miércoles, 18 de marzo de 2015

El poder judicial y el poder mediático: Juntos para sostener la impunidad

Irina Santesteban (LA ARENA)

La falta de mérito dictada a favor del director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, Vicente Massot, muestra la alianza entre la corporación judicial y algunos medios de prensa, para garantizar la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado.

El diario bahiense La Nueva Provincia fue un férreo defensor del llamado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura militar-cívica que se instaló en nuestro país el 24 de marzo de 1976. LNP fue más allá de la defensa y justificación de la actuación de los grupos de tareas, de la que hicieron gala también otros medios como Clarín y La Nación en aquellos nefastos años, con honrosas excepciones de diarios y periodistas que no se sometieron a ser voceros de la dictadura.

Es que la familia propietaria de ese diario, Diana Julio de Massot y su hijo Federico, hoy fallecidos, junto al actual director Vicente Massot, mantuvieron una íntima relación con los jerarcas de la Armada y con altos jefes militares del V Cuerpo de Ejército que comandaron la represión ilegal en aquellos años. Los Massot frecuentaban y se jactaban de su amistad con notables genocidas como Ramón Camps, Acdel Vilas, Emilio Eduardo Massera, Carlos Guillermo Suárez Mason, Alfredo Astiz, etcétera.

En el marco de la nueva etapa abierta en 2003, a partir de la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos que beneficiaron a centenares de represores, hubo claros avances no sólo en el juzgamiento y condena de los responsables materiales, la mayoría militares, sino también -aunque muy lentamente- en juzgar a los civiles cómplices del terrorismo de Estado.

Entre ellos, los empresarios, que facilitaron a las fuerzas armadas las listas de sus trabajadores a quienes consideraban "subversivos", y hasta contribuyeron con dinero, vehículos, y espacio para que las bandas represoras actuaran secuestrando, desapareciendo, torturando, asesinando como en el caso muy renombrado del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Su dueño, Carlos Pedro Blaquier, fue favorecido en estos días con un fallo de Casación Penal que resolvió dictar la falta de mérito, con sentido absolutorio, similar al que favoreció recientemente a Vicente Massot.

Condenas en Bahía Blanca

En 2012 se produce un gran avance en esa ciudad, cuando se condenó a prisión perpetua a 14 represores y se dictaron otras 3 condenas a 17 y 18 años, por los crímenes cometidos durante la dictadura militar en esa zona, que estaba bajo el control del V Cuerpo de Ejército.

La resolución judicial marcó un hito histórico porque en Bahía Blanca se nota claramente la influencia de un multimedios como La Nueva Provincia, que aún hoy sigue publicando editoriales elogiosas de la actuación de las fuerzas armadas durante la "guerra contra la subversión". En 2010, se produjo un verdadero escándalo a raíz de una editorial de la LNP, con motivo del fallecimiento de uno de los integrantes de la Junta Militar golpista, el ex almirante Massera. Y lo mismo hizo cuando murió el ex dictador Jorge Rafael Videla.

El fallo sobre la represión en Bahía Blanca, dictado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, ordenó que esos represores debían cumplir su condena en cárcel común, revocando las excarcelaciones de las que gozaban. Y también mandó iniciar una investigación sobre la responsabilidad que le cupo a los directivos del diario bahiense, como cómplices del accionar de las fuerzas de tareas durante la represión, por haber publicado información falsa sobre presuntos "enfrentamientos". En realidad se trataba de asesinatos de militantes o activistas, que eran secuestrados de sus casas, muchas veces ante testigos, y luego eran llevados a centros clandestinos de detención, donde eran torturados y más tarde directamente fusilados en esos enfrentamientos fraguados que algunos diarios presentaban como reales.

Así nació la causa "Massot Vicente Gonzalo María y otros s/ Privación ilegal de la libertad agravada, art. 142, inc. 5, C.P., tortura, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita; víctima: Heinrich Enrique y otros".

En ese juicio, el juez subrogante Claudio David Pontet, cuestionado por los fiscales por no haber sido designado conforme los procedimientos constitucionales, dictó hace pocos días la falta de mérito, en una resolución que provocó enorme indignación entre los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca y del país.

Para Adepa, en cambio, la entidad que agrupa a la mayoría de los dueños de diarios del país, el fallo fue un "respaldo" a la "libertad de expresión".

Trabajadores asesinados

En ese juicio, Massot había sido imputado por el asesinato de dos gráficos que trabajaban en La Nueva Provincia, y que eran miembros del Sindicato de Artes Gráficas de esa ciudad.

Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola habían reorganizado el sindicato, y protagonizaron medidas de fuerza contra los dueños del diario masserista porque no se respetaba el convenio en materia de francos compensatorios. En esa lucha, habían decretado paros que paralizaron la edición del diario, y cuando los Massot despidieron trabajadores, lograron su reincorporación.

Semejante accionar no iba a ser perdonado por los dueños de LNP. Por eso el 30 de junio de 1976 ambos trabajadores fueron secuestrados de sus domicilios en la madrugada, y el 4 de julio fueron encontrados acribillados y con signos de haber sido torturados. Sin embargo, el Poder Judicial cómplice de la dictadura en aquellos años, no investigó esas muertes. Y el diario sólo dedicó unas líneas a informar sobre las muertes de sus propios empleados.

El periodista de Página 12, Diego Martínez, que ha investigado el caso de estos dos obreros gráficos, publicó en ese diario el 10 de julio de 2006, una nota donde cuenta que "Diana Julio de Massot no denunció los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al responsable de los grupos operativos del Ejército, el general Acdel Vilas fue contundente: "Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos". El arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negarles su ayuda cristiana y la Justicia archivó la causa sin investigar".

En ese proceso judicial, Massot fue acusado de integrar "una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional". Los fiscales actuantes, que ya presentaron un recurso en contra del dictado de falta de mérito, son Miguel Angel Pallazani y José Nebbia. Para ellos, el empresario formó parte "junto con los mandos militares, de una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes". Massot fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". Y también por haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad" en los secuestros, torturas y homicidios de otras 35 personas.

Responsabilidad

Al momento de ser indagado, Massot se deslindó de toda responsabilidad y dijo que quienes dirigían el diario en esos años eran su madre y su hermano, hoy fallecidos. Sin embargo, en la causa, los fiscales pudieron aportar pruebas de su permanencia en el diario en 1976 y de su papel como joven directivo del mismo.

Según el periodista Martínez, en la madrugada del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Diana Massot y su hijo Vicente ingresaron a la sala de impresión del diario, e increparon a los obreros gráficos portando una bandera argentina. Entre ellos estaban Heinrich, quien era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, y Loyola, estereotipista y tesorero de la entidad gremial. Les espetaron: "A que no se animan a hacer huelga ahora!".

A 39 años de esa fecha, todavía falta mucho por caminar en estos juicios por castigar los crímenes del terrorismo de Estado, y la responsabilidad de los empresarios. Sobre todo para esclarecer el papel de socio de la represión que tuvo ese diario, bautizado por entonces como "Gaceta Marinera", por su sólida alianza con la Armada de Massera, de la que fue prácticamente su vocero orgánico de prensa.

En vísperas del nuevo aniversario del 24 de marzo cabe recordar que en un editorial de LNP, criticando la instauración de la fecha como "Día de la Memoria, por el gobierno de Néstor Kirchner, se afirmó que se trataba de inculcar en los alumnos y estudiantes la recordación del "Día del Guerrillero".

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