martes, 10 de marzo de 2015

Bachelet aprieta tuercas ante clase política chilena cuestionada

Fausto Triana (PL)

Tocada en lo personal por un caso que le cambió el panorama en el inicio de su segundo año de Gobierno, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aprieta tuercas ante cuestionamientos a la clase política.

Ya el asunto de la corrupción venía creciendo como bola de nieve desde hace meses con el denominado caso Penta, de financiamientos ilegales a campañas políticas que terminó de forma parcial con el proceso de formalizaciones.

El sábado último el juez Juan Manuel Escobar de prisión preventiva para seis de los 10 imputados en el escándalo que salpicó con rudeza contra la derecha y en particular al opositor partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Aunque el encarcelamiento pudiera revertirse o atenuarse a la espera de un eventual juicio al cierre de las investigaciones en el curso de 120 días, el sonado expediente puso en crisis a los políticos en general en Chile.

De ahí que este martes, Bachelet dará su señal más clara de verticalidad contra los flagelos de la corrupción y las ilegalidades al constituir el Consejo Asesor Presidencial en una ceremonia en el Palacio de La Moneda.

La mandataria no quiere dejar lugar a dudas y lanzará en mecanismo de trabajo contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, en el afán de deslindar responsabilidades entre la economía y la política.

En febrero, se destapó otro escándalo en el cual está involucrado el hijo mayor de la jefa de Estado y de su compañera sentimental, por un negocio inmobiliario realizado por la compañía Caval.

Caval es una firma propiedad en un 50 por ciento de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, quien también trabajó en la empresa de marras. El señalamiento básico es de tráfico de influencias.

El hecho es que Dávalos se vio obligado a renunciar de su cargo de consejero Sociocultural de La Moneda. El y su esposa recibieron un préstamo millonario del Banco de Chile, para luego vender la propiedad y así obtener jugosas ganancias.

De todos modos, no es ni remotamente comparable con el caso Penta, nombre del conglomerado económico que trasgredió la legislación chilena.

Los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y los ex gerentes de Penta, Hugo Bravo y Marcos Castro, fueron remitidos a prisión por cuatro meses.

También el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez, quien en realidad ya se encuentra detenido por otro caso de fraude. El dictamen es apelable y los abogados defensores ejercerán sus derechos esta semana.

Los otros cuatro involucrados en el asunto están en sus casas pero con arraigo de permanecer en el país.

El diputado y presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh), Gullermo Teillier, dijo en una declaración oficial que las medidas cautelares "encienden una luz de esperanza de que se hará justicia frente a actos de corrupción".

Eran cosas que se realizaban, por muchos años, con absoluta impunidad. Al fin se cuestiona judicialmente hechos que nuestra sociedad condena mayoritariamente, recalcó Teillier.

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