viernes, 13 de marzo de 2015

Sobrepoblación y muerte en cárceles argentinas

RED ECO

En lo que va de 2015 se registraron 14 fallecimientos de detenidos, mientras que distintas organizaciones y organismos denuncian el hacinamiento que se registra en prisiones de todo el país y exigen la publicación de cifras oficiales sobre la situación en los lugares de encierro. Red Eco Alternativo

Según datos relevados por la Agencia para la Libertad, en los dos primeros meses de este año se registraron cuatro muertes violentas en cárceles argentinas: dos ahorcamientos en el Complejo Penitenciario Federal I, otro por heridas de arma blanca en la Colonia Penal de Santa Rosa, y un cuarto durante el incendio en el CPF II de Marcos Paz el pasado 27 de febrero. También hubo cinco muertes por enfermedades; se trata de personas privadas de su libertad en el CPF I de Ezeiza (dos casos), y en la Unidad Nº 21 del Servicio Penitenciario Federal, la Unidad Nª 8 de Jujuy y CPF de Devoto en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) difundió un spot en el que advierte sobre el hacinamiento, la violencia, las torturas y la violación de Derechos Humanos que ocurren sistemáticamente en las cárceles argentinas, ante el aumento permanente de la cantidad de presos.

“El aumento del número de personas privadas de su libertad no se corresponde con un aumento correlativo del fenómeno delictivo (…). La cantidad de presos no repercute en la cantidad de delitos, es decir que un aumento o disminución de la población encarcelada no modifica el fenómeno delictivo de una región”.

En este punto, el organismo advierte que “más presos no significan más seguridad”, por lo que se alertó en que la construcción de cárceles no es una solución.

Las últimas cifras oficiales sobre cantidad de presos son de 2013. En aquel momento, los presos sumaban 64.288. Junto a la Procuraduría de Violencia Institucional, la PPN señaló que los datos disponibles son “escasos, desactualizados y confusos”.

En este sentido, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, emitió una recomendación en la que se refiere a la obligación del Estado de producir y publicar información confiable acerca de las personas privadas de la libertad y de todos los lugares de encierro existentes en el territorio nacional, por entender que ello resulta fundamental para el control democrático de las cárceles y otros lugares de detención.

A modo de ejemplo

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) denunció que el domingo 1 de marzo a la madrugada, un grupo de detenidos del sector de Separación del Área de Convivencia (S.A.C.) de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría fue obligado a salir de sus celdas por personal penitenciario, que los golpeó, tapó sus caras, los puso de rodillas, les apoyaron una escopeta en la cabeza simulando cargar y disparar. Es decir, los sometieron a un simulacro de fusilamiento. Ante esta situación, la Comisión presentó un hábeas corpus colectivo por la extrema violencia y las pésimas condiciones que padecen los detenidos

Tan solo un día después, un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM asistió a este sector de la cárcel de Sierra Chica y observó a cuatro personas en celdas de 2 x 3, colchones rotos tirados en el piso, e incluso a detenidos durmiendo directamente sin colchones; sin atención médica, celdas sin agua, paredes rotas y manchadas, comida en mal estado y escasa.

Esta Unidad Penal 38 tiene sobrepoblación, ya que cuenta con cupo para 680 personas, pero actualmente hay casi 800 detenidos.

Desde la CPM explicaron que los SAC, además de los sectores de admisión y alojamiento transitorio, son “espacios de tránsito que funcionan como ‘depósito’ en donde los detenidos quedan aislados, y a la espera de alguna medida de traslado, o reubicación sin tiempo determinado, llegando a estar a veces, hasta un mes en esos lugares”.

A esto se suma que la alimentación es muy escasa, mal cocida, y en la mayoría de las ocasiones se sirve en mal estado. A su vez, la asistencia sanitaria es prácticamente nula, ya que las personas con heridas o lesiones no son atendidas, corriendo riesgo de infección ante el estado de higiene de todo el pabellón.

Ante esta situación, la Comisión por la Memoria denunció: “Desde la gestión penitenciaria se instauran prácticas de delegación de la violencia con la finalidad de establecer un control sobre la población a cargo basado en la sumisión y humillación constante, para luego de producirse incidentes intervenir en forma directa reprimiendo los conflictos suscitados”.

En el habeas presentado solicitó además que se ordene la reparación y/o mantención edilicia del sector denunciado, que se realicen todas aquellas medidas que se consideren pertinentes a fin de asegurar condiciones de habitabilidad acordes con los estándares internacionales; que se cese inmediatamente del aislamiento absoluto y de los hechos de violencia; y que se prevea de forma inmediata de colchones, medicación y alimentos. Finalmente, se hizo hincapié en que se investigue judicialmente los hechos denunciados y al personal penitenciario de turno durante estos sucesos.

Fuentes: Agencia para la Libertad / Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

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