viernes, 13 de marzo de 2015

Argentina, Tucumán: "Hubo un genocidio que contó con la participación del Poder Judicial"

TUCUMÁN NOTICIAS

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán inició el debate oral y público del juicio contra el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por encubrir el homicidio de cinco militantes montoneros durante la última dictadura cívico militar.

Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.

También se le imputan los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano (fallecido).

Finalmente se le imputa haber sido miembro de una asociación ilícita, delito que, al igual que los otros que se le endilgan, se califica como de lesa humanidad.

La causa se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán integrado para el juicio por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón.

La primera jornada de ese juicio, el undécimo que se realiza en la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último proceso militar, comenzó con casi tres horas de atraso ya que el colectivo que trajo desde Córdoba a los juecez Asis y Garzón tuvo problemas para llegar a la provincia a raíz de las inudaciones que afectan a varias localidades del sur tucumano.

Durante la jornada se procedió a dar lectura del Requerimiento de Elevación a Juicio que determina el marco en el cual se desarrollará todo el proceso y se leyeron las imputaciones contra Martínez.

Pablo Camuña, representante del Ministerio Público Fiscal señaló que "planteamos una serie de medidas con el objetivo de evitar la rectivimización de víctimas testigos que ya han declarado en otros procesos, incluida la primera parte de este mismo juicio que tuvo como eje la ejecución de los cinco militantes montoneros”.

“No podemos permitir que se someta a los familiares de las víctimas a una situación que vulnere su integridad emocional y hasta física” agregó Camuña.

En este sentido, Alejandra Romero Niklison, querellante y familiar de una de la víctimas indicó: “como víctima testigo tener que ponerme otra vez en situación de declarar me movilizó muchísimo".

"Pude sentir en carne propia que significa realmente pasar por esa situación y como abogada siempre lucho por evitar la revictimización, porque si bien buscamos una condena, también queremos una sanación de la víctima”, indicó.

Luego explicó que "los testigos que ofrecieron tanto la querella como la fiscalía ya hablaron del imputado en otros procesos y por eso que sostenemos que no hay hechos nuevos que se puedan relatar".

Romero Niklison aseguró que espera el proceso con "muchas expectativas", y resaltó que "esperamos una sentencia acorde a nuestro requerimientos y a lo que consideramos que ocurrió en nuestro país: un genocidio que contó con la participación del poder judicial como una pieza fundamental para mantener la impunidad”.

“Aun así pretendemos también que el imputado tenga su derecho a defenderse porque como víctimas queremos que estos juicios sean justos para todas las partes” sostuvo la querellante.
El juicio se extenderá en principio poco más de un mes, hasta el 30 de abril según estimaron fuentes judiciales, y los jueces escucharán el testimonio de 62 testigos.

El juicio debía realizarse en octubre del año pasado pero fue diferido por una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), mediante la cual se hizo lugar a una queja deducida por el imputado, quien logró que la jueza Alicia Noli sea reemplazada por Garzón.

En caso de ser hallado culpable, Martínez se convertirá en el segundo ex juez federal condenado por su participación en crímenes del terrorismo de Estado.

El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Niklison, González Paz, Meneses, Saavedra Lamas y Brandsen) durante un allanamiento ilegal en la casa de Azcuénaga al 1.800 que pertenecía Romano.

Las imputaciones a Martínez se dividen en dos grupos: las vinculadas con las víctimas -abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios- y las derivadas de la posterior detención de Romano -abuso de autoridad y violación de sus deberes, prevaricato y la privación ilegítima de la libertad de Romano-.

En ambos casos se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.

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