martes, 17 de marzo de 2015

Denunciarán ante la CIDH criminalización de la protesta social

CERIGUA

Organizaciones sociales denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la criminalización de la protesta social por parte de gobiernos de la región, la cual se ha hecho evidente en países como Perú, Brasil y México.

Las entidades recordaron que recientemente en Brasil se produjeron manifestaciones en torno al acceso al transporte público y los gastos destinados a la copa mundial, protestas en Chile por el acceso a la educación y en Perú por las explotaciones mineras.

En Estados Unidos estas se registraron por la muerte de jóvenes negros desarmados a manos de la policía, las que se agravaron por la ausencia de justicia o algún tipo de rendición de cuentas; antes de estas, fueron las protestas de Occupy que iniciaron en Nueva York y se expandieron a otros lugares.

En algunos países, señalaron las organizaciones, los fenómenos de criminalización pueden verse reforzados por iniciativas legislativas que de una forma u otra avalan la represión de la protestas, incluso dándole más poder a la policía y/o al ejército.

Para reprimir estos movimientos se ha utilizado abusivamente la violencia y otras formas de dispersión utilizada por la policía, se han utilizado figuras penales para criminalizar a los manifestantes y referentes sociales y comunitarios, así como novedades legislativas que buscan regular y/o restringir el ejercicio de la protesta.

En relación a las normas que criminalizan este derecho, las organizaciones recordaron que en Colombia se ha aprobado una serie de reformas jurídicas, entre éstas la Ley 1453 llamada “Ley de Seguridad Ciudadana”, que da origen a delitos como obstrucción de vías mediante el uso de medios ilícitos, violencia contra servidor público y perturbación del sistema de transporte, entre otros.

En el caso de México desde el 2013 han surgido aproximadamente 20 iniciativas a nivel local y federal que establecen limitaciones como solicitar permiso por escrito, restricciones de horarios y de espacio, así como la facultad para utilizar la fuerza en contra de los manifestantes.

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