lunes, 19 de enero de 2015

Sobre el juicio a Ríos Montt en Guatemala. Juzgar y castigar los crímenes de guerra: Desapariciones forzadas e impunidad

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Así como la violencia engendra más violencia, la impunidad engendra más impunidad. Es por eso que se torna imprescindible para la vida social establecer sistemas de justicia que castiguen las violaciones a las normas establecidas. Si no hay castigo por los asesinatos que se puedan cometer (incluso para la guerra hay normas: los Convenios de Ginebra), si la impunidad permite todo, entonces estamos ante el caos, ante la ley de la selva, del más fuerte. En Guatemala algo de eso está sucediendo: la justicia no existe. La impunidad se ha impuesto. Pero los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, porque con eso se alimenta el círculo de la violencia, del resentimiento, de la venganza. En el año 2013, luego de un proceso judicial limpio y con incontrastables pruebas incriminatorias, el general José Efraín Ríos Montt fue condenado por delitos de lesa humanidad a 80 años de prisión inconmutables. Por esa impunidad a la que nos referimos, 48 horas después del veredicto dictado por un tribunal, una maniobra leguleya le permitió saltar la sentencia y dejar su caso en un cierto limbo legal, buscándose su amnistía total a partir de juegos políticos palaciegos. ¿Por qué es importante lograr una condena de hechos que ya están comprobados como delitos de lesa humanidad, por tanto imprescriptibles? Porque el respeto a la ley es lo único que puede servir para construir una sociedad con alguna cuota de paz y armonía. El no respeto a la ley, la impunidad, es la invitación a más violencia. Estudiar las desapariciones forzadas de personas puede ayudar a comprender este fenómeno.





Introducción

“Comprender todo no significa perdonar todo”
Sigmund Freud

La palabra “reconciliación” es, seguramente, de las más difíciles y problemáticas que pueda haber en el campo de las ciencias políticas. Pensar la reconciliación en términos políticos, en términos sociales como parte de un colectivo, de una gran masa de personas, es tremendamente complejo. Lo es porque, en realidad, la reconciliación constituye un proceso comprensible -y posible- entre dos partes cuando se trata de un universo micro: dos personas, una pareja, una familia, un pequeño grupo.

Cuando se trata de la complejidad de una sociedad donde son tantas y tan disímiles las variables en juego, se torna prácticamente imposible pensar en “reconciliarse”. ¿Quién sería, en ese caso, el sujeto de la reconciliación? Si hay tal cosa, a partir del prefijo “re” eso significaría que hubo originalmente una conciliación, un estado de relativo equilibrio, que por algún motivo luego se rompió y ahora se busca re-establecer. En tal caso, re-conciliarse sería volver a un estado previo de cierta armonía, de paz y concordia.

¿Es posible eso en una sociedad? Más aún: ¿es posible eso en una sociedad desgarrada por una guerra interna como la guatemalteca? Sociedad que, en realidad, nunca fue armónica, sino que está marcada en toda su historia por la más despiadada exclusión social y por un racismo visceral.

Luego de las guerras viene la construcción de la paz. La paz nunca adviene espontáneamente: es producto de complejas transacciones, de reacomodos, de un gran esfuerzo en el más amplio sentido: económico, político, cultural. Esfuerzo, incluso, en relación a nuevas conformaciones psicológicas: quien convivió con la lógica de la muerte -eso es la guerra en definitiva- debe hacer un pasaje, enorme y nunca falto de problemas, a una nueva cosmovisión. Si hasta el día de ayer, en guerra, se premiaba por “matar enemigos”, pasar a la lógica en que el día de hoy, ya con la paz, si se mata se es un asesino, no es tarea fácil. Construir y afianzar la paz implica no sólo el silencio de las armas: implica enormes cambios en la mentalidad de quienes combatieron, de quienes estuvieron implicados en esa dinámica de muerte. Valga para graficarlo un poema del alemán Wolfgang Borchet:

Terminada la guerra volvió el soldado a casa.
Pero no tenía qué comer.
Vio a alguien con un pan, y lo mató.
¡No debes matar!, dijo el juez.
¿Por qué no?, preguntó el soldado. (**)

Salir de una guerra no es sólo firmar un acuerdo de paz y guardar las armas. En nuestro país eso sucedió hace ya 18 años, pero no se vive en paz. Lejos de eso, el clima de violencia y de zozobra que atravesamos a diario nos confronta con una situación bélica. La muerte sigue rondando altiva en cada rincón, y las causas estructurales que encendieron la mecha de un alzamiento armado no han desaparecido; por el contrario, podría decirse que se mantienen igual o más fuertes que hace medio siglo: la mitad de la población continúa por debajo del límite de la pobreza estipulado por Naciones Unidas y los índices socio-económicos son alarmantes.

Guatemala vivió varias décadas de guerra interna, y eso aún está presente como mensaje cultural en el colectivo: quienes la sufrieron, como recordatorio de las peores épocas. Quienes no la vivieron: como fantasma que ha dejado enseñanzas y, básicamente, ruptura en la memoria histórica. “eso aquí no pasó”. ¡Pero pasó! Borrar la historia es imposible. Y peor aún: es enfermizo, porque la historia no se puede borrar. Somos la historia; querer negarlo trae inconmensurables problemas.

En el marco de la Guerra Fría que libraban las por ese entonces dos grandes superpontencias, y desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno, el país en su conjunto se vio atravesado por un clima de desconfianza paranoica, de muerte y de terror que marcó todos los rincones del quehacer nacional. Nadie podía escapar a esas dinámicas. Pero lo peor es que el Estado, supuesto regulador de la vida nacional entre todos sus habitantes, para el caso de esta guerra no funcionó, precisamente, como regulador. Tomó parte activa en la contienda siendo principalísimo actor, pero pasando por encima de toda norma.

Extremando las cosas, se podría llegar a decir que la “guerra contra el comunismo” lo justificaba todo. Pero entonces, si se sigue esa línea de argumentación, se desdibuja la esencia misma del Estado: de regulador de la vida de todos pasó a ser un actor de la contienda con las manos manchadas de sangre, por lo que la confianza en la institucionalidad mínima que debería existir, desaparece. El Estado, paraguas de todos sus habitantes que debería cobijar y defender por igual la dignidad de todos sus ciudadanos, fue el gran incumplidor de esa tarea.

El Estado, en los años de la guerra, se convirtió en un Estado terrorista que mató, secuestró, masacró, torturó, siempre con fondos públicos, a parte de su población. He ahí la matriz de cualquier crimen posterior y toda violencia asumida como normal: si quien debía defender la vida y la dignidad de la vida de los guatemaltecos terminó asesinando a sus propios ciudadanos, en general apelando a formas clandestinas, la idea de reconciliación se torna muy difícil si no imposible. ¿Quién se reconciliaría con quién? ¿Por qué y cómo reconciliarse entonces?

Terminada la guerra, la vida sigue. Como fue una guerra interna, las partes enfrentadas siguen viéndose la cara en la cotidianeidad. La vida misma impone la convivencia. Pero eso no es lo mismo que reconciliación. Quizá ésta es imposible en términos estrictamente masivos: las mayorías viven, reaccionan, se enfurecen, son manipuladas, pero el término “reconciliación” no les aplica en sentido estricto. La reconciliación tiene el sello del discurso político, del acuerdo, de la negociación. Y eso, hoy por hoy al menos, es producto de acuerdos cupulares. Estampar una firma en un papel no es, estrictamente, “reconciliar” a las personas. La población que fue víctima de esos atropellos por parte del Estado contrainsurgente: ¿con quién se debería reconciliar: con ese mismo Estado? ¿Cómo?

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 establecen determinadas medidas para lograr la pacificación de la sociedad. En realidad, si algo se cumplió de esos pactos es la desmovilización militar de ambos bandos enfrentados: las armas se depusieron en muy buena medida, las fuerzas combatientes fueron desarmadas (el movimiento insurgente) o reducidas (el ejército nacional). En estos 18 años no volvieron a darse combates. Pero no hay paz. Muchos menos: reconciliación.

Lograr la “paz” –concepto tan difícil y problemático como “reconciliación”– no es olvidar los crímenes cometidos, no es dejar pasar los atropellos y las terribles violaciones a los derechos humanos mínimos y elementales que se sufrieron durante la guerra. Está más que probado que la abrumadora mayoría de violaciones fueron cometidas por el Estado de Guatemala y no por las fuerzas insurgentes.

En ese marco, es difícil que la población civil no combatiente que sufrió esos abusos quiera y pueda reconciliarse. Podrá recibir, como de hecho ha venido sucediendo, alguna compensación por los daños sufridos. De todos modos, un pago monetario no puede resarcir –y mucho menos pacificar a quienes sufrieron– los perjuicios que trajo el conflicto armado. Lograr la armonía social no es cuestión de “pagar” por los muertos o por las partes dañadas del cuerpo (una pierna vale más que un dedo, y dos piernas valen más que una sola). Eso puede ser un elemento importante en el proceso político, necesario quizá, o imprescindible.

Pero eso sólo no alcanza. Lograr cierta –entiéndase bien: cierta, no toda– armonía social, consiste en darle credibilidad a la justicia, a las instituciones que ordenan la vida. Es devolver la confianza a los mecanismos sociales.

Si la impunidad sigue siendo lo dominante, si el mensaje que circula por toda la población es de absoluto desprecio por la legalidad, si se puede hacer cualquier cosa, violar nomas de convivencia y saltarse cualquier pauta institucional sabidos que no habrá consecuencias –¿qué otra cosa sino esto es la impunidad?– es imposible construir una sociedad pacífica y armónica.

En Guatemala mucho de eso está pasando. La impunidad campea soberbia, altanera. Se puede violentar cualquier normativa sabiendo que no habrá castigo por ello. Eso, entonces, alimenta un clima de violencia que no tiene fin. ¿Por qué a 18 años de terminada formalmente la guerra el país vive un clima de guerra, con 15 homicidios diarios y una cantidad de armas de fuego diseminadas entre la población, mayor que durante el conflicto armado interno?

El clima de impunidad reinante lo explica. El Ministerio Público, más allá de las buenas intenciones, reconoce que la inmensa mayoría de los ilícitos cometidos, nunca son juzgados (¡hasta un 98% queda impune!). Ante eso: ¡se vale todo! Y la impunidad puede presentar infinitas formas: pagar para obtener un documento público, no cumplir ninguna norma de tránsito, mandar a matar contratando un sicario, no pagar impuestos, orinar en la calle, no pasar la cuota alimentaria por parte del padre separado, etc., etc. La idea en juego es siempre la misma: “me salto las normas porque… no pasa nada si las salto”.

La justicia tiene un valor simbólico en las sociedades, en la dinámica humana. Se castiga lo que no debe hacerse, lo prohibido, lo que va en contra del bien común. Así se educa a un niño (¿para qué le diríamos, si no, que no se meta los dedos en la nariz, por ejemplo?) o se hace funcionar a todo un país (¿para qué se pagan impuestos si no?). Los distintos sistemas de justicia existentes en el mundo, cada uno con sus características propias, buscan fijar las conductas permitidas y las no-permitidas en cada sociedad. En otros términos: establecen las normas de convivencia, lo que se puede y lo que no se puede.

Tal como dijo el juez de la poesía citada: “matar no se puede” (al menos en tiempos de paz). Si no hay castigo por los asesinatos que se puedan cometer (incluso para la guerra hay normas: los Convenios de Ginebra), si la impunidad permite todo, entonces estamos ante el caos, ante la ley de la selva, del más fuerte.

En Guatemala algo de eso está sucediendo: la justicia no existe. La impunidad se ha impuesto. Pero los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, porque con eso se alimenta el círculo de la violencia, del resentimiento, de la venganza.

En el año 2013, luego de un proceso judicial limpio y con incontrastables pruebas incriminatorias, el general José Efraín Ríos Montt fue condenado por delitos de lesa humanidad a 80 años de prisión inconmutables. Por esa impunidad a la que nos referimos, 48 horas después del veredicto dictado por un tribunal, una maniobra leguleya le permitió saltar la sentencia y dejar su caso en un cierto limbo legal, buscándose su amnistía total a partir de juegos políticos palaciegos. Ahora, a comienzos del 2015, se reabre su juicio.

¿Por qué es importante lograr una condena de hechos que ya están comprobados como delitos de lesa humanidad, por tanto imprescriptibles? Porque el respeto a la ley es lo único que puede servir para construir una sociedad con alguna cuota de paz y armonía. El no respeto a la ley, la impunidad, es la invitación a más violencia.

Para abundar en los motivos que sí deben tenerse en cuenta para lograr una condena justa –cosa que ya se hizo en el 2013– y justificar el por qué un Estado no puede ser terrorista, tal como lo fue el de Guatemala durante varios años, amparado en la impunidad que da el monopolio de la fuerza, permítasenos presentar ahora este estudio sobre el tema de las desapariciones forzadas de personas. Esa vergonzosa práctica, de la que un Jefe de Estado no puede decir que no es responsable –y durante la época en que Ríos Montt fue presidente de facto, las desapariciones tuvieron altas cotas en el país– evidencia los motivos por los que toda esa aberración debe ser castigada.

Extremando las cosas, si se demuestra en juicio público, con toda la transparencia del caso, que alguien es culpable de determinado delito, la legislación guatemalteca permite la pena de muerte cuando las circunstancian lo ameritan. Pero de ningún modo el Estado, en forma encubierta, puede desarrollar prácticas contrarias a la legalidad como las desapariciones forzadas de personas, los asesinatos selectivos, la tortura, las masacres de población civil no combatiente. Los responsables de tales acciones deben ser debidamente juzgados y castigados porque eso es sano para el colectivo. Caso contrario, queda abierta la puerta para la más absoluta impunidad, es decir: el primado de la violencia total. El Estado, por tanto, debe ser garantía para la vida de todos sus ciudadanos, y no quien la quite arbitrariamente, enmascarado y apelando a la oscuridad tenebrosa.

Por eso, y no por motivos “revanchistas”, debe juzgarse a los responsables de prácticas fijadas como delitos por toda la legislación existente en derechos humanos. Es una cuestión de salud mental mínima e indispensable que necesitan las sociedades.

A modo de aporte en esta justificación del por qué no permitir la impunidad, presentamos aquí un muy modesto estudio sobre la desaparición forzada de personas –desarrollado en parte a través del Archivo Histórico de la Policía Nacional– considerada un flagrante crimen de guerra condenado por toda legislación existente, práctica que tuvo lugar durante la presidencia del referido militar y que va en contra de la paz y la concordia, tan imperiosamente necesarias en nuestro país hoy día.

La desaparición forzada de personas como política de Estado

En Guatemala, como parte de la guerra interna que desangró al país por espacio de casi cuatro décadas, se produjo una cantidad muy elevada de desapariciones forzadas. Si se compara esa realidad con otros contextos latinoamericanos donde también se dio el fenómeno de guerras contrainsurgentes, el país presenta el triste récord en las desapariciones del continente americano: 46%. (De Villagrán: 2004). Es, a la vez, el país del mundo que tiene la mayor cantidad de desaparecidos per cápita; presea, por cierto, nada honorable. Muchas de esas desapariciones tuvieron lugar en la ciudad capital. (1)

¿Qué pasó con tantas personas desaparecidas? Aquí es importante aclarar que en el término mismo de “desaparición” hay un eufemismo interesado o, dicho de otro modo, un engaño: las personas no desaparecieron, ¡fueron víctimas de una política sistemática de desaparición!

Por tanto: hay responsables directos tras todo esto. Puntualmente, fueron capturadas ilegalmente, luego fueron ocultadas y, casi en su totalidad, eliminadas. Esto no es lo mismo que “desaparecer”. La idea en juego por parte del Estado contrainsurgente fue: 1) desarticular los movimientos insurgentes, y 2) enviar mensajes claros a toda la población: “al que se mete en babosadas… algo le puede pasar” (2). Efectivamente, algo les pasó: “se los llevaron”.

¿Para qué buscarlos hoy?

La presente investigación, si bien no aporta todos los datos necesarios para localizar a los desaparecidos, puede ser un importante llamado a mantener viva la esperanza de llegar a conocer, en algún momento, sobre su paradero y a tomar muy en serio las palabras que reciben al visitante en el Museo del Horror de Auschwitz, hoy día Polonia, memoria viva de otro gran drama de la humanidad durante el siglo XX: “olvidar es repetir”.

A casi dos décadas de terminado el conflicto armado interno, las secuelas de ese cataclismo social aún se hacen sentir. El clima de violencia que vivimos actualmente, además de las causas históricas que se ligan con una estructura colonial que se viene perpetuando desde hace siglos, tiene que ver directamente con el desprecio por la vida y la violación sistemática de los derechos humanos que se agudizaron durante la guerra interna.

Entre las prácticas deshumanizantes que tuvieron lugar en esos oscuros años de nuestra historia, la desaparición forzada de personas fue un mecanismo que se mantiene presente en la conciencia de la población, sirviendo como una pedagogía de la muerte y del silencio, que aún se hace sentir. Los desaparecidos siguen siendo una de las heridas abiertas de la sociedad. La única manera de cerrar esas heridas no es negando lo sucedido, echando un manto de olvido y dando vuelta la página: es entendiendo qué sucedió buscando los remedios del caso. Remedios que, para la ocasión, significan: juicio y castigo a los responsables de esos crímenes y reparación real de las heridas sufridas (que no se limita a un cheque, lo cual puede ser algo así como “comprar el silencio” de las víctimas).

El recuento de las víctimas de desaparición forzada en el país arroja un total que, dependiendo de las fuentes consultadas, oscila entre 32,000 y 50,000 personas (De Villagrán, 2004). En toda América Latina, donde también fue común ese mecanismo de guerra contrainsurgente en las décadas pasadas, el número de desaparecidos asciende a 108 mil personas (Ibídem), lo que indica que Guatemala tiene el porcentaje más alto de desapariciones en América Latina.

La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad; así lo consignaron por vez primera en la historia los Juicios de Nüremberg (3), en 1946, y posteriormente tanto la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1992, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1994. Como tal, es un delito imprescriptible.

En Guatemala, al igual que en otros Estados latinoamericanos que durante la Guerra Fría desarrollaron estrategias de guerra contrainsurgente amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno, la desaparición forzada de personas jugó un papel de suma importancia. Sirvió para inmovilizar a las poblaciones civiles, aterrorizándolas, enviándoles mensajes de control y de inocultables llamados a la desmovilización.

En concreto, y en el orden de lo psicosocial, la desaparición forzada de personas es un acto de violencia extrema, cometido por agentes del Estado o por personas autorizadas por éste, que se constituye a partir de la captura ilegal, el ocultamiento deliberado de una persona y la consecuente pérdida de su presencia física (o material), sin que exista la posibilidad de establecer con certeza las circunstancias que determinan su “no presencia física”. Las condiciones de persistencia e incertidumbre que la acompañan hacen de ella un sutil instrumento de tortura con las consiguientes secuelas físicas y severas alteraciones a nivel del psiquismo individual y colectivo. La práctica sistemática de la desaparición forzada implica la alteración de los sistemas de relaciones sociales y el implantamiento del terror. (De Villagrán, 2004:2).

En Guatemala, específicamente en la ciudad capital, desde 1954 se presentaron casos aislados de desaparición forzada de personas; el fenómeno creció paulatinamente durante las décadas de los 60 y 70, llegando a su punto más alto al inicio de la década de los 80. En ese momento, la represión se generalizó y la desaparición forzada se extendió al área rural, que pasó a ser el principal teatro de operaciones del conflicto armado.

En todos los casos, los operativos urbanos tenían siempre el mismo patrón: los realizaban grupos de tarea integrados por miembros activos de los diversos cuerpos del ejército, de los cuerpos élites de la policía y/o por grupos irregulares adscritos a las fuerzas de seguridad, compuestos por entre 4 y 15 hombres fuertemente armados, operando siempre en la clandestinidad. Generalmente actuaban bajo el mando de un oficial del ejército vestido de civil, dependiendo del lugar en que debía realizarse el operativo y de las expectativas que se tuviera de capturar materiales o equipo. Los miembros de estos grupos se movilizaban en vehículos particulares, en general sin placas identificadoras. En todos los casos, actuaban con total impunidad, la misma que existe hoy día, que se ha venido perpetuando en estos años y que la absolución del juicio del general Ríos Montt podría terminar de coronar.

Una vez capturada y ocultada la persona, su destino era totalmente incierto. Y en eso consistía justamente el valor político-ideológico-cultural de este mecanismo: enviaba un mensaje aterrorizador a la población. Está demostrado que la desaparición física de alguien sin que se sepa fehacientemente qué sucedió con la víctima posteriormente, produce alteraciones diversas en los allegados, que quedan en una espera eterna. El mecanismo utilizado por las fuerzas de seguridad es perverso: sirve para paralizar a la población dejando a los familiares y allegados ante la imposibilidad de elaborar un duelo.

La desaparición de un familiar/amigo/allegado es altamente nociva para la psicología de quien queda en espera de saber lo acontecido. Los efectos psicosociales son diversos; entre otros pueden citarse:

• Alteraciones inmediatas a la desaparición: en general, reacciones psicosomáticas de distinta intensidad.
• Alteraciones en el mediano y largo plazo: trastornos psicosomáticos crónicos, trastornos sensoperceptivos y cognitivos tales como dificultades de concentración, inhibición de la actividad intelectual y disminución general del rendimiento.
• Alteraciones permanentes: diversos cuadros afectivos que pueden ir desde la anestesia afectiva hasta la depresión profunda; trastornos de aprendizaje; trastornos emocionales diversos (miedo, angustia, impotencia, aislamiento, irritabilidad, pérdida de control, sentimiento de culpa, desconfianza generalizada); alteraciones en la percepción (desubicación espacio-temporal).
• Muchos otros, algunos no descritos y otros recién identificados.

En definitiva, la desaparición forzada produce una variedad de síntomas emocionales y cognitivos que inhiben a los directamente ligados con el desaparecido, produciendo una conducta de miedo y consecuente apatía por los problemas colectivos.

Abordar la problemática creada por las atrocidades sufridas implica una serie amplia de acciones: intervenciones psicoterapéuticas puntuales en los casos en que así se requiera, propuestas colectivas organizadas en demanda de esclarecimiento y aplicación de justicia, recuperación y fortalecimiento de la conciencia histórica y ciudadana y la demanda de respuestas consecuentes por parte del Estado.

Entre las recomendaciones dadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se dice, en relación al capítulo de “Desaparición forzada”: “Que el Gobierno y el Organismo Judicial inicien a la mayor brevedad investigaciones sobre todas las desapariciones forzadas, para aclarar el paradero de los desaparecidos” (CEH, 1998:32).

Dado que la estrategia contrainsurgente de desaparición forzada de personas contempla la clandestinidad y la secretividad, reconstruir lo acontecido implica investigar hechos fragmentarios y dispersos que requieren de meticulosidad y paciencia, tal como el armado de un rompecabezas. Pero la tarea se complica, porque aquí siempre faltan piezas.

Hacer ese seguimiento no es fácil; se trata de una búsqueda detectivesca donde casi no hay pistas. Algunas de las estructuras y mecanismos funcionales a esa secretividad no han sido desmantelados y, en muchos casos, aún se esconden al interior de los aparatos del Estado, dificultando su inmediata remoción. Ninguna administración de las que ha habido desde la Firma de la Paz ha querido/podido desarmar este complejo entramado. La estrategia de las fuerzas estatales, orientada a no dejar pistas, dificulta avanzar en estos intrincados laberintos.

Está claro que esas estrategias funcionaron a la perfección. Como indicaba la Secretaría de la Paz durante el período presidencial de Álvaro Colom en su análisis sobre la autenticidad del Diario Militar: Las estructuras militares en el contexto del conflicto armado, no actuaron de manera improvisada; siempre se dieron como parte de un plan que definía las acciones a realizar y señalaba en qué momento debían cumplirse y contra quiénes. Al relacionar lo que dice el Diario Militar y examinar los documentos del AHPN, se hace evidente que las operaciones ejecutadas por las diferentes unidades policiales, en especial la Brigada de Operaciones Especiales (BROE), DIT y Cuarto Cuerpo, estaban subordinadas a órdenes emanadas del ejército. (…) Algunos de los casos documentados con información proveniente del AHPN, evidencian que las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco habían estado elaborando, a lo largo de varios años -en ocasiones hasta una década-, detallados expedientes de las personas que, a su criterio, buscaban desestabilizar al régimen, con el fin de proceder en el momento que consideraran oportuno y mediante operativos bien planificados, a su captura y posterior eliminación (Secretaría de la Paz, 2011:134).

Tanto la maquinaria de gobierno al servicio de la estrategia contrainsurgente, como la clandestinidad en que tuvieron lugar sus operaciones, pavimentaron el camino para que hoy se haga tan difícil averiguar lo sucedido. Y mucho más, por supuesto, para hacer justicia. Como una muestra, téngase en cuenta lo declarado por el encargado de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 1984 en relación a los recursos de exhibición personal interpuestos por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) “sólo causan problemas a la Corte” (Prensa Libre, 25 de mayo de 1984). Declaraciones como ésta permiten apreciar cómo el sistema judicial funcionaba al servicio de la impunidad y no de la justicia. Seguir manteniendo eso hoy día, dejando en el olvido el juicio y condena al general Ríos Montt, o incluso amnistiándolo, es continuar alimentando ese clima de impunidad, y por tanto, llamar a más violencia, a más sufrimiento para la población guatemalteca, a más odio y resentimiento.

Estudiar qué sucedió, saber cómo es la historia, saber por qué estamos como estamos, es lo único que puede permitir cambiar el curso de los acontecimientos y buscar algún remedio a lo sucedido. Negar el pasado, disfrazarlo, intentar olvidarlo no impide que la historia siga pesando. Las desapariciones de personas durante nuestra guerra interna deben ser conocidas, analizadas, debidamente procesadas y sancionadas, porque sin ningún lugar a dudas constituyen crímenes de lesa humanidad.

Las desapariciones forzadas en Latinoamérica y en Guatemala

Es preciso enfatizar desde un inicio que se usa el término “desaparición forzada” porque decir sólo “desapariciones” induce a confusión, puesto que así se llama también a aquellas que no tienen lugar por motivos políticos de contrainsurgencia. Hoy se escribe mucho sobre el tema tratando de sepultar el problema no reconocido de las desapariciones forzadas.

Si fueron “forzadas” es porque alguien, un grupo de poder determinado, se encargó que así sucediera, lo cual confirma la existencia de una política específica sobre el asunto. Y si hubo tal cosa, hay responsables de carne y hueso. ¿Puede premiarse acaso con impunidad el haber llevado a cabo esa criminal política? De ninguna manera. Por eso es importante para la “salud mental” de la sociedad guatemalteca condenar esos atropellos, para lograr que nunca más puedan volver a cometerse.

Entre algunas de las prácticas deshumanizantes que tuvieron lugar en esos trágicos años de nuestra historia, la desaparición forzada de personas fue una estrategia que aún está presente en la conciencia de la población, aterrorizando, sirviendo como una pedagogía de la muerte y del silencio que todavía se hace sentir.

Los desaparecidos siguen siendo una de las heridas abiertas de la sociedad que el final de las acciones bélicas, hace ya cerca de dos décadas, no ha podido remediar. Valen al respecto las palabras de Lía Ricón:

Siguiendo la cita freudiana, lo primero que se perdió en la sociedad con desaparecidos es “el modo como se reglan los vínculos recíprocos entre los seres humanos”. La pertenencia a una cultura, a un grupo humano cohesionado por una ley, nos incluye en un discurso que determina los modos de relación de los seres humanos, supuestamente en la cultura en la que vivíamos estábamos sujetos a una ley y había un organismo que se ocupaba de hacerla cumplir. (…) [Los] aspectos defensivos y protectores se pierden en el terrorismo de Estado. (…) Se pasa bruscamente a una estructura social con leyes que no están en los códigos, con arbitrariedades por las que no hay a quien protestar. (Ricón, 1992:78).

El recuento de las víctimas de desaparición forzada en el país nunca podrá ser exacto por diversos motivos. Hasta hoy y a pesar de múltiples esfuerzos, no existe un ente que haya sido capaz de centralizar la información y cada organización de búsqueda y/o de defensa de los derechos humanos tiene cifras diferentes; por otro lado, hay muchas personas que no se han acercado a estas organizaciones a denunciar la desaparición de sus seres queridos por miedo y desconfianza.

En Guatemala los datos sobre desapariciones forzadas arrojan un total que oscila entre 32 mil y 50 mil personas. A ellas habría que sumar las personas desaparecidas en hechos no registrados en los informes existentes, de los que no hay cuantificación. También deberían agregarse las personas aparecidas en los procesos de exhumación, que no habían sido reportadas.

Por todo ello se puede afirmar que el número de víctimas del conflicto armado adolece de sub-registros. Investigadores como Patrick Ball, Paul Kobrak y Herbert Spirer, puntales indispensables en este trabajo debido a su seriedad y competencia profesional, lo dicen con claridad.

Según recuerdan estos autores

En octubre de 1993, algunas de las organizaciones… [GAM, CONAVIGUA, CERJ, CPR] se unieron a otros grupos de derechos humanos para formar la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA). En 1996, las organizaciones de la Coordinadora decidieron conjuntar la información que cada una de ellas tenía sobre violaciones a los derechos humanos. La tarea fue delegada al Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), por su experiencia en tratar el tema. Así, el Centro fue encomendado para estructurar y analizar la información en una base de datos computarizada. Esta designación se dio en el marco de las definiciones que CONADEHGUA estableció para apoyar el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). (…) [Pero] la base de datos del CIIDH no presenta un panorama completo de la violencia en Guatemala. (Ball, Kobrak y Spirer, 1999:32).

El Comité Internacional de la Cruz Roja cuenta también con una base de datos disponible que se suma a los listados dispersos ya existentes. La abundancia de datos dispersos impide un conteo exacto, envolviendo el problema en una nebulosa que se presta a críticas y manipulaciones mal intencionadas.

En toda América Latina, donde también fue común esa estrategia de guerra contrainsurgente en las décadas pasadas e igualmente existe subregistro, el número de desaparecidos se calcula que asciende a 108 mil personas, lo que indica que Guatemala tiene el porcentaje más alto de desapariciones de toda la región.

En toda esta área geopolítica la práctica de desaparición forzada de personas terminó por convertirse en una estrategia estatal de la política contrainsurgente dominante, por supuesto no declarada, pero eficaz. Numerosos países la utilizaron, por ejemplo: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Según estimaciones de organizaciones como FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos), Amnistía Internacional y diversos organismos de derechos humanos, en algo más de veinte años (1966-1986) 90 mil personas en América Latina sufrieron directamente los efectos de esta política.



De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la OEA en Belem do Para, Brasil, en 1994, se considera Desaparición Forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesarles pertinentes (OEA, 1994).

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en una consideración más amplia, incluye dentro de su programa “Missing” una idea que va más allá de la desaparición forzada, y establece que

El término personas desaparecidas debía interpretarse en un sentido más amplio. Las personas desaparecidas o dadas por desaparecidas son aquellas de las que los familiares están sin noticias y/o que han sido dadas por desaparecidas sobre la base de información fiable. Una persona puede ser dada por desaparecida en muchas circunstancias, como el desplazamiento, sea desplazados internos, sea de refugiados, la muerte en acción durante un conflicto armado, o la desaparición forzada o involuntaria (CICR, 2006).

En la ciudad de Guatemala, con el recrudecimiento de la represión hacia fines de las décadas de los 60 y los 70, se produjo una enorme cantidad de desapariciones. En los 80, si bien el fenómeno urbano no se extinguió, se desplazó en buena medida hacia el área rural, que pasó a ser el principal teatro de operaciones del conflicto armado. Los operativos rurales y los urbanos tenían diferentes patrones; en zonas rurales, las desapariciones van más unidas a las políticas de masacre, donde en un operativo se barría completamente con toda una población, asesinándola, y eventualmente dejando algún testigo para que relate lo sucedido. Los operativos urbanos se realizaban por fuerzas de tarea que se movían coordinadamente en varios vehículos y hacían desaparecer personas en forma selectiva, previo estudio e identificación al detalle de las víctimas.

Organismos como la CEH, que estudiaron profundamente el tema de las desapariciones forzadas, dejaron importantes recomendaciones encaminadas a procesar las secuelas dejadas por las mismas. Entre otras cosas, se invita a recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas. Tal recomendación sólo muy parcialmente ha sido tenida en cuenta; por parte del Estado no ha habido investigaciones profundas. Han sido básicamente los esfuerzos de algunos familiares de desaparecidos(as), de manera aislada o a través de las organizaciones de búsqueda creadas específicamente con ese fin, quienes han tomado la iniciativa logrando pequeños avances. Falta aún la investigación sistemática promovida desde el Estado guatemalteco que permita conocer el paradero de quienes fueron desaparecidos, contribuyendo a sanar las heridas aún abiertas.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas en Guatemala, dada su masividad y la impunidad con que se realizó, puede entenderse sólo en función de una matriz histórica de violación sistemática de los derechos humanos, de una cultura de impunidad y de una apología de la violencia y de la muerte que viene marcando a la sociedad desde hace siglos. Por eso, y no por un espíritu revanchista, condenar a alguien de carne y hueso que represente esa política tétrica, es un imperativo ético. Dejar las cosas en el olvido es fomentar la impunidad, y por tanto llamar a nueva violencia.

Es evidente entonces que el ejercicio de esta terrible práctica no es producto azaroso ni circunstancial, sino que forma parte de una muy estructurada política pública. De ahí que, tanto las desapariciones forzadas de personas como todo el arsenal de recursos utilizados en esta guerra sucia, si no son debidamente analizadas, conocidas, revertidas, condenadas como prácticas contrarias a las más elementales normas de convivencia y solidaridad, perpetúan sus efectos en el tiempo creando un clima de zozobra y tensión social que hace la vida un calvario.

En Guatemala, hoy por hoy, en muy buena medida la vida cotidiana tiene mucho de calvario, con los climas de desconfianza paranoica que se viven, alimentados generosamente por la explosión de delincuencia que nos envuelve, con la cultura de violencia que lo permea todo y con los grados de impunidad tan profundos que moldean la experiencia del diario vivir. De ahí que luchar contra la impunidad tiene un efecto especialmente reparador, es un camino a la sana convivencia, a la recuperación de la salud mental que se ha venido deteriorando con la guerra interna y luego con los niveles de criminalidad tan grandes que nos asolan.

El destino de los detenidos-desaparecidos

La desaparición forzada de personas no se hacía tanto por razones prácticas para obtener información del “enemigo” sino que tenía, ante todo, otras características. Entre ellas: es un mensaje político, una forma de control social para paralizar a una población. Envía un terrible recordatorio de lo que espera a quien tome un compromiso político-social, que levante la voz, que ose tener una actitud crítica contra el estado de cosas.

Cuando ingresaba al circuito de la desaparición, el mundo perdía todo contacto con él. Durante la detención clandestina era imposible seguir las pistas de la persona secuestrada. Ningún recurso de exhibición personal lograba adelantar alguna información, alguna pista conducente a saber qué había sucedido.

Véase, al respecto, el más que elocuente Memorándum con que abrimos el texto: “por ningún motivo hay que mostrar el libro de control de detenidos a los jueces que vienen a practicar recurso de exhibición personal de algún detenido”. Literalmente: “la tierra se los había tragado”. Lo poco que se podía llegar a reconstruir era producto de las escasas y fragmentarias informaciones que circulaban boca a boca entre allegados al desaparecido (familiares, compañeros de la organización, amigos).

Hoy día, gracias en buena medida al descubrimiento del Archivo de la Policía Nacional, se puede empezar a conocer un poco más esta historia oculta. Pero de todos modos el rompecabezas sigue siendo muy difícil de armar, por lo fragmentario de los datos, lo que puede llevar a pensar que esa “confusión” de datos sueltos obedece a una política trazada específicamente.

Y más aún: cuando se encontraban cadáveres de personas no identificadas tanto en la vía pública como en “botaderos” específicos (zonas descampadas, en general en las afueras de las ciudades), los mismos presentaban laceraciones que complicaban o impedían la identificación (rostro desfigurado, piel de las yemas de los dedos quemada o manos cortadas, cuerpos completamente calcinados). Es más que obvio que allí había una política en juego con personas responsables. ¿Por qué dejar eso en la impunidad, entonces?

Es difícil, cuando no imposible, reconstruir con fidelidad los hechos que se sucedieron luego de cada desaparición forzada. Lo cierto es que, pasadas ya más de tres décadas de ese momento, son pocos los casos de personas que han reaparecido vivas. Y no siempre aparecieron los cadáveres de quienes desaparecieron. Todo indica, obviamente, que en su gran mayoría fueron ejecutados extrajudicialmente. Incluso el Archivo Histórico de la Policía Nacional ayuda relativamente poco en saber con exactitud qué sucedió: hay muy poca, casi ninguna información al respecto.

Por otro lado, los archivos del ejército nunca fueron puestos a disposición de la población, y como van las cosas, seguramente nunca se pondrán, por lo que todo apunta a que se pretende seguir alimentando la impunidad, el silencio, el mensaje aterrorizante: “el que se mete en babosadas (¿el que piensa y es crítico?) corre riesgo”.

Las ejecuciones clandestinas (homicidios, lisa y llanamente, realizados en el más total anonimato) no están asentadas en ningún lado. El secretismo extremo las rodeaba y las sigue rodeando al día de hoy para completar la idea de que una desaparición forzada implica la inexistencia o negación del sujeto.

Lo que en la actualidad puede saberse a partir de algunos casos estudiados es que, si los desaparecidos no morían en los centros de tortura, eran ejecutados con lujo de violencia, con armas punzocortantes, ahorcados o asesinados con armas de fuego. En algunos casos, los cadáveres con signos de haber sufrido violencia extrema antes de la muerte, eran abandonados, como arriba dijimos, en la vía pública o en ciertos sitios en la periferia de la ciudad.

Ahora bien: si según los cálculos existentes (conservadores para más de alguno) se dieron 45 mil desapariciones forzadas, ¿dónde fueron a parar todos esos cuerpos?

Evidentemente hubo una política sistemática de ocultamiento de tanta matanza. En algunos casos, los menos, esos cadáveres aparecían botados; pero en su gran mayoría, no están. ¿Se los tragó la tierra?

En cierta forma: sí. El mismo mecanismo de represión alentado desde el Estado contrainsurgente buscó borrar toda evidencia de lo sucedido. Por lo pronto, una gran cantidad de cadáveres de desparecidos no está, lo que hace presumir que esos cuerpos fueron arrojados al mar y/o en el cráter de algún volcán. Y si efectivamente eso comenzó a hacerse en algún momento, cuando la política se masificó y la cantidad de cadáveres se hizo enorme, por razones de costo operativo se prefirió hacer lo más barato: botarlos en fosas comunes clandestinas.

O igualmente, más tarde, aparecían en lugares descampados en torno a las ciudades, careciendo siempre de documentos de identificación, por lo que debían ser trasladados a las morgues como “no identificados”, para posteriormente ser enterrados en cementerios públicos como XX.

Oficialmente, por tanto, no había responsables. Era como que no hubiese sucedido. De todos modos hoy, ya varios años después de terminado el conflicto armado, la realización de exhumaciones ha dado como resultado el hallazgo de una buena cantidad de restos de personas desaparecidas, lo cual indica que sí, efectivamente, hubo planes bien trazados para llevar adelante esa política. ¿Un Jefe de Estado podría desconocer eso acaso?

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico comenta que uno de los aspectos que caracterizó las aprehensiones de las víctimas, de modo especial en las áreas urbanas, fue el ocultamiento de la identidad de los autores en el momento de practicarlas. Son numerosos los testimonios recibidos por la CEH donde se reiteraba que los responsables actuaban disfrazados, encapuchados o cubriéndose los rostros con pañuelos. Queda así descrita una forma de actuación, por parte de los agentes del Estado, realizada no sólo con el propósito de garantizar la impunidad del hecho, sino que además constituye uno de los primeros elementos que perseguían: borrar el rastro del detenido (CEH, 1998:118).

Ante esta absoluta y cerrada secretividad, ante tamaña política de impunidad, es muy difícil realizar una búsqueda efectiva de esos miles de cuerpos desaparecidos. Lo fue en el momento mismo en que sucedían los hechos, cuando arrecia la represión entre fines de los 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado. Y lo sigue siendo ahora. El Archivo Histórico de la Policía Nacional es un instrumento útil en esta búsqueda, pero no garantiza resultados contundentes, aunque posibilita hacer importantes seguimientos.

En mayo de 1999 apareció el posteriormente denominado Diario Militar, importantísimo eslabón para conocer los patrones y las dinámicas existentes al interior de un centro clandestino de detención. A partir del contenido del Diario, se sabe que, aunque clandestinos, existían registros pormenorizados de la captura y el destino de los desaparecidos y que había un control detallado de su filiación política.

Como información relevante que puede otorgarnos, hacer saber que se les mantenía vivos por poco tiempo y registra (por medio de códigos) las diferentes causas de muerte. En relación a los pocos sobrevivientes, indica que algunos fueron trasladados a bases militares del interior de la República y a otros centros de detención clandestina, siendo contados los casos en que los prisioneros fueron liberados. Curiosamente, según el Diario, sólo se consigna haber dado seguimiento a algunas personas que fueron liberadas.

La CEH afirma que “los cadáveres de las víctimas eran arrojados a ríos, lagos, al mar, sepultados en cementerios clandestinos, o se les desfiguraba para impedir su identificación, mutilando sus partes, arrojándoles ácidos, quemando o enterrando los cuerpos o sus despojos” (CEH, 1998:217).

Así, dentro del informe, se llega a realizar la afirmación siguiente:

Los crematorios y cementerios clandestinos eran por lo tanto parte integrante de los centros de interrogatorio, en la medida que era preciso deshacerse de las personas torturadas y posteriormente ejecutadas. La disposición de cadáveres, sobre todo en la escala masiva en que se mataba, era una medida de seguridad de contrainsurgencia para tratar de evitar que se conociesen los suplicios y asesinatos realizados en los centros de interrogatorio (CEH, 1998:220).

En la ciudad de Guatemala el cementerio La Verbena (público) ha cumplido desde hace largo tiempo la tarea de enterrar a las personas no identificadas; durante los años del conflicto armado esto se intensificó, pues la cantidad de cadáveres abandonados creció en forma exponencial. Al día de hoy se estima en varios miles la cantidad de desaparecidos enterrados como XX en ese cementerio. Buena parte de esos cuerpos, o quizá la gran mayoría, podría corresponder a los desaparecidos de décadas atrás. La recuperación de la memoria histórica posible de hacerse a partir del Archivo Histórico de la Policía Nacional podría llevarnos al cementerio de La Verbena como destino final de más de alguna, o muchas, de las personas que se siguen buscando.

Según los estudios que sobre este cementerio ha venido realizando uno de los equipos de antropología forense que ha trabajado por más largo tiempo en el país, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala -FAFG-, se podría pensar que muchas de las personas desaparecidas fueron enterrados también como XX en distintos cementerios municipales.

Si bien hace años que existen denuncias de las desapariciones y que varias organizaciones de familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos vienen trabajando en el esclarecimiento de qué pasó, la política contrainsurgente que llevó a cabo el Estado ha buscado -y sigue buscando- la mayor de las secretividades en el asunto, por lo que esa búsqueda se entorpece, cuando no queda prácticamente bloqueada. Las investigaciones antropológico-forenses pueden ser una inestimable ayuda en la iniciativa.

Conclusiones
• Teniendo en cuenta que la desaparición forzada de personas fue una de las estrategias de control político-social implementada durante el conflicto armado interno -junto a las masacres con la política de “tierra arrasada” desarrollada básicamente en áreas rurales, más la guerra psicológico-ideológica de gran envergadura que tuvo lugar a nivel nacional por todos los medios masivos de comunicación- dejar todo eso librado a una cuestionable Ley de Reconciliación Nacional que olvidaría esas atrocidades para, perdonando todo, mirar hacia un “futuro nuevo” (como si ello fuera posible acaso sin atender a la reparación de esos daños), es un despropósito. En tal sentido tiene un valor altamente reparador para la sociedad dañada en sus cimientos con todo esto el juicio (emblemático si se quiere) de algún o algunos responsables de tanto sufrimiento.
• Enjuiciar limpiamente -como ya se hizo en el año 2013- y condenar a una figura icónica de estos planes represivos del Estado tal como es el general José Efraín Ríos Montt, lejos de ser una “venganza” política como pretenden algunos sectores de pensamiento conservador, tiene un alto poder reparador y justiciero, pues puede volver a dar credibilidad en la institucionalidad estatal y en el sistema de justicia (hondamente dañados el día de hoy), a la par que funciona como reparación y dignificación de las víctimas civiles de la guerra interna.
• La desaparición forzada de personas respondió a una estrategia estatal perfectamente organizada. Más aún, obedeció a un plan continental donde, salvando algunas pequeñas diferencias locales, los patrones de actuación se repitieron en todos los países del área con casi similar organización, lo que permite concluir que no se trató de algo sólo coyuntural y reactivo sino que fue un plan bien orquestado que buscó efectos profundos a largo plazo. Las consecuencias de la estrategia de desaparición forzada de personas son diversas, pero en todos los casos resultan nocivas para las grandes mayorías populares. Los principales beneficiados de esta política de “guerra irregular” o “guerra sucia” son los sectores dominantes, que por su intermedio pudieron repeler los proyectos de transformación social que cobraron auge con distintas expresiones de lucha popular en las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo. Incluso los brazos operativos que hicieron el trabajo propiamente dicho: fuerzas de seguridad del Estado y grupos conexos (paramilitares, parapoliciales), si bien acrecentaron su cuota de poder (tanto político como económico, constituyéndose en un poder sobredimensionado dentro de la lógica del Estado al que servían y ganando porciones dentro de la acumulación de riqueza en el concierto nacional junto a los grupos dominantes tradicionales), finalizada la guerra interna terminaron desacreditados.
• En orden a enjuiciar y castigar a los responsables directos de todas las atrocidades cometidas durante la guerra interna, debe quedar claro que los ejecutores directos (para el caso que nos ocupa: el ex Jefe de Estado general José Efraín Ríos Montt) tienen una alta cuota de responsabilidad en lo sucedido, pero que con ellos no termina el problema sino que a su vez, tras ellos, deben conocerse los verdaderos factores de poder para quienes llevaron adelante esas políticas de represión de la protesta popular.
• Los efectos de estas estrategias tienen distintas aristas: a) fueron letales para 45 mil ciudadanos guatemaltecos, de quienes nunca más se supo nada y que todo indica murieron al poco tiempo de su desaparición. b) Fueron terriblemente conmocionantes para los familiares y allegados directos de las personas desaparecidas, en quienes se alteraron procesos de duelo normal ante el desaparecido, quedando en una situación de espera eterna, sabiendo por un lado que lo más probable es que su ser querido esté muerto pero albergando secretamente confusos sentimientos de verlo reaparecer, todo lo cual produce un cuadro de confusión psicológica que no cesa con el paso del tiempo. c) Creó una cultura de silencio y sumisión profundamente enraizada en el colectivo social, donde se instalaron y apropiaron mensajes de aceptación pasiva de la represión, terminando por justificar las desapariciones con argumentos deshumanizantes, inhibidores de la protesta social y provocadores de ruptura y falta de solidaridad en los tejidos sociales, promoviendo actitudes individualistas: “si se los llevaron, por algo sería”.
• Las consecuencias colectivas de desinterés por lo político, de relajamiento de lazos sociales y salidas individuales provocadas por las estrategias de desaparición forzada de personas pavimentaron la posibilidad de establecer, algunos años después de implementadas las campañas de desapariciones, planes económicos leoninos para las mayorías sin mayores reacciones populares. Se trató, entonces, de una planificada estrategia de guerra que con el empleo planificado de acciones que sirvieron como “propaganda”, como promoción de un mensaje (freno al “comunismo internacional que quería adueñarse de estas tierras”), estaban orientadas a direccionar conductas colectivas en la búsqueda de objetivos de control social. Ya desaparecidas, las personas corrieron suertes muy diversas. En algunos casos se dieron procesos de “conversión”, es decir: militantes del campo popular y revolucionario que fueran secuestrados por su ideario contestatario, luego de ser sometidos a procesos de tortura abandonaron sus posiciones de lucha pasando a sumarse a las fuerzas de la represión. Ello debe entenderse en el marco de complejos procesos psicológicos. Es difícil hacer una equilibrada ponderación de esos casos: ¿hasta dónde llegan los mecanismos de adaptación y sobrevivencia y hasta dónde se pueden saltar barreras éticas? El presente estudio, que no ahonda en esas temáticas, sólo indica que esa fue una posibilidad entre otras a la que se enfrentaron los desaparecidos y, de hecho, se comprobó en una cantidad de casos.
• Todo indica que la inmensa mayoría de las personas desaparecidas fueron asesinadas. Por lo pronto, algunas, muy pocas, aparecieron muertas al corto tiempo de su desaparición. Eso era parte de la estrategia montada: dejar ver algunos cadáveres, en general con signos de terribles torturas y con tiro de gracia, lo cual enviaba un elocuente mensaje al colectivo social: “quien se mete en cuestiones políticas adversas al estado de cosas, así le va”. El mensaje logró su objetivo: contribuyó a desmovilizar toda la sociedad, que por aquellos años se encontraba en cierta efervescencia político-social. Pero de la inmensa mayoría de desaparecidos/as no hay ninguna información. Todas las hipótesis que se puedan tejer al respecto llevan a lo mismo: los desaparecidos no fueron mantenidos vivos, siendo casi imposible (por no decir absolutamente imposible) que estén hoy aún en situación de detención clandestina, ni tampoco salieron al exilio fuera del país. Por lo tanto, las conjeturas indican que fueron ajusticiados en forma ilegal. Lisa y llanamente: asesinados en su gran mayoría.
• La búsqueda de las personas desaparecidas se torna extremadamente difícil por una sumatoria de razones, amparadas todas en la estrategia de base que fue el centro de esa política: fue una práctica extrajudicial mantenida en el más cerrado hermetismo. A partir de ello prácticamente no hay pistas valederas: existen muy pocos archivos que puedan ayudar en la tarea (el de la Policía Nacional es el más organizado, aportando valiosas informaciones pero no alcanzando de todos modos para resolver todos los casos). Archivos militares no se han abierto, y nada indica que se vaya a hacer en lo inmediato. La cantidad de cadáveres no identificados encontrados en la época más álgida de la represión (1975-1985) fueron inhumados como XX, y recién ahora, unas tres décadas después, comienzan a ser estudiados, no asegurándose la posibilidad de identificación en todos los casos. Las fuerzas que llevaron a cabo estos trabajos se cuidaron muy esmeradamente de no dejar huellas, o dejarlas muy fragmentariamente, confundiendo así más aún la posibilidad de seguirlas. La secretividad que marcó todo este capítulo de la historia nacional no ha desaparecido: ello, entonces, sigue haciendo tremendamente problemático buscar personas desaparecidas con reales posibilidades de éxito, por la falta de registros y testigos.
• Las fuerzas estatales negaron siempre sistemáticamente la comisión de desapariciones, más allá de toda la inconmensurable prueba empírica que las desmiente. Eso crea una situación de polaridad absoluta que aleja toda posibilidad de procesos reconciliatorios en el seno de la sociedad. Tomando como modelo experiencias de otros países, podría indicarse que una vía posible para comenzar a cambiar la polaridad post guerra es ofrecer una amnistía general a quienes llevaron adelante las políticas represivas a cambio de información precisa sobre el paradero de los desaparecidos.
• La puesta en práctica de la anterior recomendación no va a resolver los problemas estructurales que siguen afectando a la sociedad guatemalteca y que prendieron la guerra en la década de los 60, pero puede ser un importante camino para explorar vías novedosas que bajen algo de la conflictividad social presente o, al menos, los niveles de dolor que siguen padeciendo los sectores más afectados por el conflicto armado.
• Hoy quizá se vaya tornando cada vez más difícil seguir encontrando pistas concretas que lleven a resolver casos de desapariciones forzadas en forma terminante. Se podrán encontrar, quizá, algunas osamentas que, con las tecnologías que se dispone en la actualidad (pruebas de ADN), se logren identificar. De todos modos, aunque sea relativamente poco lo que pueda identificarse en las fosas clandestinas que se exhumen, es siempre útil mantener estas búsquedas, porque ello alimenta una memoria histórica que no se debe dejar morir, en el entendido que “olvidar la historia abre la posibilidad de su repetición”.

Notas:
1) Los datos con que se alimenta la presente investigación muchas veces difieren entre sí. Esto se debe a que las fuentes consultadas, muy diversas por cierto, se desarrollaron durante los mismos años de la represión, con las dificultades que eso pudo haber traído, a lo que se suma la falta de una unificación y sistematización rigurosa de todas ellas.
2) Frase popular interpretada como: “al que cuestiona, al que protesta o al que se mete en política le puede ir muy mal”.
3) En los procesos de Nüremberg se enjuició el Decreto “Noche y Niebla”, puesto en marcha por el régimen nazi en 1941, el cual estipulaba que las personas que amenazaran la seguridad alemana en los territorios ocupados fuesen transportadas a Alemania, donde sería ejecutadas, y para lograr el efecto intimidatorio deseado, se prohibía entregar información alguna sobre su paradero. (Documento L-90 Volumen 7 de las actas de los procesos de Nüremberg).

- Material aparecido originalmente en la Revista “Análisis de la Realidad Nacional”, del Instituto de Análisis de Problemas Nacionales -IPNUSAC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, N° 65, enero de 2015.

Palabras clave:
Desapariciones forzadas, impunidad, contrainsurgencia, clandestinidad, subversión.

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Cuba: crisis, globalización y giro al mercado (I)

Rolando Astarita

El acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, anunciado el 17 de diciembre, dispone, entre otras medidas, la normalización de las relaciones diplomáticas, la ampliación de los permisos de viajes desde Estados Unidos; la autorización de transacciones financieras entre ambos países (por lo cual las instituciones financieras de Estados Unidos podrán abrir cuentas en las instituciones cubanas); la autorización para vender productos informáticos y la ampliación del acceso a Internet para los cubanos; y el aumento de la lista de productos que las empresas estadounidenses pueden exportar a Cuba, o los estadounidenses llevarse desde Cuba. Además, Obama propone al Congreso de Estados Unidos levantar el bloqueo. En esta nota presento algunas reflexiones sobre el significado de este acuerdo en relación a la situación de la isla y la política que está implementando la dirección del Partido Comunista cubano. Dada su extensión, he dividido la nota en varias partes.

Una línea tendencial

La primera cuestión a tener en cuenta es que el acuerdo de diciembre se inscribe en la misma línea tendencial que se desarrolla desde hace más de tres décadas: la transformación de regímenes económico-sociales burocráticos, no capitalistas, en economías capitalistas. La lista es conocida: China, Vietnam, la ex URSS, los países de Europa del Este, Albania. Todos estos países hoy están integrados al mercado mundial capitalista, y sus economías son capitalistas. La idea que se desarrolla en esta nota es que la dinámica de Cuba se ubica en esta línea tendencial, pero con la particularidad de que el viraje hacia el mercado ha comenzado más tarde, se ha dado de manera no lineal, y ha sido más lento y controlado por el Estado. Es que cuando se produjo la caída de la URSS, y la economía de Cuba cayó en una profunda depresión entre 1989 y 1993, la respuesta del gobierno fue endurecer el control estatal. Por eso, a comienzos de los 1990, Cuba se movía en sentido opuesto al resto de los países del ex bloque soviético, que por ese entonces se transformaban rápida y abiertamente en capitalismos.

Sin embargo, dada la profundidad de la crisis, desde mediados de la década del 90 en Cuba comenzaron a implementarse, lentamente, medidas de mercado, a la par que se experimentaba una recuperación económica. El gobierno continuó definiendo su proyecto como “socialista”, pero admitía la utilización de relaciones monetario-mercantiles, los “mercados regulados” y un sistema de gestión progresivamente descentralizado; además, en 1998 comenzó la apertura a los capitales extranjeros. Ese año Juan Pablo II hace una visita a Cuba.

Se produjo entonces una recuperación, y a partir de 2001 la ayuda de Venezuela contribuyó también a paliar las dificultades. Sin embargo, se mantuvieron las debilidades estructurales de la economía (entre ellas, la baja productividad). Para superarlas, el gobierno ha ido profundizando la apertura de los mercados. Entre los datos más relevantes, digamos que desde 2011 aumentaron significativamente los negocios privados, se despidieron trabajadores del Estado y se aprobó (a mediados de 2014) una nueva ley de inversiones extranjeras, para reactivar el ingreso de capitales. Según el vicepresidente, y ministro de Economía, Marino Murillo, Cuba necesitaría entre 2000 y 2500 millones de dólares anuales de inversión externa. Tengamos presente que Cuba tiene un fuerte déficit en su balanza comercial (más de 9.400 millones de dólares en 2013).

En este contexto, la caída de los precios del petróleo, que impacta de pleno en Venezuela, acelera los tiempos de la “actualización del modelo”, como se llama oficialmente al conjunto de medidas. Es en este marco que el gobierno de Cuba se manifiesta dispuesto a abrirse a los negocios con las empresas estadounidenses, a condición de que se levante el bloqueo. Se afirma así el giro que se ha venido registrando desde hace casi dos décadas, en la misma línea tendencial que el resto de los ex regímenes burocrático estatistas.

Interpretaciones alternativas

Este análisis, que pone el acento en la crisis económica de Cuba y las tendencias a la globalización, se opone a los que interpretan que la reanudación de las relaciones diplomáticas, y el eventual levantamiento del bloqueo, son el resultado de la combinación entre la debilidad económica del capitalismo, y la lucha de los pueblos contra el imperialismo. Empezando con la crisis, es cierto que la economía mundial está en una situación de semi-estancamiento (ver aquí y siguientes), y que en las últimas semanas se agravaron al extremo los problemas de muchos países exportadores de petróleo (Rusia y Venezuela en primer lugar). Pero la apertura de las relaciones de Estados Unidos con Cuba tiene poco que ver con alguna dificultad particular que enfrente hoy la economía estadounidense. Tampoco es el resultado simple y directo de la caída de los precios del petróleo (después de todo, las negociaciones secretas previas al acuerdo de diciembre insumieron 18 meses), sino un efecto particularizado de la creciente internacionalización del capital. Hay que tener en cuenta que esta internacionalización se desarrolla con relativa independencia de la coyuntura económica mundial (por caso, no se revirtió a partir de la crisis del 2007). A su vez, es este impulso a la globalización del capital el que está detrás del giro en las relaciones Estados Unidos – Cuba, y el que hace cada vez más inviable la construcción de “socialismos reales” en las fronteras de un solo país.

Por supuesto, hay que destacar que Cuba ha logrado resistir el bloqueo y múltiples agresiones por parte de Estados Unidos durante décadas. Pero esta resistencia no es sinónimo de avance al socialismo. Desde hace ya muchos años que no hay lugar para hablar siquiera de alguna forma de “transición al socialismo”, o de avance hacia la socialización efectiva (esto es, el control directo de los trabajadores) de los medios de producción en Cuba. La realidad es que la economía cubana está estancada, y la clase obrera está excluida de la dirección efectiva del país. Nadie debería llamarse a engaño con las repetidas declaraciones del gobierno cubano acerca de que se sigue construyendo el socialismo en la isla. El de Cuba es un régimen burocrático estatista, de naturaleza social similar al soviético (ver aquí y aquí para una discusión sobre qué fue la URSS), que ha llegado a un impasse. Y para superarlo, el gobierno adopta las medidas de tipo “perestroika” que tomaron en su momento otros “socialismos reales”.

En cuanto al contexto político, la interpretación que propongo también está muy alejada de los que afirman que el acuerdo de diciembre es el resultado del retroceso de Estados Unidos ante la ofensiva de los pueblos. Es una interpretación que estaría en línea con el diagnóstico de Fidel Castro de 2005, cuando planteó que Estados Unidos estaba empantanado en Afganistán e Irak, y que se daban las condiciones para una “nueva ofensiva de los pueblos contra el Imperio”; y también es acorde con la idea de que el chavismo, junto a Cuba, están al frente de esa ofensiva. Pero la realidad es que “la ofensiva antiimperialista de los pueblos” no ha detenido, desde 2005 a la actualidad, la internacionalización del capital, ni ha impedido que los males de la crisis capitalista se descarguen sobre los trabajadores.

La crisis tampoco ha dado lugar a procesos masivos de radicalización hacia la izquierda, ni en Estados Unidos ni en el resto de los países más importantes. Por otra parte, el chavismo, que supuestamente habría reactualizado el ideal liberador y socialista de los pueblos, es un régimen burocrático de capitalismo de Estado, y en descomposición (ver aquí). Por eso, hoy no es polo de atracción para las masas de América Latina, ni de ningún otro lugar (como botón de muestra: hasta los candidatos “progresistas de izquierda” de Argentina, cuando presentan sus propuestas, se preocupan de tomar distancia del chavismo para no espantar votos). En cuanto a los movimientos “antiimperialistas” de Asia o África, como ISIS o Boko Haran, son de corte reaccionario, claramente anti-socialista, y actúan como factores de división y enfrentamiento interno de los pueblos. Agreguemos que hace ya muchos años que Cuba ha dejado de lado cualquier estrategia que contemple extender una revolución socialista a América Latina (o África). Por el contrario, ha actuado la mayor parte de las veces como moderadora, y se ha mostrado cercana de gobiernos burgueses, como el kirchnerista, cuyo “radicalismo” es solo de palabra. En particular hay que destacar el rol de la dirección cubana en las negociaciones de paz en curso entre las FARC y el gobierno colombiano; y el papel que puede jugar en la eventualidad de que hubiera un estallido social en Venezuela.

Dos líneas históricas del capital

A fin de ampliar el horizonte del análisis, recordemos que ya frente a la Revolución Rusa no hubo una sino dos líneas principales del capital para enfrentar al gobierno de los soviets. La primera fue, por supuesto, la intervención armada. Esto es, el intento de ahogar en sangre a la revolución; el acoso directo, las sanciones económicas y el hostigamiento militar se inscriben también en esta orientación. La segunda vía propuesta fue la penetración económica. La idea era promover un capitalismo “de base” al interior de la Rusia soviética, a partir de la relación directa de la pequeña burguesía, o de la vieja burguesía, con el capitalismo mundial; Ustriánov era el representante más destacado de esta corriente.

Ante este desafío, tanto Lenin como Trotsky consideraron que esta forma de lucha contra los soviets era, por lo menos, tan peligrosa como la intervención armada. Así, cuando se adoptó, a comienzos de los años 20, la “Nueva Política Económica”, Lenin advirtió que un sector de la burguesía apostaba a que la NEP evolucionara al capitalismo, provocando la degeneración interna del régimen (precisemos que la NEP intentaba restablecer relaciones de mercado con el campesinado a fin de elevar la productividad). Decía el líder bolchevique: “las cosas de las que habla Ustriánov son posibles. (….) El enemigo dice la verdad de clase y nos señala el peligro que tenemos ante nosotros. Lo que guía al adversario es lograr lo inevitable” (“Informe político del CC del PC (b) al XI Congreso, marzo 1922). Luego de señalar que esta apuesta de la burguesía tenía una base social receptiva en “el estado de ánimo de miles, decenas de miles de burgueses o empleados soviéticos, que participan de nuestra nueva política económica”, agregaba: “No nos atacan de frente, no nos agarran por el cuello. Aún queda por ver qué pasará mañana, pero hoy no nos atacan con las armas en la mano; a pesar de todo, la lucha contra la sociedad capitalista es cien veces más encarnizada y peligrosa, porque no siempre vemos con claridad dónde está el enemigo y quién es nuestro amigo”.

Lenin, de todas maneras, confiaba en el poder de los soviets para conducir políticamente y encauzar la marcha de la economía hacia una construcción socialista (al menos, de sus bases, en tanto Rusia estuviera aislada). Pero el peligro era real. Por su parte, también Trotsky advertía, a mediados de los 1920, sobre los efectos que tendría una invasión de mercancías baratas, a través de la cual se soldara al campesino -que en esos años se enriquecía en los entresijos del régimen soviético-, con el mercado mundial. En oposición a la política de entonces de Bujarin y Stalin, Trotsky sostenía que no habría una asimilación tranquila y evolutiva hacia el socialismo de la minoría campesina enriquecida, e insistía en que la combinación de mercado y plan (necesaria en una construcción socialista) exigía un tercer pilar, el poder de los soviets. De lo contrario, si en lugar de soviets hay burocracia y falta de poder obrero, a largo plazo, inevitablemente, el mercado se impone. Sin embargo, la meta declarada de todas las reformas pro-mercado en los regímenes burocrático-estatistas es que el pequeño propietario, estimulado por el interés privado, aumente la producción; y que al mismo tiempo se convierta -por una transformación nunca explicada-, en pilar del socialismo. Es la vieja ilusión bujarinista (al pasar: no es casual que al iniciarse el giro hacia el mercado las obras de Bujarin fueran traducidas y editadas en China por el gobierno).

Ataque directo o invasión con mercancías y capitales

En relación a Cuba, es claro que desde el triunfo de la Revolución en Estados Unidos se impuso la orientación del “asalto directo”: invasión de playa Girón en 1961, crisis de los misiles en 1962, repetidos planes para asesinar a Fidel Castro y operaciones de desestabilización. La más reciente fue la infiltración clandestina en el movimiento juvenil cubano hip-hop. Todo esto acompañado del bloqueo (en realidad, una prohibición a los estadounidenses de comerciar, viajar o invertir en Cuba) durante más de cinco décadas; bloqueo reforzado en 1996 por la ley Helms Burton.

Pero esta política está siendo cada vez más cuestionada. Hoy se oponen al bloqueo el Vaticano, las burguesías latinoamericanas, la Asamblea General de la ONU, la Unión Europea, y por supuesto, China y Rusia. Y también ha crecido la presión por un cambio de política en el establishment estadounidense. Por ejemplo, The New York Times pide a Obama que “ayude a expandir la clase empresarial cubana” flexibilizando las sanciones. “Washington podría empoderar el campo reformista al facilitar que los empresarios cubanos obtengan financiamiento externo y formación empresarial”, para lo cual pide que se levanten las sanciones” (NYT, 15 diciembre de 2014). The Economist, Bloomberg, columnistas del Washington Post y Newsweek, entre otros, también están por un cambio de política. La misma posición adoptó la Cámara de Comercio, y grandes empresas estadounidenses, que desean invertir en Cuba en turismo, agricultura, construcción, servicios de telecomunicaciones y financieros, entre otros rubros; a lo cual se suman las perspectivas de exportaciones, en particular de alimentos como cereales. Por otra parte, sectores del exilio cubano llamados de la segunda o tercera generación, están a favor de levantar el bloqueo. La idea es la expresada por Obama: el bloqueo no ha dado resultado, es hora de cambiar.

En la vereda de enfrente continúan los representantes más recalcitrantes de la derecha tradicional, y el viejo exilio cubano. Pero incluso en el viejo exilio aparecen algunas fisuras. Tal vez la más significativa sea la familia Fanjul, que durante décadas militaron en el anticastrismo más duro. Los Fanjul poseen intereses en la industria del azúcar en Florida y Centroamérica, y quieren extender sus negocios a Cuba; esto explicaría que hayan firmado una petición dirigida a Obama pidiendo la normalización de relaciones de Estados Unidos con Cuba.

A la vista de lo anterior, pensar que las medidas establecidas en el acuerdo Cuba – Estados Unidos tenderán a fortalecer la construcción del socialismo cubano, es una ingenuidad. Más abajo desarrollamos los efectos que está teniendo la combinación de mercado y control burocrático en la sociedad cubana; pero en este punto hay que tener en claro que Estados Unidos no está retrocediendo a una posición defensiva (aunque haya liberado a los prisioneros cubanos). El objetivo del gobierno de Obama es “lograr lo inevitable”: que la entrada de mercancías y capitales fortalezca una acumulación de capital de decenas de miles de pequeños empresarios, para generar una evolución económica y social que pueda terminar, en el mejor de los casos, en una implosión, dando paso a una democracia burguesa abierta. Alternativamente, como “segundo mejor”, ir hacia un capitalismo de Estado, en asociación con el capital privado y extranjero, al estilo de China o Vietnam. Esta última parece ser la vía a la que se juega la mayoría (todo indicaría que existen resistencias) de la dirección del PC de Cuba.

Rolandoastarita.wordpress.com/

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Entrevista a Eduardo Lucita: En otras épocas siempre había un sector peronista que le disputaba espacios a la izquierda pero hoy no aparece

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

M.H.: En comunicación con Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda. Leí un muy sustancioso artículo donde señalás que no ha habido grandes cambios o movimientos en lo económico y en lo social en el fin de año argentino, pero sí en lo electoral.

E.L.: Bueno, no ha habido grandes conmociones, porque recordarás que durante los meses de noviembre y diciembre se decía que iba a haber una crisis cambiaria muy fuerte y estallidos sociales, por el impuesto a las ganancias y por montones de razones; no se produjo nada de eso.
En el plano económico el gobierno tomó una serie de medidas combinadas que conjuraron cualquier posibilidad de corrida frente al dólar, consiguió los acuerdos con China, el dinero del 4G, venció la resistencia de los sojeros que finalmente hicieron una liquidación casi récord de divisas, y con eso hizo una masa crítica que resolvió la caída de reservas.
Por el lado del famoso estallido social, no sé si fueron medidas preventivas que tomó el gobierno nacional y los gobiernos locales, o tal vez porque la situación social no era tan dramática como se pensaba, la cuestión es que no pasó nada de lo que se anunciaba.
Ahora, todo esto es relativo, es una estabilidad muy inestable, porque desde el punto de vista económico, no hay ningún cambio estructural, por lo tanto, los desequilibrios de la economía argentina siguen estando ahí y en algún momento se van a manifestar.
Desde el punto de vista social habría que ver qué está pasando en las profundidades del movimiento, qué se está procesando y en qué momento esas contradicciones van a salir a la luz.
Es una suerte de calma chicha, ahora, en ese marco lo que hubo en los últimos días del año y en los primeros del nuevo, fue una híper actividad en lo que tiene que ver con las elecciones. Ya se lanzó la cuenta regresiva al próximo octubre en todos los planos, incluso hasta en el interior de la izquierda, porque hasta donde yo me he informado, hay muchas conversaciones y negociaciones para fortalecerse en ciertas alianzas o acuerdos electorales, más allá de lo que ya había sucedido en las últimas elecciones.

M.H.: Particularmente, me sorprendió la definición que ha tomado Carlos -El Perro- Santillán, el dirigente de los trabajadores municipales de Jujuy, uno de los referentes sociales más importantes de nuestro país en torno al apoyo al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

E.L.: Inclusive circuló una versión de que iba a ser candidato a diputado por Jujuy, ahora parece que no, pero algún compañero de su movimiento seguramente va a proponer para integrar la lista del FIT. Es una cuestión importante en general y también en Jujuy porque es muy fuerte allí el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), que tiene un 12/14% de intención de voto.

M.H.: Así es, y que no ha ingresado a la Legislatura en la elección anterior por una cuestión de mecanismos electorales, si mal no recuerdo no había llegado al 5%, que era el piso provincial que permitía el ingreso de legisladores tanto en el plano nacional como local, había quedado en la puerta.

E.L.: Digo que es más importante, más allá de la figura de “El Perro”, porque el PTS es uno de los partidos más restrictivo en cuanto a las alianzas, exige un mayor nivel de definiciones, entonces, la importancia de que esto se plantee en Jujuy, pero además se retroalimenta con Salta, porque allí está la posibilidad de que el FIT gane las elecciones a la Intendencia; entonces Salta y Jujuy pueden influenciar en todo el Noroeste. Además en Capital y en otros lugares, muchos de los movimientos sociopolítico culturales, muchos de los que se denominan de izquierda independiente o nueva izquierda, están en negociaciones con el FIT también. Me parece muy importante todo esto porque siempre he sido partidario de que organizaciones como el FIT, de una izquierda clasista muy radical, son insuficientes para dar respuesta a las necesidades que la crisis en el país impone. Entonces, esos frentes electorales deben ampliarse, creo que está la posibilidad de duplicar la bancada electoral, partiendo que el FIT en las últimas elecciones ha logrado que la izquierda argentina tenga identidad nacional. Porque no fueron tan importantes los votos que sacó en la Ciudad o Provincia de Buenos Aires, como los del interior, en Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz; son elecciones sorprendentes que indican que algo está pasando.
Por supuesto, que las elecciones presidenciales siempre son más complicadas que las demás, pero de todas maneras me parece que hay un espacio importante para la izquierda. Fijate que históricamente, desde que el peronismo es lo que es, desde los años ´50 hasta hoy, una dirección burocrática y una base obrera y popular, siempre hubo elementos contestatarios que cuestionaban el orden establecido, a sus dirigentes, e incluso sectores que se planteaban en una perspectiva de lucha contra el capital.

M.H.: O que incluso iban a elecciones por fuera de la estructura oficial.

E.L.: Muchas veces, como fue el caso del Peronismo de Base (PB), fueron por fuera de las estructuras tradicionales del peronismo. Eso hoy no se ve, no aparece ningún sector contestatario, todos están subordinados a la dirección burguesa y burocrática. Entonces, ese espacio enorme que dejan, la izquierda, por gravitación, más allá de su política, está ocupando esos espacios. Fijate que en todos esos grandes conflictos obreros que hubo en Zona Norte, estaban la patronal y la burocracia del mismo lado y del otro lado la izquierda; mientras que en otras épocas siempre había un sector peronista que le disputaba a la izquierda y que hoy no está.
El 2015 es un año sumamente importante por ese espacio que se abre para la izquierda y que no creo que vaya a ser para siempre, creo que hay momentos y momentos. La otra cuestión además, es que todo el resto del espectro político nacional vira a la derecha.

M.H.: Quiero rescatar algo con respecto de lo que estás diciendo. También han aparecido figuras de la izquierda, por ejemplo en mayo tuve la oportunidad de charlar con Armando Jaime, no sé si te suena…

E.L.: Viejo compañero dirigente de la CGT clasista de Salta en los ’70.

M.H.: Armando Jaime, que es un crítico de esta izquierda radical, trotskista, del FIT, sin embargo me habló muy bien del compañero López, que va a ser candidato a Intendente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en la ciudad de Salta.

E.L.: Yo he tenido oportunidad de hablar con él y todos hablan muy bien de López.

M.H.: Lo mismo pasa con Del Caño en Mendoza y con el legislador porteño Marcelo Ramal, que a fin de año logró parar el aumento del acarreo de vehículos con una gran repercusión a nivel mediático y periodístico; un trabajo muy serio que está realizando Marcelo y abierto a otras expresiones políticas porque veo que muchas veces cuando presenta sus proyectos legislativos es acompañado por otras expresiones políticas, es decir, que no está solamente para criticar como solía decirse de la Izquierda, sino que es un legislador con propuestas.

E.L.: En mi opinión, en el caso de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tanto Vilma Ripoll, como ahora Alejandro Bodart y Marcelo Ramal, han superado esa instancia de la izquierda denunciadora simplemente, plantean propuestas y la gente lo está viendo.

M.H.: Fijate también que el proyecto más votado por la gente fue el que presentó Ramal por las seis horas para las enfermeras y enfermeros.

E.L.: Yo creo que es un proceso de maduración de la Izquierda en este país. En la medida en que ha dejado de ser meramente simbólica, porque izquierda hubo siempre pero esta es la primera vez que tiene una representación institucional tan grande. Tres diputados nacionales, senadores y diputados provinciales, legisladores, fíjate que el FIT en Mendoza es la tercera fuerza.

M.H.: Ayer me decía Pablo Anino de La Izquierda Diario, en la presentación de El debate Piketty sobre El Capital en el siglo XXI en el Bauen Hotel, que las encuestas dan a Del Caño en segundo lugar en Mendoza, detrás del radicalismo.

E.L.: Es impresionante. En la medida en que se tiene mayor influencia social, la Izquierda siente más responsabilidades, entonces la etapa adolescente pasa y llega una Izquierda más pensante, más de propuestas, obviamente de denuncia y de lucha, porque nadie puede negar que la izquierda argentina en cualquiera de sus expresiones tiene una gran tradición de lucha.

Hay un viraje a la derecha que se expresa en las tres candidaturas fuertes que pueden llegar a ganar las elecciones

M.H.: Ahora sí, vamos a las otras expresiones políticas a las que hacías referencia hace unos instantes.

E.L.: Hay un viraje general hacia la derecha, hacia el conservadurismo, que se expresa en las tres candidaturas fuertes que pueden llegar a ganar las elecciones, porque la izquierda tiene la posibilidad de duplicar sus bancas, pero no mucho más.
Scioli, Massa y Macri son distintas expresiones de la derecha, una derecha más clásica, más empresarial, del tipo de Piñeira en Chile como es Macri, una derecha más populista y que abreva en ciertas condiciones del kirchnerismo original que es la de Massa, y la que es una especie de social liberalismo mezclado con cuestiones populistas que expresa Scioli. Hay que ver cómo se resuelve esto, porque parece que la figura de Sergio Massa está decreciendo y está en ascenso la de Mauricio Macri.

M.H.: ¿Qué cambia con la incorporación de Francisco De Narváez al Frente Renovador?

E.L.: Hace poco en una entrevista que le hicieron a Scioli dijo: “Massa no tiene plata para la campaña”. De Narváez tiene mucha plata, aporta financiamiento para la campaña. En un momento tuvo una buena cantidad de votos en la Provincia de Buenos Aires, pero no sé qué puede pasar ahora. Lo que es importante son las indeterminaciones del kirchnerismo, porque pareciera que no tiene más remedio que taparse la nariz y apoyar a Scioli porque ninguno de los otros candidatos miden mejor. Al mismo tiempo, se dice que el kirchnerismo tendría de un 30 a 35% de intención de votos, de ese porcentaje se supone que entre un 12/15% son votos propios de Scioli, sacando eso, del resto, ¿cuánto es del kirchnerismo puro? Por eso es que están atados a Scioli. Si no lo apoyan, no sería de extrañar que se vaya con Massa y hagan una alianza, con lo cual reunificarían el Justicialismo que es lo que quieren todos los intendentes. Los intendentes no quieren un justicialismo fracturado, el kirchnerismo tiene mucha potencialidad todavía pero está en una encerrona.

Eduardo Lucita es, miembro de Economistas de Izquierda (EDI).

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China y las crecientes relaciones económicas con la Argentina

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Existen expectativas gubernamentales por el próximo viaje a China, en febrero, de la Presidente Cristina Fernández. Esas expectativas se centran: a) en el creciente comercio entre ambos países, deficitario para la Argentina desde el 2008; b) en el papel de China como inversor externo en tierras, infraestructura y sectores claves de la producción; c) pero muy especialmente en su carácter de nuevo financista del país, cuando la Argentina tiene restringido el ingreso al sistema mundial de préstamos por el default parcial asociado a la disputa con la justicia de Estados Unidos y los fondos buitres.

El comercio

Respecto del comercio, se pretende que China demande más producción local y así disminuir el déficit comercial que se acumula y crece con los años. Según las estadísticas del Ministerio de Economía, http://www.mecon.gov.ar/, desde 1990 las relaciones comerciales con China tuvieron una tendencia desfavorable; y se reconoce un superávit para Argentina a la salida de la convertibilidad y hasta el 2006, principalmente sostenida en la exportación de poroto de soja y aceite de petróleo.

Esa relación se equilibra hacia 2007 y vuelve el desequilibrio que se acumula de forma creciente año tras año. Las mayores ventas de China hacia la Argentina, especialmente de máquinas, equipos, motos, contrastan con las exportaciones argentinas de productos primarios, especialmente la soja y el petróleo.

El resultado es desde el 2008 un gran crecimiento del déficit (1), que se sostiene hasta el presente y explica la importancia dada por la presencia del Jefe de Gobierno chino en su visita a la Argentina y la región durante el 2014 y que ahora retribuye la primera mandataria de la Argentina.

Las inversiones

En materia de inversiones, se destaca el interés de China por las tierras de Argentina y la región, tanto como por la inversión en infraestructura para favorecer el acceso de China a la producción primaria del país.

Son conocidas las inversiones chinas en grandes obras energéticas y su participación directa en la explotación petrolera, asociando a la principal petrolera China, la China National Offshore Oil Company (CNOOC) a Bridas (familia Bulgheroni) y constituirse desde Pan American Energy, PAE, en la segunda petrolera en la Argentina, detrás de YPF. El interés es avanzar en inversiones en hidrocarburos no convencionales, que se ofrecen como una de las posibilidades de inversiones externas en la Argentina.

China disputa a su modo las fuentes de energía en el mundo, siendo la Argentina un destino de interés por presentarse como segundo reservorio mundial de gas no convencional (shale gas) y cuarto de petróleo no convencional (shale oil). Ello supone la tecnología de la fractura hidráulica, cuestionada por poblaciones y movimientos populares que demandan contra la contaminación y por la soberanía energética.

Deuda

Sin embargo, la gran novedad es el papel de China como nuevo prestamista de la Argentina.

En octubre de 2014, la Argentina optó por el primer tramo de un acuerdo swap por 11.000 millones de dólares en moneda china. La operación se repitió todos los meses siguientes.

Así, fueron 814 millones en octubre; 500 millones en noviembre; 1.000 millones en diciembre, y ahora 400 millones en enero del 2015. Suman 2.714 millones de dólares de un monto total de 11.000 millones de dólares disponibles.

Son recursos que incrementan la deuda pública y al mismo tiempo permiten aumentar las reservas, un dato que en el país es asumido como solvencia del orden económico. Este préstamo permitió cerrar el año con leve incremento de reservas internacionales respecto del cierre del 2013, en torno a los 31.130 millones de dólares, cuando la referencia del año 2014 hasta septiembre remitía a la perdida de reservas y por ende expresaba una debilidad estructural de la capacidad de financiar importaciones y cancelaciones de deuda pública.

¿Cuál es el significado de esta relación?

El orden capitalista mundial está en mutación y China asume crecientemente el papel de la fábrica del mundo, consolidando un modelo productivo sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos de la naturaleza.

El capital transnacional concentra sus inversiones en China y la fuerza de trabajo del mundo crece especialmente en este gigante asiático. Producto de esas inversiones es que el capital desde China se expande hacia otras fronteras extendiendo la relación social de explotación. Además, China solo tiene el 7% de la tierra cultivable del mundo y demanda por ende de recursos naturales fuera de su territorio.

El régimen del capital se extendió hacia China desde las modernizaciones de fines de los años setenta impulsadas por Deng Xiao Ping, y una vez consolidado en ese territorio el orden capitalista se expande en un nuevo ciclo de universalización de la explotación y el saqueo.

América Latina y África, tanto como Asia es destino de ese proceso de transnacionalización de la economía. Es desde allí que se debe discutir la inserción internacional de la Argentina. ¿Cuál es el beneficio del déficit comercial de Argentina con China? ¿Quién se beneficia con esa orientación del comercio internacional? En primer lugar las grandes transnacionales y sus grupos asociados en la Argentina, sobre todo si tenemos en cuenta los principales productos de exportación desde la Argentina, soja y petróleo, dos producciones extranjerizadas, aun con la gestión estatal de la petrolera YPF.

Es lo mismo si observamos la contra cara de las importaciones chinas con equipos y maquinarias provenientes desde China y asociadas a la transnacionalización de la producción del gigante asiático.

Las inversiones externas en Argentina y otros países de la región son una forma reiterada de extracción de plusvalor de nuestros territorios y que sirven para la acumulación de capitales en cualquier territorio que asegure rentabilidad al capital externo, incluida la reinversión en la Argentina.

Respecto de los préstamos chinos, vale confirmar la reiterada dependencia del país del financiamiento externo con las graves consecuencias que representa para el país la cancelación de intereses y el capital, compitiendo con la aplicación de recursos públicos para satisfacer necesidades de la población.

La deuda pública con la inglesa Baring Brothers en el comienzo de la Argentina institucionalizada (1824); o en tiempos de la dictadura genocida (1976), pusieron de manifiesto la subordinación de la Argentina al sistema mundial de créditos a comienzo del Siglo XIX y a fines del Siglo XX.

La deuda pública es un mecanismo principal de la acumulación de capitales, tal como demostró Marx en El Capital (Tomo I, Capitulo XXIV, sobre la Acumulación Originaria del capital). Por ello es que la sociedad argentina tiene que discutir la nueva ola de endeudamiento, ahora con China, y auditar e investigar la deuda histórica asumida en los últimos 40 años, previa suspensión de los pagos actuales.

Es el paso previo para discutir el modelo productivo en Argentina y pensar en nuevos rumbos para la producción y el consumo, la distribución del ingreso y la riqueza.

Pensar el anticapitalismo

Ahora que pasó Thomas Piketty por la Argentina y se reunió con autoridades económicas del país, bien vale asumir su crítica al orden contemporáneo sobre “El capital del Siglo XXI” cuya tesis principal sostiene que en la actualidad se agrandan las desigualdades económicas y sociales.

Aunque el francés no se inspira ni sigue a Marx, con el alemán revolucionario recordemos que el problema de la desigualdad es el orden capitalista y que se necesita pensar en la formulación de políticas anticapitalistas, si en serio se pretende avanzar por un rumbo de soberanía y liberación.

El problema es que la principal discusión electoral de renovación presidencial del 2015 pasa por cómo gestionar el capitalismo realmente existente en la Argentina, sin escucharse las voces que claman por otro rumbo, otro modelo productivo y de desarrollo.

La discusión se contiene en el marco de lo posible, sin ir a fondo, desconociendo la potencia del poder popular, el que se construye desde la dinámica social y política inspiradas en nuevas lógicas por una civilización alternativa, anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, contra el racismo, la discriminación y el patriarcado.

Aun cuando ello resulta difícil, es la tarea de nuestro tiempo, generando masa social contra la tiranía del endeudamiento externo y proponiendo su investigación para ganar conciencia en el repudio a la deuda y sus efectos sobre la población. Se trata de proponer una reinserción internacional de la Argentina, de carácter alternativa, para la transformación social, la emancipación y la liberación.

Notas:
1) Informe sobre las relaciones entre China y Argentina publicado ene l sitio en internet del Ministerio de Economía de la Argentina, con datos al 2010, en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/documentos/China_Ago2011.pdf

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