miércoles, 11 de marzo de 2015

Después de las inundaciones. Córdoba: No todo es culpa de la naturaleza

Irina Santesteban (LA ARENA)

Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Córdoba en el último mes, provocaron pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, tanto en zonas rurales como urbanas. Pero no todo es por culpa de la naturaleza.

Desde el temporal que azotó las Sierras Chicas, el pasado 15 de febrero, hasta la situación generada en gran parte del territorio provincial cordobés por las copiosas lluvias, que han provocado inundaciones en poblaciones y campos, hay mucho para analizar en relación a las causas de semejante cuadro.

Poblaciones como Idiazábal, Balnearia, Arroyito, Bell Ville y Cruz Alta, entre otras, donde se ha sufrido de diferente manera el fenómeno climático, se mantienen en alerta, ya que todavía subsisten evacuados, rutas cortadas, puentes inutilizados y pérdidas que el gobernador José Manuel de la Sota calculó en más de mil millones de pesos.

Crónica de un desastre anunciado

Ya en 2011 un informe del gobierno de Córdoba, alertaba sobre "riesgo de inundación severo", según la publicación Lineamientos del Plan Estratégico Urbano Territorial de la Región Metropolitana de Córdoba (tomo 1), elaborado por el Instituto de Planificación Metropolitana (Iplam) de la provincia de Córdoba (La Voz del Interior, 22 de febrero de 2015). Dicho estudio efectuaba un diagnóstico de problemas en poblaciones como Salsipuedes, Río Ceballos y La Granja, en la zona de las Sierras Chicas, justamente una de las más afectadas por las lluvias de las últimas semanas.

Quiere decir que desde hace 3 años, el gobierno de Córdoba tenía en sus manos, una luz de alerta sobre las probabilidades de que ocurriera un fenómeno como el que hoy viven los pobladores de las zonas afectadas. Se trataba de un informe realizado por una institución oficial, que no fue tomado en cuenta ni por las autoridades provinciales, ni tampoco las municipales. Ese estudio advertía sobre la amenaza de un severo riesgo de inundación "por avance de la urbanización sobre zonas de llanura de inundación e impermeabilización de grandes superficies".Definía como uno de los factores de ese riesgo la "falta de una estrategia de desarrollo urbano que respete la geomorfología de la propia zona" y el "mal uso de recursos naturales; suelo y agua".

Y a pesar de ello, no se tomaron medidas para frenar, tal como se advertía, "el avance intenso y uniforme de la ocupación del suelo, sumado a la ausencia de planificación".

Al igual que el estudio citado, son muchos los especialistas en gestión ambiental, que vienen señalando que procesos como la deforestación, las urbanizaciones irresponsables, los asentamientos en zonas vulnerables, etc., acentúan el riesgo de probables inundaciones.

Pérdidas de viviendas, rotura de puentes y caminos, desmoronamientos, campos anegados, pueblos inundados, y la pérdida de vidas humanas, constituyen el trágico saldo de un fenómeno extraordinario de la naturaleza, agravado por la falta de previsión de las autoridades. Es que, frente a las grandes corporaciones inmobiliarias y los productores agropecuarios, unos construyendo sin respetar el uso adecuado del suelo y los otros, produciendo desmontes para ampliar las superficies cultivables, el Estado no ha actuado en defensa del medioambiente y de los ciudadanos, que son los que ahora sufren las consecuencias de las inundaciones.

Si se permiten urbanizaciones en tierras que no son aptas o que han sido un viejo cauce de un curso de agua; o si no se castiga el desmonte indiscriminado para ampliar las zonas de siembra, en particular la soja (Córdoba es la principal productora de ese cultivo), las consecuencias están a la vista.

Bosques destruidos

Según la organización Foro Ambiental Córdoba, en 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosques nativos que había en Córdoba a principios del siglo 20.

A su vez, entre 2004 y 2010, año en que se sancionó la ley provincial de Bosques Nativos, desapareció el 40 por ciento de esos ecosistemas, en el norte y oeste de la provincia. Son 269 mil hectáreas de bosques cerrados (casi el monte original) y de bosques abiertos (con hasta un 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos), que en su mayoría fueron destinadas a actividades agropecuarias.

Los especialistas pronostican que las lluvias continuarán hasta abril, y esto agravará la ya afligente situación de las zonas inundadas, pues no dejará que las aguas escurran.

Si bien el fenómeno climático ha sido extraordinario, pues en los primeros 70 días del año ha llovido más del 57% del promedio anual, el desmonte de los bosques nativos actúa como un agravante. La falta de árboles, cuyas raíces actúan como si fueran una esponja, provoca que las aguas no sean absorbidas y fluyan por los campos, anegando las poblaciones cercanas. La ausencia de adecuados desagües, es otro factor que contribuye al desastre que hoy se vive en diferentes zonas de la provincia. Y así, aunque pasen varios días sin llover, las aguas bajan muy lentamente, y los pueblos continúan inundados, de esta forma, a las pérdidas de viviendas y otras pertenencias, se suma la parálisis en la actividad productiva local.

Menos campaña, más fondos

La gravedad de la situación obligó al gobernador De la Sota a frenar su intensa campaña presidencial, que lo había llevado durante el verano a recorrer zonas turísticas y programas de televisión en Buenos Aires. En la provincia la campaña para las elecciones provinciales se ha visto demorada por las inundaciones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ni siquiera hay fecha anunciada para las elecciones de gobernador y legisladores provinciales (no hay PASO en la legislación electoral cordobesa).

El gobierno presentó en la Legislatura un proyecto para la creación de un fondo que atienda los problemas derivados de las inundaciones, para reparar daños y asistir a los damnificados. Este fondo se integrará con aportes del Tesoro provincial, más las sumas que gire el Estado Nacional, así como otros subsidios y créditos con asignación específica, y cualquier otro ingreso, público o privado, para ese fin.

La provincia aportó ya 210 millones de pesos y el gobierno nacional ha prometido un crédito de 540 millones.

Frente a la primera estimación que formuló el gobernador, que había calculado los daños en más de mil millones de pesos, el ministro de la Gestión Pública, Manuel Calvo, precisó que sólo cuando bajen las aguas en las zonas afectadas, se podrá hacer una evaluación más ajustada.

Caminos cortados

Las obras públicas, en particular las rutas y autovías, son parte de la promoción que el gobernador De la Sota hace de su gestión, tanto en Córdoba como en el resto del país, cuando camina su campaña presidencial. Hoy, las rutas cortadas por las inundaciones y los puentes destruidos han frenado la difusión de spots publicitarios, en los que se veía a ciudadanos cordobeses transitar muy felices por los flamantes caminos.

En tanto, un informe elaborado por el productor cordobés Néstor Roulet, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) calculó en unos 360 millones de dólares las pérdidas en la futura cosecha de soja, a causa de las inundaciones. A eso le sumó unos 925 millones de dólares, por el menor precio de cotización que hoy tiene ese cultivo.

"A pesar de tener una producción estimada de 14,497 millones de toneladas, muy parecida a la campaña anterior cuando se levantaron 14,91 millones de toneladas, la baja del precio internacional de la soja y los efectos generados por el agua recortarán los ingresos en 1.285 millones de dólares" (La Voz del Interior, 10 de marzo de 2015).

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Córdoba calculó que son aproximadamente 500 mil las hectáreas productivas afectadas por las inundaciones. Según Roulet, de esa superficie, unas 350 mil hectáreas están sembradas con soja.

Si estos números resultan luego ser reales, es de esperar entonces que haya menores ingresos también para las arcas del Estado, tanto para el gobierno nacional como el provincial. De esta forma, no sólo mermará la recaudación impositiva, sino que además habrá que prever en el presupuesto los mayores fondos y recursos para atender los daños causados por las inundaciones, tal como lo expresa el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

Todo ello, en un año electoral, perjudica claramente a los candidatos oficialistas provinciales, que no han podido hasta ahora largarse de lleno a la campaña. De la Sota, a su vez, debió interrumpir su gira proselitista en sus aspiraciones presidenciales, que si eran remotas antes del desastre climático, se han vuelto ahora casi inalcanzables.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.