viernes, 20 de marzo de 2015

Pendientes

RED ECO

A pocos días de cumplirse el 39ª aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar, una serie de decisiones judiciales deja en evidencia que el camino al juicio y castigo para los responsables civiles tiene demasiados obstáculos e intereses. Las causas contra Pedro Blaquier, Vicente Massot y los directivos de Papel Prensa y la Editorial Atlántida dan cuenta de ello. A esto se suma, el permanente hallazgo de represores condenados incumpliendo sus prisiones domiciliarias.

El juez Claudio Pontet de Bahía Blanca le dictó la falta de mérito a Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, en la causa en la que se investiga su participación en el secuestro, tortura y muerte de los obreros gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich. A pesar de haber sido recusado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, el magistrado permaneció en su cargo.

En diálogo con el programa Oral y Público, que se emite por Radio La Retaguardia (integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos), Palazzani calificó la resolución de Pontet como una trampa retórica y lógica: “con medias verdades, que como sabemos son peores que las mentiras, va construyendo un argumento y va tomando algunas cuestiones pero relativizando o directamente invisibilizando otras. Entonces dice, por ejemplo, que como todos los diarios del país tomaban partes de los cuerpos del Ejército, o de las Fuerzas Armadas, La Nueva Provincia hizo lo mismo y entonces o son todos o no es ninguno, o en todo caso este diario no hizo más que reproducir. Esto es una gran mentira, una gran falsedad. Nosotros hemos probado que La Nueva Provincia tenía a servicios de inteligencia como fotógrafos o tenía corresponsales de guerra directamente relacionados con el Comando de Operaciones Navales, o el Ejército o un contacto directo con los jerarcas más duros de la dictadura, al extremo de retarlos en sus páginas, como muestran algunos editoriales. (…). (El juez) analiza el asesinato de Miguel Ángel y Enrique como si fuera producto de un día de un arrebato de alguien. Nosotros hemos mostrado que este conflicto gremial fue el peor de toda la historia de La Nueva Provincia; así lo dicen las propias páginas del diario. Nosotros hemos mostrado una editorial, en que se cumplía un año de este conflicto, donde dicen ‘ha estado en riesgo nuestra existencia’ (…). Nosotros hemos mostrado que (Massot) mintió recurrentemente, mintió cuando dijo que no estuvo en contacto con el conflicto gremial y le mostramos por acta judicial que había sido designado por la madre para liderar el conflicto por el diario con los obreros gráficos; lo mostramos por escritura pública en más de una noche en medio del conflicto para sacar el diario; él dice que no estuvo en el ’76 en Bahía Blanca y lo mostramos cobrando el sueldo allí, firmando los registros laborales que secuestramos en el allanamiento y que se habían olvidado seguramente en un rincón del edificio; mostramos que en el ’76 no estuvo en el lugar donde él dijo que estuvo”. El fallo de Pontet ya fue apelado por la Unidad Fiscal ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Pocos días después, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictó la falta de mérito para el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su mano derecha Alberto Lemos. De esta manera se revocaron sus procesamientos en la causa en la que se investiga su participación en los hechos conocidos como La Noche del Apagón. Según han denunciado los organismos de derechos humanos de Jujuy, el Ingenio prestó sus camionetas para los operativos en los que se secuestró a 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas, durante los días 20 y 27 de julio de 1976. Ahora, la causa irá a la Corte Suprema de Justicia, que será la que resuelva la situación de Blaquier y Lemos.

A este hecho se suma el fallo favorable a los directores de los diarios Clarín y La Nación, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en relación a la apropiación ilegítima de la empresa Papel Prensa. Esta semana, además, la Sala II de la Cámara Federal porteña favoreció, con una falta de mérito, a Agustín Bottinelli, quien fuera el editor responsable de la ex Editorial Atlántida durante el Terrorismo de Estado. Cabe recordar que es en la causa por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, a partir de la publicación en la revista Para Ti de una entrevista fraguada a Thelma Jara, detenida desaparecida en la ESMA.

“Fueron necesarios más de 20 años de pelea firme para que Bottinelli fuera llamado a indagatoria sólo por uno de los casos en que participó, en el cual fraguó una entrevista a Thelma Jara en la Revista Para Ti, para que en pocos días la justicia dictara la falta de mérito (…). (Espero) que a Bottinelli se lo indague por mi propio caso, donde él fue uno de los responsables de que se usara mi imagen para una campaña a favor de la dictadura militar, cuando yo tenía tan sólo dos años y mis padres acababan de ser asesinados”, afirmó Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Además. Barry adelantó: “Vamos a rechazar esta resolución, que es parte de una oleada de fallos reaccionarios para proteger a los empresarios que fueron parte del proceso. Este 24 de marzo llamamos a movilizarnos para repudiar estos hechos y terminar con la impunidad que continua protegiendo a los civiles”.

La Rioja no, Córdoba sí

El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, llamó a indagatoria al actual jefe del Ejército, César Milani, por los delitos de secuestro y torturas en La Rioja, en 1977. Es por el caso de Ramón Olivera y su padre, que fueron secuestrados y torturados durante el Terrorismo de Estado, en el mismo lugar donde Milani se desempeñaba como teniente en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de esa provincia.

La causa se había iniciado originalmente en La Rioja, pero ante el recurso por falta de acción que interpusieron los abogados del ex preso político Ramón Olivera, pasó a la provincia de Córdoba. Esto ocurrió luego de que el fiscal federal de La Rioja, Horacio Salman, aceptara los argumentos de la defensa de Milani, y el juez federal, Daniel Herrera Piedrabuena, declarara nula la investigación.

Ahora será el turno de los jueces de la Cámara provincial, Abel Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro de definir si citan finalmente a declarar al militar.

Represores sueltos

Hace poco más de un mes, la agrupación H.I.J.O.S. Capital había denunciado que Carlos "Pedro Bolita" Galián, suboficial Principal (R) de la Armada Argentina y ex Jefe de Guardias de la ESMA, que está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad y debería cumplir con prisión domiciliaria en Ciudadela por supuestos problemas de salud, fue visto atendiendo un kiosco ubicado en la esquina de su casa.

Esta semana, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció haber visto al represor Luis Alberto Farías Barrera en la sala de espera de la Clínica Moguillansky de la ciudad de Neuquén.

Farías Barrera fue jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña durante la última dictadura cívico militar. En el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la región fue condenado a 22 años de prisión, sentencia que se encuentra firme, mientras que en el tercer proceso recibió 25 años de condena, que debe ser revisada por la Cámara de Casación.

“La prisión domiciliaria y la falta de monitoreo de su cumplimiento constituye un salvoconducto para evitar las condenas y una vía para garantizar la impunidad. (…) El hecho de que un condenado a las penas más altas del Código Penal por delitos de lesa humanidad circule libremente por la ciudad, quebrantando la obligación de permanecer en el domicilio fijado, sin custodia policial ni esposas resulta un hecho de altísima gravedad institucional que debe ser enmendado por la justicia con toda urgencia”, afirmaron desde la APDH.

El organismo además advirtió que Farías Barrera está imputado en otras causas pendientes de juicio: “La circunstancia de que se encuentre libre implica un grave riesgo de entorpecimiento del proceso que podría hacer peligrar el enjuiciamiento del represor e implicar responsabilidad del Estado Argentino, por incumplir con su obligación de sanción a los derechos humanos”.

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