derogar la Ley 51 que se robó las pensiones!

Marco A. Gandásegui (h) (especial para ARGENPRESS.info)

La crisis que sacudió a la Caja de Seguro Social (CSS), provocada por el proyecto de ley que le cargaba un impuesto a la gasolina para financiar un aumento a los asegurados menos favorecidos, descubrió la injusticia implícita en la Ley 51de 2005. Retirado el proyecto de ley, el gobierno del presidente Varela activó la nefasta ley 51 y anunció que traspasaba los ahorros de los trabajadores a las bolsas de valores a escala internacional.

Al mismo tiempo que hizo del conocimiento público que las bolsas ‘jugarían al casino’ con los ahorros de los trabajadores panameños, también señaló que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se había quedado sin fondos. En palabras del gobierno, en 2016 “el subsistema de beneficios entrará en déficit operativo”. Además, “en 2024 se agotarán las reservas para pagarle a los jubilados sus pensiones”. De un solo plumazo, la Ley 51 descabezó el programa IVM y dejó a miles de futuros pensionados en la calle.

El ministro de Economía y otros altos funcionarios públicos, en medio del debate en torno al impuesto sobre la gasolina, lamentaban que los trabajadores no tendrán en 2024 una pensión porque el programa IVM no tendrá fondos para pagarles. Sin embargo, no decían cuál era la causa de este desastre. La razón es muy sencilla: La Ley 51 de 2005 traspasó las cuotas que iban al programa IVM de la CSS (para pagar las pensiones) a empresas privadas.

Cada trabajador afiliado a la CSS ahora tiene una cuenta individual que maneja una empresa privada. El sistema tiene antecedentes en el programa neo-liberal introducido en Chile en 1980 bajo la dictadura militar de Pinochet. En ese país se introdujo una clausula que obligaba al gobierno a cubrir las pensiones de los asegurados que no podían cubrir sus cuotas. Las exportaciones de cobre cubren la diferencia.

En Panamá los asegurados han quedado indefensos y en 2024 el sistema ya no cubrirá a los trabajadores cuando les toque pensionarse. Los gobernantes no quieren tocar el tema porque los empresarios que especulan con los fondos de los asegurados se están haciendo cada vez más ricos.

Hace exactamente 10 años, en febrero de 2005, decíamos que “los problemas que enfrenta la seguridad social panameña se pueden resumir en dos puntos: Primero, descuido administrativo y 2. Falta de planificación.

El descuido administrativo incluye corrupción en todos los sectores, especialmente en la prestación de servicios médicos. Pero también incluye las operaciones financieras que benefician a unos sectores interesados en desmedro de los asegurados”.

Panamá tiene que derogar la Ley 51 y regresar al sistema de seguridad social solidario. Al mismo tiempo, tiene que erradicar la corrupción que corroe a la institución. En el período 2009-2014, se calcula que se perdieron más de 1.5 mil millones de dólares en actividades que podrían asociarse con prácticas de corrupción.

El antiguo director de la CSS fue denunciado por transferir 500 millones de dólares del Programa IVM para invertirlos en la construcción de una llamada “Ciudad Hospitalaria”. La “obra” está actualmente abandonada pero los especuladores e inversionistas ya se llevaron los fondos que los asegurados ahora tienen que poner en su cuenta de pérdidas.

Según Juan Jované, urge “un cambio hacia una forma de crecimiento de la generación de empleos, el aumento de la productividad y la presencia de salarios cónsonos con una vida digna para el trabajador”.

El doctor Mario Aixel Rodríguez señaló que “las autoridades de la CSS reconocen que el último estado financiero auditado fue en 2008. Durante la última administración, los estados financieros no fueron auditados”. Esto fue reconocido por la ex contralora durante su comparecencia en la Asamblea de Diputados a fines de 2014. Incluso, reconoció que el sistema impuesto por la ley 51 de 2005 “era un total fracaso”.

El problema de la CSS no es la falta de recursos. Más bien es la corrupción. En los últimos cinco años – todo indica que aún no ha cambiado - se ‘privatizaron’ muchos servicios y se crearon jubilados ‘especiales’. Entre los programas en manos privadas de ‘terceros’ se destacan el ‘médico de cabecera’, la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, el Programa de salud renal, el alquiler de máquinas de anestesia, externalización de las mamografías, servicio de aseo de las salas de hospitalización, contratación de camas en hospitales privados para pacientes VIP, entre otros.

Marco A. Gandásegui, hijo es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

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