martes, 17 de marzo de 2015

La vocera del Departamento de Estado desata la risa entre los periodistas al afirmar que Estados Unidos no apoya golpes de Estado

SPUTNIK NOVOSTI

Los veteranos periodistas que cubren el Departamento de Estado no pudieron contener la risa cuando la Portavoz del organismo, Jennifer Psaki, dijo con gesto serio que su país no apoya ni promueve cambios de Gobierno a través de medios ilegales.

“Como política de larga data Estados Unidos no apoya transiciones por medios inconstitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, pacíficas y legales”, aseguró la funcionaria al ser interrogada sobre el papel de Estados Unidos en el frustrado golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



La frialdad de Psaki al hacer tal afirmación sorprendió a los reporteros que se encontraban en la sala de prensa.

El corresponsal de The Associated Press, Matt Lee, inmediatamente intervino y con una sonrisa irónica le preguntó a Psaki cuán larga era esa política de no promover golpes de Estado; a lo que la funcionaria respondió que solo se refería a las acusaciones hechas por Maduro y no a episodios anteriores.

Otro periodista intentó despejar la memoria de Psaki y le recordó que el cambio de poder ocurrido en Ucrania en 2014 fue inconstitucional y Estados Unidos lo apoyó.

El historiador y escritor Miguel Tinker Salas comentó a Democracy Now que las afirmaciones de la portavoz del Departamento de Estado son sencillamente “ridículas”.

“Como historiador puedo decir que el registro dice lo contrario. Desde 1953 en Guatemala, hasta República Dominicana, Chile en 1973, el apoyo a las dictaduras militares en Argentina y Brasil, y si no queremos ir tan lejos podemos recordar que en 2002, en Venezuela, Estados Unidos respaldó el golpe contra el democráticamente electo Hugo Chávez (…) y nuevamente en Honduras en 2009 y en Paraguay con (Fernando) Lugo donde dijeron que era una transición democrática cuando en realidad se trató de un cambio de poder inconstitucional”, explicó.

El pasado de 12 de febrero Nicolás Maduro anunció que los cuerpos de seguridad venezolanos habían frustrado un complot para derrocarlo. Según el mandatario, el golpe de Estado sería ejecutado por algunos militares de la Fuerza Aérea, varios políticos opositores y estaba organizado y financiado por funcionarios de Estados Unidos.

Dos semanas después el mandatario decretó un sistema obligatorio de visas para todos los estadounidenses que viajen a Venezuela y ordenó reducir el número de funcionarios acreditados en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

La respuesta de Washington no se hizo esperar. El pasado 9 de febrero el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que califica la situación política en Venezuela como una “amenaza extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos e impone sanciones a siete funcionarios venezolanos acusados de violar los Derechos Humanos.

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