jueves, 5 de febrero de 2015

Carteles de la droga: ¿La DEA bajo sospecha?

Carlos Santa María (RT)

Hasta hace algunos años lo que era una pregunta escondida, una suposición o una simple afirmación de la cual era sindicada la izquierda, hoy hace parte de una discusión mundial puesto que se han esgrimido varias razones de peso para exigir respuestas sobre el papel que juega la DEA en la lucha contra las drogas.

Como una oposición radical a la posibilidad de corrupción, el gobierno estadounidense ha manifestado reiteradamente que la oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas (DEA), dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas es una institución seria, profesional, valiente, plena de logros y reconocida a nivel internacional como única agencia responsable de coordinar y perseguir las organizaciones narco criminales en el país y en el extranjero.

No obstante, abriendo dudas y atizando la discusión, la misma BBC, canal asociado directamente a las agencias de inteligencia que apoyan a este organismo, ha titulado uno de sus artículos: “DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas”.

Complementariamente, esta discusión se pone en primer plano con la difusión sobre la supuesta vinculación de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como líder del llamado “Cartel de los Soles”, información proporcionada por ex colaboradores del Comandante Hugo Chávez Frías. La noticia dada como explosiva, (al igual que el suicidio de Nisman), muestra claramente su objetivo de difundir un hecho considerado reprobable y que ensucie al gobierno del mandatario Nicolás Maduro.

Siete interrogantes sobre la política internacional frente a las drogas.

1. ¿Por qué ya no es Colombia el primer país en ser identificado en el tráfico de drogas en el mundo por los Medios transnacionales?

La razón es que ya existe el estereotipo creado por las agencias de investigación y reproducidas por décadas en los Medios en noticias, películas, series, telenovelas, documentales, entre otras, según la cual Colombia es el paraíso de drogadictos y carteles. Ahora ya pueden centrarse en otros personajes y países para desestabilizarlos con estas “denuncias”.

Lo que no se ha dicho públicamente es la verdad: los colombianos se apoderaron del mercado estadounidense y ello llevó a una feroz represión tanto en el interior como externamente, respondiendo a las organizaciones del tráfico criminal que permearon la DEA. Por ello, la urgencia de cortar de raíz el origen del poder a los carteles a través del “Plan Colombia”, que fue una descarnada forma de incentivar la lucha entre competidores, apresar y extraditar líderes, exprimir sus riquezas con tratos judiciales sobre su vida y familias, aplicar glifosato en regiones productivas extensas afectando a cientos de miles de campesinos, incentivar el desarraigo que fue aprovechado por los paramilitares para apoderarse de grandes extensiones de tierras, combate a la guerrilla, desviando hacia otros centros la producción y comercialización.

La realidad es que en Colombia se consume menos droga que en otros países latinoamericanos o europeos, con educación familiar al respecto y una campaña masiva que reproduce los estándares de salud y pedagogía unidos a la moral tradicional, opuestos a su uso, desvirtuando el estereotipo masivo según el cual todo ciudadano es consumidor o está vinculado a este fenómeno.

2. ¿Es la DEA un organismo confiable en cuanto a resultados evidentes en el control de drogas mundial?

Según datos generales proporcionados por la misma entidad, la cocaína incautada en los últimos diez años en Estados Unidos supera las 680 toneladas, la heroína con más de 7500 kilos y la mariguana con 4500 toneladas. En esta dirección, la DEA considera que ha logrado muchas de sus metas al reducir la producción de drogas en varias regiones, interceptar e incautar grandes cargamentos, desarticulando carteles del narcotráfico y llevando a la justicia o liquidando a los capos del crimen organizado. Igualmente en la cooperación y relaciones de amistad con las fuerzas del orden, lo que se considera un triunfo institucional.

Estos datos proceden de la entidad y han sido discutidos en diversos eventos por especialistas, cuestionando la labor neutral y decidida al control de drogas, especialmente al comprobarse cada vez más la interferencia en políticas nacionales de los países donde prestan su cooperación, los que superan más de 90 naciones en el mundo. El caso de Afganistán donde se ha triplicado la producción de heroína bajo la ocupación estadounidense es sintomático.

3. ¿Están obteniendo mejores resultados en el control de las drogas los países que no trabajan con la DEA?

En América Latina diversos países han suspendido sus relaciones con ella aduciendo la ineficacia de su acción, la intervención directa en las fuerzas armadas, el desarrollo mayor de la producción y la violencia, producto de una visión errónea del problema al atacar a los pueblos y no a la demanda, asumiendo tareas que no le corresponde.

No obstante, justo donde se manifiesta que la cooperación con otros gobiernos ha posibilitado resultados excelentes es donde existe mayor fracaso, aunque según Jhon Walters, ex director de la Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, la asistencia: "Ayudó a cambiar la imagen de Colombia. El gobierno colombiano encabezó los esfuerzos, pero la agencia clave fue la DEA". Pero, aceptando el desmonte de los carteles Medellín y Cali, el Plan Colombia de George Bush fue realizado como programa de asistencia militar, de contrainsurgencia, interdicción y erradicación, donde la DEA participaba en la persecución, detención y extradición de capos, guerrilleros, paramilitares y otros dedicados al narcotráfico.

Pese a que aún se sigue trabajando con la Agencia, varios gobiernos evalúan esta relación y están comenzando a considerar otras opciones, especialmente cuando la UNASUR inicia estudios para proponer alternativas a las estrategias de represión como principal táctica.Según la BBC, Adam Isacson, analista de seguridad regional de la Oficina en Washington sobre asuntos Latinoamericanos (WOLA), manifestó que la estrategia no ha logrado hacer mella en el comercio de las drogas ni disminuir el deseo de los estadounidenses o europeos de consumir, garantizado la supervivencia de las organizaciones. "Al sacar de circulación a los más débiles o los más mansos, la DEA ha creado una especie de ‘supertraficantes’. Los que quedan son los más difíciles de combatir y reprimir y eso implica violencia", junto a un “altísimo costo en dinero, recursos y vidas de civiles y efectivos de las agencias afines regionales".

Entre las naciones que no poseen cooperación con esta entidad, hay que recordar que en el 2008 Bolivia expulsó de su país al embajador estadounidense y a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por intervenir en asuntos internos del país y conspirar contra su Gobierno. Bolivia ha reportado éxitos al igual que Ecuador. Varios países consideran que su política ha impedido el florecimiento de carteles, lo que no ocurre exactamente donde interviene la DEA, especialmente comprobado en Colombia, México y, ahora, en Centroamérica.

4. ¿Existen detenidos estadounidenses que son jefes de carteles, sicarios, autoridades o bancarios que lavan dineros?

La lista que aparece públicamente y que reproducen medios como CNN y afiliados, extrañamente caracterizando a muchos como “el capo más peligroso del mundo” de acuerdo a la ocasión, además de indicar las aprehensiones o ultimados, no tiene en su prontuario a jefes de carteles estadounidenses lo que indica que el pueblo es el consumidor “inocente” incentivado por gente mala o simplemente no hay ningún intento de detener a los cabecillas dada su nacionalidad…u otro interés que no es de conocimiento masivo.

Las capturas de Pablo Escobar, junto a los hermanos Rodríguez Orejuela, estuvieron precedidos por Carlos Ledher, cuyas fortunas fueron cooptadas por la nación a la cual fueron extraditados obviamente. Las aprensiones actuales son literalmente de jefes de las mafias latinas o árabes, donde los únicos norteamericanos que se reportan son mexicanos.

5. ¿Es factible la distribución de droga en Estados Unidos sin el concurso de contactos administrativos, judiciales, gubernamentales, delincuenciales, nacionales?

Es imposible y la interrogante sorprende ya que la respuesta no ha sido dada: es absolutamente extraño que ingrese una cantidad muy alta de droga desde diferentes continentes con tanta facilidad y no se pueda controlar, teniendo aeropuertos y pasos fronterizos potencialmente seguros y provistos de alta logística como se pregona en la propaganda permanente.

Lo anterior se responde lógicamente: existe en el país un cartel que está muy organizado y protegido con el fin de permitir la entrada, el cual goza de una protección que no es fácil de identificar aunque provee garantía para su masiva distribución. La complicidad de autoridades es requisito fundamental para que no se detenga a sus propios ciudadanos y la droga circule con gran efectividad consumiendo la mente de sus usuarios, haciendo de la impunidad un símbolo del poder narcotraficante.

6. ¿Por qué siempre son latinos o árabes los traficantes y no aparece el estadounidense sino como simple consumidor?

Si la política antidrogas es básicamente un instrumento que esconde objetivos diferentes como desestabilizar gobiernos, destruir la identidad latinoamericana o de países considerados de segundo orden, propiciar estereotipos deprimentes, establecer una lista falsa con autoridades a sancionar, proponerse como una nación excepcional y sin rasgos de contaminación, entre otros propósitos no declarados, es consecuente sólo identificar a los territorios por fuera del “modo americano de vida”.

Así, entonces, los jefes del narcotráfico son latinos, árabes, rusos, italianos históricos, personajes del Hollywood politizado completamente, donde se incentiva su maldad. Paradójicamente, Breaking Bad, presentada como “la mejor serie de la historia” en la televisión, ensalza al traficante ingenioso, perfectos en la producción de cristales, quien logra engañar a los mexicanos lo que demuestra su “inteligencia”, aunque jamás muestra a una organización criminal estadounidense sino el “triunfo” del espíritu individual.

Lo delicado es que no se identifica a los nuevos dueños del mercado ya que la reducción de la producción en Colombia y el cierre de rutas por el Caribe, con la colaboración de la DEA, simplemente fueron remplazadas por otros corredores en el Pacífico, nuevas áreas de cultivo y la concentración de nuevos carteles y crimen organizado en otros países. Lo que no se ha dicho es quién se apoderó de este proceso.

7. ¿Qué objetivo pretenden las noticias que señalan a funcionarios de gobierno venezolano como corruptos?

Las denuncias de Anthony Daquin, ex asesor de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, según las que “efectivamente existe un cartel” integrado por oficiales superiores en Venezuela que autoriza el paso de drogas a otros países en los puestos de control y ofrece apoyo logístico, apoya la tesis de Leamsy Salazar en contra de Diosdado Cabello publicada en el diario español ABC. Según éste, el capitán “fue testigo primordial clave” de las decisiones que se tomaron en el gobierno de Chávez al ser, según su opinión, parte de los anillos de seguridad del mandatario y era “el hombre de mayor acceso al presidente”, “información” que fue reproducida de modo masivo por la prensa transnacional.

Sin embargo, no pudo ser desarrollado más en extenso pues al descubrirse la identidad de los “asesores” y su vinculación con la oposición venezolana, además de la complicidad de agencias extranjeras para su llegada a los medios internacionales, puso al descubierto un “cartel de protegidos” en la medida que fuesen proclives a la “denuncia” del gobierno bolivariano. Además, la inexistencia de pruebas concretas dejó este suceso como otro instrumento de la lucha por la desestabilización de gobiernos democráticamente elegidos.

Lo cierto es que su objetivo, más allá de la noticia sobre corrupción, es crear una imagen mental de que el gobierno venezolano está aquejado por múltiples problemas lo que derivará en una insurrección natural producto de dichos fenómenos acumulados, situación que después de 15 años no ha sido posible crear pese a la inversión billonaria para el efecto.

 Consideraciones analíticas.

Naturalmente el primer objetivo de toda política que impida el desarrollo, producción, comercialización consumo y efectos de las drogas, es que se realice basado en principios éticos sólidos y con un carácter soberano, donde la confluencia de fuerzas no suponga una dependencia y aceptación de infiltración en los gobiernos y sus fuerzas armadas.

En este sentido, lo ideal es que la DEA, con más de medio siglo de experiencia acumulado en anteriores organismos, se dedicara fundamentalmente a aportar conocimiento y tecnología avanzada que posee respetando a cada nación y apoyando las estrategias internas para dicho control. A su vez, intensificando en la mayor dimensión el estudio de la situación interna de Estados Unidos donde cerca de 50 millones de personas son consumidores de drogas. El problema es álgido y debe ser la primera prioridad del presidente Barak Obama: resolver su propia problemática, someter a sus propios capos, antes que dilapidar esfuerzos en la desestabilización de continentes.

El caso Ayotzinapa ha revelado la verdadera dimensión del problema en México, involucrando al gobierno, fuerzas policiales, sicariato, narcotraficantes. Es una alianza temeraria y de la cual Peña Nieto es responsable junto con sus antecesores por permitir este despliegue de violencia inmisericorde, lo que debería obligar al gobierno mexicano a revaluar el enfoque de la estrategia y cooperación con E.U., realizando un proyecto transparente, civilizado y judicial, con una visión alternativa de la drogadicción. Cuando hasta hoy se desconoce el paradero de los 43 estudiantes y se sabe de las declaraciones por tortura de policías que luego han sido liberados, la confianza en las autoridades es absolutamente inexistente, sospechando de una postura soberana frente a este grave flagelo.

Los carteles de la droga son poderosos. Lo preocupante es que adquieran un poder tal que sus relaciones estén al máximo nivel gubernamental. No obstante, en la perversa concepción neoliberal, la exigencia política es que no intenten asumir cargos de responsabilidad eleccionaria ante los congresos pues esa es una línea roja: para el capitalismo, el narcotráfico es secundario ante la transformación social, de allí que en la medida que no interfiera al proponer o apoyar alguna reforma progresista o discutir el poder tradicional de los patriarcas (pecado mortal de Pablo Escobar), puede estar vigente aunque legalmente prohibida

En conclusión, no es factible con la documentación actual confirmar absolutamente que existe una organización cerebro (la DEA), que controla la droga en el mundo. Sin embargo, mientras se mantenga una acción de infiltración en las fuerzas armadas de los países donde existan oficinas, se postule políticas represivas afectando la vida y salud de dichos pueblos, sin centrarse en su propio país (Estados Unidos), y no se establezca una vinculación de complementariedad con el fin de trabajar en conjunto políticas internacionales coherentes para detener la demanda como origen de la oferta, existirá una duda razonable sobre su rol en este campo.

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Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia

CELS

La propuesta de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y de crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional es de absoluta trascendencia política. En un contexto en el que se ha puesto en debate el intolerable nivel de autonomización del aparato de inteligencia nacional y sus relaciones espurias con el sistema político y judicial, la nueva regulación debería servir para promover la reducción de su tamaño, la profesionalización de la actividad y una clara subordinación a las instituciones democráticas y al gobierno político. En igual sentido, representa un avance sustantivo sacarle a esta Agencia la facultad de centralizar las intervenciones telefónicas vinculadas a causas criminales y su traspaso al Ministerio Público. Sin perjuicio de la necesidad de discutir qué corresponde hacer con aquellas que se pretendan realizar en el marco de tareas de inteligencia y que requieren orden judicial. La voluntad política expresada en la propuesta de reforma es un importante avance en el demorado cumplimiento del compromiso que el Estado argentino tomó con las víctimas del atentado a la AMIA en el año 2005. El decreto 812/05 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en el marco del trámite del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que el CELS acompaña y patrocina a la agrupación de familiares y víctimas Memoria Activa, establecía que entre otras acciones el Estado debía reformar la ley de inteligencia para transparentar el uso de los fondos reservados y facilitar la posibilidad de acceder a información de inteligencia en el marco de una causa penal (testimonios, documentación, etc.) cuando agentes de inteligencia funcionan como auxiliares de la justicia.

Sin embargo, las regulaciones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso son insuficientes para cumplir con este compromiso, contienen también disposiciones cuestionables que pueden profundizar los problemas de funcionamiento que se pretenden resolver. Y se quedan a mitad de camino en las modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad.

El funcionamiento de las áreas de inteligencia del Estado ha mostrado problemas graves para la institucionalidad democrática desde la finalización de la dictadura. La necesidad de reformar el marco normativo y las lógicas de relación con el sistema político y judicial –que van de la cooperación a la extorsión– quedó a la vista durante estos años en distintos casos y episodios que expusieron las tramas oscuras del Estado. Esas prácticas y vínculos pusieron en juego hasta la 2 gobernabilidad, así como la capacidad del Estado de prevenir e investigar ataques y garantizar la protección de los derechos humanos. Como ha quedado claro, el caso AMIA está marcado por estas relaciones (tanto en el desvío de la causa judicial para encubrir el atentado como en la continuación de la investigación después de la nulidad del primer juicio).

Es importante tener en cuenta la experiencia del debate de la ley actual sancionada en el año 2001, atravesado por la crisis institucional del país y, luego del atentado a las Torres Gemelas, por la profundización del paradigma de la “guerra contra el terrorismo”. La discusión se centró en impedir que se militarice la seguridad y las actividades de inteligencia, en línea con las leyes nacionales de defensa nacional y seguridad interior, lo que se logró a partir del acuerdo de los dos partidos mayoritarios. En ese marco, la Secretaría de Inteligencia (SI) consolidó su centralidad y poder a cargo de la dirección y supervisión de todo el Sistema de Inteligencia Nacional y sostuvo la atribución fundamental de realizar las intervenciones telefónicas de todo el país, que le había sido transferida luego de la privatización de ENTel por el ex Presidente Menem (decreto 1801/92). En aquel momento, se incluyeron algunas regulaciones de control para transparentar su funcionamiento aunque no se lograron implementar fuertes dispositivos. Además, durante estos años, el sistema político y judicial avaló el débil funcionamiento de los controles previstos, en particular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia.

La decisión de disolver la SI para crear la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) impone que se abra finalmente un amplio debate en el Congreso y que gobierno y oposición trabajen en forma cooperativa en el mejoramiento del proyecto sin buscar ventajas coyunturales que desplacen el eje de uno de los temas centrales para el sistema democrático y sus instituciones fundamentales (art. 38, CN). Esto requiere que se le dé peso a cambios que en aquel entonces fueron resistidos por la propia estructura de inteligencia y que requieren de un fuerte apoyo político para ser sancionados e implementados.

A continuación, desarrollamos algunos de los puntos del proyecto que consideramos deben ser revisados y modificados por el Congreso de la Nación.

1. Aumento de las competencias de la AFI y redefinición del concepto de inteligencia El proyecto tiene defectos de técnica legislativa al redefinir la Inteligencia Nacional sin incluir en ella las hipótesis de agresión de estados extranjeros (lo que es competencia del Subsistema de inteligencia estratégica militar, que no es modificado por esta nueva ley, según el artículo 2 del proyecto). En este sentido, por ejemplo, esa definición restringiría la competencia que el artículo 12 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional le confiere al Presidente de la Nación de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, que debe incluir obviamente a las hipótesis de agresión de un Estado extranjero. Introduce, además, un nuevo concepto de “inteligencia interior” (art. 3 del proyecto1) que es confuso en su alcance y entra en contradicción con otras disposiciones del proyecto que le atribuyen competencias a la AFI (arts. 2, 6 y 7 del proyecto).

Estos problemas de imprecisión legislativa están acompañados por uno de fondo. El proyecto prevé un aumento de competencias de la AFI al reforzar funciones de investigación e inteligencia criminal, basadas en la doctrina de las “nuevas amenazas”. Según los arts. 5, 6 y 7 del proyecto la AFI es el organismo superior del Sistema Nacional de Inteligencia. Tiene la misión general de dirigir y coordinar el Sistema de Inteligencia Nacional (lo que incluye los Subsistemas de Inteligencia Criminal e Inteligencia Estratégica Militar). Tiene, a su vez, la tarea específica de producir inteligencia en defensa de la Nación ante amenazas internacionales (que enumera como “terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicas y financieras”). Además, el proyecto le transfiere la competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en lo que se refiere a las actividades indicadas en el art. 6, inc. 2 del proyecto, es decir la “inteligencia interior” y que describe como “Inteligencia criminal de delitos complejos”. Este último artículo, al definir la “inteligencia interior” agrega como actividad de inteligencia a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional o democrático” (art. 36, CN). Esta capacidad de realizar investigaciones no está contemplada en la definición conceptual de Inteligencia Nacional del art. 2 del proyecto e implicaría una ampliación.

En consecuencia, se podría interpretar que se propone otorgar a la AFI la capacidad de intervenir directamente en la producción de inteligencia criminal y en la investigación de delitos federales complejos aún en forma más amplia que en aquellos casos en los que haya una hipótesis de amenaza internacional.

En este punto se presentan dos problemas. Le da a la AFI facultades amplias de inteligencia criminal aún si se lo limita a las amenazas internacionales (sacándoselas al Subsistema de Inteligencia Criminal) y le otorga facultades de investigación criminal, lo que no estaba previsto como actividad de inteligencia excepto a requerimiento específico de un juez (artículo 4° de la ley de inteligencia). Por este artículo, que es una excepción, y fundamentalmente a partir del caso AMIA, se coló la intervención cada vez mayor de la SI en las investigaciones criminales. El proyecto parece ampliar la regla de ese artículo 4 sin decirlo expresamente. Esto contradice el declarado objetivo de la reforma. La clave está en sostener la función preventiva de la nueva Agencia Federal de Inteligencia sin que tenga relación con jueces o fiscales sino, en todo caso, con las fuerzas de seguridad o contactos institucionales con los responsables de definir las políticas de persecución penal.


Según los especialistas, las tareas operativas de investigación criminal no deben confundirse con las de inteligencia criminal (centralmente análisis de datos e información). Esta, a su vez, no debe confundirse con las de inteligencia de Estado (golpes institucionales, levantamientos, riesgos al orden constitucional, estabilidad, cuestiones de integridad territorial, energía, geopolítica, económica, y sobre todo actividades de contrainteligencia). Este es el modelo actual, en el plano normativo, aunque profundamente distorsionado en la práctica.

El proyecto plantea legitimar la intervención de la AFI en inteligencia criminal amplia y hasta le habilita a desarrollar tareas de investigación, con el riesgo de profundizar los problemas que hoy se advierten ya que implica sostener funciones esencialmente operativas o “de calle” y una planta de personal que las realice. Resultará problemático el entrecruzamiento con las tareas de inteligencia criminal previstas para las áreas de Seguridad. Esta ampliación de funciones, en lugar de proponer una función eminentemente de análisis, implica que será difícil reformular la relación promiscua que hoy existe entre la estructura de inteligencia y la justicia federal, lo que no se resuelve sacando sólo de su órbita la capacidad de realizar las intervenciones telefónicas.

Al mismo tiempo, el artículo 4 del proyecto le da la facultad a integrantes de la AFI de iniciar, en caso de urgencia, actividades de inteligencia (en los términos amplios del art. 3 del proyecto) sin autorización previa y dando aviso a la autoridad máxima del organismo recién a las 72 hs. Si en las actividades de inteligencia están incluidas las investigaciones, una interpretación amplia habilitaría a realizarlas en forma encubierta sin autorización judicial o con convalidación posterior.

Esta definición parte de la idea de que estos fenómenos criminales (que representan los delitos federales más graves), por su característica trasnacional, solo pueden ser abordados desde una Agencia que funcione bajo el paradigma del secreto y que es la que deberá relacionarse para su investigación y juzgamiento con el sistema de justicia penal federal. Nuevamente, los funcionarios judiciales deberán recurrir a la AFI para llevar adelante investigaciones de delitos federales complejos. En definitiva, esta agencia será la que amalgame las relaciones con todo el sistema de justicia federal y será probable que la nueva agencia mantenga las relaciones promiscuas que desarrolló la Secretaria de Inteligencia.

Además, al centralizar la inteligencia criminal de delitos trasnacionales, basados en la doctrina de las nuevas amenazas, abre a la AFI a la posibilidad de definir las hipótesis de conflicto y sus tareas de investigación e inteligencia a partir de su relación con las agencias de inteligencia de las potencias mundiales (agencias desde donde se filtran y sobredeterminan los fenómenos de criminalidad compleja internos). Con este esquema es previsible que se mantenga la enorme influencia de algunas grandes agencias de inteligencia extranjeras en la definición de los aspectos más importantes de nuestra política criminal.

Subrayamos todas estas cuestiones porque es precisamente la articulación promiscua de las actividades de investigación e inteligencia lo que ha causado varios de los problemas que la reforma intenta solucionar: la producción de prueba con criterios de producción de inteligencia que luego no logra pasar los estándares judiciales, tal como señaló el juez Canicoba Corral al analizar la tarea del fiscal Alberto Nisman. Todas estas competencias recaen en una agencia que seguirá funcionando con un alto nivel de secreto y sin la posibilidad de control que existe (o podría existir) sobre las policías y las áreas políticas que definen y desarrollan las políticas de seguridad y criminal.

Estas superposiciones se producen transfiriendo a la nueva Agencia parte fundamental atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad. Se desvirtúan así algunos de los avances de la Ley de Inteligencia Nacional que proponía, al menos en el plano normativo, una clara diferenciación de agencias y funciones entre los Subsistemas.

En sentido opuesto al proyecto de creación de la nueva agencia, entendemos que la mejor doctrina es aquella que plantea que la Agencia Federal de Inteligencia, como coordinadora de todo el sistema, deber ser la que analiza la información que producen los otros subsistemas sin ningún nivel de actividad operativa (específicamente en investigaciones criminales).

2. Los controles y el acceso a la información

Respecto de las normas previstas en el proyecto de ley para establecer un mayor control y transparentar la estructura y funcionamiento de la nueva agencia, se pueden hacer algunas observaciones. Si bien se establecen normas programáticas, mantiene las regulaciones existentes en la ley vigente y deja otras específicas necesarias para el decreto reglamentario. Tampoco avanza en un cambio de lógica respecto del funcionamiento secreto de la AFI y de la información que produce.

2.a. La continuidad de la estructura de la SI

La ley debería contar con parámetros más específicos que permitan una reestructuración profunda de la nueva agencia y un proceso cuidadoso de selección de su personal. Una experiencia similar fue implementada cuando se suprimió la Policía Aeronáutica Nacional y se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La nueva ley orgánica previó importantes cambios en la estructura y escalafón de esa policía. A su vez, fue clara en la incorporación de reglas para el ingreso de nuevo personal y la revisión de la planta existente. En este sentido, una redefinición del rol de la AFI debería llevar a revisar la planta existente y adecuarla a las funciones de análisis y no operativas, tarea que la ley podría encomendale a la agencia, incluyendo la fijación de un plazo perentorio para ello.

A su vez, las últimas leyes que previeron el armado de nuevas estructuras disponen de requisitos estrictos y objetivos para el ingreso y la permanencia en este tipo de organismo público. Es preciso en este sentido, mejorar la redacción del artículo 23 inciso 1 de ley 25.520, introducir criterios objetivos y no dejar supeditada la información a los archivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El art.24 del proyecto solo prevé la necesidad de que se instrumente una transformación del ingreso de personal. Las reglas de esa reformulación deberían ser legales, además de prever parámetros claros que sirvan para evaluar el proceso de reasignación de funciones del personal.

Por su parte, la ley debería contemplar que no todo el personal que realiza tareas en la nueva Agencia Federal de Inteligencia tiene que tener el mismo nivel de reserva de su identidad, pues son muchas las tareas que se realizan en una Agencia de Inteligencia que no requieren ese carácter secreto del funcionario.

Por último, es importante también que se avance en la derogación de los decretos-Ley “S” 9.021/63 o “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina” y su decreto reglamentario, decreto “S” 2.322/67, y que se establezca un plazo para reconvertir al personal que desarrolla tareas en esa dependencia en la medida que sea idóneo para continuar desarrollando funciones en alguna de las instituciones vinculadas al Sistema de Inteligencia Nacional.

Será la Comisión Bicameral la que deba exigir y controlar la adecuación de las dependencias de inteligencia de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales a los principios de la nueva ley.

2.b. Control de los fondos y ejecución del presupuesto.

El artículo 18 de proyecto –modificatorio del artículo 32 de la ley 25.520– señala que se establecerán mecanismos adecuados de control de fondos, pero delega su regulación al Poder Ejecutivo a través de la reglamentación.

Teniendo en cuenta que esta es una de las herramientas principales de control del funcionamiento del sistema de inteligencia y hace a la operatividad de su transparencia, es recomendable que el Poder Legislativo también intervenga en la regulación de la forma en que estos se registran y que sean aplicables los mecanismos que ya están previstos en la propia ley. A su vez, es indispensable que se precise la clasificación de información referida al presupuesto y a los gastos reservados especialmente, y el modo en que la Comisión Bicameral o los legisladores que la integran podrán acceder a esa información sin quedar bloqueados por la necesidad de autorización del PE o del funcionamiento de mayorías y minorías parlamentarias. Es el Poder Legislativo el que debe aprobar mediante una ley, los alcances de sus funciones de contralor y las formas de registro de la información que se requieren para que ese control sea posible.

Es central que se defina, de igual manera, que no todos los fondos son reservados sino que parte del presupuesto de esta Agencia es ordinario y auditable como cualquier otro gasto del Estado mediante la ley de administración financiera. Respecto de los gastos reservados se deben aplicar normas específicas para el acceso de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. Esto implica también revisar la regla que define el secreto de toda la información y actividad de las agencias de inteligencia y la autorización del PE como única forma de destrabar los pedidos parlamentarios.

Del mismo modo, es importante legislar con mayor precisión sobre los mecanismos de acceso del control parlamentario y judicial. La ley debe ser la que regule la intervención específica de la Comisión Bicameral y establezca, por ejemplo, una periodicidad para el control de los fondos reservados. No puede quedar librado al criterio de oportunidad de la Bicameral la decisión de realizar este control presupuestario.

2.c. Acceso a la información. Clasificación y desclasificación

Conectado con el punto anterior, será importante que se mejore la forma en que el proyecto regula la clasificación de información y los mecanismos de desclasificación. El proyecto mantiene la regla del artículo 16 de la ley actual. Las actividades de inteligencia, el personal, la documentación y los bancos de datos llevarán clasificación de seguridad. El acceso a la información lo autoriza el Presidente de la Nación o el funcionario a quien se lo delegue. Los criterios de clasificación son los mismos que los contenidos en la reglamentación actual del decreto 950/02 (art. 10)2. Cada grado de clasificación, según el proyecto, tendrá condiciones de acceso y desclasificación propias, que quedan libradas a la reglamentación. Quienes, cómo y cuándo podrán acceder a la información será definido en el decreto reglamentario. En otras palabras, se sigue manteniendo la regla del secreto mediante una clasificación abierta sujeta a la interpretación de la autoridad.3

Además de no incluir ninguna instancia de reclamo ante la negativa a dar acceso a la información, el proyecto establece una prohibición expresa de desclasificar antes de los 25 años (piso mínimo para cualquiera de los grados de clasificación). Este plazo resulta excesivo para que todos los niveles de clasificación. Queda para el Poder Ejecutivo la facultad de desclasificar cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial, en función de los intereses y seguridad de la nación y sus habitantes.

Es positivo que el art. 16 quater obligue a los integrantes de la nueva agencia a realizar sus funciones de manera respetuosa a la ley 25.326 de protección de datos personales y dispone que se adecuarán las bases de datos a lo exigido por la Ley mencionada. Agrega a la ley vigente la prohibición de revelar o divulgar información personal de habitantes o personas jurídicas obtenidas producto de la actividad de inteligencia excepto que exista una orden o dispensa judicial.

Sobre el manejo de fondos y el acceso a la información, será importante que la nueva ley prevea el fortalecimiento del control parlamentario con atribuciones y mecanismos específicos que aclaren el nivel posible de su intervención y le dé atribuciones claras frente a las competencias del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, la nueva ley debería resolver los problemas que existieron en estos años al requerir a funcionarios de inteligencia que actuaron como auxiliares de la justicia a aportar sus testimonios o dar información para los procesos judiciales. Este aspecto sigue manteniendo las mismas limitaciones que la ley vigente. El caso AMIA, por ejemplo, requirió un largo proceso para acceder a información central de inteligencia que reveló la maniobra de la agencia.

En definitiva, estas observaciones pretenden aportar la posición del CELS al debate de una de las leyes más importantes para el sistema democrático argentino con la expectativa de que en el ámbito del Congreso se logre avanzar en cambios que impliquen el cumplimiento acabado del decreto PEN 812/05 y en un mejor diseño del modelo de inteligencia nacional.


CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales

Notas:
1) Además, este nuevo inciso 6° que se agrega al artículo 2 de la ley 25.520 debería ser el 5° y dejar el actual 5° en último lugar, ya que define al Sistema Nacional que incluye a la “inteligencia interior”.
2) Estrictamente secreto y confidencial (información relacionada exclusivamente con la organización y funcionamiento específicos del Sistema de Inteligencia); Secreto (conocimiento por personal no autorizado que pueda afectar intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación); Confidencial (información que pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los poderes del Estado; Reservado (que no convenga a los intereses del Estado que su conocimiento trascienda fuera de determinados ámbitos institucionales y sea accesible a personas no autorizadas); Público (documentación cuya divulgación no sea perjudicial para los organismos del sistema de inteligencia y que por su índole permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su conocimiento sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial a menos que la autoridad responsable así lo disponga).
3) Por ejemplo, la FOIA (Freedom Of Information Act) de EEUU, funciona a la inversa: el acceso a la información es el principio general, y su denegación es la excepción. En el Reino Unido se cambió la clasificación de la información en 2014 y pasó de seis tipos distinto a tres, con descripciones mucho más específicas. De todas formas, esa tipificación no está establecida en la ley sino que la define el Cabinet Office, oficina que trabaja con el Primer Ministro.

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Disolución de la SIDE: Una iniciativa sin ninguna épica

Miguel Raider (LA IZQUIERDA DIARIO)

Sin la presencia de una oposición desflecada, el kirchnerismo firmó un dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para dar inicio a una reforma en los servicios de inteligencia. Así el gobierno de Cristina se propone sancionar el proyecto de ley que disuelve la Secretaria de Inteligencia (SI) y la reemplaza por la Agencia Federal de Informaciones antes del 1º de marzo, cuando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa auspician la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. De esta manera, el kirchnerismo pretende tomar una bocanada de oxígeno y recuperar la iniciativa política tras el brutal revés propinado por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman que lo arrojó contra las cuerdas, en medio de la feroz interna entre los servicios de inteligencia que el mismo gobierno alentó, a sabiendas de sus vínculos orgánicos con la CIA y el Mossad. Por eso es una iniciativa sin ninguna épica para cubrir su retirada lo menos deshonrosamente posible.

El proyecto de reforma del sistema de inteligencia presentado por el kirchnerismo afecta solo a la SI, excluyendo los servicios de inteligencia de las FF.SS. y de las FF.AA., controlados por el teniente general Milani, quien incorporó la mas moderna y sofisticada tecnología para actividades de espionaje y cuenta con un presupuesto de $818 millones, una suma increíble por donde se la mire cuando no existe ninguna hipótesis de conflicto militar.

De ese modo, Milani pasa a ser el hombre fuerte de la inteligencia en las sombras, restaurando ese servicio estratégico al dominio de las FF.AA., tal como lo mantuvieran durante el régimen libertador (entre la Revolución Fusiladora de 1955 y la dictadura del general Agustín Lanusse) y la dictadura genocida. Parece que esas instituciones escapan a la “deuda de la democracia” por la que hoy se rasgan las vestiduras progresistas y derechistas de todos los pelajes.

Impunidad

La iniciativa de marras se limita a un cambio en el orden jurídico “que apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de inteligencia en el marco de la democracia y los derechos humanos”, como declaró el legislador del FPV Marcelo Fuentes, titular de la comisión de Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales. Si el mismo gobierno de Cristina alimenta la hipótesis de que detrás de la misteriosa muerte de Nisman están los servicios de inteligencia, será por gracia divina que se subordinen a los “derechos humanos” los 2000 agentes orgánicos (y la indeterminada cantidad de inorgánicos) que pasarán a formar parte de la AFI.

Al mismo tiempo, Antonio “Jaime” Stiusso, el temible ex director de Operaciones y treinta de sus cuadros jerárquicos, desplazados en la purga de diciembre, gozaran de plena impunidad. Stiusso y los suyos tendrán plena capacidad para hacer de las suyas, a partir de sus vínculos con todo el régimen, abriendo una caja de Pandora de consecuencias impredecibles. Al respecto, conviene recordar que durante el gobierno de Raul Alfonsín la purga efectuada en la SIDE libró al azar personajes como Aníbal Gordon, un ex delincuente devenido en parapolicial de la Triple A, amo y señor del centro clandestino de detención Automotores Orletti, uno de los “pesados” de la “Casa” que como “mano de obra desocupada” se dedicó al gran delito y a los secuestros extorsivos (entre ellos, el secuestro del dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly), presuntamente con el siniestro clan de Arquímedes Puccio.

Escuchas

Entre otros puntos, el proyecto reserva la facultad de las escuchas telefónicas legales en manos del Ministerio Publico Fiscal de la procuradora Alejandra Gils Carbó, desplazando de esa actividad a la Dirección de Operaciones Judiciales, conocida como la nefasta “Ojota”, donde pisaban fuerte Stiusso y sus sicarios. La objeción declamada por la oposición resulta una hipocresía. En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de escuchas está bajo la responsabilidad del procurador general Martín Ocampo, un peón incondicional de Mauricio Macri, sin ninguna observación de los “republicanos”. Lejos de ser un “cuarto poder” o un “extra poder independiente”, el Ministerio Publico, creado tras la reforma constitucional de 1994, es una institución estrechamente vinculada al Poder Ejecutivo, como lo demuestra la misma Gils Carbo quien, recostada sobre las prerrogativas del Código Procesal Penal, se propone la designación de 18 fiscales generales y cerca de 2000 funcionarios para garantizar impunidad post 2015 a varios kirchneristas procesados por denuncias de corrupción.

En otras palabras, las tareas de espionaje seguirán respondiendo a los gobiernos de turno, como sucedió históricamente.

Cabe añadir una pregunta obligada: ¿qué sucederá con las escuchas “ilegales” de agentes como el extinto Pedro “el Lauchón” Viale? el prototipo de lumpen que puebla esos “sótanos de la democracia” al servicio de los poderosos como moneda corriente.

Control

Más de una humorada arranca la creación de una comisión bicameral de control, sin ninguna otra definición más que establecer “mayor transparencia”. La vigente Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia con un presupuesto anual de casi $11 millones fue un cero a la izquierda durante toda la década ganada con consentimiento explícito del kirchnerismo y la oposición. Cristina utilizó discrecionalmente la AFIP, ocultando el movimiento de los fondos reservados de la SI, estimados en más de $800 millones. Esa “cadena de la felicidad” estaba montada sobre los pagos millonarios a periodistas y medios de difusión, jueces y funcionarios de los tres poderes que actuaban simultáneamente como informantes y difusores de la SI.

La ironía es que este órgano de contralor surgió en 2001 para sustituir la entonces comisión de control que hizo la vista gorda cuando la SIDE de Fernando de Santibañez aportó las coimas a los legisladores del PJ y la UCR para sancionar la reforma laboral antiobrera, recordada como la Ley Banelco. Como decía el general Perón, la mejor forma de hacerse el burro es crear una comisión.

De todos modos, el control de una institución de ningún modo modifica su naturaleza. La Comisión de Control de Inteligencia del Congreso de EE.UU. supervisa los planes y fondos de la CIA, la organización de asesinos profesionales por excelencia más importante del mundo.

Ocupar espacios

Las feligresías populistas que orbitan junto a la llamada izquierda k reivindican la reforma en la inteligencia estatal orientados bajo la idea de ocupar espacios de un “Estado en disputa”, “colonizado por el neoliberalismo”, en la perspectiva de “un desplazamiento de las relaciones de poder dentro del poder estatal” a favor del pueblo, como alguna vez escribió el teórico de la socialdemocracia alemana Karl Kautsky. Sin embargo, la experiencia del gobierno de Alfonsín demuestra todo lo contrario.

Tras la purga de 1983, la entonces “progresista” juventud radical nucleada en la Junta Coordinadora Nacional entró con más de un centenar de sus cuadros a la SIDE, desplegando sus banderas “democráticas” para terminar infiltrando los sindicatos. Los desmanes en el local de Modart durante una de las más grandes marchas convocadas por la CGT y la infinidad de provocaciones y operaciones confucionistas (masacre de los militantes del MTP en el asalto al cuartel de La Tablada) desde ya no les fueron ajenos. ¿Acaso el destino a seguir de La Cámpora cuando asoma el crepúsculo?

El genuino interés de terminar con todas estas instituciones que conspiran contra el pueblo trabajador hunde sus raíces en las bases del mismo Estado mediante el cual los capitalistas garantizan su dominación sobre las clases subalternas. La movilización independiente en las calles y el legítimo derecho a la autodefensa de las organizaciones obreras y populares son la única forma de hacer efectiva de disolver todas las letrinas del Estado y la apertura de todos sus archivos secretos, en oposición a la impunidad que propician todas las fracciones del régimen, las mismas que encubrieron la causa AMIA durante más de 20 años.

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Entrevista a Alfredo Grand: La democracia implica un estado bifronte, simultáneamente benefactor y terrorista

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

M.H.: El motivo de esta comunicación es un tanto particular porque nunca hemos hablado en profundidad del tema AMIA, pero me quedó muy instalado algo que comentaste en nuestra última comunicación cuando nos visitaste en Fm La Boca a fin de año en oportunidad de cumplirse el décimo aniversario de la masacre de Cromañón. Para ser textual vos manifestaste: “La democracia implica un estado bifronte, es decir, simultáneamente benefactor y terrorista, y por esto es tan destructivo. Creo que Cromañón es la cara visible, no la máscara, la máscara es Ibarra, de este Estado terrorista”. Allí volvés a insistir en ese concepto de Estado terrorista en democracia. Concepto que se podría tomar como una frase más, o una manera más de presentar tus puntos de vista, pero que cobró una actualidad tremenda, precisamente a partir de la muerte del fiscal Nisman.

A.G.: Tenés razón, es una frase, yo en realidad utilizo aforismos. El tema es que no son frases vacías. Creo que justamente con lo de Nisman, en su expresión más brutal, que es el hecho de su muerte, la cultura represora empezó a girar en falso en relación al suicidio inducido o asesinato, como si fueran distintos.
Esta semana publique un artículo en Pelota de trapo donde me refiero a esto, si se hubiera suicidado hubiera sido un “suicidio épico” donde la persona se viste de gala, que es un alegato, no en calzoncillos en el baño. Son cosas muy elementales. Por lo tanto, creo que evidentemente hubo un asesinato, ahora, la gente se puede asesinar a sí misma, pero no deja de ser asesinato. Después vienen todas las teorías encubridoras, de alto cinismo, pero el hecho es que este hombre murió, lo mataron, como murió Néstor Kirchner en su momento.
Recordarás que en ese momento nadie podía osar desmentir la versión oficial, que se había muerto de un tema cardiovascular, a pesar de todo lo que rodeó a la muerte de Néstor, el día del censo, el cajón cerrado, etc.
Vi en Facebook que publicaron que la diferencia entre Yabrán y Nisman es que Yabrán se suicidó y Nisman tampoco. No sé qué es peor si el asesinato de Nisman o la forma en la que reaccionó el Poder Ejecutivo, eso de hacernos creer que disolvieron el espionaje en la Argentina. Mientras todos sabemos que cada fuerza de seguridad tiene su servicio de espionaje, yo no le llamo “inteligencia” porque sería insultar a la misma. Además está Milani, yo en todo caso prefiero a la SIDE, porque Milani tiene un pasado tenebroso.
Estado terrorista no es lo mismo que terrorismo de Estado, terrorismo de Estado es cuando el terror ocupa todo el espacio del Estado, en el Estado terrorista hay un Estado Benefactor, como la asignación universal, las jubilaciones a las amas de casa, el matrimonio igualitario. El kirchnerismo ha hecho mucha obra en ese ámbito, el problema es que no ha desalojado al Estado terrorista, desde el hambre hasta la masacre de Once. Fijate que después de la masacre de Once vienen los trenes con aire acondicionado, es muy fuerte. Es lo mismo que disolver la SIDE, fue la masacre de Once y la respuesta del Poder Ejecutivo fue poner trenes con aire acondicionado. ¿Por qué no lo hicieron antes?
El artículo que escribí se llama “Fascismo de consorcio”, se me ocurrió en una charla que dimos con Enrique Carpintero en Psicología hace más de diez años. Un fascismo berreta, de poca monta pero berreta al fin, en ese sentido creo que éstas son formas del fascismo donde se da una masacre y vienen las medidas reparatorias.
Cristina dice “una deuda de la democracia”, no existe tal cosa, Alfonsín tuvo muchos errores pero estuvo jaqueado por los militares, con la CONADEP y por el Juicio a las Juntas, por la Iglesia por la Ley del divorcio, por la CGT que le metió 15 paros, por la hiperinflación que fue un golpe de Estado, o sea, que adjudicárselo a Alfonsín no tiene sentido. En cambio, Cristina viene de la “década ganada”, fíjate que esa década no incluyó la disolución de la SIDE, o sea que para ganar no había que hacerlo. ¿Qué cambió el asesinato de Nisman? Si lo reconocieran sería más tranquilizador, el tema es que no lo hacen, haciendo del vicio, virtud, vieja estrategia de los curas.
Ahora descubren que la SIDE está corrupta, y que es la cara no visible del Estado terrorista. Esa frase que dije en tu programa “el Estado terrorista” tiene nombre y apellido, Servicio de Inteligencia, la vieja Coordinación Federal, la Sección Especial donde se torturaban personas en el primer gobierno peronista.

M.H.: Donde ahora está la Comisaría 8ª, frente al Hospital Ramos Mejía.

A.G.: Hay que tener memoria, después el Estado terrorista fue la Triple A, hay muchos ejemplos, la masacre de Ezeiza, Kosteki y Santillán fueron asesinados en democracia. Entonces, cuando alguien dice que en democracia no hay Estado terrorista, lo mando a CORREPI, a hablar con María del Carmen Verdú, porque las estadísticas son tremendas.
La democracia incluye un Estado terrorista y un Estado benefactor, el predominio depende de la balanza de pagos, cuando hay dinero podes ser más benefactor, cuando las cosas se complican empezás a ser un poco terrorista.

Alfredo Grande es presidente de Atico, cooperativa de Salud Mental.

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Movilización contra la impunidad. Micheli: "Nuestro pueblo sabe que la verdad y la justicia se debe conseguir luchando"

Melissa Zenobi (ACTA)

En una movilización del Congreso de la Nación a Plaza de Mayo, con una amplia convocatoria a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, la CTA exigió el esclarecimiento en la Causa AMIA y el fin de la impunidad.

A las 17 horas, comenzaron a llegar las columnas de trabajadores, militantes y referentes del campo popular a la Plaza de los Dos Congresos, donde se realizó un acto para luego dar paso a la movilización a Plaza de Mayo.

“Desde la CTA Autónoma queremos saludar esta convocatoria. Nosotros tuvimos esta iniciativa en los primeros días de enero, cuando comenzó la turbulencia en relación a la muerte del Fiscal Nisman. Creímos que nuestra Central de trabajadores debíamos encontrar la manera de aportar a esclarecer, frente a la cantidad de versiones cruzadas que se iban planteando para, en lugar de esclarecer, confundir cada vez más a la opinión pública”, con estas palabras, Pablo Micheli comenzó el acto frente al Congreso nacional.

El líder de la CTA apuntó: “la mejor forma de conseguir la verdad sobre esto que está pasando, que aún no está nada claro para la mayoría de nuestro pueblo, no era que la Presidenta hablara solamente por cadena de radio y televisión y nos diera su parecer, generando así más confusión. La única manera de que nuestro pueblo pueda conseguir esta y otras tantas cosas que hacen a la construcción de una verdadera democracia es comprometiéndonos, saliendo a la calle y movilizando, organizados en la más amplia unidad”.

En este sentido, agregó: “No dudamos en juntarnos con los compañeros de APEMIA, de Servicio de Paz y Justicia, con las organizaciones sociales, con la Corriente Clasista y Combativa, sindicatos, partidos políticos del campo popular, juntarnos con todos aquellos que estuvieran dispuestos a convocar a una movilización para comenzar un camino; con un documento que plantea claramente la posición que tenemos colectivamente”.

“En este contexto invitamos también a la CGT y hoy está aquí presente el compañero Julio Piumato de la CGT, esta es una demostración de que debemos construir verdad y justicia. Y la única manera no es esperar sentados a que un funcionario, una presidenta o un diputado, un gobernante o un candidato nos diga cuál es la verdad y la justicia. Nuestro pueblo sabe que la verdad y la justicia la debe conseguir con lucha”, añadió el dirigente.

Finalmente, ratificó que el compromiso de esta Central no es sólo estar en este acto, sino de “demostrar que una central de trabajadores va a pelear contra el impuesto a las ganancias; por un salario mínimo, vital y móvil que sea digno para una familia tipo, superior a los 10 mil pesos por mes; por aumento salarial para los jubilados, por el 82% móvil y también vamos a pelear por verdad y justicia”.

“Vamos a pelear para que se esclarezca la muerte de Nisman, pero también por Jorge Julio López, por Luciano Arruga y todos los que han pagado con su vida el haber levantado la voz en esta democracia. Y la Presidenta, si realmente quiere tener un gesto para cambiar esta situación de vigilar a los que luchamos, debería derogar la Ley Antiterrorista”, finalizó Micheli.

“La única forma de reformar esto, es con la unidad del pueblo”

Adolfo Pérez Esquivel, de Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ), también hizo uso de la palabra: “Una vez más estamos movilizados para reclamar verdad y justicia, porque sobre la impunidad no se puede construir una democracia. Hemos luchado durante muchísimo años para recuperar esta democracia que están bastardeando”.

El Premio Nóbel de la Paz recordó los principales ejes de la movilización: “apoyamos el proyecto de Ley de APEMIA para que los Diputados y Senadores voten la Comisión Investigadora Independiente sobre la Causa AMIA. Llevamos casi 20 años y seguimos en la total impunidad, no hay un solo acusado ni un solo detenido. Así también exigimos que se abran los archivos que hoy están en manos de los servicios de inteligencia, que son más de desinteligencia que de inteligencia”.

“La disolución de la Secretaría de Inteligencia no puede ser simplemente un maquillaje. Los servicios deben reformarse para que estén al servicio del pueblo y no de los grandes intereses económicos y políticos”, añadió Pérez Esquivel a la vez que solicitó la renuncia del general Milani al mando del Ejercito: “acusado de crímenes de la dictadura militar. Acá seguiremos juntos, luchando y caminando porque la única forma de reformar esto es con unidad del pueblo”, finalizó el referente.

“El oficialismo y la oposición no pueden mostrar una sola idea creíble para resolver los crímenes de la AMIA”

Finalmente, Laura Ginsberg, tomó la palabra por la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA): “No tienen ni idea de cómo superar 20 años de manipulación, secretos, encubrimientos e impunidad. Asistimos a un momento de profunda descomposición política que el gobierno Kirchner pretende remendar con fiscales renovados”.

“La Presidenta anunció la ’disolución’ de la Secretaría de Inteligencia cuando se propone una reestructuración burocrática, un maquillaje, sin dar a conocer la nómina de los espías ni mostrar todos los archivos secretos que siguen ocultos. Su iniciativa no termina con la criminalidad y prolonga la impunidad. Se trata de una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman, sin esclarecer el atentado a la AMIA”, agregó Ginsberg en su intervención.

Además, la referente de APEMIA denunció: “En pleno año electoral, la oposición de Masa y Macri insisten en “dejar actuar a la Justicia”. En este punto no se diferencian en nada del gobierno de Kirchner, con el agravante de que varios de los opositores de hoy como Alberto Fernández, Sergio Massa, y el propio Macri, desde sus cargos de gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la acusación internacional para esconder las responsabilidades propias del Estado argentino en el atentado”.

“El oficialismo y la oposición no pueden mostrar una sola idea creíble para resolver los crímenes de la AMIA y del fiscal. Ni se lo proponen. No nos engañamos ni nos sumamos a propuestas distraccionistas. Estamos convencidos de que se puede conocer la verdad e impulsar Justicia. Nosotros tenemos una propuesta: abrir los archivos secretos y ponerlos a disposición de una verdadera Comisión Investigadora Independiente”, propuso a través de su discurso.

A la vez, Laura Ginsberg denunció que: “Tanto el oficialismo como la oposición se niegan al debate democrático del Proyecto de Ley para constituir una comisión investigadora que presentamos en junio de 2014. Su negativa sólo se explica en su necesidad de seguir manipulando y encubriendo los crímenes perpetrados por el Estado argentino”.

Finalmente, hizo un llamado a seguir peleando contra la impunidad: “Para terminar con la impunidad y saber la verdad, hacemos un llamado a todo el pueblo argentino para que, junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, impulsemos una campaña exigiendo que se constituya en el Parlamento una Comisión Investigadora Independiente, integrada por referentes incuestionables del pueblo argentino, los familiares de las víctimas y diputados y senadores. Exigimos la apertura de los archivos secretos, la disolución efectiva de la Secretaría de Inteligencia y el esclarecimiento de la muerte de Nisman y de la masacre impune de la AMIA”.

Finalizado el acto frente al Congreso de la Nación, una amplia columna se movilizó a Plaza de Mayo, donde se realizó la lectura del documento consensuado por las distintas organizaciones y personalidades del campo popular que convocaron a la movilización.

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Alperovich y el Acuerdo Cívico encubren a los ingenios y a La Alumbrera

Daniel Blanco (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Crisis ambiental de la Cuenca Salí-Dulce

En los últimos años, cobró notoriedad la crisis ambiental en la cuenca del Salí-Dulce, provocada por varios ingenios que vuelcan sus desechos industriales, especialmente la vinaza, sobre su cauce. De la misma manera proceden varias citrícolas. Incluso todo el sistema de deshechos cloacales de la capital tucumana y sus alrededores son volcados sin tratamiento en la cuenca. En los últimos años, también se sumó la denuncia (comprobada por los propios peritos de la Gendarmería) contra La Alumbrera, la que vuelca líquidos de desecho de su planta de secado de Ranchillo, donde está la terminal del mineraloducto, que contienen metales pesados. El resultado de toda esta contaminación afecta a toda la cuenca, a la salud de las poblaciones ribereñas de la capital tucumana y de diversas barriadas de la Banda del Río Salí y de otros pueblos más del departamento de Cruz Alta, lo cual explica la mortandad periódica y sistemática de peces.

La crisis ambiental de la cuenta del Salí-Dulce, una suerte de Riachuelo del NOA, provocó en la era K distintas iniciativas, como cuando estaba en el gabinete Romina Picolotti, que promovió un plan de subsidios para reconvertir a las industrias y hacerlas sustentables ambientalmente, un plan que terminó en grandes negociados y denuncias que provocaron la renuncia y procesamiento de la funcionaria K.

A lo largo del tiempo, sólo hubo promesas y algún cambio cosmético en la situación, pero por medio de "canales clandestinos", descubiertos por los vecinos se han seguido volcando los desechos industriales.

Esta situación ha dado lugar a numerosas denuncias y acciones de organizaciones ambientalistas en los últimos años.

Las denuncias fueron desoídas por el gobierno de José Alperovich. Significativamente, encontraron eco en la Justicia santiagueña, posiblemente porque este proceso de contaminación afecta directamente a importantes empresarios ligados al turismo y la construcción que tienen fuertes inversiones en Termas de Río Hondo. La Justicia Federal de Santiago ha procesado por contaminación, entre otros, a unos de los principales empresarios azucareros tucumanos, Rocchia Ferro, dueño de la compañía Los Balcanes, titular del ingenio La Florida y del ingenio Cruz Alta. También es inminente la elevación de la causa a juicio oral, lo cual podría significar condenas de tres a diez años de cárcel.

En Tucumán, Rocchia Ferro es uno de los empresarios mimados por el gobierno de Alperovich. La esposa de Ferro, Catalina Lonac, ha aparecido promocionada como posible acompañante de unos los candidatos a gobernador de la interna alperovichista, el actual secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López.

A su vez, desde el "opositor" Acuerdo Cívico liderado por José Cano, también han hecho oído sordo a todas estas denuncias. Es que en el Acuerdo Cívico confluyen diversos sectores políticos con estrechos vínculos con empresarios azucareros, citrícolas e incluso con La Alumbrera.

La defensa del medio ambiente no se puede limitar sólo a reclamar una acción judicial penal contra los responsables de la contaminación. Para que efectivamente se erradique la acción contaminante, es necesaria una lucha que debe apuntar a imponer el control obrero de la producción y la expropiación de las empresas contaminantes. En este sentido, es necesaria una lucha contra los grandes contaminadores, sus gobiernos y partidos.

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Teatro Colón: Un privatizador por otro

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Pedro Pablo García Caffi renunció a la dirección del Teatro Colón llevándose un extraño premio: haber sido uno de los directores más repudiados por los trabajadores del coliseo porteño, quizás el más. García Caffi dirigía el Colón desde la reapertura del teatro, después del faraónico plan de refacciones que afectó su calidad edilicia y que reforzó la tendencia a transformarlo en una sala de alquiler, a expensas de sus artistas y de sus producciones propias. Es la orientación que había consagrado la ley de "autarquía" del Colón, que el PRO impuso en la Legislatura con los votos del kirchnerismo.

García Caffi abusó de las contrataciones en el extranjero de espectáculos "llave en mano" y presentó como una "apertura popular" el alquiler del teatro para espectáculos de dudosa calidad. Mientras tanto, los partidarios de la supuesta "apertura al público" llevaron el costo de sus plateas más allá de la frontera de los 1.000 pesos.

Para llevar adelante esta orientación, García Caffi emprendió una guerra contra los trabajadores del teatro. A los pases a disponibilidad, se sumó el crecimiento de las contrataciones precarias, que hoy abarcan a casi la tercera parte del personal. Los reclamos salariales fueron ninguneados y, a su turno, respondidos con represalias antisindicales contra la combativa Junta Interna de ATE. El director renunciante intentó el despido de toda su dirección gremial, frustrado por una lucha encarnizada que culminó en fallos judiciales en favor de la reinstalación de los compañeros. Sin embargo, la dirección del teatro se ha negado a reincorporar a uno de los despedidos, el delegado y contrabajista Pastor Mora. Cuando los funcionarios macristas vinieron a defender el presupuesto de Cultura en la Legislatura, le reclamamos a García Caffi por Mora. Nos respondió que nada podía hacer, porque "el caso estaba en la Justicia". Pero al fallo favorable a la reinstalación ¡lo había apelado el mismo gobierno! El cinismo no puede ser mayor.

No sorprende, en este cuadro, que algunos atribuyan la renuncia de García Caffi al "desgaste" producido por las "tensiones internas" del teatro. Visto así, la acción tenaz de los combativos trabajadores del Colón terminó llevándose puesto a este privatizador instalado por Macri. En el medio, también se lograron reincorporaciones que pusieron un límite a la escalada contra el teatro.

Para reemplazar a Caffi, Macri y su ministro Lombardi han optado por Darío Lopérfido, un ex funcionario de De la Rúa cuyo único pergamino para dirigir el Colón es el cargo de "gestor cultural". En buen castellano, un intermediario de negocios vinculado con las contrataciones artísticas. El macrismo se ha sacado el lastre de un director odiado, pero sólo para poner a salvo su política. El nombramiento de Lopérfido se entiende a la luz de la compra de los candidatos de la UCR por parte de Macri.

Sin perjuicio de ello, la fuga de García Caffi demuestra que esa política es incompatible con el Colón, con sus trabajadores y artistas. Es el momento de reforzar el reclamo por la reincorporación de Pastor Mora, el levantamiento de todas las sanciones y la satisfacción de los reclamos salariales pendientes. Sobre esta base, reclamamos la apertura de todas las cuentas y contratos de la gestión García Caffi, la derogación de la privatista ley de autarquía, así como la intervención y deliberación de trabajadores, artistas y técnicos en su programación y orientación cultural.

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Aguafuertes Ambientales: Realidad social, el circo romano y Fútbol para Todos

Ricardo Luis Mascheroni (especial para AREGNPRESS.info)

La historia que siempre vuelve y que no hay nada nuevo bajo el sol, son dos constantes en el devenir de los pueblos.

En una descripción de la realidad social de Roma antigua, efectuada por sus contemporáneos y citada por Juan Eslava Galán en su trabajo La Roma de los Césares (1), veremos pintadas a muchas de las ciudades actuales.

Si no dijera el lugar, pensará que hablo de la capital de nuestro país, al decir: “Un cuarto de la población padece hambre física. Los que tienen vivienda se hacinan en superpoblados edificios de los barrios bajos cuyas destartaladas ventanas dan a las lujosas mansiones rodeadas de jardines de los ricos o a las casas unifamiliares, con una docena de habitaciones, de la clase media.” Ya sé, pensó en las villas y los puertos Madero de los nuevos ricos y famosos.

"Muchedumbres de personas abandonan voluntariamente su país natal y llegan a Roma atraídos por su propia ambición o por necesidades de los cargos públicos que desempeñan. Otros, lo que buscan es un lugar rico en vicios para engolfarse en ellos o anhelan únicamente recrearse en los espectáculos públicos. Unos vienen a vender su hermosura, otros su elocuencia, y muchos ponen en la almoneda sus virtudes o sus vicios", expresaba Séneca y “El también español Marcial remacha: "Si uno es honrado, no es seguro que pueda vivir en Roma".

“En la multitud encontramos de todo: gentes atareadas que se ocupan de mil diversos asuntos, gentes ociosas, pícaros, nobles patricios, míseros mendigos, hombres de negocios, funcionarios estatales, ávidos cambistas, abogados, geómetras, médicos, vendedores ambulantes de salchichas y empanadas de garbanzos... Todas las razas y pueblos del mosaico imperial están dignamente representados en el mar de cabezas: rubios germanos, azafranados galos, endrinos etíopes, rizosos judíos, greñosos sirios, impecables griegos, cetrinos hispanos.”

“Vemos el niño mendigo al que su madre ha enseñado a pedir limosna lloriqueando, el revendedor que te molesta insistiendo en que le compres” algo.

“Los pobres viven en edificios, que refuerza nuestra impresión de que se trata de auténticas colmenas humanas. En estos edificios, suele hacinarse a razón de una familia por habitación. La construcción es tan deplorable que son frecuentes los incendios y desplomes".

Le adivino el pensamiento, Buenos Aires, manteros, conventillos y el crisol de razas.

En ese contexto de luces y sombras de la Roma imperial, aparece el CIRCO, que 20 siglos después nos sigue sorprendiendo y maravillando ya sea por las grandes construcciones, la crueldad, la convocatoria y su fama.

El gran CIRCO ROMANO, fue mucho más que un simple entretenimiento de masas o un espectáculo, que se replicó en todas las zonas donde llegaba la influencia del Imperio.

El Circo se constituyó en una verdadera política de Estado, planificada y ejecutada con precisión, destinada a exaltar el poderío y magnificencia de sus élites, aunque su verdadera finalidad encubría un sistema de control social de los sectores pobres de la atiborrada Roma.

Tan es así, que en períodos de crisis políticas, económicas, desastres militares o convulsiones populares, el Circo, funcionaba en forma casi permanente y en casos ininterrumpidamente casi un año, de la mañana a la noche, pese a los ingentes gastos que insumía al erario.

La re manida frase “Pan y Circo”, era una realidad, ya que a los asistentes con más carencias, se les proveía de los alimentos necesarios para su subsistencia, por lo general hogazas de pan, entre otros.

Esto permitía mantener encerrados y alienados a miles de personas, durante gran parte del día, rodeados por las legiones, lo que facilitaba la distribución de alimentos, obviando las dificultades de tener que hacerlo fuera del recinto y por otra parte se controlaban y minimizaban posibles protestas y disturbios sociales.

El fracaso del “espectáculo” podía aparejar la caída de una gestión y por ello se destinaban ingentes recursos para el esplendor del mismo.

Afirmaba Juvenal "Dos cosas anhela el pueblo: pan y espectáculos", y nosotros algo heredemos de ello y los gobiernos actuales aprendieron. Ya en su momento se eligió a alguien que sabe mucho de espectáculos, como es Marcelo Tinelli, para dirigir “Fútbol para Todos”, proyecto que tiene mucho de circo y más de fondos públicos.

Esa iniciativa abortó antes de nacer, por cuanto al conductor que le gusta la plata, Hebe de Bonafini le marcó la cancha, cuando le advirtió: “que el programa Fútbol para Todos' "no está hecho para hacer plata" sino "para hacer política, como dijo NÉSTOR (Kirchner)".

El Circo romano, siglos después se reencarna en “Fútbol para todos”, con los mismos códigos y personajes siniestros que rodearon a su antecesor, falta o no tanto que los actores digan "Ave Caesar, morituri te salutant!". (Salve César, los que van a morir te saludan), la que ante cada partido es dicha por muchos de los concurrentes.

Alrededor de él, como en el fútbol actual, pululaban los intermediarios inescrupulosos, las cirqueras-botineras, tongos, arreglos y estafas varias, grandes apuestas y cronistas promocionando figuras que gozaban del fervor popular.

Al igual que hoy, distintos sectores de poder y una legión de mercenarios (hoy barras bravas), de una forma u otra se aprovechaban de los fondos públicos, que nunca alcanzaban a cubrir los agujeros negros de las deudas sin fin.

Dice Juvenal: había estrellas que, aunque fueran torpes en su oficio, eran famosas por su belleza y las invitaban con frecuencia a banquetes y fiestas íntimas.

En definitiva nada cambia, por ello los dejo para que lo piensen y me despido hasta la próxima aguafuertes.

- Ricardo Luis Mascheroni es Docente

Ref:
1) Roma de los Cesares.pdf - inabima.gob.do

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Veraneá tranquilo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba... te cuida?

Lucía de Carlos (INDYMEDIA - ANRED)

En 20 años de ir a recitales y seguir bandas por todo el país, nunca viví ni creí que viviría una situación tan horrible y violenta como la que a continuación describiré. El pasado viernes 23 de enero de este 2015, decidimos con un grupo de 5 personas embarcarnos en lo que creíamos sería un fin de semana increible en Villa Rumipal (Valle de Calamuchita - Córdoba) lleno de fiesta, música y alegría de ver a la banda que se ha convertido en la más importante de Latinoamérica, La Renga. Es así como llegamos alrededor de las 20.30 a un camping provisorio, como tantos otros que se habían improvisado en el pueblo para recibir la gran cantidad de gente que se había anunciado.

Nos acomodamos, preparamos un asadito y nos acostamos; cuando nos levantamos a las 8.30 am del sábado nos encontramos con la sorpresa de que estábamos vallados. Sí, el pueblo estaba totalmente vallado por todos lados. Caños y paredes de fibrofácil por todos lados: tapando los ingresos a las casas y a los comercios, las bocacalles, etc. No se podía entrar ni salir, no nos podíamos mover de donde estábamos, al igual que el resto de los habitantes y transeuntes. El camping quedó dentro del último anillo de seguridad, por lo que ilusoriamente creímos que sería un lugar seguro, y ya que no nos podíamos mover, decidimos disponernos a tomar mate y observar todo el movimiento que ya había. Cerca del mediodía empezó a llegar el personal policial y de seguridad de la Organización del evento. En un momento se acercó un policía a preguntar qué hacíamos en el camping, si nos habían cobrado y a informar que ese camping NO estaba habilitado, por lo que deberíamos quejarnos a quien nos cobró y retirarnos... casualmente en la esquina donde luego se sucedió una feroz represión. Ya que estabamos todos desconcertados, el policía nos dijo que consultaría a la Organización, sí sí, a la Organización, no al Intendente, si podíamos quedarnos. Yo me pregunto, quién decide si un lugar tiene habilitación municipal para funcionar??? Cerí que la respuesta era obvia. Luego el problema se solucionó ya que la dueña del camping explicó que el terreno era suyo, que tenía habilitación del intendente en persona y que así mismo todos los pobladores tenían credenciales para circular libremente entre las vallas, cosa que no llegó a ocurrir, ya que la Policía no permitía prácticamente a nadie cruzar una valla. No obstante ello por la tarde conseguimos que un seguridad nos permita salir a dar una vuelta, a fuerza de rogarle un buen rato para que nos lo permitiera. Decidimos ir a dar una vuelta a la zona donde estaban los puestos de venta, por la calle de la terminal, solo que unos doscientos metros hacia atrás; tremenda sorpresa nos llevamos cuando descubrimos entre la gente a policías acompañados de personas de civil, las cuales tenían un par de filmadoras con las que le registraban la cara a todo el que se les cruzaba.

Luego de un par de vueltas volvimos a nuestro camping, y nos sentamos en la vereda a tomar mate y ver pasar gente, el movimiento de a poco iba en aumento. De repente vemos que en la esquina de en frente unos tipos empiezan a cavar un pozo, luego le plantan un poste y a continuación le instalan una cámara en la punta... ahí empezamos a pensar que... justo esta esquina, donde más temprano nos quisieron desalojar... bue, sigamos con los mates. Más y más gente que pasaba; cada tanto un colado que intentaba pasar sin entrada pero tranqui, pacíficamente, lo detectaban, lo sacaban a un costado y le pedían que se retire y que no vuelva a aparecer. Todo en orden. Se entiende, obvio. Hasta que ya hubo muchiiiisima gente pasando al mismo tiempo, aunque la valla de seguridad era de un tipo al lado del otro, nadie podía evitar el control. Pero esos tipos de "Prevención" se empezaron a poner más nerviosos, y a agitar un poco a la gente, y ya al que sacaban lo empujaban, y ya después los tiraban al piso y se golpeaban, y ya al último LOS golpeaban. Cabe destacar que en la esquina frente a la esquina de nuestro camping había un descampado vallado también, con algunos paneles sin colocar, espacio por el cual entraba y salía la policía, había varios policías dentro del descampado, y también había apostada una traffic de infantería, que luego con el transcurso de las horas se retiró. A ese descampado metían algunas personas a las que no les permitían entrar, y luego los sacaban por otro espacio libre que quedaba a unos 40 mts de la esquina, y se los llevaban... probablemente a la comisaría.

En ese transcurso también pudimos ver que a varias personas, los hombres de Prevención les confiscaron las entradas con el pretexto de que eran truchas, aunque la gente aseguraba haberlas comprado en puntos de venta oficiales. Con los primeros no le dimos mayor importancia, pero al reiterarse los casos, vimos que cuando las confiscaban, no le explicaban a la gente qué era lo que estaba adulterado, ni les ponían un sello que las anule, ni las rompían... simplemente se las guardaban en el bolsillo. Quien nos avivó fue un policía, que ante el reclamo insistente de una chica cuya entrada fue decomisada, le solicitó que se la muestre para ver qué tenía de trucha... pero las chicas ya no la tenían consigo, se las habían entregado a los agentes de prevención...

Con el correr del tiempo la seguridad se fue poniendo más agresiva hasta que cerca de las 21.30, hora pico en que todos querían entrar y la montonera era importante, un pibe va pasando y de la nada un seguridad le mete una piña por la espalda. Ahí obviamente la situación se puso muy tensa, el pibe se empezó a quejar, y otro seguridad le terminó reconociendo que tenía razón, pero no era la forma de quejarse... es decir, que habría que permitir tranquilamente que un civil con una remera que dice prevención te pegue??? La Policía en ningún momento intentó frenar el disturbio. La situación quedó muy tensa y un grupo de gente aprovechó para intentar ingresar evitando el control, pero los lograron contener y hacer retroceder desde el tercer control al segundo. Cabe destacar también que esta gente de prevención le terminó tirando piedras a la gente. Luego de ello, de la nada, el móvil que estaba al lado nuestro retrocede, toda la policía libera la zona (eso tampoco es casual), y mientras se iba el policía que manejaba el móvil nos dice (confundiéndonos con una familia que estaba veraneando): "Señora, le recomiendo que se ponga al resguardo porque van a tirar gas lacrimógeno", se olvidó de decirnos que también iban a tirar balas de goma. Cómo sabía? Porqué, si habían logrado contener a la gente?...

Luego de eso, la represión que nos tocó vivir fue espantosa... lamentablemente no es la primera vez que nos enteramos de este tipo de accionar de la Policía de Córdoba, pero sí fue la primera vez que me tocó vivirlo personalmente. Empezaron a tirar gases lacrimógenos y balas de goma, nos replegamos hacia la esquina, donde la policía que estaba apostada nos solicitó que abandonemos el lugar porque se iba a poner peor... por lo que decidimos dirigirnos en dirección al ingreso proncipal, que se encontraba a unas 4 o 5 cuadras. Cuando llegamos, la situación se había propagado a ese ingreso también... con balas de goma y gas lacrimógeno, corridas, desconcierto, y una profunda angustia de no entender la necesidad de semejante despliegue de violencia. Esto habrá durado al rededor de una hora, no sabría calcular exactamente, ya que se pierde la noción de tiempo y espacio en situaciones como la descripta. El recital duró un buen rato más, pero ya no teníamos animos de nada. Cuando concluyó el mismo, nos dirigimos de vuelta al camping, y al pasar por la esquina donde la policía nos había pedido que nos fuéramos a un lugar seguro, un oficial nos dice: "vió? fue un susto nomas, no pasó nada!"... Esa idea de mostrar hacia el afuera que todo sucedió con total normalidad nos golpeó como bofetada. Luego de eso, con los agentes policiales adelante, desconcentrando a la gente, Infantería realizó un rastrillaje, desde el predio del recital, por varias cuadras del pueblo, uno al lado del otro cubriendo todo el ancho de calle y veredas, con los escudos, cascos y palos; por donde pasaban no quedaba nada, y no paraban. Finalmente, cumplida la tarea, la Policía de Córdoba se desconcentró en hordas de a 30 oficiales, con una actitud de adrenalina propia de quien disfrutó de un momento de descarga, o de un daolescente en situación de boliche... pasaban alumbrando a la gente en la cara y haciéndose los vivos, diciendo cosas de mal gusto a la gente que se iban cruzando... olvidando por un rato el uniforme que aún llevaban puesto.

La mujer del camping nos contó su experiencia, ella inmersa en el epicentro del operativo, la pasó muy mal, y luego dice haber recibido a varias personas con las caras o cuerpos ensangrentados, a los cuales terminó derivando al dispensario del lugar para que fueran curados.

La policía no debe actuar así, porque no está para eso. Se supone que está preparada para contener, y la represión a mi criterio no debe existir, pero si la piensan aplicar tiene que ser como último recurso, y hay protocolos que indican el grado de intensidad. No creo que una persona por empujar y querer colarse se merezca un balazo.

No tengo palabras para calificar lo vivido, menos aún luego de enterarnos de la muerte de Ismael... Creo que si se pudieran conseguir esas cámaras que estaban apostadas por todos lados, podríamos conseguir datos de qué le ocurrió. Y espero sinceramente que esta crónica ayude a visualizar cómo se dieron los hechos aquella trágica noche...

Lucía de Carlos es secretaria de Derechos Humanos, CTA Reg. Río Cuarto. Observadora Internacional de Derechos Humanos en guerras de baja intensidad. Estudiante de Derecho.

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A 10 años del crimen, la familia de Christian sigue reclamando justicia

COSECHA ROJA

A Christian Domínguez lo detuvieron el 5 de febrero de 2005 en la comisaría 1º de Berisso. Horas después apareció colgado en la celda. La familia no creyó la versión y logró demostrar en la Justicia que lo mató la policía. En septiembre de 2012 condenaron al sargento Víctor Gómez a 14 años por “homicidio simple”: era el policía de más bajo rango de toda la dependencia. A diez años del asesinato, la familia y la Asociación Miguel Bru exigen que la Sala II del Tribunal de Casación no dilate más el pedido de revisión que hicieron en noviembre de 2013. “Reclamamos que se dejen de pasar la causa de mano en mano”, dijo a Cosecha Roja Pedro, el papá de Christian.

“Hay una gran lentitud judicial”, Rosa Schonfeld de Bru dijo a Cosecha Roja. Durante la investigación y el juicio hubo “muchas irregularidades”. Entre ellas la primera autopsia: la hizo una médica que pertenece a la misma fuerza. Según Pedro, “hizo cortes innecesarios a propósito para disimular que las heridas fueron post-mortem”. Además, el cinturón con el que supuestamente Christian se había suicidado apareció cortado en cuatro pedazos y los cordones de las zapatillas desaparecieron. “No se pudo peritar para ver si aguantaba los 80 kilos que pesaba mi hijo”, explicó. Por estas desprolijidades la justicia recusó a los fiscales Leandro Heredia, Ana Medina y Tomás Morán, que fueron apartados de la investigación en estos diez años.

El juicio oral y público fue en 2012. Las audiencias duraron tres meses y el Tribunal III condenó a Gómez por homicidio simple y absolvió a Leandro Antonelli -ayudante de guardia imputado por encubrimiento-. También condenó a 3 y 4 años a dos expolicías (Luciano Príncipi y Germán Cernuschi) por privación ilegal de la libertad agravada, pero no fueron presos.

La familia pide que se revise la sentencia: no alcanza para explicar cómo Christian pasó de comer una pizza a estar colgado en una celda. Exige que se tome en cuenta el agravante de que el crimen fue dentro de una comisaría y que se juzguen las torturas de las que fue víctima el joven. Recién 8 años después del crimen, Pedro y su mujer pudieron enterrar a su hijo: habían pasado 2922 días.

***

Christian tenía 30 años y una hija de 2. Trabajaba en una pizzería y ayudaba en la empresa de catering del papá. El 4 de febrero de 2005 tenía Franco y se tomó una cerveza en un local de Montevideo y 13. Cuando fue a pagar el mozo le quiso cobrar tres bebidas. Discutieron un rato y, después, los empleados del local lo sacaron a los empujones. Christian caminó hasta la esquina y se dio cuenta de que le faltaba la campera. Entonces volvió y se cruzó con un patrullero. Pareció casualidad, pero durante el juicio se demostró que lo habían llamado desde el local. “Quiero denunciar que me robaron mi campera”, les dijo a los oficiales. El subcomisario le contestó que subiera al patrullero, que lo llevaba para hacer la denuncia. Cuando llegó a la comisaría 1º de La Plata quedó detenido por “disturbios en la vía pública”.

Estuvo esa madrugada en la celda de contraventores y apareció colgado de un cinturón. La familia nunca creyó la hipótesis oficial e impulsó una investigación: la primera autopsia confirmó la versión policial pero la habían hecho peritos de la misma fuerza. Los abogados de la Asociación Miguel Bru que los patrocinan pidieron un segundo estudio en manos de expertos judiciales. Ahí se demostró que Christian murió “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. A eso se se sumaron los testimonios de otros 26 hombres que estaban detenidos esa misma noche y que contaron que a Christian lo golpearon. Igual que a Miguel Bru y a Daniel Migone en la comisaría novena de La Plata.

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“China o buitres”, o cómo la (im)postura soberana lleva a profundizar la nueva dependencia

Esteban Mercatante (LA IZQUIERDA DIARIO)

En junio del año pasado, el gobierno lanzó la consigna “patria o buitres” con inflamadas proclamas de defensa de la soberanía que alegremente había entregado en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Para ganar tiempo en las cortes neoyorquinas, avanzan acuerdos con China que salen caros.

Por si quedaban dudas, a estas alturas podemos decir que Cristina Fernández ya eligió. Terminará su mandato cubriendo sus necesidades financieras de la mano del gigante asiático. O al menos va a intentarlo. En esa clave fue unánimemente leídas por diversos analistas la votación de apuro llevada a cabo en el Senado en diciembre del acuerdo marco con China, que en medio de la crisis desatada por la muerte del fiscal Alberto Nisman no pudo tratarse en diputados antes del viaje de la Presidenta iniciado el sábado. La cosa venía desde principios de 2014, pero adquirió prioridad desde que la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. Rechazó tomar la apelación de la Argentina al fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que obligaba a pagar a los “buitres” que rechazaban quita sobre su deuda el 100% de lo que reclamaban. La confirmación de ese fallo significó un traspié para el objetivo que se había trazado el gobierno argentino hace poco más de un año, después de acelerar la devaluación del peso (que sólo en enero de 2014 cayó 23% frente al dólar). Para este fin el gobierno acordó pagar generosamente a Repsol por la expropiación de su tenencia en YPF S.A., y pactó con el Club de París para regularizar la deuda en default. Iniciativas amigables hacia los mercados que se vieron frustradas por la disputa con los buitres.

Durante la segunda mitad de 2014, durante la turbulenta y fallida negociación en Nueva York que derivó en un nuevo default, uno de los bálsamos que contuvo la macroeconomía argentina, cuando se esbozaba una nueva corrida contra el peso, fue la contribución de fondos del Banco de China al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Gracias a estos giros, que suman 3.100 millones de dólares de los 11 mil millones comprometidos en julio, así como a la liquidación que hicieron las cerealeras y las inversiones de compañías de telefonía para la red 4G, el BCRA logró reponer sus reservar, terminando el 2014 arriba de los 30 mil millones de dólares (hoy casi 31.500 millones).

Las fuertes expectativas que había sobre el mes de enero, cuando venció la famosa cláusula RUFO puesta por el gobierno como límite para un acuerdo con los buitres, se han ido diluyendo. Griesa puso fecha de audiencia para marzo, pero cada vez son menos los que esperan algún acuerdo. Para el gobierno, bajarse ahora del “patria o buitres” tendría más costos políticos que beneficios económicos, ya que los “frutos” de una bonanza basada en deuda y entrada de capitales (siempre relativamente efímeros como muestra la vasta experiencia del país en bancarrotas financieras) los disfrutaría el próximo gobierno. Ante esto, tirar con la cosecha de soja, algo diezmada por el desplome en la cotización de los últimos meses, y con los dólares (yuanes) de China, es la clave para 2015.

Soberanías de ocasión

Los acuerdos con China han despertado críticas desde varios sectores. A las quejas industriales que vienen de larga data, y que se profundizaron en el último año por las inversiones ferroviarias o el trato preferencial para contrataciones sin licitación, se sumaron también las de banqueros y otros sectores que agitan el temor a la avanzada hostil de capitales chinos, en un momento donde las empresas locales tienen valuaciones notoriamente bajas.

Pero el elenco oficial, fiel al estilo kirchnerista desde su origen, no va a preocuparse hoy por lo que será un problema de mañana. Como ha ocurrido en numerosos aspectos desde que el “proyecto nacional” está en el gobierno, la tolerancia hacia la avanzada imperialista es sumamente amplia, e incluso hay una recepción entusiasta, en tanto ayude -o al menos no estorbe- con la estabilidad de la macroeconomía. Así, en 2009, la presidenta acudía a la sede de Repsol-YPF y se refería a un plan de “inversión” de la empresa -que ya entonces era un plan de vaciamiento- como una iniciativa que “sobre todas las cosas reafirma un optimismo y una esperanza en el presente y en el futuro”. No sería hasta que el fardo de la importación energética se proyectara a sumar 12 mil millones de dólares en 2012 que la empresa se transformaría en para el gobierno en la “vaciadora” que, en los hechos, siempre fue. El desplome de la producción y las exportaciones de gas y petróleo no se desarrollaron de un día para el otro, sino de forma paulatina durante los gobiernos kirchneristas.

Así también, poco más de un año después de haber proclamado la “soberanía hidrocarburífera”, el gobierno firmó con Chevrón un pacto ante el cual palidecen todas las atribuciones discrecionales que tuvo Repsol mientras fue dueña de YPF. Detalle no menos, la prórroga de soberanía que permite que la deuda argentina se litigue en el extranjero, se encuentra también presente en este convenio. La ley de hidrocarburos aprobada el año pasado, generaliza y amplía esos beneficios para todos los que quieran lucrar en suelo argentino con hidrocarburos no convencionales.

Poco importa, entonces, desde la mirada oficial, que el acuerdo marco conceda a China un acceso privilegiado a negocios energéticos, mineros y de infraestructura. En una peculiar interpretación, la “soberanía” queda acotada a darle largas a cualquier acuerdo con los buitres en la corte de Griesa, mientras se abraza de forma entusiasta las condiciones para profundizar con el gigantea asiático una nueva dependencia.

La disyuntiva que el gobierno pretende resolver con la “ayuda” de China, es consecuencia de que durante lo que fue la década más pródiga para el comercio exterior argentino, donde el país percibió ingresos netos por 163 mil millones de dólares sumando los superávits comerciales anuales del 2003 al 2014, estos se dilapidaron en su totalidad tan rápido como entraban. Esto se explica por la alegre tolerancia a las gangrenas de la dependencia y la rapacidad de la burguesía argentina. La contrapartida fue una sangría que tuvo entre sus capítulos principales la fuga de capitales (94.500 millones de dólares desde 2003) el giro de utilidades de las empresas extranjeras (7 mil millones de dólares al año desde 2003 hasta 2011) y los “pagos seriales” de la deuda pública externa.

Sólo un repudio de toda la deuda, unido a otras medidas fundamentales como la nacionalización de toda la banca bajo control de los trabajadores, y un genuino monopolio estatal del comercio exterior y de todos los movimientos de divisas, permitirá cortar los nudos de la dependencia que el gobierno kirchnerista refuerza hoy en un lado para sólo pretender que relaja en otro.

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Argentina, Chivilcoy: Detienen a jóvenes por pintadas convocando a la actividad por Luciano Arruga

RNMA - ANRED

Entre la noche del viernes 30 de enero y madrugada del sábado 31, tres personas fueron detenidas en el centro de Chivilcoy por realizar una pintada por Luciano y denunciando la muerte de Ismael Sosa en Córdoba. Dos de ellas eran menores que fueron entregadas a sus padres. Mariela “India” Leyes fue demorada hasta las 3 de la mañana. En el programa radial Enredando las Mañanas conversamos con ella sobre el procedimiento y el marco político que presenta la ciudad de Chivilcoy.

ELM: ¿ustedes estaban haciendo una pintada, una pegatina algo común por el acto de Luciano, y lo que ocurrió más recientemente con Ismael?

India: Sí. Fue una idea que surgió, que si bien esto es un hecho político, no era partidario, sino que surgió la idea desde un programa de radio que tengo y la necesidad que tienen los chicos aquí en la ciudad de expresarse. Fue una consigna que tire al aire, que en realidad la iba a hacer yo. Íbamos a ser dos personas, quienes hacemos el programa de radio y lo dijimos al aire y la gente se enganchó de una manera increíble. Era para recordar los 6 años de la desaparición y asesinato de Luciano. Junto con esto pasa lo de Ismael y nos trae a la memoria el tema Walter Bulacio. Nosotros necesitábamos decir, ya que nadie habla del tema: a nosotros nos está preocupando "esto". Las cifras son bastante alarmantes, desde el 83´ hay 4321 chicos muertos por el aparato represor, que es la policía. Desde el 2003 hay 2778 chicos asesinados por la policía. Un 51% son menores de 25 años. Entonces nosotros necesitábamos un lugar, decir que hay más de 200 desaparecidos en democracia. Ya que hoy son todos Nisman, nosotros queríamos ser por una noche no solamente Luciano, sino todos estos chicos, los 4321 chicos. La idea fue pintar. En su totalidad eran menores los que realizaron las pintadas. Se estaban haciendo las pintadas, Si bien es verdad que escribimos en espacio públicos, sabiendo que hay una ordenanza que lo impide, lo que quisimos fue pintar simplemente las sendas peatonales y cuando llegamos a la plaza sentimos que ese lugar era emblemático, porque en el centro de la plaza es donde se juntan siempre los chicos. Entonces queríamos dejar una consigna con el objetivo de quien pase por allí vea y se pregunte ¿quién es Luciano? Porque aquí en Chivilcoy todas estas cosas están bastante silenciadas. La frase que usamos fue "la música no mata la policía si" y el esténcil de Luciano. Hicimos esa pintada en la plaza Belgrano y en la plaza Julio Cortázar, y cuando íbamos caminando para seguir con los esténciles, nunca ensuciamos la pared de ningún vecino, porque también era parte de la consigna no molestar al otro. En ese momento llega un patrullero, nos pregunta que estamos haciendo, entonces les explicamos; les mostramos los esténciles que estábamos escribiendo y ahí nos dicen: "bueno chicas tenemos que llevarlas" Imagínate yo, con menores, me puse mal. Digo: ¡no estamos haciendo nada estamos pintando nada más! El agente que estaba con el patrullero se comunicó con alguien, y dijo: "a todas no las podemos llevar, pero nos tenemos que llevar a tres, así que elijan quienes suben al patrullero" obviamente como era responsable me subí al patrullero y las chicas dijeron: ¡YO! Las que quedaron buscaron a los otros grupos para informarles, porque ni siquiera habíamos salido con celulares. Así que se encontraron en distintos lugares y luego todos fueron a la comisaría. Me pareció una locura, primero porque si estábamos haciendo algo malo nos detienen a todos.

ELM: da la sensación de cuota ¿no? … de cuota que cubrir

India: Sí, sí. Cuando le preguntamos a la policía ¿por qué? nos contestaron, hay denuncias de vecinos, pintaste un lugar público, violaste una normativa. Llegamos a la comisaría, allí se nos informa que no hay denuncia de ningún vecino. La única denuncia era del centro de monitoreo de Chivilcoy.

ELM: ¿quién maneja el centro de monitoreo de Chivilcoy?

India: La municipalidad de Chivilcoy.

ELM: Recordanos el nombre del intendente

India: Darío Esperanza. Permanecimos en la comisaría, luego llegaron los padres de las chicas las retiraron y yo me tuve que quedar casi dos horas más. En esas dos horas la policía me explico, que ellos trabajaron acorde al procedimiento, que no tuvieron una doble intención y en todo momento recalcaban "te das cuenta que te estamos tratando bien ¿no?". Y la verdad que si tratarte bien es llevarte de un lugar a una comisaría, no creo que sea que nos traten bien, pero si nos trataron con respeto dentro de la seccional.

ELM: No veo la necesidad de la aclaración

India: no me levantaron la voz. Si uno de los padres se puso un poco nervioso y ellos lo dejaron hablar, no le levantaron la voz. Siempre fue eso: "te estamos tratando bien"

ELM: uno imagina que puede ser peor entonces... queda abierto a la imaginación, pero si a cada rato te preguntaban... en fin

India: lo que si me dijeron era que yo me tendría que quedar detenida, “lo que vamos a hacer es un contravención, en un ratito te vas”. Haciéndose los buenos conmigo, por lo que estaban haciendo.

ELM: ¿hasta qué hora estuviste en la comisaría?

India: hasta las tres de la mañana, o un poco más. Volví a mi casa, no había tomado la dimensión de lo que estaba pasando. Cuando estaba dentro de la comisaria, me dijeron: "mira India las cosas son así, nosotros en esto no tenemos nada que ver". Centro de monitoreo lo que tendría que haber hecho es llamar a guardia urbana y fijarse que estábamos haciendo nosotros en la plaza. Lo que hizo centro de monitoreo fue hacer la llamada al 911, por lo que los abogados también me dijeron que la policía actuó como correspondía, es decir, ellos tienen que ir hasta el lugar si fueron llamados. El problema fue que cuando llegaron al lugar, dijeron: "hay que llevar a tres", "nosotros actuamos con ordenes de arriba". Nunca supe de que tan arriba hablaban....

ELM: claro, si se trataba de la secretaria de la provincia, si es del intendente, no se sabe ¿no?

India: la verdad, no sé decirte, quien es el secretario de seguridad de Chivilcoy, no recuerdo el apellido. Desde la municipalidad hay un silencio absoluto, nadie salió a decir nada. Lo que me molesta realmente es que el centro de monitoreo debería estar para otras cosas y no para salir a cazar, porque es lo que sentí. Salieron a cazarnos, a buscarnos a ver dónde estábamos pintando, sin importar lo que estábamos haciendo, el objetivo era que no lo hagamos. Siento que a veces hay una persecución contra mi persona, que me molesta. Han pasado un montón de cosas, como que desde la municipalidad quisieran levantar mi programa de radio. Porque en mi programa tratamos mucho el tema del gatillo fácil, de la corrupción que existe en distintos sectores. Yo siento que esto no fue un hecho aislado. Me molesto que se llevaran a las menores. Aquí puedo leer un doble mensaje: me tocó a mí porque hay algo personal, o el mensaje es: "antes podías hacer lo que quieras, de ahora en más en Chivilcoy no vas a pintar”

ELM: Gestión Darío Esperanza, y el secretario de seguridad es Juan Pablo Marzik

India:¡exacto!

ELM: Bueno India, nos ha quedado bastante claro el planteo, evidentemente habrá que mantener el contacto, ante cualquier otra eventualidad. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo esta comunicación

India: Muchas gracias a ustedes. Te robo 5 minutos más para decirte que los chicos están entusiasmados con el tema de militar y esto demuestra no hay chicos que militan solo porque están rentados. Como decía Rodolfo Walsh "las paredes son las imprentas de los pueblos" y esta vez fue el piso de una plaza. Pero que quede claro, más allá de todo, lo que queremos hacer es seguir levantando la voz y este hecho no nos va a cerrar la boca, sino que al contrario tuvo otro efecto que es que los chicos quieran militar. Quiero agradecer a toda la gente que se hizo eco de esto, desde la gente local hasta gente internacional, distintos sectores de DDHH. Hice mi descargo, respecto de la contravención, y tengo que esperar que el Juzgado de faltas de Suipacha me cite para ver que multa me corresponde por hacer las pintadas.

ELM: ¡a seguir pintando India!

India: ¡Obviamente! los aerosoles seguirán hablando. Gente, muchas gracias por darme este ratito y este espacio.

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