martes, 17 de marzo de 2015

Venezuela y la preocupación por los derechos humanos del PP

Antonio Maestre (LA MAREA)

La reciente aprobación en la Unión Europea de una moción del PP para promover el respeto de los derechos humanos y la libertad de la oposición en Venezuela ha sido utilizada en España como arma arrojadiza contra Podemos. El voto en contra de la moción por parte de la izquierda unitaria en el Parlamento Europeo, formada por Podemos, Izquierda Unida y Bildu, ha servido una vez más como herramienta política interna. La moción del PP, impulsada por su eurodiputado Luis De Grandes, insta al gobierno de Venezuela a liberar a Antonio Ledesma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, además de al resto de manifestantes pacíficos y líderes de la oposición “detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, según consta en el texto de la moción. El rechazo de Podemos e IU a una moción que pide la libertad de opositores y el respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión, independientemente de la instrumentalización y los intereses que tienen aquellos que la presentaron, resulta de complicada defensa. Y así se ha evidenciado en la política interna española.

El respeto a los derechos humanos en los países extranjeros de los grupos políticos siempre ha sido utilizado de forma espuria para sacar rendimiento electoral de manera interna. Los derechos humanos en política sirven para ganar votos y usarlos contra los adversarios. No existe un interés real en el respeto a esos derechos y en la situación de los ciudadanos de esos países que suelen aparecer en los argumentarios partidistas. Venezuela es uno de los ejemplos paradigmáticos de esa manera de actuar. Las críticas al gobierno de Nicolás Maduro que los miembros del Partido Popular han usado, con más agresividad y presencia desde la irrupción de Podemos, no parecen importar a la hora de realizar operaciones comerciales y transacciones económicas con el gobierno bolivariano.

El Partido Popular, en su intento por menoscabar la imagen pública de Podemos, ha incidido, con el apoyo de los medios de comunicación afines, en la relación que en el pasado tuvieron Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejon con el gobierno venezolano. El partido del gobierno critica a Venezuela para que afecte al partido de Pablo Iglesias por simpatía. Las declaraciones sobre Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Venezuela han sido de todo tipo. El pasado 12 de marzo, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso pedía la excarcelación de los opositores y que cesaran las “actitudes tiránicas” en Venezuela.

Las declaraciones del portavoz están en la misma línea de las que expresó Guillermo Mariscal, portavoz del Grupo Popular en el Senado a raíz de la detención del líder de la oposición Leopoldo López: “España siempre ha apoyado la defensa de los derechos humanos y la libertad y ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y el rechazo a toda forma de violencia y opresión contra esos principios… compartimos la preocupación por la falta de respeto a los principios universales de la Democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos en Venezuela”. Sin embargo, a pesar de ese frontal rechazo a las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo ha declarado hoy que no tiene sentido realizar sanciones contra Venezuela por parte de la UE. Obviamente si lo hicieran España tendría que dejar de vender material militar al país latinoaméricano. En el año 2012 Pedro Morenés calificó a Hugo Chávez como “gran amigo de España”, no en vano ese año Venezuela fue el mejor cliente de la industria armamentística española, al comprar material por valor de 164 millones de euros.

La moción de reprobación a Venezuela de la pasada semana incluía en uno de sus puntos que “según organizaciones locales e internacionales, un año después de las manifestaciones pacíficas más de 1.700 manifestantes se encuentran a la espera de juicio, más de 69 siguen encarcelados y al menos 40 personas han sido asesinadas durante las protestas sin que se hayan exigido responsabilidades a los autores; que los manifestantes se han enfrentado a un uso excesivo de la fuerza y la violencia sistemática por parte de la policía, de miembros de la Guardia Nacional y de grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados”. Las manifestaciones a las que se refiere la moción comenzaron a producirse en febrero de 2014. España ya había mandado material antidisturbios y a pesar de la represión que denuncia Luis De Grandes en el texto se ha seguido mandando material de este tipo mientras han seguido las protestas.

En el año 2013, España autorizó la venta de material antidisturbios y de defensa a Venezuela por valor de 16,7 millones de euros. A pesar de que el gobierno anunció en marzo de 2014, en una nueva estrategia electoral, que dejaría de vender material antidisturbios a Venezuela, ha continuado haciéndolo en el año 2014 con una parte y suspendiendo la venta de otra por la situación en el país. En el gobierno justifican la venta de ese material diciendo que son licencias ya otorgadas en el año 2013. Según el informe de exportaciones de material de defensa, otro material y doble uso publicado por la Secretaría de Estado de Comercio las ventas en el primer semestre de 2014 de este tipo de material a Venezuela fueron de 10.760.175 €, este montante incluye la autorización del gobierno de Mariano Rajoy de material antidisturbios al gobierno de Nicolás Maduro. Según datos del propio informe del gobierno español, se vendió el material incluido en el epígrafe “Cartuchos propulsores, materia prima para fabricar y mantener artificios pirotécnicos no letales y esposas” por un valor de 637.072 €. Los únicos países a los que España ha vendido material antidisturbios junto a Venezuela han sido Túnez, Libia y Bolivia. A estos estados el gobierno español les ha vendido camiones con cañones de agua y cartuchos lacrimógenos.

Además del material antidisturbios usado para la represión de las manifestaciones, el estado español ha exportado material de defensa para las Fuerza Armadas de Venezuela, que durante estos días han hecho maniobras. Especificamente ha exportado al gobierno de Nicolás Maduro 2.863.342 € en municiones, dispositivos y componentes y 3.488.628 € en equipos y construcciones blindadas Planchas de blindaje, construcciones de materiales metálicos o no, cascos militares, vestuario y prendas de protección. En el informe aparece la denegación por parte del gobierno del envío de 4 aviones de transporte de Sudán del Sur en aplicación de unos requisitos que no se cumplían. Entre ellos la posibilidad de que se incumpliera el respeto a los DDHH por la guerra civil que está viviendo el país. Esa denegación no existió para otros países como Arabia Saudí, a la que se vendió material de defensa por valor de 240.130.449 €.

Arabia Saudí, gobernado por un régimen dictatorial islamista, y país con el que la Casa Real mantiene una relación de amistad muy cercana, recibió aeronaves militares por valor de 223.400.368 € y bombas, torpedos, cohetes y misiles por un montante de 5.010.000 €. El gobierno de Mariano Rajoy no ha pedido en este caso que exista respeto a los DDHH ni que se deje a oposición actuar en libertad (no está permitida la oposición en Arabia Saudí). Como dijo Pedro Morenés al ser cuestionado sobre la satrapía saudí, cada país busca la mejor manera de proveer de bienestar a sus ciudadanos. En el caso de Arabia Saudí, el modo en el que el régimen islamista procura bienestar a su ciudadanía se asemeja mucho al de ISIS. Sirva como ejemplo el caso del bloguero Raif Badawi, condenado a recibir 1.000 latigazos por “insultar” al islam, o el de la decapitación pública con una espada a una mujer birmana.

Otro país con el que el Partido Popular no ha mostrado mucho interés por el respeto de los derechos humanos es Bahrein. En el informe del gobierno español aparece referenciada la venta de material de munición de artillería por valor de 26.622.200 €. La venta forma parte de los acuerdos entre España y el reino del Sheikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa. La situación de la oposición en Bahrein y del respeto de los derechos humanos en el califato quedan retratados en el informa de Amnistía Internacional del año 2014/2015: “El gobierno continuó acallando y castigando la disidencia, y restringiendo las libertades de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y mataron al menos a dos personas. Continuaban en prisión activistas de la oposición condenados en juicios injustos en años anteriores, entre ellos presos de conciencia. Se seguía torturando a personas detenidas y reinaba un clima de impunidad”. La situación de la oposición al régimen del golfo pérsico es muy complicada. El gobierno ha restringido la libertad de asociación en virtud de una nueva disposición que faculta al ministerio de Justicia a disolver asociaciones políticas por “motivos imprecisos”, según relata Amnistía Internacional. En el mismo informe alerta de la suspensión de los grupos políticos opositores, Waad y Al Wefaq. En Bahrein también se detuvo a un líder opositor. Sheikh Ali Salman fue detenido el pasado mes de diciembre por querer provocar el cambio de sistema político por la fuerza, según la acusación del gobierno. No ha habido ninguna voz dentro del Partido Popular o el gobierno que haya condenado estas actividades y haya pedido el respeto de los derechos humanos y a la oposición en Bahrein.

La política sobre los derechos humanos de un país siempre ha estado sometida a un bien superior, ya sea estratégico, político o económico. Para definir la hipocresía del PP en esta materia habría que recurrir a la célebre frase de Franklin Delano Roosevelt sobre el dictador de Nicaragua Anastasio Somoza: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

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