martes, 10 de marzo de 2015

Exige la Polinesia Francesa una compensación por pruebas nucleares

PL

La Asamblea de la Polinesia Francesa exigirá a las autoridades de París una indemnización monetaria por las secuelas de las pruebas nucleares realizadas por la metrópoli en la región, informó hoy la página del organismo.

El órgano legislativo pretende reclamar el pago de 930 millones de dólares por el daño al medio ambiente y la salud de la población, agregó la fuente.

A esta suma sería necesario añadir otros 132 millones por la ocupación de los atolones de Mururoa y Fangataufa, donde las Fuerzas Armadas de Francia esconden más de tres mil toneladas de desechos radiactivos, la rémora de 193 pruebas nucleares realizadas en la zona por la potencia colonial entre 1966 y 1996.

La Asamblea aprobó la iniciativa, propuesta por un comité del partido gobernante, Tahoera'a Huiraatira, a finales de enero, con el apoyo de 36 de los 57 parlamentarios que la conforman.

De acuerdo con la petición, una comisión independiente determinará la extensión del daño causado por los ensayos.

Un estudio de 1998 indica que gran parte de estos residuos descansan a mil metros de profundidad en el océano Pacífico.

Por su parte el líder del partido opositor, Tavini Huiraatira, favorable a la independencia, amenazó con llevar el tema ante Naciones Unidas ya que, en su opinión, el asunto forma parte del legado colonial.

En 2014 un documento desclasificado por el Ministerio de Defensa francés señaló que algunas islas fueron golpeadas por una cantidad de radiactividad mucho mayor a la prevista en un inicio.

Por ejemplo, Tahití, la ínsula más populosa del archipiélago, cuya población se triplicó durante los años de las pruebas desde los 50 mil habitantes hasta sobrepasar los 150 mil, fue expuesta a niveles de radiación 500 veces superiores al máximo recomendado.

Francia realizó su último ensayo en la región en 1996, año en que firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) luego de firmes protestas internacionales y un boicot al comercio promovido por la ONU.

La Polinesia Francesa se convirtió en una Colectividad de Ultramar en 2004, estatus que le confiere gobierno propio y asiento en la ONU, pero que deja en manos de Francia la política exterior y la defensa de su soberanía.

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