miércoles, 18 de marzo de 2015

Sube 100 por ciento la violencia contra las defensoras de los Derechos Humanos en Mesoamérica

Lucía Lagunes Huerta (CIMAC)

En un año, la violencia contra mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH) de Mesoamérica se ha incrementado en 100 por ciento debido a la tolerancia de los gobiernos de la región, y también a la protección de intereses privados, dijo Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

En entrevista con Cimacnoticias, tras participar en la mesa de reflexión sobre la situación de las defensoras de DH, García afirmó que “intereses vinculados a corporaciones trasnacionales, al narcotráfico y grupos del crimen organizado; a cacicazgos locales, incluidos grupos paramilitares; a monopolios de la comunicación y jerarquías religiosas”, han provocado mayor riesgo para las activistas, quienes viven las agresiones frente a la “pasividad gubernamental”.

Entre 2012 y 2013 se registraron 1.294 agresiones contra mujeres defensoras en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, de las que 414 corresponden a 2012 y 880 a 2013, precisó la activista.

Abundó que de acuerdo con el registro y sistematización de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, existen cuatro formas en las que se les agrede: la intimidación y hostigamiento psicológico; amenazas, advertencias y ultimátum; uso excesivo de la fuerza; criminalización y judicialización.

Sara García, defensora por los derechos sexuales y reproductivos, quien vivió las amenazas por la defensa legal de 17 mujeres presas por aborto en El Salvador, señaló que existe un “patrón preocupante” en el aumento de las amenazas sistemáticas contra las activistas en Mesoamérica.

La defensora expuso que las mujeres que defienden los DH lo hacen en un contexto de desigualdad, violencia y discriminación, a causa del deterioro de las instituciones del Estado y la militarización de la región mesoamericana.

“Los gobiernos en la región, en diferentes grados y formas, toleran y protegen intereses privados y ponen en serio riesgo la vigencia de los derechos universales: intereses vinculados a corporaciones trasnacionales, al narcotráfico y grupos del crimen organizado; a cacicazgos locales, incluidos grupos paramilitares; a monopolios de la comunicación y jerarquías religiosas”, abundó.

Todo ello, añadió, ha significado un aumento de la violencia contra las mujeres, mayores índices de feminicidio, más restricciones legales al derecho a decidir sobre la maternidad, como es el caso de la penalización del uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) en Honduras, y la creciente criminalización contra mujeres acusadas por abortar y que han sido condenadas hasta a 40 años de cárcel en El Salvador.

Existe también, observó, un aumento de megaproyectos energéticos en Honduras, México y Guatemala, sin consultar a las comunidades, incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual deriva en desalojos, agresiones, despojos y violaciones en toda Mesoamérica.

Otro ejemplo de la violencia de Estado que enfrentan las defensoras de DH se hace evidente en la represión contra las activistas en Nicaragua por oponerse a la construcción de un canal.

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