miércoles, 4 de febrero de 2015

Entrevista a Guillermo Almeyra: Syriza solamente va a poder cumplir su programa si hay una fuerte presión del movimiento social

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

M.H.: Uno de los temas que abordamos en nuestra última comunicación fueron las elecciones en Grecia, ya tenemos los resultados y dentro de lo que analizábamos, el triunfo de Syriza y la necesidad de una alianza con otra fuerza política para poder formar gobierno, aunque a mi juicio sorprendente el acuerdo con el Partido Conservador Anel. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Syriza a esta alianza con un partido nacionalista conservador, y qué evaluación hace de su triunfo?

G.A.: En primer lugar hay que pensar que hubo un 35% de abstenciones, o sea que Syriza en vez de tener el 36% de los sufragios totales, tiene el 36% de los que votaron, o sea el 22%. Entonces tiene una fuerza real, pero esa fuerza es un quinto de los griegos y tiene que hacer frente a la ofensiva de la Troika y todo el capital financiero internacional. No puede evitar una fuerte dosis de realismo, una alianza lógica hubiera sido con el Partido Comunista de Grecia, que tiene 15 diputados, pero era imposible porque se rechazaban, además en muchas cosas para ellos su principal enemigo es Syriza, sobre todo porque temían su desarrollo en el movimiento sindical.
Entonces, es un mal muy menor el tener que apoyarse en este partido conservador, con el cual lo único que hay en común es el rechazo de la política de la Troika, pero que no van a hacer mucho problema sobre el programa inmediato de Syriza porque es un programa elemental, absolutamente necesario y popular, entonces no lo van a tocar ni van a protestar contra eso.
Aparece como una política pragmática, no principista, a los puristas eso les molesta, pero es la única forma de sobrevivir en estos momentos, afirmarse como gobierno y empezar a tomar algunas medidas y de tener un respaldo frente a la Unión Europea. El problema es que incluso el programa limitado de Syriza, esencial, elemental, correcto en temas laborales, en evitar la expropiación de la vivienda a quienes no pueden pagar, ese programa solamente lo va a poder cumplir si hay una fuerte presión del movimiento social griego, Syriza no puede gobernar sin esto.
Ha resuelto el problema del gobierno pero su única fuerza sería una movilización popular porque tiene el apoyo del 22% de los griegos, tiene que convencer a otros, conquistar, neutralizar y tener fuerza social para llevar adelante las cosas. No se puede pretender que logre grandes cambios en Grecia rápidamente porque es imposible. Grecia está destruida, tiene un 50% de desocupación juvenil, un 30% de desocupación total, no puede importar una serie de alimentos, entonces va a tener que hacer una política por fuerza limitada.
Es importante que Syriza triunfe porque aunque representa a un país que representa solamente el 2% de la economía de la Unión Europea, si esto se extiende a España y Podemos, con una política también muy limitada, gana en la cuarta potencia de la Unión Europea, ahí empiezan a cambiar las cosas y eso arrastra también a Portugal.
Entonces hay que apoyar a Syriza por la importancia del proceso, pero no hay que ilusionarse ni sobre Tsipras ni sobre Syriza, porque todo depende de la movilización del pueblo griego.

M.H.: Llama la atención que esta formación política gana las elecciones en el momento de menor movilización social en Grecia.

G.A.: Exactamente, porque la gente ya no espera tanto, porque de las diez huelgas generales que hizo, no consiguió nada. Entonces empezó a esperar a ganar las cosas a través de las urnas, ahora las ganó, pero las cosas se resuelven en la calle, las urnas son simplemente un termómetro del descontento social nada más. Lo importante es que ese descontento social se organice y movilice con objetivos.

El boicot a las elecciones en México es generar movilización y discutir alternativas

M.H.: Hablando de elecciones, he visto que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México, llaman a un boicot electoral en las elecciones de junio en ese país. ¿Qué consideración le merece esta posición?

G.A.: A diferencia de lo que planteaba el zapatismo en las últimas dos elecciones, que proponía la abstención, favoreciendo al gobierno, tanto es así que Calderón salió presidente con 100.000 votos de diferencia, porque la abstención es una política pasiva que mantiene en el gobierno a quien ya está en él y lo confirma, el boicot a las elecciones es una política activa, porque significa salir a las calles, significa impedir la apertura de las urnas, hacer grandes movilizaciones, oponer otro tipo de elecciones, en las municipalidades, en las comunidades, porque no es que se oponen a las elecciones, se oponen a estas elecciones de los partidos que han sido cómplices del desastre. Me parece positivo y creo que hay que apoyarlo, principalmente en Guerrero porque hay una posibilidad de ofrecer una alternativa superior. La abstención no modifica nada, ni el clima ni la situación, el boicot en cambio es generar movilización y discutir alternativas.

M.H.: Al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los estudiantes asistimos a una gran marcha en México y en más de 50 ciudades del mundo. Paralelamente, he leído que el Procurador General, Murillo Karam, declaró que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula. ¿En qué se basa esta afirmación?

G.A.: En nada, es imposible, científicos de la UNAM han comprobado que para hacer desaparecer los huesos se necesita un horno a 3600 grados, ni poniendo una montaña de llantas y maderas conseguirían llegar a esa temperatura, tendrían que haber quedado los huesos. Es una mentira, simplemente insostenible desde el punto de vista científico y apuntada a desmoralizar tanto a los parientes como al pueblo de Guerrero, parar con las movilizaciones y ocultar el caso, como se hizo en otros casos de asesinatos masivos en México, el caso de Tlatelolco, también la masacre de 1976 con cientos de asesinados. Quieren hacer pasar esto como una cosa ya resuelta, esa es una nueva infamia de un gobierno asesino y responsable de esta crisis.

M.H.: Respecto del tema de los hornos, los familiares han remarcado la posible participación del Ejército, de que hubieran sido incinerados en hornos del Ejército y por eso intentaron ingresar a varios cuarteles y fueron rechazados.

G.A.: Sí, el Ejército tiene hornos. Primero negó tenerlos, pero hacía publicidad para crematorios particulares, entonces, tiene hornos crematorios, se descubrió eso por boca del propio Ejército. Están ocultando la verdad, también están ocultando que intervinieron en los secuestros y asesinatos, hay testigos, la declaración de Murillo que pone al Ejército fuera de la cuestión, trata de limpiarle la cara a un Ejército que tiene sobre sí miles de muertos y ha participado en diversas campañas de asesinatos, por empezar la de 1976, pero también en Tlatelolco en 1970. Es una costumbre de los gobiernos mexicanos resolver las cosas a los tiros, total los que mueren son campesinos o trabajadores, gente que para ellos no tienen el menor costo.

M.H.: Esa parecería ser también la política del gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, que creo es un ex rector de la Universidad de Guerrero.

G.A.: Ese es un traidor, fue alumno mío y era de izquierda. Fue dirigente estudiantil de izquierda, estuvo preso durante un período por ser de izquierda y ahora es un chupamedias del presidente en las cosas más sucias contra el pueblo de Guerrero.

M.H.: En la última comunicación que tuvimos también nos centramos en la muerte del fiscal Nisman. Al respecto se ha conocido la propuesta de la Presidenta de la Nación de disolver la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué opinión le merece?

G.A.: La iniciativa me parece tardía pero correcta, se debería haber tomado desde hace muchísimos años, porque los servicios desde las sucesivas dictaduras, incluso antes del retorno de Perón en 1974 eran omnipotentes, hacían y decidían todo, y los partidos se apoyaban en todas sus campañas de desinformación.
Probablemente le pongan trabas en el Congreso, pero lo que habría que hacer es profundizar y desarrollar esta iniciativa para llegar al control total de los servicios y a la eliminación de ese problema tremendo que consiste en que fuerzas no nombradas por nadie determinen cuál es la política del país y envenenen su vida política. Me parece positiva la medida de la Presidenta.

Guillermo Almeyra es columnista internacional de La Jornada (México).

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Secretismo de Estado

Martín Becerra (ACTA)

El recurso estratégico de los servicios de inteligencia es la información. La información es el insumo y el producto de su tarea. La edición, el conocimiento, el almacenamiento, la distribución y el control de esa información son formas de gestión del poder.

Aunque todos los Estados realizan inteligencia, los modos en que administran la información y el secreto son muy diferentes. La democracia asume, así, distintas acepciones.

En la Argentina, la información que producen los servicios está reglada por la Ley de Inteligencia Nacional de diciembre de 2001. Esta ley, cuyo reemplazo anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el lunes 26, prevé un importante control parlamentario al aparato de inteligencia que fue sistemáticamente eludido hasta ahora. Además, en su Título V dispone el carácter secreto de toda la información. Mientras que la norma promueve el secreto, las fugas son el fluido que lubrica el engranaje de los servicios de inteligencia con los tres poderes del Estado, el resto del estamento político, la elite económica y los medios de comunicación.

La dosificación de la información reservada disciplina a los poderes institucionales y fácticos. No es un esquema accidental; es deliberado. Parece imaginado por Leonardo Sciascia: Las fugas de información se cotizan en un influyente mercado negro protagonizado por los custodios de una ley que ordena, severa, confidencialidad y secreto.

La muerte del fiscal Alberto Nisman transformó en macroscópica e indisimulable la putrefacción de ese engranaje que hasta ahora sólo interesaba a organizaciones de defensa de derechos humanos. La anunciada reforma de la Ley de Inteligencia promete un nuevo sistema de clasificación de información. Pero, como plantea Hernán Charosky en Bastión Digital, (http://ar.bastiondigital.com/notas/...), “sin un mecanismo claro e independiente que justifique los límites al acceso (a la información) en razones legales (…) la nueva ley estará aumentando y no reduciendo el campo de secreto de este organismo”.

La prometida revisión del modus operandi de los servicios de inteligencia es, pues, una oportunidad para reemplazar la cultura medieval del secreto de Estado por otra, democrática, que imponga el acceso a la información pública. Por supuesto, la noción de “información pública” desborda los difusos contornos de los servicios de inteligencia, cuya acción debería limitarse a las amenazas y los conflictos que afecten inequívocamente a la seguridad. Información pública alude al conjunto de los datos que procesa el Estado.

Así como es preciso institucionalizar y democratizar los servicios de inteligencia, es necesario avanzar con la secularización de la información pública. Negar su acceso conduce a una cultura de la intimidación mediante el uso selectivo de esos datos por parte de quienes los conocen. Esa es una de las razones por las que todos los países de Sudamérica –excepto Argentina, Bolivia y Venezuela– cuentan con leyes de acceso a la información pública.

Martín Becerra es Profesor e investigador UNQ, UBA, Conicet. Periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Los turbulentos servicios del poder

Claudio Katz (LAIZQUIERDADIARIO.com)

La conmoción creada por la muerte de Nisman no obedece sólo a los interrogantes que rodean su muerte. Le entregaron el arma, fallaron los custodios, se demoró el auxilio médico y nunca se comportó como un suicida. Su fallecimiento añade un nuevo misterio a los enigmas de la causa AMIA. El fiscal estaba muy involucrado en el encubrimiento de las pistas para hallar a los responsables de ese atentado y no se sabe por qué fue víctima de esa trama.

Ocultamientos al por mayor

A veinte años del asesinato de 85 personas no hay culpables, condenados o imputados. Sólo se discute si el gobierno negociaba o no la impunidad de Irán, presuponiendo la responsabilidad de los Ayatollahs. Nisman sostenía esa acusación sin ninguna prueba. Como el grueso de los comunicadores silenciaba otras posibilidades más coherentes.

Todas las huellas del atentado fueron inmediatamente borradas por gobiernos de Israel, Estados Unidos y Argentina. Desviaron la investigación hacia Irán, desechando la pista siria y amparando la conexión local.

A mediados de los años 90, Israel negociaba con Siria una eventual extensión del acuerdo de paz firmado con Egipto y no le convenía involucrar a su contraparte en lo sucedido en Buenos Aires. La AMIA y la DAIA se subordinaron a la diplomacia sionista y engañaron a los familiares de las víctimas.

Estados Unidos incentivó la culpabilidad de Irán porque era su principal adversario geopolítico en Medio Oriente. El menemismo motorizó ese desvío para ocultar su responsabilidad en la matanza. Varios analistas estiman que la explosión fue un acto de venganza por incumplimiento de alguna promesa, en el tráfico de armas que administraba el ex presidente. También se supone que Menen desconoció compromisos de transferencia de tecnología nuclear o de misiles con los financistas extranjeros de su campaña electoral.

Esos diagnósticos coinciden con la secuencia de escándalos que acompañó su gestión. La tragedia de AMIA no es ajena a la venta de armas a Croacia, la violación de la neutralidad en el conflicto entre Ecuador y Perú, los privilegios al traficante Al Kasar, el estallido del arsenal de Rio Tercero o el extraño accidente fatal de Carlitos Menen.

Para oscurecer lo sucedido en la AMIA los servicios de inteligencia y la justicia actuaron en común. Limpiaron la escena del crimen, destruyeron escuchas telefónicas y protegieron a los reales sospechosos, mientras inventaban acusados y coimeaban testigos. El ex secretario de Galeano que denunció esas anomalías fue secuestrado y torturado.

Estas irregularidades fueron también cuestionadas por Cristina durante su paso por el Senado. Pero al asumir el gobierno los Kirchner mantuvieron el encubrimiento y hostigamiento a Irán, con discursos en la ONU que ubicaron la demanda contra ese país al mismo nivel que el reclamo por Malvinas. Convalidaron, además, las inverosímiles denuncias que Nisman recibía de sus mandantes de la CIA y el Mossad.

Este sostén kirchnerista obedeció inicialmente a un pacto de gobernabilidad con Menem y Duhalde (menor belicosidad a cambio de impunidad). Posteriormente el mismo apoyo apuntó a mejorar las relaciones con Estados Unidos e Israel.

Las inconsistencias de la acusación contra Irán desembocaron en un papelón tras otro. Un supuesto involucrado en el atentado que cumplió funciones diplomáticas en Argentina fue detenido e inmediatamente liberado en Europa por falta de pruebas. Altos funcionarios de Israel se jactaban mientras tanto de haber ultimado a los artífices del crimen.

Pero el artificio motorizado por Nisman comenzó a naufragar en los últimos dos años por otras razones. El gobierno tomó distancia de las manipulaciones norteamericanas y atenuó la demanda contra Irán, reemplazando el pedido de captura por una negociación que culminó en la firma del Memorándum.

Este giro sintonizó con el nuevo escenario creado por las tratativas que encaró Estados Unidos con Irán, para lograr el desmantelamiento de las plantas nucleares. Israel continúo promoviendo el bombardeo de esas instalaciones, pero Washington comenzó a priorizar el hostigamiento a Siria, e incluso la demolición de ese país siguiendo el precedente de Libia e Irak.

En este nuevo contexto Nisman se quedó solo y alguien lo incentivó a subir la apuesta. Elucubró una ridícula denuncia, acusando a CFK de acordar cierto perdón de los iraníes (levantamiento de las “alertas rojas” de Interpol) a cambio de una mayor comercio de granos por petróleo. Nadie acompañó ese delirio. Perdió el sostén norteamericano (Noble), la complicidad de los jueces (Canicoba y Servini) y la protección de los servicios (Stiusso).

Maniobras y reacciones

La derecha intenta presentar a Nisman como un justiciero que ansiaba la verdad. En los hechos ensuciaba la causa con las instrucciones de la embajada estadounidense, que destapó Wikileaks. Para recordar esa estrecha relación, el principal representante de la delegación norteamericana se hizo presente en el velatorio.

Los derechistas trabajan para transferir nuevamente el manejo de política exterior argentina a la diplomacia yanqui e israelí. Por eso promueven el desembarco de una comisión internacional, armada en Washington, para monitorear lo ocurrido con el fiscal.

También pretenden bloquear el próximo juicio por encubrimiento del atentado, que involucra a varios próceres del menenismo, el PJ, la DAIA y el macrismo. Junto a Galeano y Beraja, un hombre de confianza de Macri (Fino Palacios) debería desfilar por Tribunales.

Para encubrir estas complicidades los derechistas sugieren la culpabilidad directa del gobierno en la muerte de Nisman. Clarín acompaña este operativo presentando como un grave delito, las intrascendentes conversaciones telefónicas que mantuvieron hombres del kirchnerismo (D´Elía) con allegados a Irán. Estas campañas pretenden demostrar -como mínimo- que CFK no puede manejar la crisis en curso.

El gobierno continúa desconcertado. Cristina polemiza por twitter, diagnóstica primero un suicidio y luego un crimen, mientras acusa a Lagomarsino sin hablar todavía del poderoso jefe de los espías. Para apuntalar la investigación habría bastado con el sostén presidencial a un accionar judicial en serio.

Pero la muerte del fiscal sobrevino a pocas semanas de un gran conflicto con el mandamás de los servicios. El gobierno confronta también con los jueces que investigan los hoteles de la familia Kirchner y sus conexiones con el lavado de dinero (Báez).

Estas guerras de palacio no apuntan a penalizar a los corruptos. Proliferan ante el fin de un ciclo político y el consiguiente enfrentamiento entre los distintos grupos que disputan preeminencia en el aparato del estado.

La muerte de Nisman también impacta sobre el escenario electoral. Con la campaña anti-buitre el gobierno recuperó iniciativa y se aprestaba a condicionar la candidatura de Scioli. En un marco de recesión y alta inflación, pretendía retomar el endeudamiento, clavar el dólar, posponer el corte de los subsidios y reanimar el consumo, para transferirle el ajuste al próximo presidente. ¿Podrá sostener este plan en el nuevo contexto?

Un camino para el esclarecimiento

En medio de la turbulencia el ejecutivo ha propuesto una reforma de los servicios, para superar “la gran deuda pendiente de la democracia”. Con este enunciado omite recordar que le corresponde una década completa de ese pasivo.

Por lo que trascendió la intención oficial es cambiar los nombres y preservar la misma estructura de espías. La vieja SIDE convertida en SI pasaría a denominarse AFI, mantendría a su personal y su voluminoso presupuesto secreto. Las principales designaciones pasarían por el Parlamento, pero el ejecutivo podría modificarlas. No se introducen modificaciones entre los espías del ejército y la policía y sólo se dispone una supervisión judicial de las controvertidas escuchas.

Con este formato la pretendida disolución de la SI queda reducida a una simple reorganización. Como no se investiga nada, ni se depura al viejo personal hay más cosmética que transformaciones reales. El proyecto también disuelve la anunciada desclasificación de los archivos. Conviene recordar que en la última década ya hubo varias crisis los espías, que no alteraron su poder (coimas en Senado en el 2001 y despido de Beliz en el 2004).

Milani ha sido ratificado, además, como el nuevo hombre fuerte de los servicios, pese a la grave acusación que arrastra por la desaparición de un soldado durante la dictadura. El oficialismo habla poco de Stiusso y de sus fortunas, quizás por las comprometedoras carpetas que maneja el super-espía.

Pero por primera vez está saliendo a superficie el enorme entramado de los informantes, que operan como un estado dentro de otro estado. Ese aparato ha construido sus propios negocios y está involucrado en numerosos delitos. Sus agentes oficiales e inorgánicos participan en el narcotráfico, los levantamientos policiales, los saqueos y el turbio manejo de las cárceles. Dirimen sus conflictos mediante el asesinato y se reciclan aceitando vínculos con intendentes, gobernadores y punteros.

Esclarecer lo ocurrido en la AMIA podría ser el punto de partida para desmantelar esa estructura mafiosa. Ese caso concentra todo el nefasto accionar de los espías. Formar la Comisión Investigadora Independiente que promueve la asociación APEMIA permitiría inaugurar ese camino. El parlamento y la justicia han demostrado su total incapacidad para encarar esa tarea. Como ocurrió con la CONADEP, sólo un organismo autónomo con plenos atributos e integrado por personalidades y familiares de las víctimas podría realizar esa investigación.

Es el momento para actuar con celeridad y convicción. Existe una generalizada indignación frente a la impunidad. La izquierda y el progresismo deben tomar la iniciativa, ante el peligroso manejo de las protestas que ensayan los caceroleros y la DAIA. No basta con acciones parlamentarias o convocatorias a la interpelación de los ministros. El Congreso nunca ha sido el ámbito central de las demandas populares.

Lo importante es privilegiar la movilización. Esta semana se realizará la primera marcha de una secuencia que debe ampliarse. Los poderosos necesitan a los servicios para ocultar sus tropelías, pero el pueblo ansía transparencia, democracia y justicia.

Claudio katz es economista, investigador, profesor de la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

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Marcha a Plaza de Mayo. Blasco: “Este tiempo es una oportunidad para definir cómo tiene que ser estructurada la inteligencia en Argentina"

Melissa Zenobi (ACTA)

Hoy la CTA junto a otras organizaciones y personalidades del campo popular, concentrará en el Congreso Nacional a las 17 horas para marchar a Plaza de Mayo contra la impunidad y por el esclarecimiento en la Causa AMIA. Al respecto ACTA dialogó con Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la Central.

-¿Cuáles son las expectativas que hay para la movilización de hoy?

- Las expectativas de la convocatoria de marcha con acto desde el Congreso a Plaza de Mayo son muy buenas habida cuenta de que el hecho desencadenante de esta situación, que es la muerte del Fiscal Nisman, genera una buena situación para poner en la agenda política y en el tapete, entre otras cosas, la política de seguridad, los servicios de inteligencia y las relaciones entre política y servicios de inteligencia. Sobre todo en lo que tiene que ver con la actuación de los servicios en materia de inteligencia interior. Nosotros como trabajadores somos víctimas de los servicios de inteligencia, y no solamente de los que dependen de la Secretaría de Inteligencia o de la exSIDE, sino también de la que corresponde a las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, incluida las policías provinciales y, en este sentido debatir el papel de la inteligencia en nuestro país, es un espacio que la democracia de este país no se ha dado y en buena hora que esto se pueda tratar, transparentar y hacer todo lo que corresponde hacer.

-Esta es una de las reivindicaciones históricas de la CTA, sobre todo con la sanción de la Ley Antiterrorista.

- Cuando se habla públicamente de muchas de estas cosas, en realidad son cuestiones que los compañeros vienen anticipando hace muchísimo tiempo. Hay personajes que ahora son puestos a la luz de todos y son criticados, y nadie se hace cargo de haber tenido relaciones con ellos, ni frecuente trato con ellos: me refiero, entre otros, al agente de inteligencia Jaime Stiusso. Lo que realmente marca es que la política argentina, que lleva 31 años de régimen constitucional, no así democrático, los Gobiernos de turno han utilizado a los servicios de inteligencia para provecho político propio, incluido el actual y todos los anteriores. Lamentablemente en la Argentina siempre hay un hecho que hace que se ponga en la escena pública, algún tema controversial o por lo menos importante, grave. En su momento, el asesinato de José Luís Cabezas significó poner en tela de juicio a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que para el Gobernador de aquel entonces era la mejor Policía del mundo y a partir de este hecho, empezó a ser “la maldita policía”. Lamentablemente han pasado unos cuantos años y la Policía de la Provincia de Buenos Aires no es lo que debiera ser, sino todo lo contrario. En relación a los servicios de inteligencia, sería muy importante que este hecho sirva para avanzar realmente en un debate lo más extenso y profundo posible para fijar lo que debe ser la política de inteligencia y no como es ahora que tenes las fuerzas de seguridad al servicio de perseguir a los luchadores sociales.

-Entonces ¿cuáles serán las reivindicaciones que llevaremos a Plaza de Mayo?

- Creo que esta marcha, más allá del tema puntual en relación a la muerte de Nisman y del atentado a la AMIA, lo que exigimos es la apertura de los archivos que nos permitan tener la mayor información posible, que se constituya una Comisión Investigadora Independiente con presencia minoritaria de Legisladores Nacionales y mayoritaria de personalidades y representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Y apuntar a que esto no sea simplemente un hecho propio de la temporada de verano, que en un par de meses nadie se acuerda de eso, sino que tiene que servir para que podamos construir una política de inteligencia realmente al servicio del pueblo argentino, y no del gobierno de turno o a intereses extranjeros, como lo pueden ser la CIA, el Mossad o cualquier servicio extranjero que lejos están de preocuparse sanamente por la suerte de los habitantes de este país.

-¿Por qué la CTA y el conjunto de la clase deben involucrarse en este tipo de problemáticas?

- En el último tiempo, afortunadamente, hemos tenido la posibilidad de conocer, desnudar y dejar ante la consideración pública, cuestiones que son lamentables como lo es la existencia del Proyecto X, la presencia de buchones representantes de los servicios en diferentes organizaciones sociales o de empresas y ámbitos de trabajo. Esto tiene que ver con una decisión política de este gobierno –pero que no es muy diferente a los anteriores-, en el sentido de garantizar el máximo control social posible. Esa es la realidad. En mi caso personal, puedo contar que hace un año atrás fue denunciado periodísticamente que junto con otros militantes políticos, sociales y sindicales, merecíamos el seguimiento permanente de la secretaría de inteligencia. Eso que uno puede tomar como algo casi esperable y natural, está mal que sea natural. ¿Por qué naturalizar lo que no lo es? Vemos como, permanentemente, saben muchas cosas de nosotros que no debería ser así, porque en realidad los Servicios de Inteligencia están para salvaguardar los intereses de la Nación, del Estado, pero fundamentalmente del pueblo argentino. Pero está hartamente demostrado que jamás han actuado a favor de los intereses populares, siempre ha sido para perseguir, para controlar y lamentablemente eso ha tenido muchas consecuencias nefastas. Esta es una buena oportunidad, por eso la marcha de hoy, para hacer público, instalar fuertemente en la agenda pública, definir cómo tiene que ser estructurada la inteligencia en Argentina.

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Movilizados y en la calle

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Susana Acevedo asumió el 31 de diciembre de 2014 la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -seccional Paraná. Con la docente conversamos sobre cómo viene la paritaria en Entre Ríos, la situación financiera gubernamental, el tope salarial que gobernadores pretenden imponer, los bajos salarios y la lucha que no debe cesar si es que se pretende lo contrario: condiciones dignas para enseñar y aprender.



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Susana Acevedo: "En Paraná hay más del 40 % de los adolescentes que no termina la secundaria"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Susana Acevedo de AGMER-Paraná nos brinda un contra relato que se opone a los sloganes pedagógicos oficiales: no hay suficientes salas de 4 años para los hijos del pueblo y la "deserción" en la escuela media es galopante en Entre Ríos, donde crece la soja, el cáncer y los negocios de los "chinos".



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La resistencia del guaraní

Carlos Del Frade (APE)



El 2 de febrero de 1989 terminaba la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner en Paraguay. Para las biografías que circulan por internet, “durante los años ochenta, Brasil y Argentina regresaron a la democracia y el pueblo paraguayo aprovechó ese clima político para salir a las calles a manifestarse. Tales manifestaciones fueron lideradas por el Acuerdo Nacional (PLRA, Febrerista) y los sindicatos, pero fueron reprimidas violentamente, a pesar de ser pacíficas. Por ello, Stroessner fue abandonado por sus antiguos aliados, como Estados Unidos, y la economía empeoró.

En 1987, se realizó la Convención del Partido Colorado y la facción stronista de su partido pensaba escoger como candidato a su hijo mayor, Gustavo Stroessner, debido a los rumores de que el ya anciano dictador padecía una enfermedad, pero lo escogieron a él. En las elecciones fraudulentas de 1988 obtuvo el 88,8% de los votos.

Ese mismo año recibió en Paraguay al papa Juan Pablo II. Debido a lo brutal de su dictadura, la facción más tradicionalista de su partido, los militares y en especial la Iglesia católica, empezaron a demostrar su malestar hacia el régimen: en la madrugada del 3 de febrero de 1989, su consuegro y hasta entonces mano derecha, el general Andrés Rodríguez Pedotti, con el respaldo de Estados Unidos, encabezó un golpe de Estado. Fue detenido por unos días hasta que fue enviado al exilio a Brasilia, junto a su hija Graciela, su hijo Gustavo y la esposa de este último María Eugenia Heikel”, sostienen esas páginas.

Recién en el año 1992, tres años después del fin de la dictadura, el idioma guaraní fue, por fin, reconocido como el idioma nacional.

Tanto Stroessner como la prohibición del guaraní fueron herencias del genocidio cometido durante la llamada guerra de la triple alianza o, mejor dicho, la guerra de la triple infamia que este primero de mayo cumplirá 150 años de su declaración de parte de las burguesías argentina, brasileña y uruguaya.



Para el investigador Manuel Fernández, autor del ensayo “Breve historia del guaraní”, la población de Paraguay, “de 1.300.000 a inicios de esa guerra, se redujo a unos 200.000 al final de ella, y de ésta, sólo el 10 % era masculina, casi todos ellos ancianos y niños que no pudieron ir al frente. También perdió gran parte de su territorio, que pasaron a formar parte de la Argentina y el Brasil, zonas que hasta hoy son guaranófonas. Fue así como Paraguay, de la gran riqueza, pasó a la extrema pobreza.

“Terminada esa guerra, y bajo el dominio económico de los extranjeros (argentinos, brasileños e ingleses) que plantaban su capital en el territorio paraguayo para destrozar sus recursos naturales y utilizar mano de obra femenina barata, el guaraní es nuevamente perseguido, por no ser el idioma de los nuevos amos de las tierras. El argentino Domingo F. Sarmiento fue el asignado a revisar el programa escolar, de manera que "la lengua salvaje" quede fuera de él, y Paraguay pueda incorporarse de nuevo a "la civilización".

“Como era de esperarse, la población no acompañó a la pequeña elite gobernante, que estaba vendiendo su tierra y pisoteando su lengua. Siendo el guaraní el único recurso no destruido por la guerra, continuó coleando entre los continuos ataques de que era blanco: el adjetivo "guarango" significaba "salvaje que habla guaraní". Como resultado, los hablantes del guaraní en general detestaban esa escolaridad foránea y nuevamente el guaraní retomó la férrea oralidad de la que siempre fue orgulloso…En 1989 Paraguay sale de una larga dictadura, y la siguiente Constitución Nacional (1992) ya reconoce al guaraní como idioma oficial del país, en un mismo nivel que el español. Inmediatamente se implanta su uso obligatorio en la educación escolar básica, y luego en el nivel medio, con una educación bilingüe. El guaraní ha sido debidamente reconocido”, terminaba diciendo Fernández.

A ciento cincuenta años del inicio del genocidio que significó la guerra de la triple infamia, el guaraní resiste porque, entre otras, como dice Roberto Romero en su estudio “Protagonismo histórico del idioma guaraní”, guaraní quiere decir “pueblo libre”.

Fuentes: “Breve historia del guaraní”, de Manuel Fernández; Agenda Latinoamericana 2015; y “Protagonismo histórico del idioma guaraní”, de Roberto Romero.

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Todos somos Ismael: Vencer la fatiga y el aburrimiento frente a la injusticia

Marcos Oviedo (PRENSA RED)

Cuando vi el evento en Facebook mi primera reacción fue de aburrimiento: otra vez lo mismo.

En los últimos tres meses ya fui a tres eventos similares: la Gorra, la proyección del documental Nunca Digas Nunca, y después de un receso en enero (con alguna que otra detención arbitraria en Cuesta Blanca y Córdoba) arrancamos febrero con esto.

Otra vez sopa. Otra vez la sociedad civil reclamando el abuso y represión policial. ¡Qué fatiga!

Entonces, frente a la pantalla de la computadora, hice algo que parecido a un acto de rebeldía contra el aburrimiento: no confirmé asistencia y seguí `scrolleando`.

¡En tu cara aburrimiento, mirá como te esquivo! Desde ahí, una crecida de trivialidades comenzó a llevarse lejos el evento de Ismael, hasta que sentí algo filtrarse en mi cuerpo: algo parecido a la culpa, a la resignación, a una pasión triste, un deseo insatisfecho.

¡Qué boludo! Casi caigo. Rápidamente volví la barra de desplazamiento hacia arriba, entré al evento y tomé nota de la fecha y lugar de encuentro. Voy a ir. Tengo que ir. La fatiga y el aburrimiento frente a la injusticia no puede hacerse hábito. Esto es como salir a correr, no hay que perder el estado físico, se necesita ser constante. Sí.

Antes de salir a correr uno piensa:

- Bueno, salgo mañana, ahora tengo cosas importantes que hacer: ir a la verdulería, lavar los platos, avanzar con la edición de tal cosa. Total si no salgo hoy no cambia nada.

- No. Mal. Caca. Mentira. Sí cambia, cambia nuestra disciplina, cambian nuestros hábitos y con ellos nuestra capacidad de estar sanos.

Hay que salir a correr siempre que se pueda. Puede ser que una corrida no nos haga atletas, ni nos dé significativamente mucho más aire para jugar al fútbol, pero definitivamente se avanza hacia eso.

Hay que domar el hábito y así la cosa se hace cada vez más placentera: se recupera el aire, se está en contacto con gente y organizaciones, el cuerpo se pone en forma y se acostumbra a apropiarse del espacio público.

Frente al miedo y al atropello de la autoridad, frente a la abulia y el aburrimiento, hay que salir a correr y a reclamar. A la vuelta, cuando volvés a casa, hay una sensación en el cuerpo.

El que sale a correr la conoce. Definitivamente algo cambia.

*) Medionegro audiovisuales - https://www.facebook.com/medionegro?fref=ts

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Argentina, Río Negro. Derechos humanos: “Las actas del rastrillaje, las fotos, el cuerpo mismo de Daniel, todo desaparece en el Juzgado N° 30″

LOPRINCIPAL.com.ar - ACTA

Luego de tres años del asesinato del joven Daniel Solano, el abogado de la causa, Sergio Heredia, sigue reclamando por Justicia y Verdad para esclarecer el caso. La causa mantiene a siete policías detenidos, acusados de secuestrar, golpear y asesinar al joven; y a otros 22 imputados por encubrir el caso o violar sus deberes.

Cabe recordar que, Daniel Solano era un joven de 27 años de Tartagal, Salta. En 2011 llegó al Valle Medio para trabajar, por tercer año consecutivo, en tareas de cosecha. La noche del 5 de noviembre fue con un grupo de trabajadores norteños a un boliche de Choele Choel “Macuba”; pasadas las 3.00 fue retirado por la policía y nunca más se lo vio.

Uno de los representantes de la familia, Heredia, a través de la red social Facebook, sigue reclamando la pronta justicia para Daniel Solano, ya que nada se sabe del destino del joven trabajador.

En este sentido, dijo: “Nosotros, aquí, en Choele, después de una denuncia de tres años y con casi 50 cuerpos de expediente, no podemos lograr que se promueva acción penal contra la ex Juez Marisa Bosco y el fiscal Flores por el encubrimiento judicial, empresarial y policial del homicidio de Daniel Solano. No hay caso, en este pueblo, en esta Provincia, hay gente que tiene más poder y privilegios que la máxima autoridad de una nación”, manifestó Heredia.

Por otro lado, y reclamando nuevamente exigió la detención de los policías Parra, Aramendi, Chazarreta, Vega, Irusta, y otros más, miembros de la propia Justicia, ya que “hicieron desaparecer fotos de Daniel Solano en Macuba, por supuesto, sin que nadie se percate de esta “irregularidad”, sobre todo la ex Jueza Bosco”, argumentó el abogado.

Asimismo, agregó: “Estas fotos fueron sacadas por un compañero de Daniel con un celular, en total eran más de cincuenta, y los dueños de AGROCOSECHA junto al Comisario Aramendi se encargaron de “eliminarlas”, como así también en la Comisaría de CHIMPAY. En una de estas fotos se lo puede ver a Daniel Solano con toda la ropa que llevaba puesta la noche de su asesinato, campera, remera, cinto y ropa interior. Todo es una aberración, claramente estos policías deberían estar detenidos, pero, están protegidos por la propia justicia. No quieren seguir avanzando, una mugre, una verdadera mugre. La billetera, las zapatillas, las actas del rastrillaje, las fotos, y muchas pruebas más, como el cuerpo de Daniel Solano, todo “desaparece” en el Juzgado N° 30″.

Vale aclarar, que el otro representante de la familia, el doctor Leandro Aparicio, viajó a Buenos Aires, donde estuvo reunido con la Dra. Ana Oberlin, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La Dra. Oberlin, a pedido del abogado, se puso en la tarea de ubicar el trámite administrativo dado al oficio enviado por el Juez de la causa Solano al Ministerio de Seguridad de la Nación para la búsqueda de los restos de Daniel Solano en el jaguel del campo La Manuela, lugar donde es inminente la búsqueda del cuerpo de acuerdo a los dichos de un testigo con identidad reservada.

Sin embargo, hasta el momento y luego de cuatro años, aún no se conoce el paradero del joven Solano.

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Precios Cuidados: ¿Cuánto ayudan?

AGENCIA WALSH

En su quinta edición lanzada a principios de año, el programa revela una vez más aumentos en los productos más sensibles para la población más vulnerable. El 10% de los trabajadores cobra menos de $1.500; 25% cobra menos de $2.800; la mitad de la población gana $4.500 por mes; 3 de cada 4 trabajadores cobran menos de $7.000 y tan sólo 1 de cada 10 cobra más de $10.000.

Una manera de evaluar como las subas puntuales de los distintos productos del programa “precios cuidados” afecta al gasto en alimentos es estimar una Canasta Básica Alimentaria (CBA)con estos precios.

La CBA de “precios cuidados”, estimada en base a 41 productos y utilizando los precios del programa “precios cuidados”,muestra un aumentode 26,61% durante el 2014. La misma canasta de 41 productos pero valuada con los precios del Índice Barrial de Precios (IBP) del Conurbano, la cual llamamos CBA del “IBP 41 productos”,aumentó durante el mismo año un 23,4%.[i][ii][iii]

Analizando la evolución de las dos canastas, pero discriminando por categoría de producto según sea un producto de almacén, de verdulería o de carnicería, tenemos los siguientes resultados. Los productos de almacén de la CBA de “precios cuidados” aumentó en el 2014 un 31,56%, los de verdulería un 19,75% y los de carnicería un 19,58%. En cambio para la CBA del “IBP 41 productos”, los productos de almacén aumentaron 19,39%, los de verdulería un 13,36% y los de carnicería 40,43%.

Por su parte, la CBA del Índice Barrial de Precios, según la canasta de 50 productos, acumuló durante el 2014 un aumento en promedio del 29,4% entre los distritos donde se estimó el índice. Un aspecto a destacar es que el IBP Conurbano fue el índice con menor aumento acumulado (con un 25,2% en el año), mientras el IBP Mar del Plata fue el de mayor registro en ese período (34,1%). Le siguieron Salta con 31,7%, Tucumán cercano al promedio con 29,3% y Chaco y Corrientes con 28,3% y 27,7%, respectivamente. En el interior del país, durante el año pasado la realidad en términos de precios de los alimentos resultó muy dispar a la registrada en el Conurbano.

Con los precios del IBP el valor de la CBA a diciembre de 2014 se ubicó en promedio en $2.801 para una familia tipo (dos personas mayores y dos menores) y el de la Canasta Básica Total (CBT) en $6.359. Estos valores, que definen las líneas de indigencia y de pobreza según los ingresos familiares, se ubicaban un año atrás en $2.166 y $4.916, respectivamente.

Los resultados de la CBA del IBP, del “IBP 41 productos” y de “precios cuidados” también se pueden comparar con los resultados del índice de precios del INDEC, el IPCNu. Mientras el índice oficial IPCNu mostró un aumento anual de 23,9%, si se analiza el rubro alimentos y bebidas el aumento anual durante el 2014 fue de 19,7%. Claramente, este último dato difiere sustancialmente con los aumentos anuales de la CBA del IBP, del “IBP 41 productos” y de “precios cuidados” (29,4%, 23,4% y 26,61%, respectivamente). Estas comparaciones ponen en duda la credibilidad del IPCNu, cumpliéndose un año desde su primera publicación.[i] La Canasta Básica de Alimentos del “IBP 41 productos” y la Canasta Básica de Alimentos de “precios cuidados” se estimó teniendo en cuenta los precios de 41 productos, de los cuales 27 son artículos de almacén y bebidas, 9 de verdulería y 5 de carnicería. Las ponderaciones de cada producto para calcular estas canastas se basó en las ponderaciones de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) del Indec, que son las mismas que se utilizan en la canasta original del IBP. Si bien la CBA del IBP consiste de 50 productos, por cuestiones de armonización de los productos disponibles en el programa “precios cuidados”, se debió restringir las canastas a 41 productos. La CBA del “IBP 41 productos” se calculó en base a los precios del IBP Conurbano.
[ii]Al igual que con la metodología del IBP, se tomó como precio de referencia para cada producto el menor precio entre los productos disponibles de una misma variedad.
[iii]El aumento de la CBA del “IBP 41 productos” durante 2014 mide la evolución de los precios entre diciembre de ese año en relación a diciembre de 2013. Los valores tomados para la CBA de “precios cuidados”durante 2014 toma los precios difundidos por el programa durante la primera semana de enero de 2014 y los de enero de 2015.

Alfredo Schclarek Curutchet es Director Académico del CIPPES - Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales.

INDEC: Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso
Remuneración del Trabajo Asalariado
Argentina: Un país con buena gente, pero salarios muy bajos

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Argentina, Chaco: Un estudio confirma que había plaguicidas prohibidos en la laguna “El Moncholo”

CHACO DÍA POR DÍA

Lo revela un Estudio de Impacto Ambiental elaborado en base al análisis del agua de esa laguna que se encuentra en medio de las arroceras de La Leonesa y Las Palmas, donde los vecinos denunciaron casos de cáncer y contaminación. El informe data del año 2009 y no había sido difundido públicamente hasta ahora. Eran residuos de tres agrotóxicos, uno prohibido hace 20 años en Argentina.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las aguas de la laguna “El Moncholo”, lindera a las arroceras de La Leonesa y Las Palmas, revela que contenían tres tipos distintos de plaguicidas, entre ellos uno cuyo uso se encuentra prohibido en la Argentina desde hace más de 20 años. El informe data del año 2009 y coincide con la época en que vecinos de esas localidades del Chaco se movilizaron para reclamar por la contaminación ambiental y por el incremento de enfermedades ligadas al uso intensivo de agrotóxicos en las plantaciones de arroz de la zona.

El informe fue difundido hoy, en el Día Mundial de los Humedales, por la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, una oenegé que acompaña desde hace varios años a los vecinos de los pueblos chaqueños fumigados.

Vale informar que la laguna “El Moncholo” o “Las Palmas” era la fuente de captación del agua cruda que luego era potabilizada en una planta de la empresa Sameep para el posterior consumo de la población local. La misma se encontraba ubicada dentro de la propiedad del empresario Eduardo Meichtry, propietario de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA.

El informe fue presentado por la empresa ABS SA y fue elaborado por el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se encuentra disponible en la página web de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fue presentado en el marco del proceso de construcción del Acueducto La Leonesa - Las Palmas.

Agrotóxicos prohibidos en la Laguna “El Moncholo”

El EIA revela que entre los principales agroquímicos determinados en la laguna se registraron “por encima del límite de detección” el Metil Paration (0,04 μg/l), el Heptacloro Epoxi (0,02 μg/l) y Alpha HCH (0,02 μg/l). Además, el informe recomienda su seguimiento y control.

Según la Red Carrillo, “los citados plaguicidas informados, detectados en muestras que habrían sido tomadas en febrero del 2009, son de uso prohibido en el país desde hace más de veinte años”. En ese sentido, precisan que “Metil Paration es un insecticida organofosforado cuya detección en el medio ambiente es poco frecuente, ya que se degrada rápidamente a otros productos químicos al interaccionar con el agua, las bacterias y la luz solar”.

En el país está prohibida su utilización desde 1993 por Resolución 606/93 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, por lo que su ocasional detección pudo haber estado relacionada con alguna aplicación clandestina.

Más elementos hallados

Luego de analizar la presencia de arsénico por debajo de los límites de detección del protocolo, advierte que los niveles de hierro “se hallan por encima de los niveles guía (0,3 mg/litro) establecidos por las reglamentaciones nacionales”.

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Continúa el conflicto en la fábrica recuperada Brukman

RNMA - ANRED

Durante el Enredando del viernes 30 de enero conversamos con Alba Sotelo, presidenta de la Cooperativa 18 de Diciembre (Brukman) acerca del conflicto que se desarrolla en la empresa recuperada bajo gestión obrera hace 14 años. En emisiones anteriores habíamos compartido la voz de Gladys Figueroa, integrante de la cooperativa, quien junto a un grupo de trabajadores denuncian a la actual presidencia de querer vender el espacio donde funciona la fábrica para un jugoso negocio inmobiliario.

Alba Sotelo, integrante de la cooperativa de trabajo 18 de Diciembre –más conocida como la fábrica recuperada Brukman- negó que el espacio estuviese siendo vaciado para favorecer un supuesto negocio inmobiliario. El pasado viernes, en diálogo con Enredando las Mañanas, contestó al comunicado que otros compañeros habían hecho circular.

“El conflicto es sólo con la señora Rosa Corpos”, dijo Alba Sotelo, trabajadora de Brukman. Días atrás, algunos de los integrantes de la cooperativa habían hecho circular un comunicado en el cual denunciaban que la fábrica estaba siendo “vaciada” con el fin de favorecer a un “oscuro negocio inmobiliario” y que la maquinaria estaba siendo rematada.

Por otro lado, el documento agregaba que se estaba intentando desalojar a Rosa Corpos, quien vive en la cooperativa junto a su familia, lo cual –según afirman- había sido acordado entre los trabajadores.

“En 2006 se le cedió un lugar en la fábrica para que viviera por dos meses debido al momento crítico que estaba pasando por la muerte de su compañero, el padre de uno de sus hijos. Ella se quedó años y en varias ocasiones le pedimos el lugar porque es peligroso, allí hay maquinarias y una caldera”, aclaró Alba Sotelo, en respuesta al comunicado. “Ella no paga servicios y no lo quiere dejar. No toma ninguna decisión respecto a abandonar el lugar y no porque no pueda económicamente, ya que el Gobierno le ha dado varios subsidios. Es una persona muy peligrosa para nosotros porque nos agrede verbal y físicamente”, prosiguió.

Con respecto al vaciamiento, Alba aseguró: “Hace 14 años que recuperamos la fábrica y estamos produciendo bajo gestión obrera. Queremos seguir trabajando y mantener las fuentes de trabajo como siempre lo hemos hecho. Acá están las maquinarias, la gente puede venir a ver que estamos acá trabajando.”

En el comunicado, firmado por Rosa Corpos junto a otros dos trabajadores, responsabilizaban del vaciamiento al Dr. Luis Caro, apoderado de la Cooperativa 18 de Diciembre. Alba respondió que Caro se encuentra de vacaciones y que no está al tanto de lo que sucede.

Mientras, el resto de los trabajadores hace responsable al señor Alfredo Uliarte por la “mala situación” de Brukman, a quien califican como el “puntero político” que encabeza a las “cuatro personas” que denunciaron el vaciamiento.

“Ahora estamos en manos de la justicia, está interviniendo jueces, la comisaría y el fiscal. Nosotros queremos que esto se solucione lo más rápido posible y poder trabajar tranquilamente”, concluyó Alba Sotelo.

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Pobreza: El gran dilema de América Latina

Betty Hernández Qunitana (PL)

A pesar de los avances para combatir la pobreza en Latinoamérica en los últimos 15 años, hoy existe el riesgo de retroceder en tal aspecto debido al estancamiento económico y la desigualdad en la región.

Tras el crecimiento que vivió la zona en la primera parte del siglo, se logró un progreso que se detuvo y desde entonces la situación se mantiene estable, pero no se registran nuevos avances, por eso lo más probable es que la pobreza empiece a aumentar nuevamente en América Latina, según el especialista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Xavier Mancero.

Hoy el contexto macroeconómico es más difícil, lo que se aprecia en los índices de pobreza y desigualdad que entre 2012 y 2014 no variaron pese al incremento económico, en tanto la indigencia aumentó, dando marcha atrás el proceso iniciado en 2000, añade el experto.

También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el índice de reducción de pobreza en América Latina desde el 2000, donde en promedio se vio una disminución del 16,4 por ciento, lo que representa el beneficio de más de 56 millones de personas.

Mirando hacia el pasado vemos que gracias al auge económico de la región entre 2000 y 2012 -el más alto de las últimas cuatro décadas según el PNUD- y a la implementación de políticas de mejoras sociales, se redujeron los índices de pobreza.

Sin embargo, en 2014 cerca de 167 millones de personas continuaron víctimas de ese flagelo, lo que representa el 28 por ciento de la población, indicador inmóvil desde hace dos años, según un estudio de la Cepal.

Dicha fuente alerta también sobre el aumento de la indigencia de 11,3 por ciento en 2012 a 12 por ciento en 2014, lo que significa que del total de personas en situación de escasez 71 millones padecieron condiciones extremas.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, subrayó que "la recuperación de la crisis financiera internacional no parece haber sido aprovechada suficientemente para el fortalecimiento de políticas de protección social que disminuyan la vulnerabilidad frente a los ciclos económicos".

"Ahora, en un escenario de posible reducción de los recursos fiscales disponibles, se requieren mayores esfuerzos para apuntalar dichas políticas, generando bases sólidas con el fin de cumplir los compromisos de la agenda de desarrollo post-2015", agregó la titular.

Con este mismo objetivo se pronunciaron los dirigentes que asistieron a la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde expusieron los esfuerzos de cada país para mejorar la situación económica de sus ciudadanos y se decidieron medidas para desarrollar en conjunto el próximo quinquenio.

En dicho cónclave se acordó trabajar en cinco líneas enfocadas a reducir la pobreza extrema y la desigualdad, favorecer la educación, ciencia, tecnología e innovación, la protección del medio ambiente, el financiamiento de la arquitectura en la región y el fortalecimiento del bloque.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denominó la lucha contra la pobreza como "un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero, porque por primera vez en la historia no es producto de la escasez de recursos sino de inequidad, consecuencia de perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo".

El mandatario, nuevo presidente pro témpore de la entidad, persuadió sobre el rol protagónico del organismo en el proceso de "descolonización en la región latinoamericana y caribeña" y en la resolución de los conflictos relacionados con los países miembros.

Correa declaró que su gobierno adoptará medidas concretas para eliminar la pobreza en cinco años, y aseguró que con una mejor distribución de los recursos se podrá combatir efectivamente ese problema.

Por otra parte, es notable el emprendimiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se comprometió con su pueblo y la comunidad internacional a reducir la extrema pobreza en los próximos cinco años, convocando a la oposición en su país a trabajar unidos y aplicar la cultura del diálogo.

La meta del titular boliviano es reducir ese mal hasta el ocho o nueve por ciento, lo que no es imposible teniendo en cuenta que hasta 2012 ese país fue el de mayor índice de reducción de la pobreza en Latinoamérica con 32,2 por ciento, seguido de Perú (26,3) y Venezuela (22,7), según PNUD.

Estas actitudes muestran el empeño de los gobiernos latinoamericanos por continuar las mejoras sociales y erradicar la pobreza en la región, sin embargo, los verdaderos resultados de las decisiones del presente se verán en los próximos años.

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Brasil: Rousseff se muestra partidaria de una "tolerancia cero" en la violencia contra la mujer

XINHUA

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se mostró partidaria de tener una "tolerancia cero" en la violencia doméstica y sexista contra las mujeres y defendió la necesidad de coordinar todos los órganos del Estado para evitarla.

"Es muy importante que tengamos esta actitud de cooperación no sólo del gobierno. Toda la sociedad tiene que comprometerse contra esta violencia que afecta a las mujeres", dijo Rousseff en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul (centro-oeste), durante la inauguración de un centro de atención a las víctimas de la violencia machista, la Casa de la Mujer.

La intención del gobierno brasileño es expandir más Casas de la Mujer por el país para que hagan "el ataque conjunto de todos los órganos del Estado" contra la violencia machista, ya que todas ellas dispondrán de una comisaría y una fiscalía que funcionarán 24 horas por día, para poder agilizar las denuncias contra los agresores y el acogimiento de las víctimas.

Además, las Casas de la Mujer también dispondrán de atención psicológica, social, jurídica, sanitaria e incluso orientación en la búsqueda de trabajo a todas las víctimas que lo requieran.

El proyecto está inspirado en uno semejante implantado en El Salvador desde 2011, llamado Ciudad Mujer, que ya cuenta con seis centros en los que ya han recibido atención unas 600.000 mujeres.

El centro inaugurado en Campo Grande podrá atender a entre 200 y 250 mujeres al día y cuenta con 126 profesionales. Su instalación ha exigido inversiones de 18,2 millones de reales (unos 7 millones de dólares), lo que incluye el coste de operación en sus dos primeros años. Está previsto que próximamente se inauguren centros en la capital Brasilia y Curitiba (capital del estado de Paraná, sur), y que llegue posteriormente a todas las capitales del país.

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Gobierno de Bachelet sube y oposición chilena cae según encuesta

XINHUA

Un nuevo sondeo en Chile mostró que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet subió cuatro puntos en diciembre y obtuvo el 44 por ciento de aprobación ciudadana, mientras que la derecha registró una caída y llegó sólo al 11 por ciento.

Según la encuesta mensual de consultora Adimark, la coalición opositora de derecha, integrada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), el Partido Regionalista Independiente (PRI) y Evópoli, cayó nueve puntos y anotó un rechazo ciudadano de 78 por ciento.

En los últimos cinco años, la aprobación de la derecha era de 20 puntos de promedio, mientras que su mejor desempeño lo alcanzó en abril de 2010, cuando el gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo una aprobación de 53 por ciento y una desaprobación de 32 por ciento.

Bachelet cerró 2014 con 40 por ciento de respaldo, tras seis meses de caídas consecutivas, por lo que la cifra de enero del 2015 rompe la tendencia negativa al sumar 4 puntos.

Además, la aprobación de su gobierno también mejoró y se ubicó en 41 por ciento, cuatro puntos más que en diciembre, mientras su desaprobación quedó en 54 por ciento, bajando tres puntos.

Adimark indicó que ese resultado se debió a que el gobierno logró aprobar la reforma al sistema electoral binominal, el Acuerdo de Unión Civil y el emblemático proyecto de reforma educacional que prohíbe el lucro, el copago y la selección en los colegios municipales y subvencionados por el Estado.

También mencionó que hubo un alza en las áreas de gestión "Economía" y "Empleo", lo que "hace pensar que la percepción económica se está estabilizando e incluso mejorando", según la opinión de los chilenos.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo que "vamos en la ruta correcta", explicando que las cifras responden a "un esfuerzo importante" por concretar las reformas del gobierno: Tributaria, Educacional y Laboral".

"Encuestas más, encuestas menos, para nosotros lo que nos interesa es que vamos en la ruta correcta hacia un Chile más justo, más solidario, un Chile donde el desarrollo llega a todos los rincones", precisó.

El ministro recordó que también el gobierno logró terminar con el sistema binominal electoral, que generaba tanta frustración en la ciudadanía y que no permitía tener mayorías claras en el parlamento.

Mencionó igualmente la creación del Ministerio de la Mujer y la aprobación del congreso del Acuerdo de Unión Civil, que permite que parejas del mismo sexo tengan un reconocimiento legal en Chile.

Adicionalmente, destacó que durante 2014 se aprobó la Reforma Tributaria, que a su juicio "no solamente recauda más recursos para la Educación, sino que al mismo tiempo permite tener una estructura tri butaria mucho más progresiva".

En esta encuesta, el canciller Heraldo Muñoz obtuvo un 81 por ciento de aprobación-dos puntos más que en diciembre- y sigue como el ministro mejor evaluado, seguido por la titular de la Mujer, Claudia Pascual (75 por ciento), y la de Deportes, Natalia Riffo (68 por ciento).

La derecha se ha llevado la peor parte en la encuesta. Adimark afirma que en diciembre, ese sector "ha debido enfrentar la mayor crisis institucional en muchos años, lo que queda reflejado en un rechazo a esta coalición de 78 por ciento, el máximo jamás observado".

Se refería a la crisis política que enfrenta el sector opositor por el caso del Grupo Empresarial Penta, que financiaba a candidatos de derecha al congreso de manera irregular, utilizando boletas y facturas falsas que presentaba ante el Servicio de Impuestos Internos para obtener la devolución del dinero empleado.

Este es el mayor escándalo político en el país desde el retorno a la democracia en 1990, afectando a candidatos de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Ahora, la justicia investiga el eventual financiamiento irregular de las campañas políticas de algunos de sus militantes.

De ahí, la caída estrepitosa que registra ese partido y la coalición derechista.

El presidente de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, reconoció que "es evidente que el pastelazo de Penta nos está pegando a todos, y eso que nuestro partido no tiene nada que ver en esto", dijo.

Agregó que "esto me reafirma que la decisión de conformar una nueva coalición más inclusiva, donde estén todas las fuerzas de oposición", indicando que se ha iniciado el trabajo organizativo y lo vamos a seguir fuertemente impulsando a partir de este año 2015".

La UDI también reaccionó a los resultados de la encuesta: "Para nadie es un misterio que la coyuntura, como el caso Penta y otros, ha sido compleja", dijo el secretario general Javier Macaya, añadiendo que los resultados de la encuesta "no son una sorpresa".

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Chile: Asamblea 10 de Diciembre de DDHH de Chile por el asilo político en España del saharaui Hassanna Aalia

COMITÉ DE AMISTAD CHILENO CON EL PUEBLO SAHARAUI

A Hassanna Aalia, joven luchador de 26 años y activista de DDHH de pueblo saharaui, le ha sido denegado el asilo político en España, siendo notificado de ello el 19 de Enero de 2015, y dándole un plazo fatal de 15 días para abandonar el país, lo cual está a punto de vencer. De no obtener el asilo, a Hassanna lo espera el infierno de las cárceles del reino de Marruecos, el Estado monárquico que funciona como la mano ajena de los intereses imperialistas y coloniales de EEUU, Francia, España e Israel contra el Sahara Occidental. Hoy Hassanna resume la lucha dura de su pueblo oprimido, acriminado y en resistencia tras la conquista de su independencia y soberanía.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior de España no se ha pronunciado, a pesar de las reiteradas peticiones de parlamentos locales, parlamentarios (incluyendo 50 eurodiputados), organizaciones de DDHH, municipios, etc.; y además de la huelga de hambre solidaria con Hassanna que está realizando un grupo de jóvenes en el aeropuerto de Barajas, Madrid, desde el 30 de Enero de 2015.

Hace una semana fue asesinado en la cárcel negra de El Aaiún, el preso saharaui Abdul Baqi Aliyen Antahah a consecuencia de torturas y maltratos recibidos por los funcionarios penitenciarios marroquíes. Abdul era un joven preso político de 22 años. Durante los últimos dos años han muerto 8 presos políticos saharauis en las celdas marroquíes, producto de torturas, malos tratos o denegación de servicios de salud.

El joven Hassanna Aalia ha sido condenado a cadena perpetua por tribunales militares marroquíes (lo cual es otra aberración jurídica), y en sus detenciones anteriores, fue torturado.

Frente al crimen y la injusticia sin nombre de los poderes que caen sobre Hassanna, muchacho que en esta hora es todo su pueblo mancillado, la Asamblea 10 de Diciembre de Derechos Humanos de Chile manifiesta su más profunda solidaridad con su hermano militante saharaui de los DDHH, y demanda del gobierno español el asilo permanente e irrenunciable para Hassanna Aalia.

Nuestra voz proviene del fin del mundo, del sur extremo del planeta. Y de un pueblo que conoce estos dolores. Nuestra voz viene de la raíz de la humanidad. Que vibre como voz hermana de la causa saharaui y sea parte del escudo fraterno que abrigue a Hassanna.

ASAMBLEA 10 DE DICIEMBRE
- Agrupación de Derechos Humanos Fernad Alvarez de Concepción, Región del BioBIo
- Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos, Región de Valparaíso
- Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
- Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y de la Corporación Lonquén
- Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos
- Agrupación de Hijos
- Agrupación Usuarios PRAIS, Recoleta
- Agrupación Valle Consciente, Región de Valparaíso
- Amerindia
- Amigos de Miguel Woodward, Región de Valparaíso
- Asociación Americana de Juristas
- Asociación de Comunidades Afro Rurales de Azapa Territorio Ancestral, Región Arica Parinacota
- Asociación de Memoria Venda Sexy
- Asociación Internacional de Poetas, Suecia
- Asociación Latino Americana de Derechos Humanos de Gotemburgo, Suecia
- Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
- Casa de Miguel
- Centro Ecuménico Diego de Medellin
- Centro Helmut Frenz
- Cine Forum, Región de Valparaíso
- Colectivo 119 Familiares y Compañeros
- Colectivo de Familiares y Sobrevivientes 23 y 24 de Agosto
- Colectivo La Chusma
- Colectivo de Memoria Pontificia Universidad Católica
- Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
- Comisión Chilena de Derechos Humanos
- Comisión Ética Contra la Tortura -CECT
- Comité de Amistad Chileno con el Pueblo Saharaui
- Comité de Derechos Humanos de Población La Legua
- Comité de Derechos Humanos Nido 20
- Comité de Memoria de Maipú
- Comité de Salud PRAIS de Talcahuano
- Comité Oscar Romero de Coyhaique
- Comité Oscar Romero de Santiago
- Comunidad Ecuménica Martin Luther King
- Consejo Consultivo Casa Memoria José Domingo Cañas
- Coordinadora Jurídica 4 de Agosto
- Coro Voces de la Rebeldía
- Corporación 3 y 4 Álamos
- Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, Región de Valparaíso
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
- Defensoría Popular
- Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile, CONFERRE
- Editorial Quimantú
- Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, Región de Valparaíso
- Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso.
- Familiares y Amigos de Marcelo Barrios, Región de Valparaíso
- Foro por la Asamblea Constituyente
- Frente Bolivariano Internacional de Suecia
- Fundación Cristo Vive
- Fundación de apoyo a la niñez y sus derechos, ANIDE
- Fundación por la Memoria de San Antonio
- Londres 38, Espacio de Memorias
- Marinería Antigolpista
- Memorial Paine un lugar para la Memoria
- Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
- Movimiento Mundial “Declaramos Ilegal la Pobreza”
- Movimiento Somos Iglesia
- Observadores de Derechos Humanos de la Patagonia
- Observatorio Ciudadano
- Observatorio por el cierre de Escuela de Las Américas
- Organización de Afro descendientes Chilenos Lumbanga, Región de Arica Parinacota
- Radio Liberación
- Red de Profesores de Filosofía de Chile -REPROFICH
- Servicio Paz y Justicia -SERPAJ
- Sindicato de Temporeros Aconcagua Unidos
- Sindicato de Trabajadores de Edificios y Actividades Conexas, SITERMAC
- Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia
- Sobrevivientes de Tejas Verdes, Región de Valparaíso
- Sociedad Mutualista Bautista Van Schowen Vasey, Región del Bio Bio
- Unión Comunal de Organizaciones Sociales de Putaendo
- Unión Hispanomundial de Escritores, Suecia
- Unión Nacional Estudiantil, Región de Valparaíso

3 de Febrero de 2015, Santiago, Chile
https://www.youtube.com/watch?v=tXwZWPV-j6c

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El proceso de paz es irreversible y definitivo para Colombia

PL

El congresista colombiano Iván Cepeda aseguró hoy que el proceso para entronizar la paz en este país es irreversible y definitivo, no obstante su complejidad en un momento de grandes definiciones.

Hemos tenido más de dos años intensos de conversaciones entre voceros del gobierno y las FARC-EP para hallar una salida negociada al conflicto interno, cuyos resultados son muy halagüeños y esperanzadores, comentó Cepeda a Prensa Latina.

El senador por el Polo Democrático Alternativo destacó los tres pactos preliminares sellados ya en Cuba.

En opinión del legislador, las pláticas entre representantes del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), transitan por su fase más difícil.

Ambas partes han entrado en la discusión de temas controversiales como los derechos de las víctimas, que incluye la justicia transicional, así como el fin de la guerra, dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los guerrilleros.

Ambas partes beligerantes tienen visiones muy distintas en casi todos esos puntos, yo diría que hasta excluyentes, así que estamos en el instante de las grandes definiciones, insistió Cepeda.

Tales diálogos fueron reanudados el pasado lunes en La Habana, sede permanente de los encuentros.

No obstante los escollos y las opiniones discordantes, tanto el movimiento guerrillero como el Gobierno han llegado a la convicción de que las pláticas para terminar la confrontación no tienen marcha atrás, yo soy optimista en relación con esas negociaciones, afirmó el parlamentario.

Al referirse a la posibilidad de instalar una mesa de concertación formal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), añadió que se está diseñando una agenda, hay países que están sirviendo como anfitriones y acompañantes, dijo.

Se trata también de una guerrilla histórica, aunque con características diferentes a las FARC-EP, es fundamental que ese otro proceso se desarrolle y todo indica que nos estamos acercando a ese instante, subrayó.

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La inseguridad, clave en el contexto electoral salvadoreño

Odalys Troya (PL)

El tema de la inseguridad, y dentro de él la tregua, es hoy punta de lanza de la derecha salvadoreña en el actual contexto electoral para atacar al Gobierno del FMLN, ante la carencia de argumentos para cuestionar su gestión.

La violencia es real y la población la percibe como su principal problema, por lo que ante el fenómeno la administración de Salvador Sánchez Cerén ha puesto en marcha iniciativas que apuntan a su reducción y en ninguna contempla ser partícipe de un pacto con las pandillas o maras, o cualquier grupo delincuencial.

La Policía Comunitaria, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia en el que participa una amplia diversidad de sectores sociales, medidas más fuertes para quienes agredan a las autoridades encargadas de enfrentar el crimen, son solo algunas de las ideas ya en práctica.

A mediano plazo, el Gobierno apuesta por la educación como parte del factor preventivo y a la transformación de los penales como centros de rehabilitación para la posterior reinserción de quien delinque.

También aspira a una policía más capacitada, con mejores condiciones materiales para el trabajo y mayor preparación en las áreas de inteligencia y la criminalística.

Resolver este problema requiere tiempo y la acción conjunta de todos los sectores que ya han sido invitados por el Gobierno, incluidos los empresarios privados, los partidos opositores, las iglesias, medios de prensa, entre otros, a participar en la búsqueda del camino hacia la tranquilidad ciudadana.

En medio de este panorama, la derecha, en particular Alianza Republicana Nacionalista, acusa al Gobierno y al partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de pactar con las pandillas para bajar el índice de criminalidad, un rumor que ha hecho correr por medios de comunicación y redes sociales.

Tales acusaciones han sido claramente refutadas por el propio presidente Sánchez Cerén, y el secretario general del FMLN, Medardo González.

Desde el Gobierno se está trabajando fuertemente para la superación sin retorno de este problema, aseguró el secretario de Gobernabilidad y Comunicación, Franzi Hato Hasbún.

Subrayó que el jefe de Estado ha sido tajante al decir que su administración no negocia con las pandillas, grupos delincuenciales a los cuales se le atribuye la mayor cantidad de crímenes en el país.

Asimismo, Medardo González recalcó que el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén ha dicho que no va a utilizar la tregua como un método para detener al crimen, y buscar mejores niveles de seguridad a la comunidad, al pueblo salvadoreño.

"El presidente ha dicho que va a aplicar la ley, pero que al mismo tiempo va a buscar métodos, y va a utilizar métodos para prevenir la violencia, para prevenir la incorporación de los jóvenes a las pandillas", enfatizó el dirigente político.

El partido considera que la tregua, tal y como se maneja como concepto, como mecanismo a través del cual se busquen mayores niveles de tranquilidad para nuestro país, no es un buen camino, subrayó.

El FMLN aboga por el diálogo y aprueba que se produzca a través de instancias que participan en el Consejo de Seguridad como las iglesias, acotó.

Recalcó que el Estado debe de tomar medidas, tener capacidad de aplicar la Ley y otorgarle toda la protección a la policía, a los fiscales, a los jueces para que puedan aplicar las normativas de una manera enérgica contra los delincuentes, contra los criminales.

El partido de izquierda cree en la política de prevención de tal manera, que los niños y jóvenes vayan a la escuela, adquieran conocimientos, tengan espacios donde hacer deportes, puedan distraerse, aprendan música, arte, es decir, que tengan oportunidad de poderse formar como personas de bien, expresó.

En marzo de 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas que llegaban a las 14 diarias.

Ese alto a las hostilidades se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial monseñor Fabio Colindres, y en representación de la sociedad civil Raúl Mijango y bien recibida por la Organización de Estados Americanos.

De un año para otro disminuyó la cifra de homicidios, sin embargo, la tregua se perdió en 2014, y también fue utilizada por sectores de la derecha contra el Gobierno en el contexto electoral de las presidenciales.

En El Salvador, las pandillas, importadas de Estados Unidos, están establecidas en populosos barrios del país y las integran alrededor de 70 mil jóvenes y adolescentes,

Aunque son responsables de buena parte de la violencia, otros grupos como el crimen organizado, añaden elementos a la inseguridad que se vive en esta nación centroamericana, considerada la cuarta más violenta del mundo.

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Rechazan Reglamento de Organismos Vivos Modificados en Guatemala

CERIGUA

La Alianza Nacional de Protección a la Biodiversidad (ANAPROB) rechazó el Reglamento de Organismos Vivos Modificados en Guatemala y exige al Estado velar por el bien común y no por intereses de empresas transnacionales, que pretenden comercializar semillas y alimentos transgénicos en el país.

La entidad recordó que el 19 de agosto de 2014 el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo 207-2014, que establece la aprobación de la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados 2013-2023.

Uno de los objetivos específicos de la Política Nacional de Biodiversidad es crear el sistema nacional de seguridad en el uso de los organismos vivos modificados (OVM) (Transgénicos) y establecer directrices que definan el marco regulatorio para su desarrollo, uso, manejo, transporte, liberación al ambiente y movimiento transfronterizo, como una herramienta del desarrollo sostenible, en beneficio de la calidad de vida de la población.

Para proceder al cumplimiento de la política, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) redactó recientemente un reglamento, en el que se establecen los requisitos para otorgar licencias de tránsito y realizar actividades de uso confinado, liberación experimental, pruebas piloto, liberación comercial y para uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento de los Organismos Vivos Modificados.

La información destaca que el artículo 46 establece la creación del Registro Nacional de Organismos Vivos Modificados, que tendrá carácter público y estará a cargo de la inscripción sobre las actividades para el desarrollo, manipulación, transporte, utilización para la investigación, comercialización y la liberación de OVM en el territorio nacional.

Por su parte, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) considera que el cultivo, la comercialización y uso directo de los transgénicos como alimento humano o animal, constituye una violación a los derechos humanos de la población y al derecho al alimento.

La ANAPROB exige al Congreso de la República que legisle a favor del pueblo y que apruebe una ley que prohíba la experimentación, comercialización, cultivo y consumo de transgénicos en todo el territorio nacional.

Asimismo, pide al Estado que vele por el bien común y no por intereses de empresas transnacionales y llama al pueblo de Guatemala a mantenerse a la expectativa sobre el curso de los acontecimientos ante esta nueva amenaza impulsada por el actual gobierno.

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“Miente” México ante Comité de Desaparición Forzada de ONU

Angélica Jocelyn Soto Espinosa (CIMAC)

La delegación del Estado mexicano mintió al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) sobre sus acciones para prevenir y castigar esta grave violación a los Derechos Humanos (DH), afirmaron grupos civiles y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Al participar en el octavo periodo de sesiones del CED, este 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, la delegación oficial mexicana se mostró “tibia”, y no adoptó una posición “clara” sobre la grave situación que enfrenta el país en la materia, según criticaron en conferencia de prensa activistas y familiares de víctimas de desaparición forzada.

Esto porque durante el escrutinio que hizo el CED al Estado mexicano, la representación oficial (conformada por 20 funcionarios) sólo reconoció “retos, desafíos y pendientes” en el tema de desaparición forzada, e insistió en que ya existe una “verdad establecida” en el caso Ayotzinapa.

Además, el Estado mexicano “mintió” al decir que el gobierno federal actuó desde el primer día de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero las y los familiares dijeron que la PGR dejó pasar 12 días antes de intervenir.

Hilda Legideño, madre de José Antonio Tizapa Legideño, quien se comunicó con la prensa mexicana desde Ginebra, sostuvo que la representación del gobierno mexicano mintió durante su participación y –a su parecer– México en realidad no se comprometió a nada en concreto con la ONU.

La mujer informó que durante las investigaciones por el caso Ayotzinapa hubo “muchas inconsistencias”, además de que el Estado no tiene pruebas suficientes para señalar que los 43 fueron asesinados, ya que sólo ha encontrado los restos de uno.

Señaló que tiene confianza en el trabajo que hará el Comité al analizar la problemática de desaparición forzada que ocurre en México desde hace muchos años, ya que considera que el apoyo internacional podría obligar al Estado a dar respuestas verídicas sobre el paradero de su hijo.

Durante la sesión del 2 de febrero, Hilda Legideño enfatizó ante el CED que “ellos (los normalistas) están vivos, los tiene el gobierno, y no sabemos por qué”.

Otras mujeres –madres de víctimas de desaparición forzada–, integrantes de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), en Chihuahua, pidieron a Naciones Unidas que obligue a México a cumplir con lo que mandata la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, de la ONU.

Obligaciones del Estado

A decir de la representación ciudadana (que emitió a la ONU un informe alterno sobre la situación de desaparición forzada en México), el CED cuestionó al Estado mexicano (sin obtener respuesta) sobre las razones del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) –instancia encargada de investigar las graves violaciones a DH cometidas durante la llamada “Guerra Sucia” (en los años 70)–, y la falta de una estadística oficial sobre víctimas de este delito.

Las organizaciones y familiares dijeron que esperan que en el informe del CED, previsto para el próximo13 de febrero, se obligue al Estado mexicano a aprobar en esta Legislatura federal una Ley General de Desaparición Forzada, en la cual intervenga un grupo de trabajo conformado por activistas y familiares de víctimas.

Además, que se establezca un mecanismo de búsqueda con vida de personas desaparecidas y protocolos para investigar y castigar la desaparición forzada.

Pidieron que se obligue a México a tomar en cuenta la participación de los familiares en los planes de búsqueda, además de que se elabore un registro exacto del número de personas que están siendo desaparecidas.

Y llamaron al gobierno a que acepte, registre y castigue las denuncias por desaparición forzada, toda vez que durante los procesos penales se reclasifica el delito o se omite, además de que –a decir de familias y organizaciones– la PGR no cuenta con instalaciones ni infraestructura para localizar a las personas.

Acepta Comité que hay impunidad

Las y los activistas destacaron las observaciones que hizo el CED al reconocer que la desaparición de los normalistas guerrerenses “no se trata de un caso aislado”, sino de una crisis de desaparición forzada que México se niega a reconocer.

El Comité pudo observar que en México no hay normatividad ni una política pública para erradicar las desapariciones forzadas, no se investigan los contextos, y existe una gran corrupción entre los cuerpos policiales, además de que el decálogo que anunció en noviembre pasado Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, es “insuficiente” para combatir las desapariciones.

A decir de las organizaciones, el Comité se sintió muy interesado por el sentir de las familias que asistieron a Ginebra, y señalaron que permanecerán muy atentas para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones que emita el CED.

La delegación oficial mexicana estuvo encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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Estados Unidos: La guerra de posiciones entre la Casa Blanca y el Capitolio

Jesús Adonis Martínez (PL)

La distancia entre el Capitolio y la Casa Blanca no ha dejado de ampliarse en términos políticos desde que el Partido Republicano tomó el 6 de enero el control de ambas cámaras en el Congreso de Estados Unidos.

La guerra de posiciones en Washington D.C. inaugura cada vez nuevos frentes, aunque el presidente Barack Obama haya reiterado su interés en trabajar junto a los republicanos en sus dos últimos años de gestión.

Durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, Obama alternó este mensaje contemporizador con la propuesta de una amplia agenda legislativa que presumiblemente no habría de caer demasiado bien a la oposición.

Apoyado en la recuperación del empleo y otros indicadores económicos, el gobernante llamó a sus adversarios a "pasar la página" y apeló a la "decencia" para llevar adelante varias iniciativas.

Entre otras mencionó la gratuidad en un grupo de centros universitarios -en los dos primeros años-, mejora del crédito para educación y cuidado de los niños, equidad salarial para hombres y mujeres, y elevación de impuestos a los más ricos.

A todas luces, el mandatario propuso una hoja de ruta para favorecer a la clase media y hacer más competitiva la economía nacional: unos objetivos que estarían en la mira del Partido Demócrata en su conjunto a fin de captar votos para el ciclo electoral de 2016.

El jefe de la Casa Blanca también ratificó sus recientes jugadas unilaterales en temas como migración (amnistía legal que exime de deportación a casi cinco millones de indocumentados) y política exterior (proceso de normalización de relaciones con Cuba, compromiso sobre cambio climático con China y negociaciones sobre el programa nuclear con Irán).

En todos estos sentidos, Obama hizo -según The New York Times (NYT)- un "audaz llamado a la acción": instó a los congresistas al debate para desmantelar el bloqueo económico de medio siglo contra La Habana y adelantó que vetaría cualquier propuesta de sanciones que contamine el diálogo con Irán.

Algunos analistas señalan que la incisiva actitud del Presidente -apuntalado por un apoyo del 50 por ciento de la ciudadanía según las encuestas- le permite, aun sin respaldo en el Legislativo, obligar a una respuesta a otros actores políticos (a nivel de estados, por ejemplo).

Claro que nada de esto hace mucha gracia a los miembros del partido rojo, que tras el informe anual del dignatario comenzaron a moverse para minar su proyección política.

El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se apresuró a invitar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aceptó hablar ante el Congreso -a inicios de marzo- sobre el programa nuclear de Irán.

La Casa Blanca echó en cara a Boehner no consultar este paso y anunció que el presidente Obama no recibirá a Netanyahu debido a que -de acuerdo con la versión oficial- su visita será muy próxima a las elecciones en aquel país y se prefiere evitar cualquier influencia en ese proceso.

A su vez, el senador Marco Rubio y varios de sus correligionarios reanudaron sus cuestionamientos al deshielo con La Habana y agitaron el argumento de que no fueron consultados antes de decretar el inicio de ese proceso.

Paralelamente, el vicepresidente, Joseph Biden, se reunía en privado con 17 senadores republicanos en abogaba por "mantener la atención en la clase media":

"Yo creo que la mayoría del Partido Republicano sigue creyendo en la idea de que tenemos que tener las personas mejor capacitadas en el mundo para atraer a las empresas y la mejor infraestructura", clamó.

De cualquier manera, el distanciamiento entre Ejecutivo y Legislativo se multiplica en varios frentes y en cada uno de estos casos se ha prometido el veto del Despacho Oval.

Un proyecto apadrinado por republicanos -y aprobado ya en la Cámara baja- financiaría hasta el 30 de septiembre de 2015, cuando finaliza el año fiscal, al Departamento de Seguridad Interior, pero dejaría sin recursos para gestionar la permanencia en el país y la obtención de permiso de trabajo a más de 4,5 millones de indocumentados.

Otra enmienda revertiría una medida de 2012 que favorece a los migrantes que ingresaron con menos de 16 años y cumplen otros requisitos.

Asimismo, los republicanos juegan fuerte para dar luz verde a la construcción del oleoducto Keystone XL (para la explotación de arenas bituminosas en Alberta, Canadá) -sujeto a decenas de enmiendas-, mientras que el Ejecutivo ha indicado que no interrumpirá el proceso de revisión en curso y ha remitido a litigios en el estado de Nebraska.

La Cámara de Representantes también sancionó un proyecto que evitaría el pago de cuotas a empresas que no provean seguro de salud a empleados que trabajan menos de 40 horas por semana.

O sea, llevaría de 30 a 40 horas semanales la definición de trabajo de tiempo completo vigente según la Ley de Asistencia de Salud Asequible (Affordable Care Act), el programa sanitario conocido como Obama Care.

El vocero presidencial, Josh Earnest, aseguró el veto ejecutivo e indicó que "este cambio en realidad haría mucho daño, no solo a dicho plan de salud, sino a un número considerable de trabajadores en todo el país".

Al parecer, el único punto en que están de acuerdo Obama y los republicanos del Capitolio es en cuanto a la pertinencia -con algunas diferencias de forma- de un permiso explícito para emplear la fuerza militar contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Iraq y Siria.

Hasta la fecha, las acciones militares de la coalición liderada por Washington se han realizado bajo el amparo legal de resoluciones aprobadas tras los ataques terroristas del 11 Septiembre de 2001, durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).

Obama solicitó la autorización de uso de la fuerza en su discurso anual ante el Congreso, pero ya existía acuerdo al respecto desde una reunión celebrada a mediados de este mes entre el mandatario y las cúpulas de ambos partidos en el Legislativo.

Entonces se informó que el jefe de Estado trabajaba en el documento y fuentes de la administración precisaron que continuarían solicitando los criterios de los congresistas a fin de reflejar puntos de vistas de ambos partidos.

En diciembre pasado, el secretario de Estado, John Kerry, solicitó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado no poner límites al alcance geográfico de las operaciones y al eventual uso de fuerzas terrestres en la lucha contra los yihadistas, aun cuando en principio la estrategia continuaría acotada a golpes aéreos sobre posiciones en Iraq y Siria.

Hechos recientes como los ataques terroristas en París han levantado suspicacias en la oposición sobre si Estados Unidos está preparado para enfrentar actos extremistas similares.

Una vez más el conservador John McCain acusó al gobierno de ser flojo en la lucha contra el EI y no tener "estrategia para degradarlo o derrotarlo".

Al juego se suman ahora variables como la inestabilidad política en Yemen -donde ha colapsado el gobierno ante el empuje de milicias de credo chiíta- y la sucesión en Arabia Saudita -aliado fundamental para controlar el Medio Oriente- tras la muerte del rey Abdullah.

Durante su reciente visita a India, Obama aseguró que continuará el esfuerzo antiterrorista de Estados Unidos en Yemen, pero la situación en el país arábigo avivó el debate sobre el eventual cierre de la prisión ubicada en la base naval de Guantánamo (en territorio ocupado de Cuba contra la voluntad del gobierno de la isla).

Legisladores republicanos recalcaron que la mayoría de los presos que permanecen allí provienen de Yemen y, por tanto, cargaron nuevamente contra la estrategia de transferirlos a otros países (incluidos los de origen), pues esos hombres podrían volver a alinearse para combatir a Estados Unidos.

El cierre de la prisión en Guantánamo se ha convertido para Obama en "imperativo nacional" debido al desprestigio que han supuesto las violaciones de derechos humanos cometidas en esas instalaciones y al hecho de que tales prácticas constituyen -según hizo notar la demócrata Jackie Speier- un símbolo que utilizan con fines de reclutamiento grupos extremistas como Al Qaeda.

El Capitolio fue conquistado en noviembre por sus adversarios, pero sondeos de opinión respaldan a Obama y ello pudiera traducirse en nuevas acciones ejecutivas de carácter unilateral.

La mitad de los consultados recientemente por The Washington Post y ABC News justifica tal procedimiento presidencial, mientras que el 46 por ciento lo rechaza.

Obama -quien ha padecido el mayor obstruccionismo legislativo- parece decidido a apuntalar su legado, contra viento y marea, en los dos últimos años de mandato.

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