jueves, 5 de febrero de 2015

Polémico "zar anticorrupción" mexicano

Marcos Romero (ANSA)

La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de nombrar a un miembro de su gabinete como "zar anticorrupción" e investigar si hubo conflicto de interés en la compra de dos casas de sus viviendas encendió hoy una ola de críticas entre la oposición y los analistas políticos.

El mandatario "nombra a un empleado suyo para que lo investigue" sobre las propiedades, ironizó el legislador de izquierda Fernando Belaunzarán a través de Twitter.

"Es una burla. Todo queda en manos de la Secretaría de la Función Pública que depende de Enrique Peña Nieto. Valiente combate a la corrupción. De veras que no entienden", escribió por su parte el senador de la oposición de derecha Javier Lozano en la red social.

Peña dio a conocer al mismo tiempo un plan contra la corrupción que abarca otras medidas para una mayor rendición de cuentas y evitar los "conflictos de interés".

El politólogo Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que Peña sólo busca "salir al paso de la crisis de confianza y credibilidad que enfrenta el gobierno por los escándalos de corrupción" denunciados recientemente.

En noviembre pasado, un portal noticioso informó que la esposa de Peña, la ex actriz de telenovelas Angélica Rivera, adquirió en 2012, meses antes de asumir su cargo, una lujosa mansión en una zona exclusiva de la capital con valor de 7 millones de dólares.

La casa fue cedida en 4 millones y a plazos con un interés preferencial por un empresario contratista del gobierno, que además vendió otra vivienda de lujo en un club de golf en Malinalco, cerca de la capital, al ministro de Finanzas, Luis Videgaray, en idénticas condiciones.

Asimismo, en 2005, otro contratista y amigo de Peña le vendió también a crédito a Peña otra casa de campo en el centro veraniego de Ixtapan de la Sal, a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de México, según reveló el diario The Wall Street Journal a fines del año pasado.

En su momento, los involucrados en el escándalo argumentaron que todas las operaciones fueron "absolutamente legales" pero la oposición reaccionó acusando a Peña y a Videgaray, su "delfín", de "conflicto de interés".

Se prevé que la investigación encargada a Virgilio Andrade, nuevo ministro de la Función Pública, sobre si hubo conflicto de interés en la compra de las viviendas será supervisada por un panel de expertos independientes.

"Es solamente un gesto político. Le instruye más bien a su nuevo colaborador que haga un buen expediente" que "seguramente despertará el apetito de la prensa, pero jurídicamente no tiene ninguna trascendencia", afirmó Merino.

El experto estimó que "no se necesita reunir un panel de expertos" para saber que el presidente "no puede ser sancionado por conflicto de interés", porque ello "no está regulado".

El senador de izquierda Alejandro Encinas afirmó que el ministerio de la Función Pública "es un órgano de control interno al servicio del Ejecutivo" y no garantiza el combate a la corrupción, por lo que se trata de "una política de control de daños".

Organizaciones civiles propusieron que en lugar de encargar a un miembro del gabinete investigar al presidente se le encomiende a un fiscal independiente, promoviendo la aprobación de una ley contra la corrupción que está bloqueada en el Senado.

Sin embargo, hubo también reacciones positivas sobre el caso, entre ellas de algunos empresarios y del presidente del Partido Acción Nacional (PAN, derecha), Gustavo Madero, quien dijo que el gobierno "empieza a darse cuenta que es necesario tomar medidas de fondo y desde adentro" contra la corrupción. Peña enfrenta una caída dramática en su popularidad y encara la peor crisis política y social desde que asumió su encargo hace dos años, agravada por la desaparición de 43 estudiantes hace más de cuatro meses.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.