jueves, 19 de marzo de 2015

Colombia. Diálogos de Paz, FARC-EP: Derechos humanos, víctimas y paz

En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012, está estipulado de manera específica que “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”.

La globalidad del Acuerdo, por su razón de ser, por sus propósitos, debe entenderse en sí misma como una base para comprometer la concreción plena de los Derechos Humanos, como deber que dos partes contendientes asumen a partir de un proceso de conversaciones adelantado para alcanzar la paz, haciendo confluir visiones y acciones hacia una solución política del conflicto, que beneficie a las mayorías. Se trata de hacer realidad el derecho humano a la paz con justicia social y lograr el reconocimiento de la integralidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad, universalidad, exigibilidad y progresividad de los Derechos Humanos con la característica de ser consustanciales a la dignidad de los seres humanos, como enunciado ético y político que nos vincula. Por tal razonamiento las FARC-EP, defendemos una posición holística, completa y coherente con respecto a esta concepción, en cada una de las propuestas, temas y acuerdos parciales a los que hemos llegado en la Mesa de Conversaciones en La Habana.

Así lo hicimos cuando hablamos en el primer punto de la Agenda, sobre “Política de desarrollo agrario integral”, nos referimos en el apartado cuarto, al “Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza”, poniendo en el centro de la problemática el tema de la tierra y el territorio. Igualmente ocurrió cuando tratamos el segundo punto de la Agenda sobre “Participación política”, refiriéndonos a los “Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición”; y cuando abordamos el tercer punto acerca de la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Al respecto defendimos un enfoque que vaya a las causas y obligue al desarrollo de programas de sustitución que afronten la situación de las comunidades y la recuperación ambiental.

En todo lo anterior hemos dicho que se trata no solo de reivindicar unos cuantos derechos sino todos y, además exigir el cumplimiento del conjunto de deberes que el Estado está obligado a asumir para la superación de la miseria, del empobrecimiento generalizado, de la desigualdad, de la carencia de democracia y todo tipo de penurias.

Por eso, para el debate del punto quinto sobre “Víctimas”, dijimos que resarcirlas “está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARC-EP”, y precisamos tratar no solo el tema “Verdad” sino también el de los “Derechos humanos de las víctimas”. En consecuencia, con la transparencia de siempre manifestamos:

1º) La garantía de los derechos humanos, por definición, es una responsabilidad central que atañe de manera exclusiva al Estado. Así lo ha asumido el régimen en Colombia, pero sólo formalmente, en la Constitución y la ley. Ya en el plano de la realidad, históricamente ha sido abandonado este deber, siendo prueba de ello la masa de violaciones a todo tipo de derechos, tanto económicos, sociales, culturales, ambientales, de género, como políticos y civiles. Así mismo la paz, que aparece en el ordenamiento constitucional de la institucionalidad, como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ha sido mancillada.

Es por esa violencia sistemática contra los derechos humanos y de los pueblos, cuyo supremo responsable es el Estado, que nos hemos levantado en armas.

2º) En busca de la reconciliación, es objetivo central de esta Mesa llegar a acuerdos que recompongan las estructuras político-jurídicas que permitan resolver las condiciones de opresión y exclusión, refundando una nueva institucionalidad con capacidad para solucionar las graves problemáticas de injusticia que causaron el conflicto.

3º) A lo largo de nuestra historia, en los territorios donde hemos desarrollado acciones político-militares y de presencia y despliegue del proyecto revolucionario, nos ha correspondido asumir en gran medida el papel del Estado siempre ausente en lo que concierne a su función de garantizar los derechos humanos. Y lo hemos hecho, buscando reivindicar todos los derechos económicos, sociales y culturales negados a las comunidades, ejerciendo la solidaridad y sobre todo la salvaguarda de los derechos fundamentales. Dicha tarea social de defensa y mejoramiento en medio de la guerra, la seguimos cumpliendo, haciéndola compatible con la búsqueda de una solución concertada, que nos permita llegar a un escenario de redefinición constitucional más avanzada.

Esta realidad de la insurgencia como nuevo Estado donde el viejo régimen sólo llegó como represión y desprecio, no sustituye la responsabilidad política, histórica y jurídica que se le demanda al Estado colombiano y la rendición de cuentas que deben hacer los sectores que han utilizado esa maquinaria estatal contra las grandes mayorías.

4º) Específicamente, en un contexto de medidas de desescalamiento, tras quince gestos unilaterales de las FARC-EP con la paz y la humanización, nos preguntamos ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Santos por asumir sus obligaciones integrales sobre derechos humanos de las víctimas? ¿No está acaso generando su administración diariamente miles de víctimas más, producto de políticas económicas devastadoras? ¿Dónde está el enfoque integral, territorial y medioambiental, que dice valorar para reparar socialmente? ¿Existe interés del Estado en respetar los Derechos Humanos cuando se sigue pisoteando el principio de favorabilidad e inmunidad que significa para la población civil no combatiente, al sabotear con ataques a mansalva la tregua unilateral de las FARC-EP? ¿No se les ocurre pensar que con esa actuación violan los Convenios de Ginebra en su más amplio sentido; que obstruir la tregua es privar a la población civil de un derecho adquirido por los no combatientes?

DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP

Esto y mucho más en Pueblo Colombiano: ¡Pa´la Mesa!

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 19 de 2015

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