martes, 3 de febrero de 2015

Entrevista a Antonio Cuesta Marín: Todas las iniciativas y pasos que ha dado Syriza, lo ha hecho con toda seguridad y firmeza

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

M.H.: Estamos en comunicación con Antonio Cuesta Marín, corresponsal de Prensa Latina en la ciudad de Atenas, Grecia. Buenas noches, Antonio.

A.C.M.: Buenas noches, Mario. Estamos viviendo días muy intensos, en los pocos que lleva el gobierno constituido parece como se llevaran unas cuantas semanas por la cantidad de declaraciones y de propuestas que se han presentado.

M.H.: La elevación del salario mínimo, 1200 millones de Euros destinados a la lucha contra la exclusión social, pero al mismo tiempo llega la información de que los bancos griegos están sufriendo una fuga de depósitos, inclusive aquí se especulaba con la posible implementación de una suerte de “corralito financiero” como viviera Argentina en diciembre de 2001. ¿Qué nos podés comentar sobre esto?

A.C.M.: Creo que sin poder ni querer dar nombres y apellidos de dónde salen esas informaciones, son mal intencionadas en intentar desestabilizar al gobierno. Hasta ahora todas las iniciativas y pasos que ha dado Syriza, lo ha hecho con toda seguridad y firmeza. Por eso digo, me parece una información mal intencionada en ese sentido, porque no he visto nada que diera a sospechar eso, ni colas en los bancos, ni a la gente nerviosa y los datos que he estado analizando esta mañana del Banco Central de Grecia indican que desde que se inició la crisis en el último trimestre de 2008, si se van cotejando todos los diciembres desde ese entonces, se puede percibir que ha ido descendiendo paulatinamente el número de depósitos en los bancos.
Lo que casi todo el mundo analiza es que la población en general dispone de menos dinero, tanto en particular como en los bancos. Si ha ido disminuyendo es porque los recortes y la persistencia de la crisis ha hecho inviable el ahorro y la gente ha ido tirando con los ahorros que tenía hasta llegar a un punto en que muchos confiesan que son incapaces de ahorrar nada y que se les acumulan las facturas en deuda con el Estado. Entonces, la tendencia a la baja no ha cambiado sustancialmente en los últimos 7 años, además en los datos que aparecen en el pasado mes de diciembre, aparecen pagos de compromisos tributarios anuales y aunque se ve un descenso no es nada escandaloso.
Ahora, en el mes de enero, que todavía no hay datos oficiales, creo que ahí se esta suponiendo y todavía dejando a la sombra de la duda, que está habiendo una fuga de capitales. Pero como te decía, no tengo la certeza ni la sensación de que esto esté sucediendo, porque para empezar la gente no tiene ese dinero, y si tiene es muy poco.

M.H.: ¿Qué evaluación hacés sobre el acuerdo de Syriza con el partido Griegos Independientes ya que es una formación nacionalista de derecha y se especulaba aquí con la idea de una alianza con algún sector ms bien centrista?´

A.C.M.: Yo creo que Syriza tenía muy pocos sitios adónde ir, porque por la izquierda el único partido que existe en el Parlamento es el Partido Comunista y hace muchos meses quedó claro su desencuentro con Syriza, en todo momento han considerado que el derrumbe del Pasok, de la socialdemocracia, tenía que cubrirlo Syriza, que el sistema lo había ideado, con lo cual no tenían ningún tipo de contacto ni arreglo.
El otro partido que podría ser el centristra To Potami (que significa “el río”), no es tan centrista como en muchos medios quieren hacerlo aparecer, porque en ningún momento se han posicionado claramente en contra de las medidas de austeridad y de todas las políticas que ha exigido la Troika. Es un partido de corte neoliberal que intenta aprovechar el descrédito de los dos grandes partidos, principalmente del Pasok que realmente se ha hundido y los conservadores. Han intentado presentarse como la cara nueva, alejados de la corrupción, pero en el fondo no son ni tan de centro ni tan socialdemócratas, sino más bien liberales y con respecto a sus intenciones habría que analizar el perfil de la gente que lo compone y quiénes lo apoyan desde los grandes medios de comunicación, consorcios y empresas.
Finalmente, el partido que les quedaba es Griegos Independientes, que es un partido muy conservador, con un tinte muy nacionalista, en Grecia por su particular historia y su característica de ser una nación relativamente joven y la situación en la que se encuentran los Balcanes, hay un sentimiento muy exacerbado inclusive en la izquierda que no es habitual pero se da en matices un tanto férreos con el tema de la defensa nacional. Lo que ha ocurrido, es que aparte de ser el único partido a quien se podía acercar, es el único firmemente definido en contra de las políticas de austeridad y en la medida en que en esta primera parte de la Legislatura, por lo menos lo que se pretendía desde Syriza era una agenda marcadamente económica para poner un fin de manera inmediata a ese tipo de políticas y llevar un plan de rescate ciudadano, en ese punto no iba a haber ninguna fricción con Griegos Independientes.
Otra cosa son las políticas de corte más social, sobre todo en lo que respecta a la iglesia ortodoxa, porque Syriza también tenía en agenda llevar a cabo una separación entre Iglesia y Estado y Griegos Independientes no está para nada de acuerdo y también en algunos temas de política exterior, también se ha hablado algo del tema de los matrimonios homosexuales. Ese tipo de cuestiones, no todas, tampoco creo que dar la nacionalidad a los inmigrantes de segunda generación sea muy del agrado de Griegos Independientes, pero parece que se ha trazado una línea en la que algún que otro tema ha quedado afuera, pero el grueso de las responsabilidades del gobierno, de las intenciones de los programas que sostiene, marcan más por la línea económica y parece que no van a tener ningún problema en ese sentido.

M.H.: Esta va a ser la última comunicación de este ciclo que abrimos a principios de mes haciendo un seguimiento de las elecciones griegas, pero quiero comprometerte en el futuro cuando la situación política griega lo amerite, para volver a tener un contacto contigo y esta valiosa información que nos has brindado a lo largo de enero.

A.C.M.: Cuenta conmigo y con mucho gusto.

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La corrupción y el sistema político panameño

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

Una de las confesiones con mayores implicaciones realizada por Rafael Guardia, ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), se refiere al financiamiento truculento de las campañas electorales de diputados y candidatos a diputados, tanto del partido Cambio Democrático, como de los otros partidos que componen la actual mayoría oficialista legislativa. La investigación consecuente y a fondo de esa ilegalidad, si se realiza, caerá como una bomba sobre todo el andamiaje político vigente, porque nadie puede pensar que los beneficiarios directos de dicha ilegalidad, así sean diputados, no sean castigados.

Ese comportamiento ilegal, de utilizar fondos públicos para financiar directa o indirectamente, campañas electorales, no es nuevo. Ya antes hemos visto denuncias de actos semejantes en los predecesores institucionales del PAN, el FIS y el FES. Pero en su momento esas investigaciones solo sirvieron para el mangoneo politiquero, zarandear a algún diputado para que luego se "porte bien" con el presidente de turno y no ha pasado nada. La ciudadanía espera que las actuales autoridades no van a realizar todo el despliegue jurídico que han avanzado sólo para vapulear a Martinelli, con un "show mediático" (como él dice) y que luego todo siga igual. Esta vez, no.

Pero hay que ir más allá, porque la causa de la corrupción política generalizada, de la que lo confesado por Guardia es sólo la punta del témpano, está en el propio Código Electoral. El sistema electoral vigente, que data del régimen militar, con algunos retazos realizados tras la invasión norteamericana, ha impuesto por 25 años a una "partidocracia" corrupta basada en el poder del dinero, disfrazada de "democracia".

La corrupción del Código Electoral empieza desde el momento en que un grupo de ciudadanos se une para crear un partido político. Para inscribirlo, debe reunir la cuota de adherentes más alta del continente americano (4% de firmas del padrón electoral). Encima, esas firmas hay que reunirlas movilizando la gente a un sitio donde hay un registrado oficial, lo que encarece y dificulta el proceso, en vez de usar papel simple cuyas firmas se cotejan contra la base de datos, como en otros países. Y luego está la "depuración" por la cual el Tribunal Electoral te borra firmas sin explicarte por qué y quiénes.

Para colmo, con la cultura de corrupción, promovida por todos los partidos legales actuales y todos los diputados, mucha gente (no toda) se ha fabricado la idea de que hay que hacerle un "regalo", en dinero o materiales, por su firma. Esto es lo que elegantemente se llama "clientelismo". En fin, sin plata para movilizar gente, activistas, registradores y coimas, no puedes inscribir tu proyecto político, por más lindo que sea en el papel.

Si lograras pasar la barrera de la inscripción, con todas las zancadillas leguleyas, el susodicho partido debe saber que la campaña electoral tiene un costo multimillonario que excede largamente los millones que reparte el Tribunal Electoral entre quienes tienen la dicha de ser parte del establecimiento.

Cuando inscribíamos el desaparecido Partido Alternativa Popular (PAP), entre 2008 y 2011, que llegó a recoger 5.500 firmas, lejos de las 65.000 que necesitábamos, se nos decía "off the record" que la campaña de un candidato a diputado, sin seguridad de salir electo, gasta entre 250 a 500 mil dólares. Lo cual vimos corroborado en los informes financieros presentados a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2010, en los que un candidato a alcalde de un pueblo de Coclé había gastado una cifra semejante.

¿De dónde sale ese dinero para financiar las campañas? De tres sitios: si eres grato a la directiva del partido, te dan un pedazo del financiamiento partidario; de aportes privados que el Código no limita y que quien lo da espera del candidato una "contraprestación" (como dijo David Murcia), o sea "un favorcito", si sale electo; la tercera fuente, para los gratos al Ejecutivo es el PAN, FIS o FES.

Ni hablemos de las campañas presidenciales. A la CNRE de 2010, cuando se discutió el tema del financiamiento de las campañas, los magistrados del Tribunal Electoral entregaron un informe en que oficialmente, en las presidenciales del año anterior, Balbina Herrera decía haber gastado más de 9 millones de dólares y Ricardo Martinelli, cerca de 20 millones. Un informe de una empresa que controla el gasto publicitario, cuando no había acabado la campaña de 2014, ya cifraba los gastos en ese rubro de uno solo de los candidatos, el Sr. Arias, en más de 40 millones de dólares.

Uno puede ser suspicaz y pensar que no todo está en esos informes. Sea como sea, si tenemos un partido político compuesto por trabajadores, campesinos, indígenas, que postula un dirigente sindical o un simple profesor, jamás podrán reunir semejante suma de dinero. Ni con el financiamiento público, pagado por el Tribunal Electoral (que sí es legal) nunca podrían alcanzar condiciones semejantes a los candidatos y partidos oligárquicos, financiados por vías irregulares o legales pero espurias.

Cuando en la CNRE de 2010, algunos sectores del PAP y la sociedad civil, con la anuencia del magistrado Gerardo Solís, pusimos a debate el modelo que se discutía en otros países, como México, para que el Tribunal Electoral no entregara dinero a los partidos para publicidad en los medios, sino que contratara los espacios equitativos para todos a precios razonables, no sólo se opusieron los partidos legales (desde CD, al PRD, pasando por el PP, Panameñismo y Molirena), sino también los gerentes de los medios de comunicación que fueron invitados a dicha sesión.

Así que, los grandes medios de comunicación se dan golpes de pecho contra la corrupción, pero la promueven con su afán de lucro durante los procesos electorales.

En fin, si se encuentran pruebas que acrediten las confesiones el Sr. Guardia acerca del financiamiento ilegal con fondos del PAN de, entre un tercio y más de la mitad de los actuales diputados, además de imputarlos y retirarles la inmunidad, no queda más salida racional que disolver la actual Asamblea Legislativa y convocar una Asamblea Constituyente originaria que barra la corrupción empezando con el actual Código Electoral.

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“Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela”

Eva Golinger (RT)

Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela. Las piezas están cayendo en su lugar como una mala película de la CIA. A cada paso un nuevo traidor se revela, una traición nace, llena de promesas para entregar la papa caliente que justifique lo injustificable. Las infiltraciones aumentan, los rumores circulan como reguero de pólvora, y la mentalidad de pánico amenaza con superar la lógica. Titulares en los medios gritan peligro, crisis y derrota inminente, mientras que los sospechosos de siempre declaran la guerra encubierta contra un pueblo cuyo único delito es ser guardián de la mayor mina de oro negro en el mundo.

Esta semana, mientras el ‘The New York Times’ publicó una editorial desacreditando y ridiculizando el presidente venezolano Nicolás Maduro, calificándolo “errático y despótico” (“El señor Maduro en su laberinto”, NYT 26 de enero 2015), un periódico en el otro lado del Atlántico acusó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, la figura política más destacada del país después de Maduro, de ser un capo del narcotráfico (“El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, ABC.es 27 de enero 2015). Las acusaciones vienen de un ex oficial de la Guardia de Honor presidencial de Venezuela, Leasmy Salazar, quien sirvió bajo el presidente Chávez y fue captado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ahora convirtiéndose en el nuevo “niño de oro” en la guerra de Washington contra Venezuela.

Dos días después, ‘The New York Times’ publicó un artículo de primera plana atacando a la economía y la industria petrolera venezolana, y prediciendo su caída (“Escasez y largas filas en Venezuela tras caída del petróleo”, 29 de enero de 2015, ‘The New York Times’). Obvias omisiones del artículo incluyeron mención de los cientos de toneladas de alimentos y otros productos de consumo que han sido acaparados o vendidos como contrabando por los distribuidores privados y empresas, con el fin de crear escasez, pánico, descontento con el Gobierno y de justificar la especulación de los precios inflados. Además, el artículo se niega a mencionar las medidas e iniciativas en curso implementadas por el Gobierno para superar las dificultades económicas.

Al mismo tiempo, un titular sensacionalista, absurdo y engañoso fue publicado en varios diarios estadounidenses, en forma impresa y en línea, que vincula a Venezuela a las armas nucleares y un plan para bombardear la ciudad de Nueva York (“Encarcelado científico en Estados Unidos por tratar de ayudar a Venezuela a construir bombas”, 30 de enero, 2015, NPR). Mientras que el titular hace a los lectores creer que Venezuela estuvo directamente involucrada en un plan terrorista contra EE.UU., el texto del artículo deja claro que no hay ninguna participación venezolana en el suceso. Toda la farsa era una trampa creada por el FBI, cuyos agentes pretendieron ser funcionarios venezolanos para capturar a un científico nuclear que una vez trabajó en el laboratorio de Los Álamos y no tenía ninguna conexión con Venezuela.

Ese mismo día, la portavoz del Departamento de Estado, Jan Psaki, condenó la supuesta “criminalización de la disidencia política” en Venezuela, al ser consultado por un periodista acerca de la llegada del fugitivo general venezolano Antonio Rivero a Nueva York para pedir el apoyo del Comité de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. Rivero huyó de una orden de arresto en Venezuela después de su participación en protestas antigubernamentales violentas que causaron la muerte de más de 40 personas, en su mayoría partidarios del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado, en febrero pasado. Su llegada a EE.UU. coincidió con Salazar, evidenciando un esfuerzo coordinado para debilitar a las Fuerzas Armadas de Venezuela, exponiendo públicamente a dos oficiales militares de alto perfil –ambos vinculados a Chávez- que se han volteado en contra de su Gobierno y están buscando activamente la intervención extranjera contra su propio país.

Estos ejemplos son sólo una parte de la creciente y sistemática cobertura negativa y distorsionada de la situación en Venezuela en los medios de comunicación estadounidenses, pintando una imagen exageradamente sombría de la situación actual del país y retratando al Gobierno como incompetente, dictatorial y criminal. Si bien este tipo de campaña mediática coordinada contra Venezuela no es nueva -los medios de comunicación constantemente proyectaron al presidente Hugo Chávez, elegido cuatro veces por una mayoría abrumadora, como un dictador tiránico que destruía al país– sin duda evidencia que se está intensificando claramente a un ritmo acelerado.

‘The New York Times’ tiene una historia vergonzosa cuando se trata de Venezuela. El Consejo Editorial aplaudió felizmente el violento golpe de Estado en abril de 2002 que derrocó al presidente Chávez y resultó en la muerte de más de 100 personas. Cuando Chávez regresó al poder dos días después, gracias a sus millones de seguidores y las Fuerzas Armadas leales, el ‘Times’ no se retractó por su error anterior, sino que con arrogancia imploró a Chávez a “gobernar responsablemente”, alegando que él era el responsable por el golpe. Pero el hecho de que el ‘Times’ ha comenzado una persistente campaña directa contra el actual Gobierno de Venezuela, con artículos distorsionados y claramente agresivos -editoriales, blogs, opinión y noticias- indica que Washington ha colocado a Venezuela en la vía rápida del “cambio de régimen”.

El momento de la llegada de Leamsy Salazar en Washington como un presunto colaborador de la DEA, y su exposición pública, no es casual. Este mes de febrero se cumple un año desde que las protestas antigubernamentales violentamente trataron de forzar la renuncia del presidente Maduro, y grupos de la oposición están actualmente tratando de ganar impulso para volver a encender las manifestaciones. Los líderes de las protestas, Leopoldo López y María Corina Machado, han sido elogiados por el ‘The New York Times’ como “luchadores por la libertad”, “verdaderos demócratas”, y el ‘Times’ se refirió recientemente a Machado como “una inspiración”. Incluso el presidente Obama pidió la liberación de López (fue detenido y está siendo juzgado por su papel en los levantamientos violentos) durante un discurso el pasado septiembre en un evento en las Naciones Unidas. Estas voces influyentes deliberadamente omiten la participación de López y Machado en actos violentos, antidemocráticos e incluso criminales. Ambos participaron en el golpe de 2002 contra Chávez. Ambos han recibido ilegalmente fondos extranjeros para actividades políticas para derrocar a su Gobierno, y ambos lideraron las protestas mortales contra Maduro el año pasado, pidiendo públicamente su derrocamiento por vías ilegales.

La utilización de una figura como Salazar, que era conocido como alguien cercano a Chávez y uno de sus leales guardias, como una fuerza para desacreditar y atacar al Gobierno y sus líderes es una táctica de inteligencia de escuela vieja, y muy eficaz. Infiltrar, reclutar, y neutralizar al adversario desde dentro o a través de uno de los suyos -una dolorosa, chocante traición, que crea desconfianza y miedo entre las filas-. Aunque no ha surgido evidencia para respaldar las acusaciones escandalosas de Salazar contra Diosdado Cabello, el titular en los medios sirve para hacer una historia sensacional y crea otra mancha contra Venezuela en la opinión pública. También causa un gran revuelo entre los militares venezolanos y puede dar lugar a nuevas traiciones de oficiales que podrían apoyar un golpe de Estado contra el Gobierno. Las acusaciones infundadas de Salazar también apuntan a neutralizar una de las más poderosas figuras políticas del chavismo, y tratan de crear divisiones internas, intriga y desconfianza.

Las tácticas más eficaces que el FBI usó contra el Partido de las Panteras Negras y otros movimientos radicales que luchaban por cambios profundos en Estados Unidos, fueron la infiltración, la coerción y la guerra psicológica. Infiltrar agentes en esas organizaciones, o captarlas desde adentro, que luego fueron capaces de obtener acceso y confianza a los más altos niveles, ayudó a destruir esos movimientos desde adentro, desglosándolos psicológicamente y neutralizándolos políticamente. Estas tácticas y estrategias encubiertas fueron exhaustivamente documentadas y evidenciadas en documentos del Gobierno estadounidense obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información (FOIA) y publicados en el excelente libro de Ward Churchill y Jim Vander Wall ‘Agentes de Represión: las guerras secretas del FBI contra las Panteras Negras y el Movimiento indio Americano’ (South End Press, 1990).

Venezuela está sufriendo de la caída repentina y dramática de los precios del petróleo. Su economía dependiente del petróleo ha sido afectada fuertemente y el Gobierno está tomando medidas para reorganizar el presupuesto y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, pero la gente todavía está experimentando dificultades. A diferencia de la representación triste en ‘The New York Times’, los venezolanos no se mueren de hambre, no están sin hogar o sufriendo del desempleo masivo, como Grecia y España han experimentado bajo las políticas de austeridad. A pesar de ciertas carencias -algunas causadas por los controles de divisas y otras por acaparamiento, sabotaje o contrabando- 95% de los venezolanos consumen tres comidas al día, una cantidad que se ha duplicado desde la década de los noventa. La tasa de desempleo no llega al 6% y la vivienda está subvencionada por el Estado.

Sin embargo, hacer a la economía venezolana “gritar” es sin duda una estrategia ejecutada por intereses extranjeros y sus contrapartes venezolanos, y es muy eficaz. Mientras la escasez continúa y el acceso a los dólares se vuelve cada vez más difícil, el caos y el pánico aumentan. Este descontento social está capitalizado por agencias de Estados Unidos y las fuerzas antigubernamentales en Venezuela que presionan por un cambio de régimen. Una estrategia muy similar fue utilizada en Chile para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Primero destruyeron la economía, produciendo descontento social, y luego los militares se activaron para derrocar a Allende, apoyados por Washington en cada etapa. Para que no olvidemos el resultado: una brutal dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet que torturó, asesinó, desapareció y obligó al exilio a decenas de miles de personas. No es exactamente un modelo para replicar.

Este año, el presidente Obama aprobó un fondo especial del Departamento de Estado de 5 millones de dólares para apoyar a los grupos antigubernamentales en Venezuela. Además, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) financia grupos de la oposición venezolana con más de 1,2 millones de dólares y apoya a los esfuerzos para socavar el Gobierno de Maduro. No hay duda de que millones de dólares más para el cambio de régimen en Venezuela están siendo canalizados a través de otros mecanismos que no están sujetos al escrutinio público.

El presidente Maduro ha denunciado estos continuos ataques contra su Gobierno y ha pedido directamente al presidente Obama que cese los esfuerzos para hacer daño a Venezuela. Recientemente, los 33 países de América Latina y el Caribe, miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), expresaron públicamente su apoyo a Maduro y condenaron la injerencia norteamericana en curso en Venezuela. América Latina rechaza firmemente cualquier intento de erosionar la democracia en la región y no avalará otro golpe de Estado en la región. Es hora de que Washington escuche al hemisferio y deje de emplear las mismas tácticas sucias contra sus vecinos.

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Fondos buitre y causa AMIA

Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

La denuncia del fiscal Nisman y las extrañas circunstancias de su muerte ocurren en un momento particularmente delicado para la supervivencia financiera y política del gobierno Kirchner.

El acoso de los Fondos Buitre (FB) por la cuestión de los Holdouts combinado con la nueva ofensiva - interna e internacional - en contra del Memorándum de Entendimiento (ME) con Irán, pone en juego no sólo el resultado de la Política de Endeudamiento K sino también el uso de la causa AMIA como casus belli contra el Estado Iraní.

El presente trabajo sólo pretende aportar algunos elementos de juicio sobre el tema en base del análisis de correlaciones significativas entre hechos, fechas y actores comunes que participan, directa o indirectamente, en lo que está sucediendo.

I. Estrategia de los FB

Nadie conoce, en realidad, qué son, qué persiguen y cómo se mueven en profundidad los FB pero constituye cuando menos una ingenuidad o un reduccionismo creer que los mueve exclusivamente un fin de lucro o de codicia extrema.

El Dinero es Poder y ese poder se ejerce no solamente en su campo específico económico-financiero sino que su alcance total.

Lo hemos dicho mil veces: el que no entiende el problema de la Deuda, en el fondo, no entiende de Finanzas, de Economía y de Política.

La ratificación definitiva del fallo Griesa a mediados del año pasado representó un golpe demoledor para las expectativas de la administración CFK de poder seguir ganando tiempo y transferir con ello el grueso del problema del endeudamiento al próximo gobierno.

Pero paralelamente a la batalla legal, los FB - con el fortísimo poder de lobby cuya cabeza visible es Paul Singer - desarrollaban una peligrosa escalada de agresión contra el gobierno Kirchner que reconoce algunos hitos relevantes:

a) El incidente por el pedido de embargo de NML-Elliot contra la fragata Libertad en Ghana (Octubre-Diciembre de 2012), que se produce poco después de la denuncia del periodista Eliaschev (del 26.3.11) sobre la entrevista de los cancilleres Timerman y Salehi de Aleppo (Siria) en Enero de 2011 y que el gobierno no había dado a publicidad.

b) Las denuncias públicas de ATFA (Rabben-Shapiro-Sodergerg) desde mediados del 2013 - financiadas por Singer - contra el gobierno argentino por el ME con Irán sobre la causa AMIA, que fuera firmado en Enero de ese año e inmediatamente cuestionado por las entidades judías de la Argentina.

c) La serie de denuncias de NML-Elliot en los tribunales estadounidenses durante el 2014 - específicamente, en el Estado de Nevada - sobre la llamada “ruta del dinero K” en función de la causa Discovery, derivada de la principal por el Pari Passu.

d) Las crecientes presiones contra la Argentina en el Congreso de los Estados Unidos por parte de Lobby Israelí - también financiado fuertemente por Singer - y sobre el gobierno Obama, cuyos nexos formales más directos pasan hoy por el Secretario del Tesoro Jacob Lew, la Secretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos Roberta Jacobson y el nuevo embajador en nuestro país Noah Mamet.

e) La influencia del lobby AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel), que es particularmente fuerte en el Partido Republicano (PR) - del que Singer es importante contribuyente - y su relación directa con toda una serie de legisladores, entre los cuales Ileana Ros-Lehtinen, activista contraria a la Argentina tanto por la cuestión de los holdouts como por la causa AMIA y el ME con Irán, siendo además que esta congresista estaba a la vez en estrecha comunicación con el fiscal Nisman.

Singer, en especial, es uno de los principales contribuyentes a las actividades y campañas políticas de los senadores Marco Rubio - precandidato a la presidencia por el PR - y Robert Menéndez - también PR y socio, a su vez, del Estudio Lowenstein Sandler, vinculado a la defensa de FB - así como a los movimientos de Ros-Lehtinen.

En un intento de intervenir ahora en el caso Nisman, Rubio, Ros-Lehtinen y otros legisladores norteamericanos están pidiendo la creación de una comisión investigadora internacional para esclarecer la muerte del fiscal en la Argentina.

Se trata - en todos los casos citados - de hechos públicos y notorios, no de conjeturas, por lo que la relación entre el lobby judío norteamericano y el FB Singer no constituye una suposición sino un hecho concreto y directo.

Por otro lado, las instancias legales del fallo del juez Griesa han venido avanzando de manera gradual pero firme.

El cerco jurídico y financiero entre la Justicia Norteamericana y los FB en función de la sentencia Griesa en la causa de los holdouts iba cerrándose cada vez más a medida que el juez, su mediador Pollack (un hombre íntimamente ligado al sector financiero bancario) y el fondo Singer fueron cortando cada vez más las vías de escape y/o dilación del gobierno CFK dentro de su encuadramiento por desacato:

1. Mantenimiento del bloqueo de fondos para el pago a los bonistas que entraron en el Megacanje 2005-2010, dentro y fuera de los Estados Unidos.

2. Alternativa de cobro en bonos y no en efectivo, como era la esencia del reclamo original de los FB.

3. Alternativa de tercerización de las obligaciones o variante Gramercy - compra de derechos de la sentencia por un tercero para canjearla por títulos argentinos - cosa que está en curso a través de FB “amigos” (caso Soros y Loeb).

4. Ampliación de las negociaciones con el gobierno argentino al resto de los holdouts, en el marco de la mediación Pollack, lo que ampliaría así el alcance de su gestión convirtiéndolo en árbitro de una nueva reestructuración de títulos públicos dada la nueva crisis de Deuda que existe, que el fallo Griesa precipita y que la administración Kirchner no quiere reconocer.

Frente a esta encerrona legal y financiera, el gobierno CFK fue agotando las posibilidades de su enorme Deuda intra-Estado, que conlleva la descapitalización del Banco Central (BCRA), el desfinanciamiento del Sistema Previsional y un mayúsculo desvío de fondos de los organismos nacionales de sus fines específicos para poder pagar los servicios de la Deuda con Terceros (empezando por los préstamos del BNA-Banco Nación, que como los del BCRA se utilizan mayoritariamente para sostener el sistema de la Deuda Perpetua de la Argentina).

Ante tal panorama y bajo su política de vuelta al Mercado Internacional de Capitales en función de la Hoja de Ruta Boudou - cuyo paso previo ya se había cumplido con el acuerdo del Club de París - el problema con los FB devino más grave para la administración Kirchner porque la mantiene expuesta al juego extorsivo de la Banca Internacional, que mientras no se solucione el tema holdouts le exige mayores tasas de interés para seguir refinanciando constantemente toda la deuda que vence por capital y la toma de deudas adicionales, después de haber traspasado la mayor parte de las obligaciones impagables al propio Estado.

Es decir, que después de haber convertido Deuda Externa con Terceros en Deuda Interna con el propio Sector Público (una deuda que - repetimos - el Tesoro no puede pagar), ahora llegaba el momento de volver a colocar nueva deuda en el exterior.

El grave cuadro de situación ya estaba así planteado y las exigencias para retomar las negociaciones con los FB por el fallo Griesa a través de la mediación Pollack con los holdouts era el primer paso para destrabar la Hoja de Ruta Boudou.

Como se lo venían advirtiendo a coro los FB y los voceros locales del establishment, con el 2014 a la administración K se le terminaba su argumento de la cláusula RUFO para no negociar la forma de pago de la sentencia Griesa.

Pero ello conlleva además el problema de la avalancha cierta del resto de los holdouts y no libra a la Argentina de eventuales reclamos de los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna (los Holdin), por lo que la administración CFK quedaría comprometida más que nunca a blanquear un sustancial aumento de la Deuda Externa, a desmentir su política de “des-endeudamiento” y a llegar a alguna forma de acuerdo interno con la oposición política - que se supone va a sucederla en las responsabilidades de pago - frente a esa nueva ola de endeudamiento.

El giro político de la presidenta hacia China y otros países o actores en el Mundo distintos al área del Dólar - tema al que nos referiremos en el punto 2 - y su aparente reticencia en volver a la mediación Pollack no sólo levantaron las sospechas y las recriminaciones del caso contra el gobierno argentino sino que además habrían disparado nuevas formas de agresión, orientadas a desestabilizar el frente interno o nacional del gobierno K.

En estas condiciones, en la medida que la Argentina no volviera a la mesa de mediación, era esperable que los FB lanzaran otra ofensiva contra el gobierno, aunque lógicamente no podía saberse cómo, cuándo, quién y por dónde vendría el ataque.

En este contexto es que se produce la denuncia Nisman contra el gobierno CFK por supuesto encubrimiento en la causa AMIA a través del convenio con Irán, una denuncia no basada en pruebas sino en escuchas telefónicas indirectas pero que tendría un indudable y temible efecto político.

El por qué Nisman eligió este momento para presentar su denuncia es un tema clave que, por el momento, no tiene respuesta. Aunque la fecha es significativa, ya que se producía pocos días antes de un viaje muy importante de la presidenta a China.

II. Crisis de los holdouts

El rechazo de la apelación argentina contra la sentencia Griesa por la Corte Suprema de los Estados Unidos (Estados Unidos) en Junio del año pasado cayó como un “balde de agua fría” sobre la administración CFK, que esperaba la benevolencia del alto tribunal, y desubicó sus esfuerzos por diferir el problema de los holdouts a costa de toda una serie de concesiones que estuvo realizando durante el primer semestre del 2014: a) pago con bonos de los laudos del CIADI, b) medidas preliminares de ajuste financiero-fiscal (devaluación del peso y aumento de las tasas de interés con posterior retraso cambiario), c) altísimas ganancias por tenencia de los Bancos, d) pago con bonos a Repsol por YPF, e) colocación de Deuda Interna en Pesos con Inversores Privados (nuevos Bonar), f) arreglo con el Club de París, g) pago a ultranza de servicios de la Deuda (intereses Boden 2015 y uso del FDA para pago de deuda externa con reservas del BCRA), h) nueva deuda Dólar Linked (por Bonad), i) nuevos programas de crédito bajo el esquema de Asistencia trienal al País con el BID y con el Banco Mundial, j) paralelo incremento de préstamos de la CAF, k) posterior presentación ante Naciones Unidas de la propuesta de Convención Multilateral para re-estructuración de Deuda Soberana, l) sucesivas prórrogas del blanqueo de capitales en moneda extranjera (CEDIN/BAADE) y m) aumento sustancial de la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac/Nobac y por Otros Pasivos (swap con China, préstamos del Banco de Francia y del BIS de Basilea).

Después de todo este escrupuloso “cumplimiento de deberes” en materia de endeudamiento, empero, el gobierno CFK queda burlado y gravemente descolocado con el rechazo de su apelación del fallo Griesa ante la Corte Suprema Norteamericana, en medio de la nueva Crisis de Deuda que le toca afrontar - por insolvencia y por iliquidez - y que lo tiene completamente dependiente de la refinanciación perpetua de los vencimientos a costa de nuevas deudas.

Por eso la presidenta, que había pedido la “iluminación de Dios” a los jueces de la Corte estadounidense y que compartía optimistas expectativas de Mercado sobre los bonos argentinos, reacciona con enojo y recriminaciones, protesta en su condición de “pagadora serial” y - como mezcla de impulsividad femenina y despecho - acelera un giro hacia China, que ya venía desarrollándose hace tiempo, y hacia otros países de la escena internacional.

Es el caso del bloque BRICS, donde además de las relaciones con China se refuerzan los vínculos con la Rusia del presidente Putin, el caso del gobierno Hollande de Francia - nexo clave con el Club de París y cuyo actual Ministro de Finanzas, Emmanuel Macron proviene de la Banca Rothschild - el de los tradicionales lazos con Iberoamérica y también el de un acercamiento a los países musulmanes con el apoyo al Estado Palestino en la ONU.

El capítulo chino tiene particular relevancia desde el punto de vista financiero porque el gobierno de Pekín pasa así a ser el principal sostén de financiamiento externo de la Argentina: swap de monedas, préstamos para las represas de Santa Cruz y otras obras públicas o de infraestructura, incremento del comercio bilateral (con un importante aumento de las compras argentinas) y mayores inversiones chinas en nuestro país.

Ello, en medio de un confuso panorama internacional signado por la persistencia de una crisis financiera global que no ha terminado, la recesión europea, la caída del precio del petróleo y de los commodities agrícolas, la existencia de bajas tasas mundiales de interés pero con expectativas de aumento, la lucha por el posicionamiento de las Inversiones Extranjeras Directas, etc.

Todo esto, sin embargo, es parte de una cuestión mucho mayor - que excede el alcance de esta nota y la competencia de su autor - pero que está estrechamente relacionada con el rol del Dólar en el mundo como moneda hegemónica y su consiguiente relación con el sistema de precios relativos de las materias primas.

Es un tema que obviamente escapa al objeto de este trabajo pero que tiene tres datos importantes en lo que toca a la crisis de Deuda de la Argentina y su relación con el caso Irán-AMIA:

1. En Setiembre pasado el presidente Obama descomprime públicamente las tensiones con Irán a través de una comunicación telefónica con su par Rouhaní y una de las bases de esta mejora de relaciones es el aflojamiento de las acusaciones sobre el programa nuclear a cambio de la aparente cancelación del proyecto de creación de la Bolsa Petrolera Iraní en la Isla de Kish - zona de libre comercio (ZLC) situada en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz - que venía siendo planeada por el anterior gobierno Ahmadineyad y contemplaba la apertura de un nuevo mercado de crudo con cotización en divisas diferentes al dólar (básicamente el euro y eventualmente también el yuan). Esto desactivaba el interés norteamericano de sostener las acusaciones sin pruebas de la causa AMIA como pretexto para una agresión contra Irán.

2. Este cambio de posición del gobierno Obama provoca una particular irritación en el “partido de la guerra” norteamericano-israelí, es decir, dentro de la línea política dura que tanto en Estados Unidos como en Israel propugna una “solución militar” de los problemas geopolíticos y financieros en el Mundo. Y varios de los actores de esta tesitura de confrontación y escalada de conflictos tienen puntos comunes y directos con la causa AMIA: caso Singer-ATFA, Ros-Lehtinen y “halcones” del PR, Lobby AIPAC y gobierno Netanyahu en Israel (en ríspida campaña electoral).

3. Tan delicado reacomodamiento de posiciones internacionales tiene una relación vinculante con la cuestión de las deudas como instrumento de dominio, esto es, con las relaciones entre tipos de cambio y tasas de interés que determinan las reglas de endeudamiento externo de países y empresas según jurisdicciones legales, ya que la competencia entre los mercados de dinero ha llegado hoy a niveles de corrupción y ferocidad nunca vistos en la historia del Mundo. Y dentro de este esquema es que le toca al gobierno CFK “volver al Mercado de Capitales”.

Este último punto tiene particular relevancia para la Argentina porque lo que está en juego aquí no es sólo la continuidad del endeudamiento ni la asunción de nuevas deudas sino el tipo de moneda y la o las plazas en que esas deudas van a ser recolocadas.

Como lo advirtiera en su momento la propia administración Obama a la Cámara de Apelaciones de Nueva York en los juicios de los FB contra la Argentina - con la presentación del Secretario del Tesoro Jack Lew a título de Amicus Curiae - lo que está en juego para los intereses financieros norteamericanos es la confiabilidad jurídica de la plaza de Nueva York como principal mercado de bonos de los Países Emergentes y las sentencias que, como el fallo Griesa, entorpecen las reestructuraciones de Deuda Soberana pueden poner en peligro la primacía de Wall Street frente a otros mercados, principalmente europeos y asiáticos.

Este problema tiene relación directa con la Argentina como caso testigo porque el giro de la presidenta - derivado de la crisis de los Holdouts - tiende a orientar el nuevo endeudamiento externo público del país hacia mercados de capitales fuera de los Estados Unidos: préstamos financieros (swap) y económicos (represas, obras públicas y comercio) de China (que a través del Estatuto de Hong Kong opera prevalentemente en el ámbito financiero mundial de la Banca de Inglaterra), versiones crecientes de colocación de nueva deuda externa argentina en Londres (obviamente con jurisdicción de los tribunales ingleses) y arbitrajes en la Corte Internacional de París, reclamos de los inversores europeos que entraron en el canje (holdin, con George Soros a la cabeza) contra el bloqueo de pagos dictado por el juez Griesa contra los giros del BoNY a Londres, etc.

Por ende, el gobierno K, en medio de la nueva crisis de Deuda derivada del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y frente a sus dificultades para volver al mercado mundial de capitales debido a la cuestión de los Holdouts, no sólo se encuentra metido hoy en un dilema de endeudamiento o no endeudamiento sino de dónde y en qué plaza o moneda endeudarse colocar nueva deuda.

Y es en este contexto interno e internacional que se produce la denuncia Nisman por el caso Irán-AMIA.

III. Denuncia Nisman

El sesgo trágico de la muerte del fiscal Nisman ha desplazado el foco de la atención acerca de su gravísima denuncia sin pruebas contra el gobierno K en el marco de la seria coyuntura internacional a la que se ha hecho referencia y, a la vez, en el contexto de la grave crisis de Deuda local que amenaza la estabilidad financiera y política de la administración K.

El efecto de una denuncia de este tipo, hecha en el comienzo de un año electoral y en momentos en que tanto FB externos como portavoces locales del establishment están presionando la retoma de la mediación Pollack con el argumento del vencimiento de la cláusula RUFO, pudiera ser catastrófico para el gobierno K, provocar una crisis política e incluso llevar a un adelantamiento de las elecciones.

Cualquiera sea el motivo de su presentación - jugada personal ante su posible remoción y/o maniobra inducida por terceros - lo cierto es que deviene imposible aceptar que Nisman actuara sólo dado las consecuencias políticas internas e internacionales de su actitud.

Para esas cosas nunca se actúa sólo: es forzoso o necesario aceptar que Nisman actuó o fue usado como golpe de ariete o punta de lanza de una maniobra cuyo alcance excede la idea de una impulsiva decisión personal.

Es por este motivo que el “caso o episodio Nisman” da lugar a las sospechas de un “complot o conspiración Nisman” (aclarando que la palabra “conspiración” significa “unirse contra un superior”).

El presente análisis, en este punto, no pretende indagar ni suponer cosas o sucesos - ello, como ya hemos dicho, excede totalmente la capacidad del autor y no constituye el objeto de esta nota - aunque sí identificar y dejar observados algunos puntos de los hechos hasta ahora conocidos que estén o pueden estar vinculados al cuadro de situación expuesto en los dos acápites anteriores.


a) La denuncia de Nisman

La esencia de la denuncia del fiscal contra el gobierno CFK por encubrimiento de la llamada Pista Iraní, dentro de la causa AMIA, es que el ME de Enero de 2013 se habría pactado para exculpar a los funcionarios involucrados a cambio de acuerdos comerciales entre los dos Estados.

La endeblez de una denuncia de este tipo, realizada sin pruebas sino sobre la base de escuchas telefónicas indirectas e ilegales quitaba - en principio - fundamento a su presentación y exponía a Nisman no sólo a papelones públicos sino a graves responsabilidades como funcionario del Estado.

Inmediatamente después de presentada tal denuncia, la misma fue desarticulada por desmentidas importantes:

- El canciller Timerman demostró que el gobierno no solicitó el retiro de las circulares rojas contra los funcionarios iraníes ante Interpol.

- El ex titular de dicho organismo, Robert Noble, ratificó lo dicho por el ministro argentino.

- El juez Canicoba Corral desautorizó las investigaciones que estaba realizando Nisman declarando que las mismas no habían sido ordenadas por él, que el fiscal se había extralimitado en sus interferencias telefónicas y que no le había informado sobre la maniobra no autorizada que estuvo llevando a cabo con su gente.

Esto último, junto con el hecho cierto que el fiscal - y parte de su equipo - habían estado espiando al propio gobierno descolocaba muy seriamente a Nisman, de quien ya se sabía probadamente su relación directa con el ex hombre fuerte de la SI Stiusso y de la coordinación de sus acciones al frente de la Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA) con el gobierno norteamericano a través de su embajada en Buenos Aires (por los cables de WikiLeaks).

Las actividades de Nisman, tanto en el país como en el exterior, sus vinculaciones personales directas con entidades judías locales comprometidas en la causa y con entes judíos del extranjero, sus contactos con personalidades directrices de la campaña anti-K en los Estados Unidos que están simultáneamente ligadas a intereses de los FB (como los casos citados de la legisladora Ros-Lehtinen y de los senadores Rubio y Menéndez) y sus viajes informativos ante los gobiernos de Estados Unidos e Israel eran públicos y notorios, respaldados incluso con promoción mediática.

Por ende, no cabe duda que el fiscal actuaba en un plano superior e independiente del gobierno nacional en relación a la causa AMIA, que coordinaba sus movimientos en relación con personas, entidades y/o autoridades que influían sobre el curso de la misma y que su denuncia contra la presidenta y sus colaboradores superiores tenía más carácter político que legal.

Frente a este nivel de contactos del encargado de la causa resulta burlesco hablar de “diplomacia paralela” para referirse a personas como D´Elia, Esteche o Khalil.

La explicación más plausible o coherente, en este caso, es que fuese Nisman quien realmente practicase o formase parte de una verdadera “diplomacia paralela”, mucho más importante y poderosa.

Y por lo menos esto fue así hasta que en Diciembre pasado el grupo Stiusso fue desplazado de la SI, aparentemente con el avance del general Milani y la Inteligencia del Ejército Argentino sobre el organismo de espionaje.

En ese momento, el tándem Stiusso-Nisman habría quedado cortado, la posición del fiscal devino gravemente debilitada y con ello afloraba el cuestionamiento por su actitud diversiva al haber mantenido a rajatabla durante los 10 años de su gestión una falsa “pista iraní” que se revelaba insostenible.

En este contexto, el previsible derrumbe de su denuncia contra la presidenta CFK, el riesgo cierto de su desacreditación personal y el probable fin de su carrera profesional y política pueden explicar una decisión de suicidio, aunque las circunstancias del mismo son extrañas: nadie vuelve abruptamente de vacaciones para presentar una sorpresiva denuncia judicial sin pruebas en plena feria de Enero y luego se mata.

Está dentro de la lógica sospechar que algún cambio muy importante se produjo poco antes de su muerte y que ello explicaría el suicidio (propio o inducido) de Nisman.

Sería un “clásico” de los casos de escándalo político que devienen bloqueados por “corte de cadena” con la muerte de su protagonista central o de un testigo clave, a quien la red a la cual pertenecía termina “soltándole la mano”, requiriéndole que ponga fin a su vida para evitar males mayores o directamente liquidándolo en forma sofisticada.

Pero eso corresponde más a lo conjetural que a los hechos conocidos a través de las investigaciones en curso.

b) La red Nisman

El fiscal Nisman no actuaba sólo: aparte de unos 40 funcionarios que se desempeñaban a sus órdenes en la UFI AMIA (personas en su mayoría altamente remuneradas) se investiga ahora qué otras personas y para qué tipo de funciones trabajaban bajo su mando (caso Lagomarsino o Rabinovich) e incluso con qué contactos externos se manejaba (como el caso Pachter, del Buenos Aires Herald, o el periodista Pérez Izquierdo, de Infobae, que recibían información confidencial suya que no ha sido revelada).

Pero la red de contactos que se da en estos casos es imposible armarla desde afuera de la investigación y no constituye tampoco el objeto de esta nota. Lo único cierto es que los colaboradores y los contactos de Nisman demuestran que su gente - o la red de personas de las que él formaba parte - excedían el rol y tareas específicas que le estaban asignadas y que formaban parte de una red de espionaje interno dentro del Estado.

Las irregularidades mayúsculas de la causa AMIA ya han sido claramente demostradas por el Dr. Labaké - en su libro y en sus entrevistas televisivas o radiales - por los numerosos trabajos del Ing. Petrosino al respecto y por otros investigadores que han analizado el caso, desde Lanata y Levinas hasta Llorens y Salbuchi, pasando por toda una lista de investigadores y periodistas que hurgaron al respecto.

El autor de este trabajo no entra aquí en el contenido de tales investigaciones sino que se limita a constatar las únicas conclusiones primarias y subyacentes que surgen probadamente de todo esto:

1. Desde el primer momento - lo mismo que en la voladura de la Embajada de Israel - la causa AMIA estuvo manipulada en la forma más escandalosa que se conozca, empezando por la falta de pruebas sobre la existencia de un coche-bomba y la inculpación de personas inocentes ante la justicia.

2. La falta de avance de las investigaciones se debe a la colusión o complicidad entre los gobiernos de turno - desde 1994 hasta la fecha - las principales entidades de la colectividad judía en la Argentina y la interferencia abierta de países (caso Estados Unidos e Israel) y organismos de inteligencia extranjeros en nuestro país (caso CIA y Mosad).

3. El fiscal Nisman era parte de este mecanismo de encubrimiento de la verdad, de desvío del eje de las investigaciones de la causa y del uso político de la misma.

La muerte del fiscal lo sustrajo a las aclaraciones del caso pero el hecho que el ex agente Stiusso no haya sido todavía citado a declarar en las averiguaciones en curso sobre la muerte de Nisman es una muy mala señal sobre este asunto.

c) Los contactos externos

A los actores externos que operan en común en torno a la causa AMIA ya nos hemos referido en el punto I. Aquí sólo cabe aportar algunos elementos complementarios a dichas conexiones.

Acusar al gobierno Kirchner de un entendimiento con Irán para encubrir el atentado a la AMIA constituye, prima facie, un despropósito.

Desde la apoyatura y buenas relaciones de la administración K con grupos importantes ligados a la colectividad judía en la Argentina - caso grupos Sielecki, Werthein, Elsztain o Esquenazi, por citar los más relevantes - hasta la presencia de ministros clave pertenecientes a esa confesión en el seno del gobierno - caso Timerman o Kicillof, y la propia rama materna de la presidenta - hacen impensable una complicidad por encubrimiento de este tipo al máximo nivel de la administración K.

En el plano internacional - y específicamente en los Estados Unidos - la proximidad a la presidenta de Susan Segal, titular del Consejo de las Américas (grupo Rockefeller) o de Jack Rosen (actual presidente del Congreso Judío Mundial), entre otros, producto de contactos tejidos por el canciller Timerman cuando era embajador en Washington, tampoco presagiarían un distanciamiento ni una ruptura con representantes de peso de dicha comunidad.

La denuncia de Nisman, tan falta de pruebas como irrealista, seguramente va a ser desestimada completamente también por esta falencia de percepción política.

Pero queda claro, en cambio, que existe una seria división interna dentro de la colectividad judía con respecto a la investigación y al uso de la causa AMIA; y esto tiene repercusiones locales e internacionales de importancia.

La obstinada campaña anti-K de los FB ha sido particularmente agresiva e identificable en los Estados Unidos y ha estado a cargo de actores comunes que se mueven tanto en la cuestión de los holdouts como en la causa AMIA: fundamentalmente la línea dura del PR y el lobby israelí-norteamericano (ámbitos donde se mueve, por igual, el grupo de presión vinculado a los intereses de Paul Singer.

La tarea, en este sentido, ha sido y sigue siendo común: Deuda Externa y causa AMIA.

- Por un lado, el hostigamiento constante para forzar un acuerdo con los FB que reviste, en la práctica, el carácter de una nueva reestructuración de la Deuda Externa Argentina y que sería manejada, una vez más, desde Nueva York.

- Por otro lado, la línea política dura o “partido de la guerra”, que busca reventar la situación en el Medio Oriente, agita la cizaña anti-islámica en el mundo y busca mantener la hegemonía financiera y militar del Imperio Norteamericano en el planeta y la posición de Israel en Medio Oriente.

Tampoco aquí hay certeza sobre si los sectores judíos actúan tan coordinadamente en el mundo: a los FB “malos” (como NML-Elliot de Paul Singer y Aurelius Capital de Mark Brodsky) se contraponen los FB “buenos” (como George Soros, Daniel Loeb o Robert Koenigsberger, del fondo Gramercy); y a los lobistas políticos “malos” (como Madeleine Albright-Korbel, Robert Shapiro, Robert Raben y Nancy Soderberg) se contrapondrían funcionarios del gobierno Obama aparentemente más equidistantes o realistas (como el secretario del Tesoro Jacob Lew, la Secretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos Roberta Jacobson y el nuevo embajador en la Argentina Noah Mamet).

La lista sería muy larga a este respecto y el balance de fuerzas obviamente no se conoce pero se trata de actores que están - todos ellos - directa o indirectamente involucrados, en mayor o menor medida, en los dos temas a la vez: tanto en la causa AMIA como en la cuestión de los holdouts, convertida hoy en la clave pendiente de una nueva reestructuración de Deuda Soberana que se da en un momento sumamente delicado de la situación internacional.

Y este punto es determinante, a su vez, para lo que acontezca en el corriente año político en la Argentina, porque la nueva administración de gobierno que asuma a fin del 2015 tendrá que tomar decisiones sobre estos dos grandes problemas de arrastre que el Kirchnerismo amenaza dejarle como herencia: el problema de una nueva deuda externa que no se sabe si va a ser contraída con el Mercado de Capitales del área dólar o de terceras monedas (euro, yuan) y el problema contaminado de la causa AMIA, que agrega ahora el misterio de la muerte de Nisman después de su denuncia.

En ambos casos no parece existir salida pacífica o sin daños de este atolladero: ni en el caso de una nueva reestructuración de Deuda ni en el de un replanteo de la causa AMIA, a la luz de la muerte de Nisman, lo que - en caso de no lograrse nuevas concesiones gubernamentales - podría derivar incluso al adelantamiento de las Elecciones de Octubre.

Pero los hechos dirán cómo evolucionan estas dos historias paralelas que, por el momento, tienen un final abierto.

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Bienes comunes y modelo productivo: Hidrofractura

NOSDIGITAL.com.ar - ACTA

Desde siempre, el Estado argentino pasa por encima de los mapuches. Ahora, lo hace con YPF y con Chevrón. “Nos dicen que va a haber ganancia, pero nunca la va a haber”, aseguran desde la resistencia de los pueblos originarios, que tienen que aguantar que les exploten pozos de petróleo en sus tierras. El agua sufre los principales daños.

Desde chico Lefxaru Nawel fue parte de la resistencia mapuche. Participaba, como participa, de marchas en las que la policía respondía a los reclamos con balas de goma o de plomo. Lo veía a diario en su barrio por otras cuestiones que parecían domésticas, pero que más tarde encontró como sistémicas. Su lucha, la del pueblo mapuche, se fue poniendo cuesta arriba. “La llegada de la hidro fractura es lo peor para nosotros. Nos decían con Repsol: ‘Va a haber ganancia, prosperidad, infraestructura’. Nunca hubo y la multinacional Chevron tampoco la va a traer”, adelanta.

Lef vive en la capital de Neuquén, provincia en la que la población mapuche está más concentrada. Trabaja en la casa de la comunidad, la Ruka, una propiedad cedida por la madre de una chica desaparecida durante la última dictadura por solidarizarse con pueblos originarios neuquinos.

“Nosotros somos de Xawunco (encuentro de los ríos), que abarca los departamentos de Confluencia y Añelo, donde hay 10 comunidades mapuches”, explica. Desde 2007, ahí enfrentó la llegada de Chevron, que en 2013 logró, junto con Panamerican Energy y Shell, el acuerdo parlamentario para permitir la hidro fractura en nivel intensivo.

Desde ahí, ve que a los mapuche los invisibiliza el gobierno (todos ellos, hasta ahora, pero haciendo hincapié en el Movimiento Popular Neuquino, que está a cargo de la provincia desde 1961, cuando el peronismo estaba proscripto y la familia Sapag comenzó a empoderarse) y el resto de la sociedad. “Hay un alto nivel de racismo, de discriminación y de represión por parte del Estado y todas sus instituciones: Educación, Poder Ejecutivo, Justicia. Es una política de Estado. Sistemáticamente se aplica así. Según el censo de 2010, somos el pueblo de mayor población. Somos un problema para sus negocios. Por eso justifican su violencia y ensañamiento”. Desde los micrófonos oficiales los tratan de violentos, de extranjeros, dicen que aprovechan la legislación para quedarse con tierras. Lefxaru tiene en claro que es porque su preexistencia y su forma de vivir son una traba para la extracción descontrolada de petróleo, que pone a la provincia en el podio de las más ricas.

Ahora los lugares donde hay pozos ya están contaminados, entonces la situación es de mayor gravedad. “El gobierno es totalmente permisivo. Permitió que las empresas saqueen, contaminen y destruyan. Jamás las persiguió para que reparen los daños que han ocasionado. Hubo casos de enfermedad, de muerte, de malformación, de cáncer, de contaminación probada en tierra, en agua y en aire”, expone.

En distintos juicios y pericias del gobierno federal en 2003 y en 2009, previo a la hidro fractura, dicen que la explotación del petróleo convencional contamina. El gobierno provincial siempre la negó. Desde que la provincia revierte las áreas de Repsol y se las entrega a YPF, empezó a decir que hay 500 focos de contaminación con costos de miles de millones de dólares. Eso hizo favorable la entrega a Repsol. “No solo que el gobierno no controla a la empresa ni garantiza la salud, sino que también permite que las empresas hagan lo que quieran con las vidas del pueblo mapuche”, insiste Lefxaru.

¡PUM! El 27 de noviembre de 2014 explotó una válvula en territorio de la comunidad Campo Maripe. Lef se comunicó con sus hermanos de ahí. Llegaba hasta 100 metros a la redonda, donde el pastoreo se volvió imposible.

No es el primer accidente. Es el noveno en cuatro años. En la computadora, Lef ve los archivos de los comunicados que sacaron a principios de septiembre, por la explosión del Pozo 843, que provocó un incendio en el Loma Campana, pleno territorio comunitario ocupado por YPF en sociedad con Chevron. Lee el comunicado de sus hermanos de Campo Maripe, después de otra explosión, la del 27 de septiembre:

“El sábado pasado, 27 de septiembre, a la medianoche, en la perforación 990 de la Empresa NABORS S.A. se registró otra explosión seguida de una pérdidas de petróleo y gas que por su presión regó a su alrededor y provoco un derrame que demoró horas detener. Así lo notificaron los habitantes de la comunidad, los Kona del Lof Campo Maripe, quienes documentaron este hecho. Según la comunidad hubo un saldo de 3 heridos, uno de ellos trasladado a Terapia Intensiva esto fue informado por los operarios, que solicitaron que el hecho fuese denunciado, ya que el sistema de trabajo es muy precario y de alto riesgo. El antecedente próximo fue el pasado 2 de septiembre cuando exploto el Pozo 843 que puso en riesgo a la comunidad del Lof Campo Maripe, la zona está sacudida por las detonaciones subterráneas de la hidrofractura pero esta vez exploto un pozo y el incendio que sucedió fue en el equipo 163 en Loma Campana (yacimiento que es operado por YPF en sociedad con Chevron) dentro del territorio comunitario. La explosión fue a metros de los corrales y lugares de hábitat de los comuneros, como consecuencia se produjo emanaciones de gases tóxicos sobre la comunidad y derrames de combustible en zonas de pastoreo de su ganado. Por episodios como estos, por las permanentes vibraciones del suelo, imperceptibles para los humanos según YPF, pero notorias para quienes viven ahí, las liebres criollas, avestruces, los pájaros en general, no están más. “Esto es más grave que la era previa a la hidrofractura”, le resumió Albino, Longko de la comunidad de Campo Maripe, a Inter Press Service.

Los pozos están en Neuquén por la formación geológica Vaca Muerta, que abarca dos tercios de la provincia. Hay 18 comunidades mapuces. Con distintos niveles de intensidad, hay concesiones de exploración y explotación en todo el territorio. En el área, denuncia Albino Campo, “van 160 pozos más o menos”. “Cuando lleguen a 500 pozos nosotros no tenemos lugar para tener animales, donde siempre tuvimos animales, donde siempre vivimos, y siempre fue nuestro y nos robaron lo que fue nuestro”, se queja.

Dicen que el fracking va a traer prosperidad económica, pero para Lefxaru, eso es una falacia. “La venimos denunciando. La realidad misma la ha desmentido. La época en la que llega Repsol, en las privatizaciones, Repsol era una empresa que venía en quiebra y se recuperó con Neuquén y Argentina. Se le dieron todos los beneficios posibles. Nunca invirtió en infraestructura, energía ni exploración. Todas las cuencas que estuvieron explotando todos estos años son las que exploró la YPF pública. A partir de todo eso lo que se hace es todo un saqueo, una explotación desmedida, sin control ni proyección por parte de las multinacionales, donde el Estado hace el rol solamente de recaudador de ínfimas regalías del 12 por ciento y en ocasiones hasta el 15, que no representan un beneficio para la población, salvo en lo inmediato para los que están directamente relacionados con la actividad: el 10 por ciento de la población de la provincia”, sintetiza. En la provincia, el 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre. El 57 por ciento de la población no tiene techo propio. Contra ese modelo pelea la Confederación Mapuche, porque para ellos implica perder territorio para ganado, para mantener su forma de vida, pero también, para no enfermarse y tener agua.

El agua que usa la hidro fractura es de salinidad escasa (dulce) porque si no los componentes químicos no cumplen su objetivo. Las empresas llevan 30 millones de litros de agua, pero no le dan a la comunidad, como indica la legislación. “Destruyeron todos los cursos de agua. Es una medida de presión. Cuando el gobierno viene a decir que nosotros somos violentos, se olvidan de esto que nos hacen. Hay una orden judicial del juzgado de familia de Zapala dice que el gobierno está obligada a llevarle agua a la comunidad. Pero no se cumple. ¿Sabés el calor que hace ahí en verano? Y el agua todos la necesitamos para vivir. Es un derecho humano. Hay lugares donde el agua sale naturalmente en aguadas y también sacan de pozos artesanales que hace la comunidad misma. Las napas antes estaban a 8 metros. Ahora, a 35. Para nosotros, la naturaleza, Waimapu (la tierra de arriba), todas las vidas naturales son una vida más. No somos solo los humanos, sino todas las vidas. Nuestro objetivo es el conocimiento de la naturaleza, que tiene un equilibrio que solo necesita que lo respetemos. Todo lo que nosotros no protejamos, lo van a destruir la voracidad de las multinacionales y la complicidad de los gobiernos. En el 2011 pusimos la posición No a la Hidro fractura. Vamos a discutir qué es lo que queremos”, advierte.

Lomas de Lata Norte, está en territorio de comunidades mapuche, pero afecta al Río Neuquén y Marimenuco, que van para la capital. Entre Cutral Co y Zapala está el primer pozo que se hizo en Neuquén. “Ahí se hizo una metodología que no se usa más: una pileta como una cancha de fútbol, deben ser como dos manzanas, dos hectáreas. No lo hacen más porque se ve horrible. Lo ves y decís ‘la puta madre, qué pasa acá’. Te impacta. A ellos (los mapuche de ahí) también los impactó. Eso no parecía un pozo normal. Decían que no iban a hacer un pozo más hasta que no supieran qué se estaba haciendo ahí. Frenaron los demás pozos y los reprimieron un montón de veces. Una compañera mapuche, Cristina Nincopal, fue la que inició esta lucha. Ella tenía problemas de salud por la contaminación. Creció en un lugar donde la industria está hace décadas. Murió en 2013, teniendo 30 años, porque sus pulmones ya estaban mal y eligió quedarse en la zona para resistir. Los síntomas coinciden con lo que detallan las pericias de la justicia federal en Marimenuko sobre la contaminación del aire, agua y tierra.

Toda esta información no está al acceso de la gente. Estamos enfrentándonos a las multinacionales. En 2013 vinieron comunidades de Ecuador que repudiaron a Chevron y nos contaron cómo funcionó allá. Cuando nos enteramos que se firmó el acuerdo, entramos al Trapear, el segundo yacimiento más importante del país, que hoy tiene Chevron. En ese yacimiento, las reservas de petróleo cayeron hasta el 40 por ciento desde que ellos lo tienen, porque lo estaban saqueando. Las reservas caen cuando no se explora. Saquearon las reservas que relevó el Estado con la YPF pública de antes del 94. No han invertido en explorar nuevos lugares. El petróleo convencional no está acabado, ellos lo han acabado. No han tampoco planteado una política ni a mediano ni a largo plazo de cómo hacer la transición del petróleo a otras energías.

Todo esto lo permitieron algunos jueces que ponen algunas leyes por sobre otras, como la sancionada el 29 de agosto de 2013, cuando se aprobó el pacto Chevron-YPF que continúa teniendo cláusulas secretas para todos. El objetivo de la Confederación Mapuche y de la Multisectorial No a la Hidrofractura ese día era manifestarse en la puerta de la legislatura. La policía se lo impidió y los empezó a agredir. Hubo más de 30 heridos de bala de goma y uno con una bala de plomo en el pulmón, en un lugar como Neuquén, donde murieron Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba por la represión. No hubo un muerto de casualidad. La represión duró ocho horas. “El gobierno piensa que nos vamos a cansar de pelear. Por los incidentes del sábado solo dicen que queremos plata o derechos superficiales. Nos abrieron causas judiciales. Es una situación de siempre acá. Ha habido más de 300 procesados mapuches. No nos va a intimidar eso”, deja en claro Lefxaru.

La cultura mapuche no hace dicotomías ni separa una cosa de la otra. Es interesante escuchar cómo une la cuestión del Estado, de su historia, su pensamiento, la estigmatización, la hidrofractura y las repercusiones en el resto de la sociedad neuquina: “En todas sus instituciones niega nuestra existencia misma. En la escuela, las teorías antropológicas e históricas niegan nuestra existencia como pueblo en Argentina. Nos deslegitiman o legitiman el genocidio contra nosotros. Nos quieren eliminar culturalmente. Si nosotros hemos estado acá es porque hemos resistido. Esa negación de la existencia a través de la educación genera todos los días miles de niños que van a repetir un discurso racista: los mapuche no existen. Hablan de los pueblos originarios en pasado. Posteriormente, nos niegan las personerías jurídicas, los títulos sobre la tierra, la propiedad del lugar, el avasallamiento continuo. Cada vez que alguien sale a decir algo es “violencia”, “terrorismo”, y toda una estigmatización del ser mapuche. Por eso nosotros el año nuevo, la vuelta al año, we tripanku, se ha abierto como celebración a toda la gente. Cayendo día de semana, laboral y a las ocho de la mañana un día de invierno, este año se juntaron más de 600 personas. Es algo muy positivo porque por fuera de todo lo que hizo el gobierno y el Estado, se generan lazos de cultura, de compartir la lucha y las calles. Eso es algo que nosotros vemos con mucha esperanza. En 2009 reclamábamos por esto solos. En 2012 había 6000 personas en la calle, al otro día 15 mil contra la hidrofractura. A ellos no los deja de asustar. Por algo también quieren amedrentarnos y sacarnos del lugar. Hay un montón de gente que está empezando a cambiar su forma de ver las cosas y ven que esto así como ellos lo plantean, es una democracia corrompida. Democracia no es solo la parte electoralista que a ellos le encanta y que tienen totalmente manejada. También es que cumplan con las leyes, que son la base y lo que contiene los derechos de los pueblos. Ellos no lo quieren aceptar. Niegan totalmente la existencia de las leyes favorables a nosotros. Su discurso es totalmente retrógrado y anacrónico porque se quedaron en la historia de hace 50 años. Hoy si ellos aplicaran la legislación, la cosa sería muy distinta acá. Si uno lo ve en perspectiva histórica, este proceso sí fue muy favorable para nosotros. Hace 130 años terminó la guerra, la invasión armada del Estado argentino contra el pueblo mapuche. La historia es muy reciente”.

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Derechos humanos. Cortiñas sobre Arruga: “Hace daño esta desidia”

Noelia Leiva (MARCHA.org.ar - ACTA)

A seis años de la desaparición del joven de Lomas del Mirador Luciano Arruga, Nora Cortiñas analiza la connivencia política que permitió la tortura y la ausencia: "El abandono del Estado”, ese selectivo brazo de la represión y la pobreza.

Un día como hoy pero de 2009, un pibe más desaparecía en el Conurbano bonaerense. Su nombre fue una excepción: no quedó en el silencio de la impunidad como tantos otros. Pero el desenlace fue del montón, porque estuvo teñido de la violencia institucional que es sinónimo de Policía, de la condena que la pobreza hace recaer sobre la cabeza de los chicos. A seis años de la desaparición de Luciano Arruga, Nora Morales de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza Línea Fundadora, lo recuerda en esta entrevista y repasa el contexto político en el que se da este asesinato que quiso disfrazarse de “accidente”.

“Luciano hubiera estado hoy con vida si no hubiera esta indiferencia del Estado en los casos donde interviene la Policía”, definió, tajante, la psicóloga social y militante histórica por la verdad y la justicia. La connivencia, según consideró, hizo posible la tortura y la desaparición hasta que una tarde de octubre de 2014 su cuerpo se hallara sepultado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Para Cortiñas, una figura lo resume: el gigante del “abandono” estatal.

-A seis años de la desaparición de Luciano, ¿qué es en lo primero que piensa cuando se hace referencia a él?

- Se me viene a la memoria todos los días el abandono de parte del Estado, porque de este drama como de otros no se ocuparon ni los jueces ni los fiscales ni los abogados estatales. Después nos enteramos que lo abandonaron también los médicos y las instituciones de salud hasta último momento, después de haber sido torturado. Luciano hubiera estado hoy con vida si no hubiera esta indiferencia del Estado en los casos donde interviene la Policía. Comparto este gran dolor porque mi hijo va a ser 38 años que desapareció. El 10 (de diciembre) hice el que creo que va a ser el último hábeas corpus de los centenares que presenté. Veo cómo regatean el camino a la verdad en todos los casos, en el de mi familia como en el de Luciano. Este chico no merecía esta muerte, como ningún pibe que es llevado para robar, extorsionado y el día que se resiste tiene este final.

-¿Cuáles son los engranajes sociales que permiten esta impunidad?

- No hay control de lo que realiza la Policía, no hay seguimiento. No hay una institución formal y seria que se ocupe investigar la desaparición de una persona. Hay juicios del genocidio durante el terrorismo de Estado pero no hay una estructura para que una desaparición no resulte en tortura y en muerte. En 30 años de democracia se hubiera podido realizar. El caso de Julio López es clave. Y después aparece en los medios barbaridad, como (el secretario de la Presidencia de la Nación) Aníbal Fernández que dijo que seguramente (el testigo en la causa contra Miguel Etchecolatz) estaba con su tía. No vemos que se tome conciencia de que la vida humana es el primer valor.

-¿Hace falta una mayor participación de colectivos sociales en las decisiones del Gobierno en materia de derechos humanos?

- La responsabilidad principal la tiene el Estado. Los organismos hacemos las denuncias, las presentaciones de hábeas corpus y un seguimiento permanente. En el caso de Luciano fue claro el acompañamiento, pero no vale en el sentido de que el poder lo tiene el Estado y es una falta muy grave porque hubo más de 3 mil desapariciones de personas en gobiernos constitucionales pero no logramos que cada persona denunciada como desaparecida se busque. Acá siempre se supo quiénes podían ser los responsables, esperamos que los funcionarios despierten. La madre de Luciano fue a preguntar al hospital (Francisco Santojanni) y le negaron que estaba ahí. Primero le negaron donde estaba cautivo y luego en el hospital. Hace daño esta desidia.

-¿Los cambios que propuso la presidenta Cristina Fernández serán de utilidad para evitar o esclarecer este tipo de casos?

- Esto tiene que ser tratado de una manera muy seria. Lo que propone la Presidenta es lo mismo que funciona hoy pero con distinto nombre porque hace falta una reestructuración de los servicios de inteligencia. Y si más adelante se llegara a aprobar por decreto sería inaceptable. Hay que preguntarle al pueblo lo que quiere. Si no inspira toda la confianza que el pueblo tiene que sentir, se debe tener en cuenta. Una consulta popular permite el diálogo y las opiniones.

-En un año electoral, ¿qué le diría a quienes aspiran a la Presidencia en materia de derechos humanos?

- Que hay que hacer todos los esfuerzos para que el Estado se haga responsable del cuidado de la población. Los organismos de derechos humanos tienen que ser independientes, para que sigan realizando presentaciones y pueda haber diálogo. Se tiene que cuidar a los jóvenes, a los Cromañón, los Kevins. Los funcionarios se arreglan con empresarios y en el medio está la vida de los jóvenes. Son cosas que se pueden solucionar si se le da el debido seguimiento a los organismos del Estado para saber cómo actúan. Lo de Cromañón se pudo haber evitado. La muerte es lo peor que nos puede pasar. Hay que defender la vida de la población con toda la fuerza y la honestidad.

-Usted participó de actividades contra los agrotóxicos y en defensa de la comunidad Qom. ¿Esas son otras instancias donde defender la vida?

- Es que aún una parte de la población no es indiferente. El pueblo nuestro está en todos lados donde se denuncian injusticias y errores muy grandes. Acá no se puede afectar el diálogo directo con el pueblo, le tiene que prestar atención el gobierno de turno. Esperemos que con lo que le pasó a Luciano Arruga haya un seguimiento para castigar a los responsables de las grandes tragedias.

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Lo mató la policía

Claudia Rafael y Silvana Melo (APE)

Los pasos murgueros empezaban a resonar sobre el asfalto abrasador mientras las llamas devoraban al patrullero armado para la ocasión y derruían las letras que remitían a policías y candidatos. Todavía se escuchaba el eco de la voz de Vanesa Orieta diciendo “hasta ahí lo llevaron, ahí determinaron el final de su vida”. Estaba a escasos metros del último sitio en el que, descalzo, aterrorizado, con ropas que no eran las suyas, Luciano Arruga peleó por su vida trepando como podía el terraplén empinado que separa la colectora de la General Paz. Eran las tres y media de la mañana y a escasa distancia -declararía un motoquero después del hallazgo del cuerpo, como NN, en el cementerio de la Chacarita- un patrullero de la Bonaerense permanecía, del lado provincia, con las luces apagadas.

Las palabras de Vanesa Orieta tenían la fuerza de un mazazo. Ese mismo terraplén cobijó, en el acto por los seis años desde la desaparición, a tantos otros desaparecidos. Se percibían, como íconos potentes, las figuras de Kiki Lezcano, Darío y Maxi, Iván Torres, Daniel Solano, Marita Verón, Carlos Painevil, Facundo Rivera Alegre, Walter Franco Zárate, Ezequiel Demonty; los muertos de Once y las eternamente jóvenes víctimas de Cromañón; los más de 200 desaparecidos y 4300 pibes asesinados e invisibilizados en democracia; los 30.000 desaparecidos que -decía Nora Cortiñas, con la imagen de su hijo Gustavo sobre el pecho- “están acá porque nosotras los traemos y los reivindicamos, y adentro sentimos que nos dicen 'seguí, mamá, seguí'”.

La enorme pancarta con el rostro y el nombre de Jorge Julio López unía en un hilo perfecto los dos tiempos. Los días del estado terrorista durante la dictadura y la oscuridad de un presente institucional que persiste, desde ciertos brazos armados, en perversas continuidades.

El nombre de Luciano quedó estampado sobre muros y calles en Lomas del Mirador: “A Luciano lo mató la policía. Lo desapareció el Estado”. Y, como mojones imborrables, hay marcas que subsistirán al tiempo. “Durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención y tortura conocido como Sheraton o Embudo. En el organigrama de la represión dependía del primer cuerpo de Ejército a través del grupo de artillería de Ciudadela. En democracia la represión continúa con detenciones ilegales, hacinamiento, torturas y fusilamientos por gatillo fácil. De esta comisaría depende el destacamento que mató a Luciano Arruga el 31 de enero de 2009”, quedó señalizada la comisaría 8°.

“Los años anteriores he dicho muchas cosas. Hoy no tengo nada para decir. No tengo palabras. Sepan disculparme (…) Quizá muy adentro mío esperaba otra cosa, pero lo encontré”, balbuceó Mónica Alegre, la mamá de Luciano, la misma sobre la que Vanesa dijo el día de la conferencia de prensa que anunció el hallazgo del cuerpo que “esa mujer que ustedes ven ahí esperaba todavía encontrarlo con vida”.

Angélica, hermana de ruta de Mónica, mamá de Kiki Lezcano, asesinado hace casi seis años en Villa 20 de Lugano, hizo tronar su voz desde el barro con un pañuelo blanco sobre su cabeza: “Luciano es de todos. A Kiki le pasó lo mismo. Tenía 17 años. Dos meses y medio estuvo desaparecido y lo encontramos enterrado en la Chacarita como NN. Me hicieron despedir un cajón. Yo lo vi el 8 de julio y el 14 de setiembre ya no lo pude ver. Estaba totalmente sola y empecé a buscar. Un día Mónica se acerca con el cartel de Luciano y me dice “ya van a aparecer mi negrito y tu negrito”. Cómo no venir ahora, a seis años. Cómo no decir Luciano, presente, ahora y siempre. Esto es lo que me pasó, esto es lo que me fortaleció. Jamás van a lograr que dejemos de gritar el nombre de nuestros hijos”.

El largo camino recorrido desde aquel 31 de enero de 2009 permitió instalar el nombre de un pibe de los márgenes como símbolo de la violencia institucional en tiempos de democracia. Y sortear infinitos murallones: “En el marco del encubrimiento judicial, se instalaron en nuestras casas, intervinieron nuestros teléfonos y quisieron disuadirnos de sostener nuestra denuncia. Buscaban hacernos creer que se trataba de un asunto de drogas, que se había ido con su padre o con una novia, que ya iba a volver. Pero fue la policía y nosotros vamos a ir hasta el final”, leyó el grupo de Familiares y amigos de Luciano, junto a Nilda Eloy, compañera de militancia de Jorge Julio López.

“Pudimos ver cómo, antes de pericias fundamentales, que por llegar tarde no arrojaron resultados contundentes, blanqueaban con lavandina las paredes del destacamento e incluso cambiaban el tapizado de los móviles. Pudimos ver cómo se prendía fuego la comisaría 8º por un supuesto “motín” en el que murieron cinco presos por estar hacinados más de quince en una celda para nueve”.

Y Luciano fue quien parió a Mónica, su mamá, para la lucha. En un camino en el que -dijo Pablo Pimentel, referente clave de la APDH La Matanza- “Mónica, desde la pobreza se puso de pie. Vanesa, pasó de ser esa estudiante de sociología a un ícono social que socializó a su hermano en una cantidad de Lucianos”.

Los brazos que abrazan a Luciano encontraron ramificaciones múltiples. “Somos parte de esta familia. Por eso denunciamos la gran infamia de los tres poderes del Estado como responsables de lo que le pasó a Luciano. Es muy bueno que haya memoria sobre el pasado pero queremos que haya justicia ahora”, dijo Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Hacia ella y hacia Elia Espen, otra de las Madres de la Plaza, miraba Vanesa Orieta cuando decía “son esos adultos que constituyen nuestro ejemplo. En una sociedad que mira a los adultos como si ya no sirvieran más”.

Luciano cumpliría 23 años el último día de este febrero que recién inicia sus pasos. El falso patrullero armado artesanalmente se iba desarmando en medio del fuego tenaz sobre la misma colectora por la que Luciano era obligado a correr hacia la muerte segura. En brazos de su abuelo, el pequeño nieto de Pablo Pimentel preguntaba “¿por qué?”. “Es que a Luciano, lo mató la policía”.

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Insoportablemente muerto: ¿A Ismael Sosa lo mató la policía?

Julia Muriel Dominzain (COSECHA ROJA)


Foto: Ismael Sosa

- Por el mismo camino que viniste, te vas.

Así le respondieron en la comisaría a Victoria, la novia de Ismael Sosa, cuando fue a denunciar que no lo encontraba por ningún lado. El joven tenía 24 años y vivía en Merlo, Provincia de Buenos Aires. El sábado 24 de enero viajaron juntos al recital de La Renga en Villa Rumipal (Córdoba) y se perdieron mientras hacían la cola. Cinco días más tarde apareció el cuerpo flotando en el embalse de Río Tercero, a 500 metros de la costa. La familia sospecha de la policía: ¿otro Walter Bulacio? “Sabemos que él no se tiró al agua, hay muchos testigos”, dijo a Cosecha Roja Lucía, la hermana.

“Creemos que no pasó el primer control policial de ingreso, que ahí fue golpeado y que luego transitó solo, pidió ayuda en un par de lugares manifestando que le habían pegado. Después no se sabe nada más”, dijo a Cosecha Roja Juan Borghi, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Tercero que defiende a la familia. Esa es la hipótesis de la defensa pero la etapa de investigación, a cargo del fiscal Alejandro Carballo, recién comienza.

El cuerpo apareció en un estado avanzado de descomposición el lunes. Estaba en al agua, a 500 metros de la costa del Club Náutico Caza y Pesca de Hernando. La autopsia se postergó porque la querella pidió poner un perito de control pero será clave saber si presenta signos de violencia, si murió ahogado o lo tiraron al agua muerto y cuánto tiempo pasó desde que falleció. Borghi espera que la pericia se haga esta semana.

***

Ismael es el quinto de ocho hermanos y tenía siete sobrinos. Era fanático de La Renga y viajaba a todas partes donde tocaran. También le gustaba La 25, Viejas Locas y Barrios Bajos. Además de trabajar en una bicicletería, ayudaba a Nancy -su mamá- en un pequeño kiosco de golosinas que abrió hace poco, en el barrio Libertad.LaRenga

El recital de La Renga en Villa Rumipal comenzaba a las 21. Desde temprano llegaron los fanáticos en autos, micros y a pie. La policía había cortado la circulación: a tres cuadras a la redonda del predio ya había controles de seguridad. “Había un ambiente muy tenso y con una presencia policial que nunca había visto”, dijo a Cosecha Roja Marina Losada, integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

Ismael y su novia habían comprado un paquete de ida y vuelta en colectivo. El joven dejó en el asiento la mochila, el celular y los anteojos, agarró el documento y la billetera y fue a hacer la cola. Pero Victoria lo perdió entre la multitud y lo buscó por todos lados. Incluso le pidió a un desconocido que la llevara en moto a comisarías y hospitales.

Ismael Sosa

Durante cinco días la familia lo siguió buscando y publicó en las redes sociales la foto. Recibieron muchos testimonios: “Todos coinciden: dicen que la policía le pegó a mucha gente. Incluso alguien nos contó que vio cómo le pateaban la cabeza y lo subían a un patrullero”, dijo la hermana. Nancy, la mamá posteó en el muro de Facebook: “Tenemos testigos y gente que va a declarar de todos los puntos del país, que vieron cómo actuó la policía con la gente que fue al recital: no nos van a callar”. El abogado dijo que propondrán al fiscal los testimonios que consideren relevantes.

Al principio la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Heredia Hidalgo -por la feria judicial-. Antes de irse, dispuso el secreto de sumario y allanó la comisaría de Villa Rumipal, responsable del operativo en el recital.

En Córdoba la policía tiene una profunda crisis política y el Código de Faltas es el comodín que le permite detener gente sin motivo. “Eso les da impunidad: por el sólo hecho de estar merodeando te pueden llevar. Nosotros pedimos que se modifique la norma porque los pibes de clases populares pierden trabajos y oportunidades”, dijo Losada. La historia se repite: en 2014 hubo al menos 8 casos de gatillo fácil

Hoy amigos, familiares e integrantes de la Campaña Contra la Violencia Institucional marcharon en Buenos Aires (Obelisco) y Córdoba (Patio Olmos) para exigir que se sepa qué pasó. Y Nancy escribió en el muro: “Aquí estoy, destrozada, llena de dolor, pero de pie para luchar de fiera a bestia a mi hijo Ismael. Me alcanza y me sobra valentía y fuerza para entrar en la jungla, no sólo por mi hijo sino por todos esos ismaeles a los que la policía quiere silenciar”.

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Masacre de la Cárcova: 4 años y 3 deudas de la Justicia

COSECHA ROJA

Franco Almirón (16), Mauricio Gabriel Ramos (17) y Joaquín Romero (19) habían salido del barrio en bicicleta hacia el predio del CEAMSE en José León Suárez. Buscaban desechos para vender, como muchas familias que viven en la zona. En el camino vieron un tren de carga que acababa de descarrilar lleno de alimentos y autopartes. Alrededor de los vagones se habían juntado los vecinos y los tres jóvenes se acercaron. Personal del ferrocarril llamó a la policía y la visita terminó en represión: Franco y Mauricio murieron por los balazos de plomo y Joaquín terminó con heridas en la espalda, el pecho y el tórax. Sólo él sobrevivió y fue testigo clave durante el juicio en el que condenaron al oficial Gustavo Vega a 7 años y absolvieron al agente Gustavo Sebastián Rey. Mañana, a cuatro años de la Masacre de La Cárcova, los familiares y las organizaciones marcharán a los tribunales de San Martín para exigir justicia.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay tres deudas pendientes: la baja pena de Vega, la absolución de Rey y la investigación de los mandos superiores. Cuando el Tribunal Oral Criminal N°2 de San Martín condenó a Vega no tuvo en cuenta el agravante pedido por la fiscalía -“abuso de funcionario policial”- y sólo lo condenó por tentativa de homicidio a Joaquín. “Nosotros creemos que la justicia debe reconocer el abuso de funciones del policía”, dijo a Cosecha Roja Ignacio Bollier, miembro del equipo de Violencia Institucional del CELS que patrocina a la familia.

El oficial Rey fue absuelto por los jueces gracias al “beneficio de la duda”: consideraron que no estaba probado que fuera el autor de los homicidios de Ramos y Almirón. “Creemos que es arbitraria la decisión por el reconocimiento de los testigos y los resultados de las pericias balísticas que identifican la zona de Rey como aquella de la cual salieron los disparos. Pedimos a la cámara de casación que revoque la absolución”, dijo Bollier.

En mayo el CELS apeló la sentencia y pidió que avance la investigación de los mandos superiores de la Bonaerense, que todavía está en la fiscalía de Instrucción de San Martín. “Estaban en la zona y debieron haber garantizado que no haya muertos”, explicó el abogado.

Mañana los familiares y amigos se movilizarán bajo la consigna “La policía dispara, la justicia también. Mauricio y Franco presentes. Ni un pibe menos”. Se concentrarán frente a los tribunales de San Martín, Ricardo Balbín 1753 (A las 10) y en la esquina de Calle Central y 2 de abril, Cárcova (A las 17).

***

El 3 de febrero de 2011, cuando el tren descarriló, el personal de la ex línea Mitre llamó a la policía. Enseguida llegaron al lugar tres móviles de la comisaría 4ª y refuerzos de la 2ª, la 8ª y la 9ª de San Martín, y de la Bonaerense. Al principio la versión policial decía que los vecinos habían provocado que el ferrocarril se saliera de las vías, que estaban armados y que generaban disturbios. Después quedó demostrado que el accidente fue por el mal mantenimiento de las vías y que los habitantes del barrio se acercaron para juntar lo que se había caído de los vagones.

Con los resultados de la autopsia se confirmó la represión: los agentes dispararon proyectiles de goma, municiones de plomo y gases. Ningún policía resultó herido. Franco, en cambio, tenía siete balazos de una escopeta Mossberg 12/70 en la cabeza, la mano derecha, el antebrazo, el bíceps, la cadera y los pulmones. Murió en la salita de primeros auxilios, antes de llegar al hospital Belgrano. Mauricio falleció horas después.

En el juicio los policías dijeron que no se acordaban qué había pasado ese día. Rey lloró durante los alegatos. Vega declaró que cargó el arma sin mirar de qué munición se trataba y que no se dio cuenta de la diferencia de peso entre las balas de goma y las de plomo. Los jueces lo condenaron a siete años de prisión por el intento de homicidio a Romero, que estuvo en terapia intensiva en el Hospital Thompson. Joaquín sobrevivió para contarlo. Reconoció a Vega, recordó cómo lo vio salir “de entre los pastos”, cómo le apuntó desde unos 15 metros. Para Rey, acusado de matar a Franco y Mauricio, el fiscal pidió perpetua pero los jueces lo absolvieron.

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Pueblos originarios: El exterminio silencioso

Federico Paterno (NOTICIASANCAP - ACTA)

La muerte en el norte argentino volvió a pegar fuerte. Néstor Femenia de 7 años y Marcos Solís de casi 2 años, tenían toda la vida por delante. Ambos murieron.

Los factores se repiten: hambre, desamparo ante los pedidos de ayuda y falta de presencia por parte del Estado. Un dato no menor es que Néstor era de la comunidad QOM de la provincia de Chaco y Marcos era de la comunidad Wichi de Salta. Los pueblos originarios continúan con la historia de los “Casos aislados”.

Néstor Femenia tenía solo 7 años cuando dijo basta a causa de la tuberculosis que padecía. ¿Quién o quiénes son los responsables por la muerte de un pequeño que muere de hambre? El municipio del Valle de Río Bermejito era el lugar donde él vivía con su familia. El lote 39 era su casa. Néstor no pudo ser atendido por el médico del Hospital de Villa Río Bermejito, sino por el médico indígena de su comunidad. Las causas de esto, la ausencia de recursos. Al agudizarse su enfermedad, su familia logró que sea atendido en Villa Río Bermejito por la doctora Miriam Benítez, que propuso la derivación de Néstor a un centro de mayor complejidad. Ante la negativa del Hospital, la posición tomada por Benítez, fue hacer cargo a los padres de la decisión que se tome con Néstor. Finalmente, hubo un abandono hacia la familia Femenia, porque la doctora no se hizo responsable respecto de lo que estaba pasando, no actuó en consecuencia y Néstor murió.

Se argumentó por parte del Hospital que los padres de Néstor no enfocaron de manera gradual el tratamiento para su enfermedad. ¿La culpa es de los padres?

En mayo del 2014, los pobladores de Villa Rio Bermejito, habían solicitado al Ministro de Salud de Chaco, Antonio Morante, una reunión urgente tras las escasas -casi nulas- medidas de prevención sanitarias que veían en la población de la zona. La solución a la falta de medicamentos e insumos básicos en la localidad no fue saldada, pese a las promesas de siempre. El resultado, la muerte de Néstor.

Ana Gabriela Ocampo era auxiliar de enfermería del Hospital de Villa Río Bermejito. Su área se encargaba de tratar a los pacientes con tuberculosis y mal de Chagas. Ante las reiteradas peticiones de Ocampo para que se provea al Hospital de medicamentos, para palear estas enfermedades de gran delicadeza, la respuesta de sus autoridades fue el despido. Según informó el Centro Mandela de la provincia de Chaco, la explicación que dieron fue “era muy insistente en el tema”.

Hasta acá el análisis que se puede hacer sobre las responsabilidades de la muerte de Néstor de 7 años de edad están bastante claras. De ahora en más ¿cuáles van a ser las respuestas para los pobladores de Villa Río Bermejito?, ¿cuáles serán las prioridades de las autoridades sanitarias? No olvidemos que Jorge Capitanich gobernó la provincia de Chaco por dos periodos consecutivos (2007-2011 y 2011-2013) y fue él quien declaró que este “era un caso aislado”. Un funcionario de la nación, hoy Jefe de Gabinete de la presidencia. Alguien que tiene muy presente los problemas sanitarios y económicos que viven las comunidades originarias de su provincia. Una vez más, miró hacia otro lado.

El segundo caso es el de Marcos Solís, quien el 1 de Marzo debería cumplir dos años. Era de una comunidad originaria Wichi, Morillo, provincia de Salta. La causa de su muerte fue “desnutrición severa”. El Hospital donde estuvo por última vez fue San Vicente de Paul en Orán (Salta). Al poco tiempo de ser ingresado, sufrió un paro cardiorrespiratorio. En el mismo lugar, actualmente hay seis casos más de niños internados por desnutrición.

Morillo actualmente tiene 9 mil habitantes y los médicos que trabajan en el hospital son tres.

Doce kilos debía ser el peso de Marcos a su edad, sin embargo, era de ocho kilos. En declaración al diario salteño “El Tribuno” la periodista de esa provincia, Silvana Brezina, afirmó: “según fuentes que no puedo revelar, porque las echarían, ahora no les permiten a los médicos poner en el certificado de defunción la palabra desnutrición. A cambio tiene que decir distrofia”.

Recordemos que en octubre del año pasado se registró la muerte de Liliana Sarmiento. Tenía un año y cuatro meses de edad. La información había llegado en su momento de la mano del obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, a través de un escrito que hizo público. La atención sanitaria sigue siendo la gran falencia para las comunidades originarias. Una espera que ya se cobró tres vidas de pequeños que ya no son “casos aislados”, como supo afirmar Jorge Capitanich hace pocos días en conferencia de prensa.

En consecuencia, los casos más recientes de Marcos y Néstor sumado al de Liliana del año pasado sumado a las funciones que debe tener el Estado provincial y nacional para con las comunidades originarias, dan como resultado la ausencia total y no se visibilizan aún vientos de cambio.

Los casos de Chagas, Tuberculosis y “desnutrición severa” se siguen repitiendo. La respuesta sanitaria no aparece. Los integrantes de las comunidades originarias no son bien recibidos en los hospitales. El denominador común que sigue latente es la pobreza. La pregunta que tantos de ellos como nosotros (Ancap) nos hacemos es ¿hasta cuándo?

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