lunes, 16 de marzo de 2015

Washington no podrá dividir a América Latina

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

¿A partir de qué prerrogativas Washington se permite intervenir en los procesos revolucionarios emprendidos por pueblos de otras naciones en ejercicio de las soberanías que ostentan en virtud de normas universalmente reconocidas del derecho internacional?

¿En virtud de cuales normas y principios del Derecho Internacional Washington se atribuye la potestad de disponer las nuevas sanciones contra el gobierno soberano de Nicolás Maduro?

A fines del siglo XVIII, los ideólogos fundadores del imperialismo norteamericano desarrollaron los principios del “destino manifiesto”, una concepción que atribuía a Estados Unidos la supuesta misión especial de llevar su sistema de organización económica, social y política, primero, a toda Norteamérica y, posteriormente, a todo el hemisferio occidental.

La expansión interna, al oeste, se completó a fines del Siglo XIX por medio del exterminio de prácticamente toda la población autóctona asentada desde tiempos atávicos en esos territorios y el despojo a los vecinos mexicanos de casi la mitad de su territorio mediante una guerra declarada por el presidente Polk en 1848 que les propició anexarse Texas, California y Nuevo México, espacios considerados como indispensables para la realización de su “destino manifiesto” como nación.

En 1823, el presidente James Monroe había pronunciado la doctrina de “América para los americanos”, que la historia conoce como la unilateral Doctrina Monroe, según la cual toda interferencia por cualquier potencia europea en las emergentes repúblicas latinoamericanas sería considerada un acto inamistoso contra los propios Estados Unidos. En virtud de tal doctrina, su gobierno se atribuía la facultad de “proteger a la región”, una declaración de paternalismo defensivo hacia el resto del hemisferio que pronto dejó ver su naturaleza expansionista.

Sin embargo, esta vocación de crecimiento territorial no era más que el revestimiento de la esencia imperialista que anidaba en Estados Unidos y que llegaría a convertir a esa nación en la más poderosa superpotencia mundial.

Ninguna de estas unilaterales políticas hegemónicas hubo de insertarse en el derecho internacional como norma formalmente aceptada por la comunidad de naciones del continente, lo cual no obstó para que Washington emprendiera a su tenor acciones que le califican como el máximo depredador del mundo contemporáneo.

Desde que en 1890 tuvieron lugar la masacre de 300 aborígenes en Wounded Knee -en el oeste norteamericano- y una intervención militar en Buenos Aires, Argentina, hasta nuestros días, los historiadores han registrado más de 120 intervenciones con tropas llevadas a cabo por Estados Unidos en todos los continentes. Esta cifra no incluye un considerable número de operaciones desestabilizadoras encubiertas con parecidos resultados.

Según el escritor y politólogo norteamericano William Blum, desde que en 1945 concluyó la segunda guerra mundial, el gobierno de los Estados Unidos de América ha participado militarmente en el derrocamiento de cuarenta gobiernos extranjeros en el continente con los que no simpatizaba, además de aplastar a treinta movimientos revolucionarios que luchaban contra regímenes rechazados por sus pueblos pero afines Washington.

Al ejecutar esas acciones, Estados Unidos bombardeó 25 países, causó la muerte a millones de personas y condenó a la miseria y la desesperanza a muchos millones más.

Lo que no logra registrar la historia son aquellos éxitos de Washington en los que han bastado las amenazas, las presiones y las mentiras para lograr la traición de sectores vinculados a los intereses de las oligarquías nacionales, la quiebra de la unidad de las fuerzas revolucionarias o el desánimo en las propias filas de los movimientos derivado de errores al enfrentar las maniobras y campañas enemigas, todo lo cual provoca amargura y frustración en los pueblos.

El desarrollo de los acontecimientos políticos recientes en nuestra América, en particular tras la orden ejecutiva de la Casa Blanca que declaró una "emergencia nacional" en Estados Unidos por la amenaza "inusual y extraordinaria" a su seguridad nacional que representa el proceso revolucionario que tiene lugar en Venezuela, muestra que las fuerzas revolucionarias y progresistas en la región ya son capaces de asumir, a base de la unidad de sus filas y mucha serenidad, el enfrentamiento a las presiones, trampas y maniobras del imperio.

A pocos días de iniciarse en Panamá la Cumbre de las Américas, cuya realización se vio amenazada por la firmeza de la unidad mostrada por los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, exigentes del respeto al derecho de Cuba a tomar parte en el cónclave frente a la insistencia imperial por impedirlo, Washington pone nuevamente a prueba la solidaridad latinoamericana y caribeña con esta burda amenaza contra Venezuela.

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