martes, 10 de marzo de 2015

Mujeres torturadas son revictimizadas por el Estado mexicano

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Mujeres sobrevivientes de los operativos policiacos de Texcoco y San Salvador Atenco en 2006 durante la presentación de la campaña "Mujeres en lucha contra la tortura sexual" | CIMACFoto: César Martínez López

El informe del relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, confirmó que en México las mujeres que son detenidas pueden ser víctimas de desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos y violación sexual reiterada y por varias personas.

Al presentar hoy su reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, el relator sostuvo que en el país la tortura es generalizada durante la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia, por ello propuso implementar medidas para prevenir y castigar está práctica violatoria de los Derechos Humanos (DH).

Las conclusiones, resultado de la visita de Juan E. Méndez a México –entre el 21 de abril y 2 de mayo de 2014–, indican que la mayoría de los casos no son investigados ni sancionados, o bien son calificados como conductas de menor gravedad, además de que las mujeres son revictimizadas al someterlas a exámenes médicos para comprobar el ilícito.

Asimismo, el relator especial observó una tendencia a detener para investigar, en lugar de investigar para detener, y escaso control efectivo, tanto ministerial como judicial, sobre la legalidad de la detención, por lo que consideró que estas prácticas dan lugar a detenciones arbitrarias, y aumentan la incidencia de torturas y malos tratos.

De acuerdo con el informe, aunque hay un alto número de denuncias y testimonios de víctimas, esto no se refleja en el número de investigaciones, ya que el gobierno mexicano informó de sólo cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013, de las cuales dos han quedado firmes e imponen penas de tres y 37 años de prisión.

“Esto indica que la impunidad abarca casos de tortura comprobados por las comisiones (de Derechos Humanos de los estados). Salvo ejemplos aislados, tampoco hay investigaciones administrativas ni destituciones y muchos de los presuntos culpables continúan en sus funciones”, indicó en el documento.

De acuerdo con las conclusiones, de manera frecuente no se inician investigaciones de oficio sobre este delito y en las pesquisas no se excluyen pruebas obtenidas bajo tortura; y además se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul, herramienta para investigar los casos de presuntos tratos crueles e inhumanos.

Ante las aseveraciones del relator, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, dijo que la afirmación de que la tortura es generalizada es una “falacia” porque se sustenta en 14 casos. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, acotó.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI), quien se unió a la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, que visibilizo a mujeres víctimas de esta práctica, respaldó las conclusiones del relator y aseguró que sí hay deficiencias en la aplicación del Protocolo de Estambul e impunidad en los casos denunciados.

A decir de AI, aunque el informe destacó la documentación de 14 casos, se elaboró con información de más casos, con entrevistas a víctimas, con reuniones con altos funcionarios y visitas al Distrito Federal, Nuevo León, Chiapas y Baja California.

En videoconferencia de prensa, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, sostuvo que este informe destaca una cultura de la impunidad y la brutalidad. “El presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre este tema. Por el contrario, se debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU establecidas en el informe del relator especial”, llamó.

En tanto, Madeleine Penman, investigadora para México de AI, declaró que la violencia sexual es un tema de especial interés porque en su informe el relator expuso los patrones de este delito cuando se comete contra las mujeres.

“Las mujeres, desafortunadamente, viven una vulnerabilidad mayor en algunos aspectos, en cuanto a sus detenciones, por cuerpos policiacos y militares de este país”, mencionó.

A su vez, Perseo Quiroz, director de AI-México, lamentó que el Estado niegue que la tortura es una práctica generalizada, y explicó que hay un universo de casos que no están denunciados por temor. “Muchas víctimas no confían en las autoridades para poder formular ahí las denuncias”, dijo.

Mientras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) emitió un comunicado en el que señaló que las observaciones de la ONU confirman que México se encuentra en una grave crisis originada en la impunidad de las graves violaciones a DH, entre ellas la tortura, situación que organizaciones civiles y familiares de víctimas han denunciado desde hace varios años.

Cabe decir que el Centro Prodh litiga varios casos de tortura, entre ellos los casos de 11 mujeres sobrevivientes de los operativos policiacos de Texcoco y San Salvador Atenco ocurridos en el Estado de México, en 2006, así como el de Claudia Tamariz y Belinda Garza Melo, detenidas y torturadas sexualmente para confesar delitos que no cometieron.

Una de las recomendaciones del relator Juan E. Méndez fue que el gobierno mexicano reconozca públicamente la dimensión de la impunidad y envíe enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal, de que todo acto de tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a las normas internacionales, constitucionales y penales.

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