viernes, 20 de marzo de 2015

La CIDH expresó "preocupación" por la tortura en Argentina

NA - MDZOL

Lo hizo tras múltiples denuncias de abusos de la Policía y de agentes del Sistema Penitenciario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los casos de tortura por parte de la Policía y el Servicio Penitenciario en la Argentina, en una audiencia en Washington. Estuvieron representantes de las Defensorías Públicas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Amnistía Internacional y funcionarios del Estado Nacional y las provincias denunciadas.

La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, y los comisionados Paulo Vannuchi y James Cavallaro, participaron de la audiencia y destacaron los elevados índices de denuncias de tortura en el país.

Cavallaro pidió a los funcionarios "resultados y soluciones concretas", mientras que Antoine catalogó de "alarmantes" los datos presentados sobre malos tratos a niños y niñas, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.

El Defensor de Casación bonaerense, Mario Coriolano, elevó un registro realizado desde el 2000 hasta la fecha en el ámbito de su Defensoría, con datos de los departamentos de la provincia, que registra 10.188 incidentes de torturas (con o sin denuncias formales) aplicadas en ámbitos cerrados o en la vía pública. Tanto Amnistía Internacional como las Defensorías Públicas hicieron hincapié en la impunidad de la que gozan quienes aplican torturas, y que tiene que ver con que en la mayoría de los casos no son denunciados por las víctimas por temor a represalias y por la falta de investigación y sanción a los responsables.

El Defensor Coriolano citó un informe realizado junto a Amnistía Internacional, sobre la situación de casos de menores de edad en Buenos Aires, de acuerdo al cual, sobre 57 causas judiciales de torturas a niños y niñas, ninguna llegó a la instancia de juicio oral.

El Estado argentino fue representado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén; la Cancillería argentina, a través de Javier Salgado, el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, César Albarracín, y el Ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Juan Lewis.

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