martes, 17 de marzo de 2015

Reflexión sobre la energía atómica en España en el contexto de Fukushima

Miguel Muñiz (LA MAREA)

El recuerdo del cuarto aniversario de la mayor catástrofe en la historia de la industria atómica, catástrofe que continúa y continuará determinando el futuro de la sociedad japonesa durante décadas, es una buena ocasión para reflexionar sobre el estado de las siete nucleares que funcionan en España, que pueden llegar a ser ocho, si se concreta la amenaza de volver a abrir Garoña.

Porque en España, como en Japón, funciona un poderoso grupo de empresas, personas del estamento universitario, del sector bancario, de los medios de información, etc., que actúan como grupo de presión a favor de la energía atómica. En estos momentos dicho grupo persigue dos objetivos: mantener el tema atómico fuera de la agenda de debate público, y “blindar” políticamente las centrales para alargar su funcionamiento hasta los 60 años.

Ambos objetivos exigen una premisa obligada: el silencio. Silencio como apariencia de normalidad. Lo expresaba claramente el señor Antonio Cornadó Quibus, presidente del Fórum de la Industria Nuclear Española (FINE), declarando: “(…), la actividad de la industria es un sólido argumento para mejorar la imagen pública de la energía nuclear, ya que constituye, y puede presentarse, fundamentalmente, como una actividad industrial, lejos de la controversia y el debate.”

El marco en que se realizó dicha declaración es un ejemplo de como se mantiene la energía atómica fuera de la agenda social y política. El señor Cornadó hablaba, el 2 de diciembre de 2014, en la llamada Subcomisión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. Una subcomisión que se reúne “a puerta cerrada”, lo que es un eufemismo para indicar que se trata de una subcomisión secreta.

Pero que sea secreta no quiere decir que sea cerrada, en la mencionada reunión del día 2 participaron representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción, y personas del grupo de la Izquierda Plural son miembros de pleno derecho; pero no sabemos nada de lo que opinaron de la intervención del señor Cornadó, ni de lo que se debatió allí, pese a que éste ha publicado su intervención completa en la web del FINE.

Leyendo la intervención nos percatamos de que proclamó el segundo objetivo: legislar el alargamiento del funcionamiento atómico a 60 años. Aunque dicho objetivo se perciba mejor en el contenido de la carta que IBERDROLA Generación Nuclear dirigió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el 14 de enero de 2014, pidiendo lo mismo. O en el hecho de que ENDESA, sin esperar la decisión del poder político, ya indicase en noviembre de 2014, y en el catálogo de su oferta pública de venta de acciones, que sus centrales nucleares tenían aseguradas un período de 50 años de funcionamiento. El 26 de febrero de este año, Europa Press recogía comunicado de ENDESA en que manifiesta que “confía” en que el gobierno asuma su planteamiento.

Otro ejemplo de discreción lo tenemos en Cataluña, en el marco del debate sobre el “derecho a decidir” el alargamiento a 60 años de las tres centrales que funcionan en las comarcas de Tarragona ya parece decidido. Así, el denominado Consell Assessor para la Transició Nacional (CATN) publicó, en octubre del 2014, el informe número 9 sobre Abastecimiento de agua y energía, que en su página 111 dice: “(…) En los Estados Unidos, más del 50% de las centrales nucleares de la misma tecnología que las centrales catalanas ya disponen de autorización de funcionamiento de 20 años adicionales a los 40 años por los cuales fueron diseñadas. Es posible prever, pues, que (…) las centrales nucleares catalanas podrían disfrutar de una extensión de vida de 20 años más, cuestión fundamental para que el sistema eléctrico catalán sea un sistema económicamente competitivo.“

Un ejemplo de la vertiente política del negocio nuclear lo tenemos en los presupuestos de la Generalitat del 2015, aprobados recientemente, donde se contempla una partida, la 231.0001, con un ingreso de 39,6 millones de euros en concepto de “impuesto” a la generación eléctrica de las tres atómicas que funcionan en Cataluña, lo que nos ilustra sobre el valor económico de una parte de la salud ambiental y humana de las personas que aquí vivimos.

Alargar el funcionamiento a 60 años significa que los siete reactores que funcionan en España cerrarán en 2041 (Almaraz1), 2043 (Almaraz2 y Ascó1), 2044 (Cofrentes), 2045 (Ascó 2) y 2047 (Vandellòs 2 y Trillo). Los propietarios de Garoña ya se han adelantado pidiendo un permiso de funcionamiento por 17 años más, hasta 2031.

Así se garantiza el incremento de la radiación que estas centrales vierten cada día al medio ambiente (y a los seres vivos), el aumento del volumen de veneno radiactivo que se acumula hacia el futuro, el aumento mundial del número de armas atómicas fabricadas con uranio empobrecido o plutonio, y también se garantiza la posibilidad de una catástrofe irreversible como la de Fukushima. Con lo que enlazamos con el cuarto aniversario.

Porque sobre lo que está pasando en Japón también se podría realizar un inventario de silencios, silencios sobre el aumento de casos de cáncer de tiroides (una de las dos únicas enfermedades “oficialmente” reconocidas como vinculadas a la radiación), silencios sobre los más de 300.000 litros de aguas altamente radioactivas que cada día van al océano, silencios sobre los efectos que esa contaminación tiene los seres vivos, sobre las zonas de Japón con niveles altos de radiación en que la gente hace “vida normal”.

También y, especialmente, sobre las políticas que están convirtiendo el país en una sociedad cada vez más vigilada, con leyes que amenazan con prisión de hasta 10 años a funcionarios o ciudadanos que “divulguen secretos de Estado”, y de 5 años a periodistas que divulguen “información clasificada”; con cambios de artículos de la Constitución para autorizar intervenciones militares en el extranjero; con un control informativo creciente que permite sacar de la agenda política de las elecciones de diciembre el tema de Fukushima, etc. Realizar un inventario detallado de todo esto excedería con mucho el límite de un artículo de opinión.

La lección de este cuarto aniversario de Fukushima es clara: o las organizaciones ecologistas, fuerzas políticas, sindicatos y asociaciones que se declaran contrarias a la energía atómica, pasan a hablar públicamente, y a actuar, para lo que se necesita un movimiento social de base que las empuje, o el futuro se presenta aún más sombrío. Si los límites de silencio impuestos por el “lobby” atómico se siguen respetando poco se puede hacer. Es necesario romper el silencio impuesto y cambiar la agenda.

Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de la coordinadora TANQUEM LES NUCLEARS, I 100% ESTALVI, EFICIÈNCIA I RENOVABLES. Este texto es una versión adaptada de la intervención que realizó en el Encuentro – Debate que se realizó el 11 de marzo de 2015, en el Centro Cívico de las Cotxeres de Sants.

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