viernes, 6 de marzo de 2015

México: Las candidaturas como premio al crimen

Teresa Ulloa Ziáurriz (CIMAC)

Es de suponerse que en el seno de una democracia partidista sean justamente los partidos -instituciones de interés público-, quienes aglutinen y representen cada una de las posturas ideológicas de la población.

Por lo tanto, razonable y justo sería que los partidos llevaran a cabo un minucioso examen de perfiles, de tal manera que sus candidatos a distintos puestos de elección popular logren niveles (casi) insuperables, al punto que les permitan ganar las elecciones, sobre todo después de una historia tan triste como la mexicana, que se ha caracterizado por padecer una clase política de la peor calidad.

Pero, tal parece que no aprendemos: el actuar de los partidos políticos en México no hace otra cosa que demostrar con hechos que los puestos de elección popular -sobre todo en los cuerpos legislativos- no sirven para llevar a los mejores representantes del pueblo a tomar decisiones por el bien común, sino que se han convertido en un sistema de premios para preservar la impunidad.

Hace escasos tres meses, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, afirmó públicamente que dicho instituto político tomaría las acciones necesarias para “blindar” a sus candidatos estableciendo filtros y haciendo las investigaciones necesarias para garantizar su probidad, y cito textualmente:

“El partido se está blindando. Ahora mismo tiene tomada la decisión de ser extremadamente cuidadoso en la selección de candidatas y candidatos, porque no sólo pretendemos ganar una elección, sino ejercer un gobierno legitimador, y un gobierno exitoso con buenos resultados sólo lo pueden ofrecer personas con una conducta personal respetable”.

A las palabras se las lleva el viento, y tal parece que Camacho no tiene palabra.

En días recientes se dieron a conocer las listas de los candidatos a diputaciones plurinominales por el PRI, y cuál va siendo nuestra sorpresa al saber que Guillermina de la Torre Malváez, madre del ex dirigente del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se encuentra considerada como candidata plurinominal en la cuarta circunscripción, en el lugar 10.

Claro que ser la madre de una persona acusada públicamente de dirigir una red de prostitución no sería delito, de no ser porque la señora controla aproximadamente a 5 mil pepenadores (1) de todas las edades en el tiradero de Santa Catarina, que tiene a su servicio sin salario ni prestaciones, y que además le sirven como “acarreados” en movilizaciones y mítines. Claro, con total impunidad.

Pero lo anterior no es suficiente, ni es todo. Con la selección de sus candidatos, el PRI expresa claramente toda su intención de proteger a Gutiérrez de la Torre, delincuente contra quien ninguna autoridad parece querer proceder. No olvidemos, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI inició un proceso para expulsarlo que, hasta ahora, permanece “congelado”.

Es así que hay al menos 11 personas cercanas a Gutiérrez de la Torre que ya lograron una candidatura. Por ejemplo, el “dipuhooligan”, Cristian Vargas Sánchez, ya es candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc, aun cuando tiene vigente un proceso penal por agresiones en contra de Rosario Guerra.

Aunque declinó la candidatura, Sandra Esther Vaca Cortés fue registrada como aspirante a diputada local por Iztapalapa, a pesar de que es por todos sabido su rol como reclutadora de mujeres para ofrecerles trabajo en el PRI-DF, a cambio de servicios sexuales para Gutiérrez de la Torre.

Otros dos candidatos a jefes delegacionales son también cercanos: Fernando Mercado y Alejandro Barrientos, quienes aspiran a dirigir Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, respectivamente; cada uno con su oscura historia.

¿Cómo evitamos pensar en una estrategia de protección a favor de Gutiérrez de la Torre?

Desde que se hizo pública la existencia de la “presunta” red de prostitución que encabezaba el ex líder priista, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa.

Ya no sabemos si creer que las autoridades están solamente de adorno porque, ¿de qué otra forma podría entenderse que hayan pasado ya 10 meses en que tres víctimas hayan presentado su denuncia por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin que a la fecha se haya movido mínimamente el caso?

Bueno, sí se movió, la PGR se declaró incompetente y declinó su competencia a la PGJDF. Y no son las únicas denuncias.

Y es que la influencia de Cuauhtémoc no se limita a los candidatos. Gracias a una filtración del Ministerio Público (MP) adscrito a la PGJDF encargado del caso de una de las víctimas (Valentina), fue que Gutiérrez de la Torre conoció la acusación.

¿Cómo no pensar en encubrimiento? Y también gracias a eso, compareció en un juicio de amparo que se interpuso, ya que un acuerdo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Electorales no contaba con la debida fundamentación y motivación.

Finalmente, en más de una ocasión le hemos solicitado al procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, que se declare incompetente para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pueda atraer el caso, ya que los hechos cumplen con los supuestos que prevé la Ley Federal de Delincuencia Organizada, es decir, que hay una acción concertada de al menos tres personas para cometer un ilícito y que cuenta con una estructura jerárquica.

No hemos obtenido respuesta. Inclusive, sigue insistiendo que si no tiene víctimas no puede investigar, a pesar de que le hemos entregado en propia mano una serie de pruebas y es un delito que se persigue de oficio.

En cambio, el caso fue turnado a la Fiscalía de Asuntos Electorales y Especiales, lo que viola su propia especialización interna. No es dable que se argumente que el MP es uno solo y los casos de las víctimas no estén radicados en la Fiscalía Especial de Delitos en Materia de Trata de Personas.

Si no se está brindando protección a Cuauhtémoc, si no se trata de encubrimiento, complicidad, impunidad, ¿vivimos entonces en un país con autoridades ciegas, sordas y mudas? ¿Por qué lleva la PGJDF seis meses sin practicar ninguna diligencia en la denuncia penal que presentó el PRD y el PAN contra Gutiérrez de la Torre?

¿Por qué tanta protección e impunidad? Más tarde o temprano lo sabremos, pero mientras tanto no le regalemos nuestros votos a grupos de hampones…

Nota:
1) La palabra pepenar viene del náhuatl pepena (escoger, recoger). En México se usa esta palabra para referirse a la acción de recoger algo del suelo. De ahí también pepenador en referencia a persona que trabaja colectando materiales de la basura.

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