miércoles, 4 de marzo de 2015

Argentina: Crecidas e inundaciones, el extractivismo arrasa los territorios

Leonardo Rossi (LA IZQUIERDA DIARIO)

Técnicos y organizaciones sociales habían advertido el impacto del desmonte y la avanzada inmobiliaria.



Foto: Impacto de la crecida en el Río Carnero / Fuente imágenes: LA IZQUIERDA DIARIO

Tal vez la definición de “Tsunami” del gobernador José Manuel de la Sota fue la expresión que mejor sintetizó esa intención por negar los antecedentes que podrían haber cambiado el cuadro frente a las recientes crecidas de ríos e inundaciones en Córdoba. Las abundantes lluvias, entre 200 y 300 milímetros en menos de doce horas según la zona, son un dato objetivo. También lo son la cantidad de hectáreas desmontadas en determinada cantidad de años, la ubicación geográfica de un loteo, los incendios y la capacidad de recuperación del monte nativo, entre otros factores. Organizaciones ambientales, técnicos e investigadores vuelven a expresar lo que con poca repercusión manifestaron antes del ’tsunami’: la descontrolada urbanización y avance de la frontera agro-empresaria tiene un alto costo social y ecológico. “Estas crecidas no son mero producto de precipitaciones, sino fruto de la acumulación de acciones extractivistas”, define el geógrafo Joaquín Deón, quien realizó una extensa tesina de grado sobre el uso del suelo y el agua en Sierras Chicas. “Lo que ocurrió estaba predicho, y en esta dirección se va a agravar”, agrega la doctora en arquitectura Beatriz Giobellina, especializada en planificación urbana.

Las precipitaciones ocurridas entre el domingo 15 y el lunes 16, y su impacto social (al menos ocho muertes) y en infraestructura (caída de puentes, rotura de sistemas hídricos, anegamientos de calles, pérdida de viviendas) abrió la puerta a una discusión amplia sobre la cuestión ambiental. Sin embargo eran varias las alertas sobre hechos de este tipo. En las 287 páginas de su trabajo Deón realiza un extenso repaso en torno a la gestión del agua y el territorio, cita antecedentes internacionales, para luego ubicarse en las Sierras Chicas y finalmente se adentra específicamente en la cuenca del Chavascate, donde se ubican Agua de Oro, Cerro Azul, El Manzano, La Granja. Escasez y exceso de agua son dos caras de una misma moneda, la falta de planificación estratégica, abordada en el trabajo. “Lo que motiva la presente investigación es analizar el creciente trabajo de organizaciones que buscan revertir los procesos de ‘avance de la frontera urbana y minera’ sobre el área de cuenca”, apunta el investigador en su trabajo.

La investigación aporta un dato que cobra un rico sentido en estos días. Los principales municipios de las Sierras Chicas, que ocupan 1760 kilómetros cuadrados y albergan hoy más de 140 mil personas, “nacen el mismo año (1939) en que se producen las principales y más trágicas crecidas de arroyos e inundaciones asociadas a fuertes tormentas que precipitaron más de 130 milímetros en pocas horas”. Entre diferentes llamados de atención a este tema, Deón resalta las advertencias de vecinos de Villa Allende por las crecidas, y la falta de planificación urbana, realizadas ya en el año 1989. Justamente esta ciudad una de las más afectadas en las últimas semanas. Por si hace falta aclarar, la investigación del geógrafo no fue realizada en las últimas horas, está fechada en junio del año pasado, y recupera otros trabajos realizados en la misma línea. También recuerda que el 12 de marzo del 2000 “precipitaron entre 100 y 120 milímetros de agua en no más de dos horas”. “La inundación ocasionó la evacuación de más de 600 personas, la muerte de tres personas en La Calera, y la destrucción de varias viviendas.”

Desmontes y urbanización

Entrevistado para esta nota, Deón señala que “incendios, urbanización y desmonte van de la mano” para desembocar en este tipo de acontecimientos, o su reverso: la sequía. El repaso histórico que realiza sobre el avance de los cambios en el uso del suelo (de áreas de bosque a usos agrícolas, urbanos, e industriales), dice que en las más de 93.500 hectáreas de cuenca media, se perdió un 40 por ciento entre 1940 y 1980; un 5 por ciento entre 1981 y 1990; más de 8 por ciento entre 1991 y 200; y un 9 por ciento en la última década. Los incendios muchas veces fueron la antesala al cambio en el uso del suelo. Entre 2004 y 2013 llegan a 75.220 hectáreas quemadas acumuladas, un 40 por ciento menos que la década anterior, pero “en áreas que se han incendiado más de dos veces en los últimos 20 años”.

Aunque Deón pone el foco en la zona del Chavascate, y los conflictos por el territorio entre 2007-2012, aporta varios datos que exceden ese recorte y sirven para analizar el cuadro en Sierras Chicas y alrededores. La no aplicación de legislación para gestionar cuencas, la falta de trabajo de los municipios entre sí y con organizaciones sociales, y como punto macro la ausencia de gestión participativa de los territorios salen a la luz a lo largo de todo el trabajo, y preanuncian situaciones como la de las últimas semanas.

Entre las conclusiones, el geógrafo dice sin lugar a dobles interpretaciones: “Los aspectos que restringen la posibilidad de una gestión participativa e intergubernamental de la cuenca del Río Chavascate, son los intereses económicos, políticos y culturales puestos en juego por los diversos agentes del subcampo económico empresarial y del subcampo político-cultural articulados a diversas escalas con miembros del metacampo Estatal o formando ellos mismos parte de este metacampo”. Y destaca que “las inversiones inmobiliarias y turísticas en la cuenca han reconvertido a espacios loteados o chacrarizados (subdivididos en chacras) las áreas de bosque ocioso”.

Es basta la bibliografía sobre el rol fundamental del bosque nativo como regulador del escurrimiento del agua. Publicado a fines de 2014, un trabajo del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC, también referido al Chavascate, apunta que “la deforestación de toda la cuenca alcanza una tasa anual del 0,5 por ciento, mientras que el incremento de uso urbano-agrícola, un 2 por ciento anual (valor altamente significativo)”. El documento de 38 carillas, firmado por la agrónoma Alicia Barchuk, plantea que en esa zona “sería necesario recuperar 4617,3 hectáreas” de bosque. Como en otros textos académicos se dejó claro que es “esencial que mediante un ordenamiento territorial se limite el avance de la frontera urbana”.

Denuncia desde el territorio

Desde las organizaciones sociales también se plantea la misma problemática. La Mesa del Agua de La Granja añade que “los desmontes e interrupción de cursos naturales de agua en la zona alta y media contribuyen a que la absorción de agua sea casi nula y que el suelo se impermeabilice”. “Así el agua corre desde los acuíferos como por avenidas asfaltadas transportando casi la totalidad de lo precipitado provocando cuantiosos daños río abajo, muy superior al que podría haber provocado de existir el monte de antaño”, describen. La mesa sostiene que “no sólo los desmontes en la zona alta provocan daños” también “la invasión de los emprendimientos inmobiliarios en la línea de sirga de los ríos que atraviesan los pueblos se convierten en principal foco de destrucción y caos social”. Desde la tesina de Deón se advierte técnicamente lo que gritan los vecinos: “Deberá regularse la superficie de cubierta vegetal nativa y general que cada propietario de inmueble en la zona ya loteada debe respetar, de lo contrario se perderán alrededor de entre 50 y 130 hectáreas anuales de bosque en toda la cuenca con el avance de la edificación”.

Desplazados

“Lo que ocurrió es crónica de una muerte anunciada”, asegura Beatriz Giobellina. La doctora en arquitectura, especializada en planificación urbana y su vínculo con el ambiente, coincide con Deón en que “el crecimiento urbano no planificado, muchas veces en zonas inundables, lleva a este tipo de situaciones”. “Esto se va a agravar si no se limita el crecimiento urbano, se crean reservas, se frena el desmonte, y se deja de lotear”, enumera. Para Giobellina debe analizarse la cuestión del precio de la tierra. Más allá de que las crecidas golpearon en zonas de casas de fin de semana, la peor parte la llevaron las familias pobres o de clase media, que muchas veces se han ubicado en terrenos de las Sierras Chicas o en la periferia de Córdoba no tanto por elección sino por falta de recursos. “Conozco personas que están en zonas de Sierras Chicas sumamente riesgosas porque han conseguido el terreno a un precio accesible, pero son lugares donde tal vez no debiera haber población”, analiza. En este sentido “aparece el concepto de desplazado ambiental, el tema es que al no tener recursos y no haber políticas para esas personas, deben regresar a ese sitio”.

La lectura de Giobellina agrega otra arista más a la problemática de las últimas semanas y tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que por un lado desplaza de forma indirecta poblaciones a costa del alto precio de la tierra, y por otro avanza sobre territorios frágiles no tanto por necesidad habitacional sino más bien para brindar inmuebles de lujo, incluso a veces deshabitados que sirven como mero bien especulativo. Para ilustrar esto vale repasar un interesante artículo del grupo académico Llano en Llamas (UNC y Universidad Católica), del año 2013, donde se apuntaba que “el área destinada al uso urbano aumentó entre 1991 y 2001 un 320 por ciento por encima del crecimiento poblacional”. Mientras que “el valor de los terrenos dentro del anillo de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba subió en promedio -entre noviembre de 2007 y febrero de 2011- alrededor del 50 por ciento” y en algunas zonas llegó al ciento por ciento. Un dato que no puede soslayarse es que la Sierras Chicas son parte del área metropolitana de la segunda ciudad del país. De no regularse estos puntos, “el modelo de desarrollo de Córdoba es insustentable por donde se lo mire”, concluye la arquitecta.

Cambiar el rumbo

Como propuesta, Deón sostiene que “deberán acordarse y establecerse los mecanismos necesarios, abiertos a la comunidad, para ordenar estos territorios desde lo social y lo técnico”. “El agua es fuente de vida y de poder, cuando está y cuando falta, pero la tierra que la sostiene es también fuente de lucha y de poder; así, es la voluntad política, la que debe empoderar a los gobernantes y vecinos para cambiar el rumbo del uso del suelo en estas cuencas, en esta tierra y por esta agua”, dice en uno de los últimos pasajes de su trabajo.

Entrevistado, Deón valora “el debate de los últimos días en torno a qué es realmente desarrollo y crecimiento”. “El tema será quién termina decidiendo en torno al ordenamiento territorial”, dice, y automáticamente da la respuesta: “La comunidad debe dar la respuesta”.

Leonardo Rossi es periodista especializado en extractivismo. Ha colaborado con Página/12, Revista Acción (IMFC), Revista Marcha, Noticias Aliadas y Latein Amerika (Alemania), entre otras.

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