miércoles, 11 de marzo de 2015

Puerto Rico: Siete generales rumbo al caribe

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

La anunciada llegada de siete generales -entre ellos los jefes de los comandos Sur y Norte- para las maniobras militares apenas días después del decreto del Presidente Barack Obama de una emergencia nacional en Estados Unidos por la crisis de Venezuela, obstaculiza el propósito de que Puerto Rico pase desapercibido en la próxima Cumbre de las Américas.

Tampoco es de mucha ayuda para la estabilidad colonial que las prácticas militares, en que se ensayarán respuestas a una catástrofe que afecte las operaciones del Estado y la continuidad del gobierno, coincida con un ambiente cargado de protestas y que la Casa Blanca mantenga en su portal cibernético un pedido para que se inicie el proceso de destitución del Gobernador, Alejandro García Padilla, que ha recibido ya decenas de miles de mensajes de respaldo.

Lo más que el gobierno autonomista logró de los militares es que durante la maniobra no se practique una operación de “rescate” del Gobernador con un helicóptero que le sacaría del Palacio de Santa Catalina, de acuerdo al informe obtenido de una fuente de alto nivel.

La confirmación de la presencia de los siete generales que llegarán desde Estados Unidos la dio la coronel Marta Carcana, quien indicó que ese número podría aumentar. Además de los jefes del Comando Norte y el del Comando Sur, estará presente el general que comanda la Escuela de Logística y se pondrá a prueba el sistema de comandante único (“dual status commander”) de todas las fuerzas militares, que corresponderá al general de brigada Isabelo Rivera.

Según el informe de la jefa de la Guardia Nacional, tropas de varios puntos de Estados Unidos practicarán en un escenario de un terremoto y un tsunami -por supuesto, imaginario- que causa miles de víctimas, daños a la infraestructura y afectaría la continuidad de las operaciones gubernamentales. Cuando se le preguntó si se ensayaría también qué hacer sobre la continuidad del Gobierno, contestó, con la típica circunspección militar, un lacónico “Sí”.

La respuesta de la jefa castrense causó cierta sorpresa en el Palacio de Santa Catalina, donde un portavoz había dicho primero que se buscaban alternativas para que la participación del Gobernador García Padilla fuese lo más discreta posible. Poco después cambió la versión para garantizar que la maniobra se haría “a menor escala” y “no va ningún evento simulado” relativo al “orden constitucional” de sucesión.

Mientras tanto, la fuente que reveló que lo que se hizo fue descartar el “rescate” del Gobernador, dijo que ese evento se sustituiría por la participación oportuna de un funcionario de menor rango.

En círculos diplomáticos no ha escapado el hecho de que la maniobra se produzca en momentos en que la Casa Blanca ha endurecido su asedio al gobierno venezolano y que en el pasado Puerto Rico fue utilizado para apoyar intervenciones en países latinoamericanos. Estos problemas potenciales de seguridad regional dan mayor relevancia a la pregunta de por cuánto tiempo foros internacionales como la Organización de Estados Americanos podrán evadir el tema de la condición colonial de esta pequeña nación isleña, ubicada en el noreste del Mar Caribe y equidistante de Guantánamo y de Caracas.

Los mandos militares y el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security) insisten que será una maniobra para medir la preparación ante un desastre natural, aunque en la rueda de prensa se explicó que la práctica sería de utilidad también con respecto a eventos de “terrorismo”. Medios noticiosos que se han caracterizado por tendencias oficialistas han aportado la publicación recortada de la información de la maniobra o no publicarla y punto.

De todas formas, en los ambientes sociales y políticos se va desarrollando un simulacro de otro tipo de tsunami. Crece la oposición a la subida de los impuestos y en poco más de una semana, decenas de miles han participado en manifestaciones de protesta, mientras el Gobierno insiste en implantar un impuesto al valor añadido de 16 por ciento, con la característica de que estaría prohibido que se le notifique a la gente la cantidad que ha pagado por el mismo, además de otra medida para que el impuesto al petróleo suba de forma automática si la gente no consume suficiente gasolina para llegar a los recaudos que se esperan.

Al cobro secreto de un impuesto y el aumento automático de otro se suma también una medida pendiente para que se entregue al Banco Gubernamental de Fomento la potestad para designar “cualquier individuo” como administrador de emergencia de agencias, corporaciones y municipios por un período de hasta dos años, con poderes plenos y sin siquiera tener que pasar por la nominación del Gobernador y confirmación del Senado.

A la planteada renuncia a poderes constitucionales por parte del propio Gobierno se suma la petición que fue enviada al portal cibernético de la Casa Blanca por un residente de la ciudad de Guaynabo a mediados de febrero pasado. La petición, para que la Casa Blanca y el Congreso inicien el proceso de residencia con el propósito de destituir al Gobernador había pasado sin pena ni gloria, hasta que el domingo se convirtió en “viral” y en apenas 48 horas acumuló más de 50.000 firmas electrónicas de respaldo.

Desde los años treinta del siglo pasado, no se producían desde Puerto Rico gestiones intensas para pedir a Washington la destitución del Gobernador. En aquellos tiempos, el presidente de Estados Unidos designaba a los gobernadores de Puerto Rico.

García Padilla, por su parte, responde a los opositores tildándolos de ignorantes, “evasores” y personas de “mentes insularizadas”, mientras no contesta el llamado a negociar del cónclave de prelados de las iglesias.

El ambiente general, ciertamente, no es el mismo de los tiempos de auge del autonomismo bajo la figura carismática de Luis Muñoz Marín, quien fue instrumental para las políticas estadounidenses en la región, desde la promoción de la democracia en Venezuela hasta el envío de aviones de la Guardia Nacional para el derrocamiento del gobierno constitucional de Guatemala.

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