miércoles, 11 de marzo de 2015

Reclaman que el Estado publique datos sobre cárceles

OTROS CÍRCULOS

La Procuración Penitenciaria y la Procuraduría de Violencia Institucional se pronunciaron acerca de la dificultad en el acceso a la información relativa a las personas privadas de la libertad y al personal penitenciario. Diagnosticaron que los datos disponibles son “escasos, desactualizados y confusos”, y pidieron crear un registro único de detenidos.

El procurador penitenciario de la Nación (1), Francisco Mugnolo, emitió la Recomendación Nº 820, donde señala la obligación del Estado de producir y publicar información confiable acerca de las personas privadas de la libertad y de todos los lugares de encierro existentes en el territorio nacional, por entender que ello resulta fundamental para el control democrático de las cárceles y otros lugares de detención. Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) (2), que conduce Abel Córdoba, realizó un relevamiento de los datos publicados en los sitios web de los organismos estatales de los poderes Ejecutivo y Judicial vinculados al funcionamiento del sistema penal y consideró que son escasos, desactualizados y confusos, y recomendó crear un registro único de detenidos.

La Procuvin elaboró un diagnóstico sobre la disponibilidad de información pública de agencias estatales involucradas en las diferentes instancias del sistema penal y de sus organismos de control y concluyó “que el acceso público a información estadística respecto del accionar de las agencias judiciales, policiales y penitenciarias resulta escaso, manteniéndose la información en estado de desactualización y siendo confusa en su presentación, comparabilidad y trazabilidad temporal e inter-agencial”. La única fuente estadística que publica información sobre la población carcelaria (SNEEP, Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena) (3) se encuentra incompleta y en su publicación on line no se explicitan criterios metodológicos en cuanto al diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de datos, como tampoco se explicitan los criterios de procesamiento.

Esta fuente de información excluye a población privada de la libertad en dependencias no penitenciarias, y esta información no es posible de ser rastreada en las instituciones directamente relacionadas con el accionar de las fuerzas de seguridad. No existe información sobre cantidad de funcionarios, de detenciones, encarcelamientos en comisarías o centros para niños/as y adolescentes, así como tampoco hay un registro de tipo de delitos en los que las fuerzas intervienen.

Respecto de investigaciones sobre Violencia Institucional, la Procuvin manifiesta que realizar un diagnostico respecto de hechos de tortura, malos tratos o violencia por parte de las fuerzas de seguridad, conocer qué cantidad de casos se judicializan y realizar un seguimiento, “es una tarea actualmente imposible de lograr en la actualidad a través de la información oficial de acceso público”.
Frente a esta situación la Procuvin promueve la creación de un Registro Único de Detenidos que articule a todas las agencias del sistema judicial (juzgados, fiscalías y defensorías) en el que todos los órganos dependientes carguen y actualicen información sobre las y los detenidos y que permita la elaboración de reportes estadísticos y publicaciones relativas a la temática.

Por su parte la PPN en su “Recomendación sobre acceso a la información relativa a las personas privadas de libertad en cualquier lugar de detención”, manifestó que “la producción de información y su publicación resulta indispensable para el control de los lugares de encierro por parte de los organismos competentes y de la sociedad civil en general”.

Mugnolo, luego de identificar numerosos problemas que hacen a la ausencia o deficiente información disponible, así como al frecuentemente defectuoso cumplimiento de los requerimientos de información que realiza ese organismo, efectuó una serie de señalamientos que implican, entre otras cosas recomendar al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal que arbitre los medios oportunos para garantizar la existencia de bases de datos confiables de las personas presas en cárceles federales; recomendar a las autoridades a cargo de los servicios penitenciarios provinciales y de las distintas fuerzas de seguridad que alojen a personas presas, el arbitrio de los medios necesarios para garantizar la existencia de bases de datos confiables sobre las personas detenidas bajo su custodia. Por último recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que evalúe la oportunidad de crear un registro judicial de personas detenidas, con el objeto de centralizar la información acerca de cualquier tipo de privación de libertad en la Argentina y reforzar su control judicial.

Para descargar
- Recomendación PPN acceso a la información
- Informe de la Procuvin

Notas:
1) http://www.ppn.gov.ar/
2) http://www.mpf.gob.ar/procuvin/
3) http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-de-politica-criminal/mapa.aspx

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