lunes, 2 de marzo de 2015

José Schulman: “Hay un poder judicial comprometido con la defensa de la injusticia y la explotación”

LA RETAGUARDIA

“¿De qué hablamos cuando hablamos de impunidad?”, se pregunta José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En un sector de la sociedad argentina existe la creencia que con la realización de los juicios de lesa humanidad que vienen desarrollándose en todo el país desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y de los indultos, ya se han juzgado los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado. Lejos de ser así, Schulman afirmó que la mayoría de los funcionarios judiciales tratan de investigar lo menos posible estas causas y ejemplificó con el caso de la banda del Curro Ramos.

José Schulman tiene la convicción que fueron los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos quienes obligaron a funcionarios judiciales a elevar las causas por delitos de lesa humanidad a juicio oral: “los hemos obligado a que haya juicios y condenen pero en todo momento le siguen poniendo el cuerpo muerto, siguen tratando de que se investigue lo menos posible. Entonces hay un caso que es casi asombroso”, afirmó en diálogo con Oral y Público.

“En Santa Fe funcionaba un mecanismo de Terrorismo de Estado bastante típico –continuó Schulman– que tenía una seccional de la Policía como base, un grupo de tareas que estaba vinculado a Inteligencia de la provincia. En esas sesiones participaba un personaje que luego llegó a ser juez federal, que era Víctor Brusa. El grupo de tareas de Santa Fe, la patota del Curro Ramos como se la conoció después, tenía cuatro integrantes; un jefe que era un oficial un poco mayor que los otros que se llamaba Osmar Rebechi, y tres oficiales, agentes, personajes de inteligencia de la policía provincial muy jóvenes. Yo fui secuestrado por primera vez a los 23 años y ellos debían tener más o menos mi edad. El tema es que en 1998 cuando aquí no había juicios ni nada, fuimos a España a hacer la denuncia, y siempre dijimos que el grupo de tareas tenía cuatro miembros: Osmar Rebechi, Eduardo Ramos, Juan Eduardo González y Víctor Cabrera; pero por alguna razón que nunca supe el juez (Baltasar) Garzón solo anotó el nombre de Ramos.
La historia siguió: en el año 2002, mucho antes de que se anularan las leyes, conseguimos que luego de un pedido de extradición fallido se abriera una causa en Santa Fe, a partir de que el juez Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y abrió la causa. Ese año declaramos, ya para entonces habíamos conseguido articular a un grupo de unos 17 sobrevivientes de la Cuarta, que era el nombre del centro clandestino, que habíamos declarado en el año 2000 contra Brusa, en el primer jury”. En este punto de relato, Schulman recuerda que Brusa no solo fue uno de los pocos jueces destituidos en Argentina, sino el primero.

Los laberintos de la justicia

“Siempre insistíamos en que eran Rebechi, González, Cabrera, Ramos y por alguna extraña razón nadie nos escuchaba nunca. En 2009 se hace finalmente el juicio oral, tras siete años de instrucción, pero solo es condenado Ramos porque Rebechi se había muerto y nunca nadie se acuerda de González y Cabrera”, señaló el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

Esta sentencia es una de las pocas que está firme por la Corte Suprema. Además de Ramos y Brusa, también fueron condenados Juan Calixto Perizzotti, Mario José Facino, María Eva Aebi y Héctor Romeo Colombini. El tribunal, a su vez, ordenó a la fiscalía que investigara las distintas denuncias surgidas durante el desarrollo del proceso oral, ya que sumaban 25 los sobrevivientes de la Cuarta que habían declarado que ese grupo de tareas estaba constituido por cuatro personas. “Además sería bastante difícil que un solo miembro nos secuestre, nos encadene, nos torture, es una cosa de sentido común. El fiscal de Santa Fe tardó cinco años en pedir la indagatoria, parece que el hombre está muy ocupado... En medio de todo eso, y por fuentes que todavía no puedo informar, me hacen llegar mucha información sobre estos dos personajes; yo la llevo a la fiscalía, y no solo les doy la dirección donde los pueden ubicar sino que personas muy allegadas a estos personajes me dan mucha información incluido uno de los enigmas que había tenido durante todos estos años, que lo he contado en algunos cuentos y en mi novela Los Laberintos de la Memoria. En 1977, en mi segundo secuestro, sufro una sesión de golpes muy intensa; yo soy grandote, alto, pesado, y sin embargo volaba como si fuera una almohada y yo siempre había imaginado que quien me pegaba era una especie de gorila enorme, y en este periodo personas muy cercanas a estos personajes me informaron que uno de ellos había sido boxeador, con lo cual cerró una de las incógnitas”, manifestó Schulman a Oral y Público.

El fiscal a cargo de esta causa pidió las indagatorias en tres oportunidades: abril de 2014, octubre de 2014 y febrero de 2015, pero para el juez de Rosario Juan Carlos Vera Barrios aún no hay pruebas suficientes para avanzar con la causa.

“Nunca nadie quiso tomar la causa Brusa. En un momento renunciaron no solo el Tribunal Oral de Santa Fe completo sino también los 14 conjueces designados por sorteo. Todos se negaron a juzgar a Brusa porque eran amigos de él; pero en un momento la causa se descuartiza y hay toda una discusión. Incluso en Santa Fe hubo un absurdo, primero los condenaron por los delitos que cometieron privación ilegítima de la libertad, tormentos, tortura, separando el homicidio de Alicia López en otro juicio para que no le caiga a Brusa, y separaron luego el delito de asociación ilícita en un tercer juicio”, explicó el integrante de la LADH, uno de los primeros organismos de derechos humanos creados en nuestro país y querellante en la mayoría de las causas por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en las distintas provincias.

Víctimas y beneficiarios de la impunidad

Las experiencias que cuenta José Schulman permiten una descripción del accionar de los justicia respecto al juzgamiento de delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado, y es lo que lo llevó a escribir su artículo sobre la impunidad: “es como el colmo del desprecio por los sobrevivientes, por las víctimas, por la verdad, y la hacen estos mismos jueces que mañana se ponen la cara de dignos y van a un juicio oral y condenan a los represores; entonces me pareció necesario poner de relieve esto y también contraponer esta impunidad con la que Clarín, La Nación, la ultraderecha pretende instalar como si ellos fueran los agraviados por la vigencia de la impunidad en la Argentina, cuando ellos son beneficiados por la impunidad. Si fuéramos a fondo alguna vez con la investigación de los crímenes, daríamos cuenta de que está harto demostrada la responsabilidad de todos los dueños de Clarín y La Nación en las torturas que sufrió el grupo económico Papel Prensa, así que deberían estar presos. Ellos no son los agraviados por la impunidad sino los beneficiarios, así que me pareció importante recordarlo”, aseveró.

¿Qué pasó con Silvia Suppo?

Otro caso que deja en evidencia la impunidad vigente es el de Silvia Suppo. Sobreviviente del centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada, conocido como La Casita, y de la Comisaría Cuarta de Santa Fe, su testimonio fue clave para el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, en el que fue condenado Brusa. Cinco meses después de su declaración, el 29 de marzo de 2010, Suppo fue asesinada en su local de artesanías en la ciudad santafesina de Rafaela.

“En esa causa contra Brusa, no todos los sobrevivientes éramos caso y querellantes, y quien propone legalmente, quien solicita que Silvia sea testigo es la querella unificada que teníamos entre Patricia Isasa, una compañera arquitecta, y yo, así que tengo alguna idea del caso de Silvia. Fui a Rafaela, hablé con sus hijos. Efectivamente el caso nunca se esclareció, se dio por válida la versión de la policía rafaelina y toda su historia”, dijo al respecto Schulman. La versión policial indicó que Suppo había sido asesinada por dos jóvenes que habían ingresado a su local a robar. Sin embargo, la causa cuenta con varios elementos que señalan que el crimen estuvo relacionado con su declaración testimonial.

La impunidad en Santa Fe

“Sin duda, en Santa Fe hay problemas de impunidad aún –reflexionó Schulman–; que la justicia proteja a Alcides López Aufranc y al directorio de Acindar no me sorprende, me enoja, me da más fuerza para luchar contra la impunidad. Nosotros ahora estamos todavía discutiendo en Casación porque a un fiscal de Rosario se le ocurrió justo meter una demanda cuando nosotros habíamos pedido la detención de López Aufranc, un general que reprimió el Cordobazo y fue director de Acindar después de Martínez de Hoz. No voy a decir que estoy sorprendido de que la justicia proteja a los grandes empresarios como Blaquier, López Aufranc, Fortabat que murió impune, etcétera., pero que protejan de un modo tan descarado a un grupo de torturadores que formaban parte de un grupo, uno de los cuales está condenado y los otros no, es tan absurdo, muestra no diría la banalidad del mal, diría el absoluto desprecio que tiene la inmensa mayoría de los jueces y los fiscales, y al decir así conviene reivindicar a los pocos pero muy nobles y dignos jueces y fiscales que los hay que se han juzgado en estos años, y el primero que se me viene a la cabeza es el nombre del juez de La Plata, Carlos Rozanski, que ya elevó la apuesta y sentenció que había habido genocidio. Hay jueces que son coherentes, intentan hacer justicia, y hay que rescatarlos, pero son pocos”.

En este punto, Schulman recordó que el Poder Judicial en Argentina ha apoyado ininterrumpidamente todos los golpes de Estado: “cada vez que terminaba un golpe de Estado decían que las leyes que habían emitido los gobiernos dictatoriales eran genuinas, y eso se ha continuado. Yo creo que en estos años ha habido un pacto de los juicios contra el Terrorismo de Estado contra el Poder Judicial, un pacto real que ha conmovido a un sector de ellos pero no ha alterado la hegemonía ideológica, cultural y una subordinación al poder económico, a los poderes imperiales y sobre todo una ideología conservadora, elitista, sexista. Les encanta ese ritual de pararse en una mesita que está más alto que la gente que está en el juicio, hablar en un idioma casi incomprensible para la mayoría de la gente. Creo que ese poder judicial está absolutamente comprometido con la defensa de la injusticia y la explotación en la Argentina y para construir una democracia verdadera no solo hay que discutir algunos nuevos códigos sino que hay que producir una transformación de raíz para lo cual lo primero que hay que hacer es cambiar de raíz los planes de estudio de las facultades de Derecho de todo el país. Si se sigue privilegiando la enseñanza de aquellas reglas y principios y modos que le permitan ganar plata a los abogados, seguiremos teniendo este poder judicial que expresa de algún modo lo que piensa la mayoría de los que lo componen. La impunidad es la regla para los que están sometidos a toda clase de causas armadas, atropellos, y la impunidad es la regla para los que han saqueado tantas veces la riqueza nacional y lo siguen haciendo”.

En un momento de la Argentina en la que se habla de impunidad con cierta liviandad, sobre todo desde sectores que han colaborado en su instalación en nuestro país, las reflexiones de José Schulman se hacen necesarias.

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