viernes, 20 de marzo de 2015

Argentina, Salta: El día que un Juez salteño ordenaba secuestrar una película sobre problemática social. Como en la dictadura

COPENOA

La película insurrección Aymara fue exhibida en la plaza de Santa Victoria Oeste, un pueblito habitado por pobladores de origen Kolla y ubicado a 500 kilómetros de la capital de esta provincia donde unos 300 pobladores de origen Kolla, conocieron la historia de lucha del movimiento indígena en la República de Bolivia.

El Juez en cuestión de nombre Marcelo Torres, se desempeñaba en el juzgado Correccional y de Garantías de la justicia de esta provincia. Torres ordeno secuestrar la película insurrección Aymara, que narra la historia del movimiento indígena boliviano, haciendo lugar al pedido realizado por la Fiscal Correccional Nº 6. un día de marzo del año 2007.

La incomprensible, irracional, autoritaria e inconstitucional pedido de la fiscal y ordenado por el magistrado Torres se efectuó en el mes de marzo del año 2007, recayendo sobre Fernando Beriain Sacerdote Claretiano de la Parroquia de Santa Victoria Oeste, lugar donde se registraban distintos quebrantamientos del estado de derecho en esos años.

La justicia, ordeno el secuestro por una denuncia realizada por un poblador, que consideraba que la película Insurrección Aymara alentaba la violencia. Lo que fue rechazado por los cientos de pobladores que vieron la película en una nota dirigida al magistrado que ordeno el secuestro de la misma.

Regresión histórica, como en la dictadura

La dictatorial y atrofiada orden expresa: “Habiendo recibido consulta policial, por Instrucción del Sr. Fiscal Correccional Nº 6 en turno, procedente de Sub Comisaría de Santa Victoria Oeste, en el día de la fecha en relación al Acta Única Nº 018/07, de esa dependencia, seguida inicialmente en contra de Fernando Beriain, sacerdote español de la parroquia de esa localidad.... habiéndose requerido la presente medida por parte del Sr. Fiscal Correccional Nº 6. en turno ante el subscripto Marcelo torres, titular del Juzgado Correccional y Garantías Nº 3, en turno... dispongo que en primer término ordenar se intime a Fernando Beriain a hacer entrega al Oficial Echenique del video que es objeto de esa diligencia, en caso contrario ALLANAR el domicilio de la persona de Fernando Beriain, sacerdote de la parroquia de Santa Victoria Oeste. Esta Medida será efectiva por el Oficial Sub Ayudante Javier Echenique, legajo –no aportan el mismo- quien con personal a sus órdenes se constituirá en dicho domicilio a efectos de proceder al secuestro si fuera habido (Art. 220 del CPP) de un video que es exhibido a la gente del pueblo en relación a la lucha en Bolivia, quedando facultado el Oficial interviniente a ALLANAR el domicilio de referencia y hacer uso de la fuerza pública si fuese necesario ...”

El rechazo del pueblo Kolla al secuestro

Santa Victoria Oeste 7 de Marzo de 2007

Dr. Marcelo E. Torres Gálvez Juez: correcc. Y de garantías Nº 3 ............. S / D.....................

Los habitantes y pobladores de las distintas comunidades de esta localidad se dirigen hacia Ud. con el fin de rechazar este hecho que no tiene explicaciones, de las autoridades Policiales en contra del Sacerdote de la Parroquia de este Pueblo , y de la gente ,no dejando reclamar sus derechos correspondientes como ciudadanos Argentinos. Ya que el material que solicita Ud. no es más que un simple documento recopilado de la Universidad de Bolivia que son expuestos a los Pobladores, como enseñanza de sus derechos para los mismos y garantizados en la Constitución provincial y Nacional.

Los manifestantes una vez más piden paz en este distrito, y justicia… Esperando una respuesta favorable al caso saludamos Atte.

La Democracia ficticia

En el pequeño pueblo de Santa Victoria Oeste, ubicado al noroeste de la Provincia de Salta, a tan solo 40 kilómetros de la frontera con Bolivia, se ha configurado, una vez más, un avasallamiento a la democracia, entendida ésta en su más elemental significado de “gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Seguramente no quedará en los anales del país ni de la provincia, tan sólo en la memoria de los habitantes victoreños, quienes libran luchas diarias y silenciosas contra lo que ellos llaman “el gobierno”. Nótese que no se refieren ni al patronímico del gobernador, ni de alguno de sus ministros, mucho menos a la ideología de los mismos. Aquí no existen las clásicas antinomias argentinas “peronista-radical”, “facho-zurdo”, “unitario-federal” (aunque ésta, de hecho, se da). Simplemente el enemigo es el “gobierno”, expresión que torna más dramática la cuestión.

Para explicar lo sucedido, es necesario remontarnos a Octubre de 2.003, fecha en la cual, en elecciones históricas para la República y sobre todo para Santa Victoria, su gente decidió dejar de lado sus temores y darle la espalda al eterno intendente del pueblo, quien ostentaba el cargo desde el regreso de la democracia en 1.983

Dicho desplante electoral no fue gratuito, el referido personaje había incurrido en toda clase de corruptelas que sumieron a sus gobernados en la más extrema pobreza. Por citar solo algunos casos podemos mencionar una estafa de tres millones de pesos a la ANSES y un puente con certificado final de obra que literalmente no existe. Sumado a ello, un ejercicio del poder sumamente autoritario, rayano con la tiranía, lo que le permitía que las elecciones fuesen un mero trámite.

“¿Cómo es posible que esto haya sucedido durante veinte años?”, se preguntará el lector. Pues bien, el “Loco”, como popularmente se lo conoce, siempre contó con el apoyo del “gobierno”. “Siempre el gobierno dificultándonos las cosas”, dice la gente...

Así fue que Santa Victoria Oeste quedó en rebeldía; intendente, senador y diputado eran “de la contra”. Opositores, en la visión burócrata de la capital. No importó que la gente se haya organizado y dicho basta. No se analizaron las causas de esta legítima insolencia. Simplemente, la baja política, aquella que no mira más allá de sus narices y que invariablemente es ejecutada por adulones de escaso nivel, asumió que Santa Victoria había faltado el respeto. Y merecía un castigo por ello.

Para empezar, se premió al intendente saliente con un cargo de asesor político muy bien remunerado; pagado, como es obvio, con fondos del erario público. Luego, a cambio de collares y espejitos de colores, lograron que el diputado departamental se pasara a la bancada que responde al “gobierno”. Ahora, en otra arremetida, se nombró, con todas las ilegalidades imaginables, un director de colegio secundario que casualmente resultó ser sobrino del “Loco”. Cabe aclarar que en comunidades pequeñas como la aquí descripta, un docente es un referente social y debe contar, para llevar a cabo su tarea, con un perfil sociológico muy especial.

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