martes, 10 de febrero de 2015

El fantasma de la deflación estadounidense

Ariel Noyola Rodríguez (especial paraARGENPRESS.info)

La inflación estadounidense acumula más de 30 meses por debajo de 2 por ciento, el objetivo del Sistema de la Reserva Federal (Fed). Hasta la fecha no existen indicios de un repunte del nivel de precios sino al contrario, la deflación (caída de precios) se ha convertido en una amenaza latente en la todavía economía de mayor tamaño en el escenario global. Los precios al consumo se ubicaron en apenas 0.4 por ciento en diciembre de 2014, su mayor caída desde finales de 2008. En términos anuales, la inflación disminuyó a 0.8 por ciento de ubicarse en 1.3 por ciento en noviembre pasado.

Así la cosas, es evidente que los riesgos crecientes de deflación en la economía estadounidense continuarán postergando la decisión de aumentar la tasa de interés de los fondos federales (federal funds rate) por parte del banco central. Y es que si bien la presidenta de la Fed, Janet Yellen, ha hecho de conocimiento público en diversas ocasiones su intención de incrementar la tasa de interés de referencia a mediados del año en curso o incluso antes (actualmente en un rango de entre 0 y 0.25 por ciento) y, con ello, mantener limitados los riesgos derivados del aumento espectacular de los índices bursátiles, los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) se resisten a aplicar la medida en medio de un nivel de precios a la baja.

Sin embargo, a diferencia de hace unos meses cuando tres miembros de la Fed votaron a favor del incremento de las tasas de interés, en la reunión más reciente, llevada a cabo la última semana de enero, los 12 miembros del Comité votaron en contra de la medida. Al término del encuentro, Yellen declaró en conferencia de prensa que la “paciencia” regirá la toma de decisiones de la Fed: la incertidumbre no cede y, por ello, no será sino hasta observar una recuperación de mayor solidez cuando las políticas monetarias excepcionalmente laxas comiencen su reversión de manera gradual.

El mensaje oculto detrás de esas declaraciones es que si la inflación continúa cayendo en las próximas semanas, no únicamente la Fed no endurecerá la política monetaria (tightening) en el corto plazo, sino que podría, eventualmente, llevar a cabo una nueva batería de medidas “no convencionales” con la mira puesta en apuntalar la rentabilidad de las empresas y los bancos. La tendencia deflacionaria constituye un signo inequívoco de que algo anda realmente mal en la economía mundial en general, y en Estados Unidos en particular. El nivel de precios extremadamente bajo no está reservado únicamente a la esfera monetaria. Es un fenómeno económico de enorme amplitud que deriva de múltiples causas y que, en términos generales, tiene estrecha vinculación con las raíces más profundas de la crisis que comenzó hace más de 6 años.

Hay que recordar que a partir de la quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008 y hasta la contracción del crédito (credit crunch) en el plano internacional los meses siguientes, en Estados Unidos se perdieron alrededor de 8 millones de puestos de trabajo. La tasa de desempleo alcanzó 10 puntos porcentuales y la actividad económica se desplomó. La falta de liquidez en uno de los mayores bancos de inversiones de Wall Street detonó una crisis global de enormes proporciones. No fue sino hasta mediados de 2009 cuando, en términos estadísticos, la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por su sigla en inglés) apuntó que la economía estadounidense había superado la recesión. En medio de la crisis, la caída dramática de la inflación levantó preocupaciones en la Casa Blanca. Las amenazas de una espiral deflacionaria estaban a la vista.

En consecuencia, el Departamento del Tesoro y la Fed ejecutaron enérgicas acciones dirigidas a reactivar el crédito, básicamente a través de un aumento de los montos de los programas de estímulos monetarios (quantative easing) enfocados, a su vez, en depurar el endeudamiento privado de los balances contables de las corporaciones financieras y no financieras. Sin embargo, las compras combinadas de activos hipotecarios (mortaged based securities) y bonos del Departamento del Tesoro (Treasury bonds) aumentaron exponencialmente la hoja de balance (balance sheet) de la Fed, y con ello potenciaron en buena medida los riesgos de una caída de precios. Entre agosto de 2007 y el 5 noviembre de 2014, los activos en posesión de la Fed se incrementaron en más de 500 por ciento al pasar de 870 mil millones de dólares a 4 billones 486 mil millones de dólares.

Y es que pese a su sostén irrestricto, el capitalismo estadounidense tiene serios problemas para encontrar espacios de rentabilidad. No existen nuevos proyectos de inversión en ningún lugar del territorio estadounidense que, con base en la innovación tecnológica, permitan avizorar una fase expansiva del ciclo económico. A lo largo de la última década, la industria estadounidense no supera el rango entre 79 y 81 por ciento de su capacidad instalada. Aunque durante 2012 y 2013 el índice se recuperó en comparación con 2007 y 2008, todavía está muy por debajo de los niveles alcanzados en la década de 1990, cuando alcanzó 85 por ciento en 1994.

La denominada “recuperación estadounidense” (algunos economistas de la ortodoxia se atreven incluso a llamarla “desacoplamiento”) descansa más en el repunte de los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York y menos en la mejoría sustantiva de las condiciones de vida de la población. Incluso en la esfera financiera han surgido nuevas barreras para la acumulación de capital. Si bien es cierto que el índice Standard & Poors (cotiza las acciones de las 500 mayores empresas de Estados Unidos) continúa registrando aumentos en sus cotizaciones, la acumulación de ganancias por acción y dividendos es cada vez menor.

De esta forma salta a la vista una mayor propensión al riesgo por parte de los operadores y una volatilidad creciente de los precios en el mercado de capitales, según el Banco Internacional de Pagos (BIS, por su sigla en inglés). Los flujos constantes de fusiones y adquisiciones (mergers & acquisitions) así lo demuestran. Sucintamente, el aumento exponencial de las operaciones del sistema bancario en la sombra (shadow banking system) en Estados Unidos, alertado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) hace unas semanas, evidencia, por un lado, la competencia creciente entre capitales individuales en una batalla a muerte por la obtención de una mayor rentabilidad y, por otro lado, las limitaciones para regular la actividad financiera de nuevo cuño.

El curso de la economía estadounidense en los meses recientes pone de manifiesto una vez más que las ganancias extraordinarias en el mercado de valores guardan una relación inversamente proporcional a la evolución de las condiciones del mundo del trabajo. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Departamento de Trabajo, a lo largo de 2014, aproximadamente 2.95 millones de empleos se recuperaron, de los cuales 252 mil correspondieron a diciembre, cuando la tasa de desempleo cerró en 5.6 por ciento, el nivel más bajo de los últimos 5 años. Bajo esa misma perspectiva, Estados Unidos habría incrementado de manera sostenida 2 millones de puestos de trabajo anualmente desde 2010.

Sin embargo, esas cifras contrastan con el deterioro estructural del mercado laboral que, dicho sea de paso, también contribuye a consolidar la tendencia deflacionaria. En primer lugar, la población económicamente activa (PEA) se ubica actualmente en 62.7 por ciento, el registro más bajo de las últimas 3 décadas. En segundo lugar, hay serias dificultades en la absorción de la fuerza de trabajo: 7 millones de personas son empleados a tiempo parcial y la tasa de desempleo juvenil se ubica en más de 15 por ciento. En tercer lugar, la contención salarial neutraliza de manera apabullante los efectos multiplicadores de la ampliación del mercado interno y la redistribución del ingreso sobre el crecimiento económico: los salarios cayeron 10 puntos porcentuales en la composición del producto interno bruto (PIB) entre 1967 y 2013. Los salarios han caído en los meses recientes y el ingreso de las familias aún no alcanza los registros previos a la crisis. La deuda de los hogares se mantiene elevada y la polarización de clase aumenta.

No obstante, el gobierno estadounidense insiste en divulgar opiniones contrarias a través de la prensa hegemónica (The Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times, Bloomberg, Reuters, etcétera): la economía se fortalece de manera acelerada y, con ello, los riesgos en torno a una coyuntura crítica son cada vez más remotos:

“[Gracias a] una economía en crecimiento, una disminución de los déficits, una industria desbordante y una producción energética en auge, hemos salido de la recesión con más libertad para escribir nuestro propio futuro que cualquier otra nación en la Tierra […] la sombra de la crisis ha pasado […] la recuperación está tocando más y más vidas”, sentenció el presidente Barack Obama durante su mensaje del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, el martes 20 de enero de 2015.

Con todo, las contradicciones intrínsecas de la dinámica capitalista terminarán por acallar el discurso de la dominación de clase. El fantasma de la deflación se hace cada vez más presente en la economía estadounidense y, más temprano que tarde, terminará por revelarse con todas sus fuerzas.

Ariel Noyola Rodríguez es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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La modernización violenta de Colombia

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Lo trágico para un pueblo no es la historia escrita sobre la cual discutir; lo realmente funesto es no tener ninguna historia. No por aquella frase del 18 de Brumario de Marx (hoy convertida en una simple cita de cajón) sobre los hechos históricos ignorados u olvidados que unas veces se repiten como tragedia y otras como farsa, sino porque es imposible para cualquier pueblo tener una “conciencia social liberadora” y trazar un camino hacia su futuro sin conocer su historia tanto particular como su relación con la historia de la humanidad.

Es por eso que la historia como expresión misma de la lucha de clases, es el teatro privilegiado de cualquier controversia sea esta política, ideológica o económica, e incluso sea el fondo de “la política por otros medios”, es decir del enfrentamiento armado. De aquí que Colombia, en donde desde se la época de la cacica Gaitana, exactamente desde hace 476 años, se ha venido librado uno de los conflictos más encarnizados y tenaces de la lucha de clases de la humanidad o de la historia humana; primero hubiera habido una ignorancia supina sobre su historia particular y sus relaciones con el resto del mundo estimulada por el Poder dominante y constreñida a una desolada versión oficial escolástica única, y luego, hubiera habido sobre todo a partir de la década de los 60 del siglo pasado, una eclosión de textos “interpretativos” de la sociedad colombiana de científicos sociales e historiadores metropolitanos (sobre todo anglosajones y franceses por aquello del colonialismo) y como no, también criollos de todas las escuelas de pensamiento social habidas y por haber, casi todas estas explicaciones justificadoras de lo que acontecía en la base de la pirámide social:

Un desarrollo rampante del largo y penoso proceso de separación “violenta” de los colombianos (fueran estos indios, negros, mestizos o blancos de orilla) de sus medios de vida o de producción para convertirlos en mercancías, valga decir en simples vendedores de su fuerza de trabajo, y, del “enajenamiento” o alienación de su tradicional concepto de libertad e insumisión, para transformarlos en resignados y devotos “tributadores” o pagadores de diezmos y primicias a la iglesia Dios.

En breve, una historia de la cúpula de la pirámide u oligarquía colombiana apéndice de algún imperio español, inglés o norteamericano, para desarrollar mediante la violencia política el capitalismo (progreso) y el mercado interno en la base económica hasta su total Transnacionalización, mientras afianzaba en todos los niveles de la superestructura ideológica-política “nacional” una realidad institucional clerical y contemplativa, autoritaria y rentista de la vida cristiana, totalmente en contravía del dinamismo capitalista que estaba construyendo a “sangre y fuego” en la economía. Muy pocos, casi excepcionales, fueron los escritos explicativos donde los protagonistas o como se dice ahora los sujetos, fueran los de debajo de la pirámide social.

Uno de estos historiadores metropolitanos de lo acontecido en la cúpula del Poder colombiano es James D Henderson, el antiguo cuerpo de paz estadounidense venido a Colombia dentro del programa de la Alianza para el Progreso con la que el gobierno de su país pretendió combatir en Nuestramérica la influencia de la naciente revolución cubana y quien luego se doctoró como historiador sobre Colombia, tomando en serio su labor investigativa.

En sus más reciente libro sobre nuestro país reditado conjuntamente por la Universidad de Antioquia y la U Nal sede Medellín (1); donde en 683 intensas páginas Henderson, después de haber leído la friolera de 546 libros sobre Colombia, de haber consultado 30 diarios y revistas, consultado 9 archivos oficiales (entre ellos los del Departamento de Estado) después de haber entrevistado 17 protagonistas directos y consultado 28 fuentes inéditas; hace una empalagosa descripción del papel tan positivo para la modernización (económica) jugado por el líder natural del falangismo colombiano y dictador conservador Laureano Gómez; que en lo fundamental coincide con la reciente “revisión ”que ha hecho Kalmanovitz de sus anteriores historias trotskistas (2) y, confirma lo que hemos dicho dos párrafos atrás sobre el proceso de conformación de la metáfora marxista de la Base y la Supra-estructura en Colombia.

Para aquellos que intencionadamente (supuestamente desde una posición de Avanzada Democrática) desconocen la torsión realizada en la conciencia social de los colombianos por el actual proceso de paz de la Habana en tres aspectos vitales como:

a) La ampliación de la discusión y de la masa crítica sobre la historia de Colombia que planteará necesariamente el informe de la comisión de la verdad histórica próximo a conocerse.

b) La superación teórica del desarrollismo neoliberal descrito por el historiador Henderson hasta su total transnacionalización proyectada en los gráficos de la nueva historia económica de Kalmanovitz, que necesariamente planteará el tema de las reformas estructurales para la sociedad colombiana a ejecutarse durante el llamado posconflicto que ya está en la discusión social.

c) El cambio de prioridades que se ha planteado sobre el tema de la paz y en contra del concepto militarista de la “seguridad” esgrimida por los Uribe, Mindefensa Pinzón y el obseso fanático Ordóñez

d) El surgimiento y consolidación en las bases populares del Frente Amplio por la Paz, que se presenta como una alternativa (esta vez seria) de Unidad popular por la base de la pirámide, poder democrático y soberanía.

Para aquellos que por sectarismo maoísta “anti fart” y urgencias electorales “pordebajean” el proceso de la Habana, queremos citar en extenso la conclusión básica del erudito libro sobre Colombia del historiador Henderson citado (…..) ” A finales del siglo XX, los estudiosos colombianos han prestado una atención desproporcionada a la Violencia y a la tormentosa historia política de la nación. Por consiguiente los cambios socioeconómicos que afectaron a muchos más colombianos y que ocurrieron simultáneamente con la Violencia política han sido poco estudiados…La idea de que Colombia sufrió un colapso institucional casi fatal en 1949 ha llevado a los estudiosos a concentrarse en la política y en la violencia, y a ignorar el desarrollo socioeconómico que tuvo lugar entre la ´década del cuarenta y la del cincuenta que fue en realidad, de mucha mayor importancia para el país. Les ha impedido percibir que, con excepción de los partidos Liberal y Conservador y de la estructura política formal definida por ellos, la mayoría de las instituciones colombianas se fortaleció significativamente durante los años de la Violencia”. Pág 478 (…..)

Como decimos los colombianos ¿Más claro para dónde?

Notas
1) Henderson D James. La Modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín 2006.
2) Kalmanovitz Salomón. Nueva Historia Económica de Colombia. Editorial Taurus. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá 2010.

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Venezuela y la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Es completamente inaceptable, desde todo punto de vista, que el gobierno de Estados Unidos pretenda imponer a Venezuela sus criterios imperialistas, tal como se desprende de la lectura del documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2015″, emitido recientemente por la Casa Blanca. Con dicho documento, el gobierno estadounidense vuelve a inmiscuirse en los asuntos internos del país, buscando animar una vez más a los sectores reaccionarios de la oposición en sus propósitos de acabar con el gobierno nacional y el proceso revolucionario bolivariano. Todo esto lo esconde el gobierno de Obama bajo un supuesto impulso “a los valores universales de democracia y derechos humanos”, además de “empoderar a futuros líderes” que sigan los dictados del imperialismo yanqui, abandonando toda noción de soberanía que entorpezca esta intención.

Como se podrá deducir, nada de esto es simple coincidencia con lo adelantado por los grupos opositores en su sabotaje a la normalización del abastecimiento de productos a la población y menos cuando no disimulan su complacencia al ver cómo continúan formándose las colas en los establecimientos comerciales, esperando que todo esto desemboque en güarimbas y saqueos. De ahí que no sea exagerado advertir que se trata de desencadenar hechos de esta naturaleza en territorio venezolano, antes y durante las elecciones parlamentarias próximas, algo que ha sido calculado por la dirigencia opositora desde el año pasado, repitiendo el mismo esquema aplicado luego de las elecciones presidenciales y del Día de la Juventud, con sus secuelas de asesinatos de civiles y militares, destrucción de edificios públicos y violencia fascista.

Además, resulta grotesco que Estados Unidos hable de riesgos a su seguridad nacional en un mundo inseguro cuando todo el mundo conoce que su injerencia en los asuntos de otros países es la causante directa de la violencia y destrucción que sufren estos países, especialmente en aquellos que poseen petróleo. Ahora buscan legitimar esta injerencia en Venezuela con la aplicación de sanciones a funcionarios del Estado y amenazas que van en contra del derecho internacional.

Así, quienes se manifiestan entusiasmados por la posición estadounidense estarán entonces también de acuerdo en que se someta a Venezuela a la misma situación caótica de otras naciones como resultado de la política imperialista de la Casa Blanca. Con esto demuestra la oposición el nulo o escaso valor que le otorga a la soberanía nacional y al hecho que una mayoría de los venezolanos sigue respaldando al proceso revolucionario bolivariano socialista, a pesar de todo lo que han hecho para revertir esta realidad.

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Argentina: “La SIDE y la criminalidad estatal”

Editorial de Herman Schiller leído en “Leña al fuego” hace diez años (31 de julio del 2004).

En 1949, cuando la heroica lucha de los ferroviarios confirmaba que no todo el movimiento obrero estaba entregado, fue creado un organismo represivo de inteligencia llamado "Control de Estado", cuyo objetivo era neutralizar los bolsones opositores y combativos que aún quedaban entre los trabajadores

La idea del gobierno era estructurar al nuevo organismo de acuerdo al modelo de las potencias europeas de derecha de la década del treinta. Ese modelo, en Italia, en Alemania, en España y Portugal, asi como también en la Francia de Petain, les había dado muy buenos resultados.

El primer jefe de este nuevo organismo creado en el '49 fue un militar de extrema derecha llamado Solveyra Casares. Y, enseguida, vinieron otros,como el coronel Jorge Osinde, que alrededor de un cuarto de siglo después sería uno de los organizadores de la masacre de Ezeiza

Esta flamante repartición -"Control de Estado” -, tiempo después, se transformó en una sigla de triste fama: SIDE, Servicio de Informaciones del Estado. Y entre sus asesores más destacados estuvo un alemán nazi llamado Von Gromann, que obviamente llegó a estas playas huyendo de la justicia de los pueblos.

El gobierno de Perón le dio hospitalidad a muchos criminales de guerra, que integraron su experiencia a las fuerzas represivas y otros factores del Estado, igual como ocurría en la misma época en los Estados Unidos, donde el FBI y la CIA -tal como quedó ratificado hace pocas semanas cuando se levantó el secreto de los archivos

cobijaron a centenares de ellos,porque el enemigo de posguerra había dejado de ser el nazismo para pasar a serlo los subversivos comunistas.

La SIDE siempre fue una cueva del terrorismo de Estado. En los días de la llamada "Revolución Libertadora” su jefe, el general Quaranta, mandó a asesinar a un abogado del diario "La Razón" y ex presidente de la Sociedad Hebraica Argentina, Marcos Satanwosky,

(Y para más datos, véase "El caso Satánowsky”, uno de los libros más representativos de la obra de Rodolfo Walsh).

Nos podríamos pasar horas enteras enumerando los crímenes de la SIDE, porque este organismo no es sólo el ámbito del buchonerío o el control del comportamiento sexual de los hombres públicos, sino un resorte clave de la criminalidad estatal.

Y no es ajeno a ninguno de los hechos terribles ocurridos en los últimos cincuenta años, como, por ejemplo, la masacre de la AMIA.

Carlos Tortora, para citar nada más que un caso entre miles, ex integrante de la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria que a principios de la década del setenta asesinó a la estudiante marplatense Silvia Esther Filler; Carlos Tortora, decía, era uno de los jefes de la SIDE en momentos de cometerse el atentado de la AMIA. Nadie lo llamó siquiera a declarar. Y su permanencia en la SIDE perdura hasta nuestros días.

Esta es apenas si una ejemplificación.

Juan Gelman, el gran poeta, dijo alguna vez que si la SIDE investigara a fondo la masacre de la AMIA se encontraría consigo misma.

Gustavo Beliz (un hombre del Opus Dei, ex socio de Cavallo y ex ministro del Interior de Menem), tardíamente prendió el ventilador, pero el excremento que de desparramó, absolutamente real, ya lo conocíamos de antes.

La SIDE, efectivamente, además de cobijar delincuentes y asesinos de la peor especie, maneja cifras siderales. En la época de Menem se supo que su presupuesto era de por lo menos un millón de dólares diarios. Hoy los secretos y recontra secretos hacen difícil conocer con exactitud cuál es su presupuesto verdadero, pero, sin duda, es cuantioso.

Beliz largó un solo nombre, el de Antonio Stiusso, pero este es apenas si una gota en el océano. De todos modos, Stiusso no es pez chico, sino un referente insoslayable en esta madeja del térrorismo de Estado, Stiusso está ahí desde comienzos de la década del setenta y fue un hombre clave en la época de la dictadura militar. El formó parte del famoso grupo Alem, junto con Guglielminetti, de clara orientación fascista y represiva, que apareció en la revista "Gente" ostentando cruces svásticas. Y, además, fue compinche de Aníbal Gordon, uno de los tantos asesinos que operaban para la SIDE y otros “Servicios”

Entre los datos que ya se conocen figura que la SIDE gastó $1270 millones de dólares entre 1998 y el 2003, sin controles y con giros sospechosos.

El jefe de Gabinete Alberto Fernández, negó que la SIDE reparta sobres a periodistas o que hagan inteligencia interna

En ambas cosas el alto funcionario gubernamental mintió, porque la especialidad de la SIDE es el control del periodismo mediante sobornos y, sobre todo, la inteligencia interna,que es la quinta esencia que justifica su existir.

Y, por supuesto, habrá que investigar y hurgar qué hay de cierto sobre la confesión de Beliz de que los hechos violentos de la Legislatura porteña fueron preparados por elementos de la SIDE y de la policía. Naturalmente, la justicia trucha de nuestro país no está investigando al aparato represivo y sus sordideces sino a los pobres.

Hace unos cinco años, cuando en las puertas de la Escuela de Inteligencia, dependiente de la SIDE, fue asesinada Sofía Fijman que estaba alimentando unos gatos, organizamos allí un acto publico de repudio a este organismo terrorista e inútil. Fue quizás la única vez que a alguien se le ocurrió salirle al cruce a esta institución repulsiva casi olvidada por el campo popular.

Su destino histórico, como el de la policía es ser disuelto. El debate social será en definitiva el que deba decidir qué hacer con estos organismos que han teñido de sangre y luto al pueblo argentino.

Mientras tanto, en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, unos 200 desocupados mantienen la protesta en demanda de fuentes de trabajo, Interrumpiendo totalmente los sistemas operativos y de seguridad de las Plantas Terminales Marítimas Patagónicas. Y, mucho más al norte, en San Salvador de Jujuy, los trabajadores de la empresa Aceros Zapla tomaron la planta en demanda de aumento salarial y mejores condiciones de seguridad laboral.

Con la SIDE o sin la SIDE, con el terrorismo de Estado o sin el terrorismo de Estado, la lucha de clases continúa.

(Comentario editorial efectuado por Herman Schiller en la emisión del 31-VII-04 del programa "Leña al fuego” que se emite los sábados de 18 a 20 por AM 1110, la Radio de la Ciudad).

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18F: Convocan encubridores

PARTIDO OBRERO

Por una marcha para interpelar a los K, a los ex K y a Macri, que se abran todos los archivos y se vaya Milani.

El 25 de enero pasado, una declaración de nuestro partido, Partido Obrero, caracterizó la muerte del fiscal Alberto Nisman, como “un crimen de Estado”.

La caracterización apuntaba, en primer lugar, a la responsabilidad política de los gobiernos que orientaron a los servicios de espionaje desde que se tenga memoria y al gobierno en funciones de la última década, y denunciaba, por otro lado, la prolija y tenaz política de encubrimiento de esos aparatos por parte de esos gobiernos y del gobierno actual. En esta trama conspirativa tuvo un papel relevante el poder judicial, en la persona de jueces y fiscales, entrelazados con los servicios de inteligencia y condicionando sus investigaciones y sentencias a esos servicios y a los intereses económicos y políticos de turno.

¿Escapa a esa caracterización la trayectoria de los fiscales, jueces y políticos que ahora convocan a una “marcha del silencio”, que declara como objetivo “proteger la independencia del poder judicial” y reclamar “verdad y justicia” en la investigación de la muerte de Alberto Nisman?

¿Puede servir contra la impunidad una acción que cuenta con la simpatía y el apoyo de una parte de los mismos servicios de espionaje que forman parte del encubrimiento?

Si la aspiración es la verdad, ¿por qué no exigen la apertura de los archivos secretos de los aparatos de espionaje?

Justicia de cómplices

Ninguno de estos jueces y fiscales denunció nunca, en el transcurso de décadas, el maridaje de los gobiernos de turno y el poder judicial al que servían con los servicios de espionaje. La autoría del atentado a la embajada de Israel, que tiene a su cargo la Corte Suprema, sigue envuelta en la oscuridad. La Side hizo su prolijo trabajo de encubrimiento de la desaparición de Jorge Julio López, pero ningún fiscal pidió el allanamiento de su sede ni la indagatoria de sus jefes. Ningún fiscal reclamó la investigación del rol de los servicios de inteligencia de la policía en el despliegue de francotiradores durante la movilización que culminó en el asesinato de Kosteki y Santillán. Ni en este caso ni en el del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, se impulsó la investigación del poder político que liberó las zonas para esos crímenes – en un caso el gobierno de Duhalde y su gabinete, en el otro el de Cristina Kirchner y sus laderos.

Nadie salió a una marcha de silencio cuando fue puesta en evidencia la existencia de un plan de infiltración de las organizaciones populares, denominado Proyecto X. Tampoco para defender la justicia de las luchas obreras.

El juez Larrambebere y el fiscal Raúl Plee, convocantes a la marcha, fraguaron con otros ‘juristas’ alfonsinistas una causa falsa – como se comprobó - contra toda la dirección del Partido Obrero, en 1989, que habrían debido llevarlos a un juicio político y a la destitución. El fiscal Stornelli, ex ministro de Scioli y ex jefe político de la bonaerense, carece de autoridad para reclamar contra el encubrimiento.

Todos sirvieron a la Corte de la ‘servilleta’ de Menem; han dejado en la impunidad los asesinatos para policiales del 19 y 20 de diciembre de 2001. La Justicia es cómplice con el estado de impunidad que rige en todo el país, en especial para la mafia de la trata de mujeres y niños, o los asesinatos del ‘gatillo fácil’.

Hasta el día de hoy sigue en la nada la investigación por los incendios de trenes del ferrocarril Sarmiento, a pesar de las conexiones entre el grupo Cirigliano y el intendente Otacehé y el eterno alcahuete Aníbal Fernández.

Toda esta conducta encubridora de fiscales y jueces justifica el planteo del Partido Obrero para que sean elegidos y revocables por el voto popular.

Descomposición del Estado

El poder judicial y el ministerio público ‘compraron’ la línea de la responsabilidad iraní en los atentados de 1992 y 1994, que impuso el gobierno nacional, incluso desde la tribuna de la asamblea general de las Naciones Unidas, sin pruebas fehacientes, por indicación de servicios de espionaje extranjeros. Esta complicidad se encuentra en la base del proceso que culmina con la muerte de Nisman – un crimen de Estado.

El gobierno ataca ‘post mortem’ al fiscal Nisman, cuando fue su agente judicial durante casi diez años.

La ‘línea iraní’ ha servido para encubrir a los servicios de espionaje locales que participaron en esos atentados criminales y en el sabotaje a su investigación.

Los políticos, como Sergio Massa y Alberto Fernández, que apoyan la marcha, han sido funcionarios del gobierno actual y por lo tanto responsables del ocultamiento de la verdad que hoy reclaman. Macri, otro animador, enfrenta un proceso judicial por espionaje, aliado a Fino Palacios, también procesado por encubierto en el atentado a la Amia. El resto de la casta política convocante integró los gobiernos precedentes, donde se cultivó con esmero la serpiente y sus huevos.

No estamos ante una convocatoria por “la memoria, la verdad y la justicia”, sino ante algo muy diferente: a la progresiva descomposición de un sistema político que se ha convertido en una amenaza para la inmensa mayoría del país. Esto, en el comienzo de la campaña electoral. Al mismo tiempo, se trata de una polarización ficticia, porque han sido socios durante décadas en el mismo sistema de complot contra los intereses del pueblo.

Necesitamos una marcha sí, pero para exigir, en primer lugar, para que el gabinete comparezca ante el Congreso para una interpelación televisada.

Necesitamos una marcha para exigir la apertura de los archivos de la ex Side y de todos los servicios de espionaje, y para imponer la destitución de Milani y la investigación de todas las operaciones del servicio de inteligencia del ejército, tanto en Argentina como en Haití, donde opera como una fuerza ocupante desde hace una década, al servicio del imperialismo norteamericano.

Para poner fin a la impunidad policial y judicial que está vigente en todo el país

Deben abrirse los archivos de la Cancillería, no solamente para clarificar los acuerdos con Irán sino, por sobre todo, los diez años de acuerdos con Estados Unidos bajo el rubro de la “lucha contra el terrorismo”. Es esta política kirchnerista la madre de la injerencia de la CIA y el Mossad en los aparatos nacionales de espionaje.

La convocatoria a las calles de una parte del poder judicial y del ministerio público, contra el gobierno, muestra que los intereses dominantes y sus partidos de siempre no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo, ni tienen idea de cómo hacerlo de aquí en más. Esto explica la disgregación del oficialismo, que deja jirones propios para lograr un salvataje de Scioli, así como las disputas facciosas de la oposición. Es el impasse de la sociedad capitalista a nivel político y del Estado.

Los trabajadores y el Estado

Rechazamos la decisión inconsulta de los sindicatos oficialistas de alinearse con el gobierno y el PJ y la decisión inconsulta de la burocracia sindical opositora de apoyar una marcha convocada por los cómplices de este mismo sistema.

Llamamos a los trabajadores a deliberar sobre la crisis abierta con la muerte de Nisman – un crimen de estado -, para poder desarrollar una salida política independiente de conjunto, que satisfaga nuestras reivindicaciones sociales e imponga una completa libertad política.

Los servicios de espionaje son el sistema nervioso del Estado y responden a la orientación social y a la estructura de ese Estado. Por un lado, espían y conspiran contra los trabajadores y sus organizaciones, en función de los intereses de las diversas patronales y de la burguesía en su conjunto, y por otro lado ‘operan’ a favor de determinados sectores contra otros de esa burguesía, como expresión de las contradicciones de clase que son propias del capital. Estas condiciones no las va a cambiar que las “escuchas” sean responsabilidad de la Procuración o de la Corte, ni tampoco van a impedir la acción ilegal de los servicios, que gozan de la completa inmunidad de ese mismo estado, en calidad de ‘guardianes’ de sus secretos. La llamada oposición quiere sustituir a un Milani por otro. Para destruir este sistema de conspiración contra los trabajadores y la mayoría del pueblo, es necesario suplantar este Estado por otro que responda al interés colectivo de los trabajadores.

Preparemos una respuesta del pueblo trabajador.

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Declaraciones de Christian Castillo y Nicolás del Caño: La izquierda no participará del 18F

PTS

Los legisladores del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Christian Castillo, declararon que no participarán en la marcha convocada para el 18F a un mes de la muerte del fiscal Nisman.

Del Caño, diputado nacional por el PTS-FIT, explicó: “Nosotros venimos denunciando la complicidad del Gobierno con todo el aparato de espionaje que se mantuvo desde la dictadura. Denunciamos que pusieron a un general acusado de cómplice del genocidio al frente del Ejército y aumentaron su poder en inteligencia. Denunciamos y fuimos víctimas del espionaje del ’Proyecto X’ y de las represiones contra trabajadores que pelean por sus puestos de trabajo, como es el caso de Lear. Como parte de esta historia, el Gobierno fue parte de los más de veinte años de encubrimiento en la causa AMIA y dieron respaldo a Nisman y a Stiuso”.

Sin embargo, el diputado por Mendoza aclaró: “La marcha, presentada como ‘una marcha del silencio por Nisman’, está convocada por una fracción no menos reaccionaria de la casta judicial, con la adhesión de la oposición patronal, tan cómplice de los servicios, el espionaje y la impunidad como el Gobierno”.

Por su parte, Castillo, legislador provincial en Buenos Aires por el PTS-FIT, afirmó: “Varios de los fiscales convocantes están acusados de encubridores en la causa AMIA”. Y agregó: “Se sumaron Mauricio Macri, procesado por escuchas telefónicas de la mano de Ciro James a su cuñado y a familiares de la AMIA, mientras su protegido, el ‘Fino’ Palacios, va a juicio justamente por el encubrimiento del atentado que produjo ochenta y cinco víctimas.Sergio Massa, quien tiene como jefe de campaña a un reconocido agente de la ex-SIDE como Juan José Álvarez, uno de los responsables políticos del asesinato de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002. La inefable Carrió, una empleada de la embajada norteamericana, y hasta el gobernador De la Sota, el jefe de la narcopolicía de Córdoba”.

“Buscan alentar una salida por derecha a la crisis en curso y no responden para nada a las justas aspiraciones que puede tener la población para encontrar la justicia y la verdad”, sentenció Castillo.

Finalmente, Nicolás del Caño explicó: “La izquierda no debe participar de esa movilización reaccionaria. Seguiremos denunciando al Gobierno y a la oposición patronal, tan enchastrada con los servicios como el Gobierno. Nuestro reclamo es por que se abran los archivos de la ex-SIDE y la puesta en pie de una comisión investigadora independiente para la causa AMIA y para la muerte de Nisman”.

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Las relaciones con China: ¿Nueva dependencia?

Adolfo Aguirre (ACTA)

La visita de Estado realizada por la presidenta Cristina Fernández a China nos presenta ante un debate necesario respecto de nuestro posicionamiento con las potencias mundiales.

Las preguntas esenciales que debemos hacernos son ¿qué relación queremos tener con potencias, viejas y nuevas? ¿Desde dónde debemos posicionamos? A juzgar por los multimillonarios acuerdos firmados esta semana, Argentina tiene una posición tomada y es la de proveer materias primas, en una posición de dependencia respecto de las grandes potencias, incluidas las emergentes. Es complejo plantearle a un gobierno en su último año de mandato que tome una política estratégica para la próxima década. Sin embargo, no podemos escaparle a este debate.

La relación con China parece lentamente estar virando hacia la que el gigante asiático estableció con una gran parte del continente africano. China garantiza grandes inversiones en infraestructura además de préstamos a bajas tasas, sin requerimientos de ajustes estructurales, al estilo FMI, mientras que los países receptores proveen de materias primas fundamentales y abren sus mercados a las manufacturas. Esta fórmula tiene un componente extra que no es menor: la mano de obra china. Las relaciones que desde la CTA entablamos con diferentes sindicatos africanos, especialmente Angola y Sudáfrica (los dos principales socios chinos en ese continente) nos dan un panorama preocupante en el aspecto laboral. Las grandes inversiones vienen atadas a la importación de manufacturas, destruyendo las ya endebles industrias locales, afectando a la mano de obra local, y llegan con su propia mano de obra, ajena a las legislaciones laborales locales y por ende a la posibilidad de organizar a los trabajadores sindicalmente. Los "contratistas" de los mega-proyectos chinos en África trabajan en condiciones de explotación intensa, viviendo en el mismo campamento de las construcciones y con una prohibición explícita de establecer contactos con las poblaciones locales, menos aún con organizaciones sindicales. La dimensión de la inversión china genera que los países no quieran confrontar en estos aspectos con las imposiciones incluidas como parte del paquete. A su vez, los sindicatos deben lidiar no sólo con un aumento de la xenofobia entre sus bases, sino también con la incapacidad de extender la defensa de los derechos laborales a los principales emprendimientos económicos de los respectivos países.

Hasta el momento, la dinámica de las relaciones China-América Latina no es exactamente la que establecieron con África. Sin embargo, tiene rasgos similares en algunos aspectos, hay dependencia de exportación de materias primas, déficit comercial; mientras que en otros sólo unos pocos países lo han experimentado. La mano de obra china presente en minas en Perú no ha estado exenta de tensiones. Tal como fue la relación con Gran Bretaña a fines del siglo XIX y con Estados Unidos durante una gran parte del XX, las relaciones asimétricas entre una potencia y un país de menor magnitud van a generar relaciones de poder asimétricas, donde los intereses de la potencia suelen prevalecer.

Como venimos insistiendo desde hace varios años, es aquí donde los procesos de integración regional tienen un rol fundamental que jugar. Tanto el Mercosur, como Unasur y CELAC deberían estar orientados a buscar posicionamientos comunes frente a estos retos, además de afianzar la alianza político-estratégica. La cumbre CELAC-China de enero tendría que haber sido una oportunidad no sólo para competir por los casi 500.000 millones de dólares en inversiones que anunció China, sino para plantear formas en la que la región pueden plantearse ante este escenario. Ideas como organizar una “OPEP de la soja” o del litio pueden ser un salto cualitativo en las posiciones de poder de nuestros países. Desde las organizaciones sindicales venimos insistiendo en la necesidad de concretar estas estrategias que tengan una utilidad concreta a la hora de negociar con las potencias, tanto las viejas como las emergentes.

Ante esta situación y desde nuestra mirada sindical, debemos plantear un rechazo firme a los acuerdos que profundizan la dependencia. Tal como lo hicimos durante la lucha contra el ALCA, debemos exigir que se fortalezca la integración regional para poder posicionarnos ante las potencias mundiales. No se trata de rechazar de plano la posibilidad de acuerdos, sino de utilizar el poder relativo que podemos tener, en base a nuestras fortalezas actuales y futuras. De esto dependerá el desarrollo de los próximos 30 años.

Adolfo Aguirre es Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA.

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La década periodística

Ernesto Martinchuk (especial para ARGENPRESS.info)

El periodista es esencial para ayudar a los ciudadanos a navegar en medio de una inmensa amalgama de contenidos en la que a menudo se funden, sin distinción, informaciones reales, invenciones pueriles y manipulaciones.

Debemos comenzar pensando que el estado de la libertad de expresión en nuestro país, corresponde a internarse en un debate con profundos componentes que en general tienden a terminar en el maniqueísmo de la polarización entre el gobierno y la oposición.

Presiones, restricciones desde los entes gubernamentales, amenazas de grupos económicos, autocensura, y en algunos casos irresponsabilidad de los propios periodistas, representan una de las principales restricciones a la libertad de expresión.

Resulta muy difícil encontrar cualquier funcionario oficialista que no elogie los avances del gobierno y se encolumne rápidamente a la posición vertida o sugerida desde el Poder Ejecutivo. Alguna vez, en el Congreso de la Nación, hemos escuchado al propio presidente del bloque del FpV, Julián Domínguez, refiriéndose a Daniel Scioli decir “A los tibios los vomita Dios”, porque el candidato no gozaba de la simpatía y apoyo del entorno de la casa rosada. Habría que preguntarle a Domínguez ¿qué hará Dios con los obsecuentes que han abolido el pensamiento, la reflexión y el libre albedrío incorporados al ser humano como obra máxima de la creación?

Del mismo modo, hay sectores de la oposición política para los cuales existe una sistemática persecución contra cualquier posición de la voz oficial y creen que esa postura es generalmente orquestada desde el mismo Gobierno. Esta es la gran deuda pendiente de la democracia, donde las generalizaciones se desvanecen ante los matices propios de una sociedad, en las que la visiones reduccionistas impiden ver que es lo que ocurre en realidad en este complejo país. Una noticia tapa a otra, vivimos exaltados, enajenados en el día a día, dejando de lado los verdaderos problemas que hacen a nuestro futuro como sociedad y como país.

Es bueno recordar que la libertad de expresión no es un regalo divino exclusivo de los periodistas, sino un derecho fundamental inherente al ser humano que elige vivir en democracia. Esa facultad de comunicación va de la mano del derecho a utilizar esa capacidad, en procura de la realización personal para desarrollar una personalidad, tomar posición respecto de temas tanto públicos como privados, en síntesis ejercer derechos para asumir un rol en la sociedad, donde también existen obligaciones.

Desde el lado oficial asistimos diariamente a través de la cadena nacional, a destacar con orgullo cifras que demuestran que estamos en el mejor de los mundos, mientras la realidad parece decir lo contrario. Son pocos los que creen en las cifras oficiales, mientras temas como la desnutrición infantil, la crisis en la educación donde las estadísticas oficiales informan que no existen alumnos repitentes, pero los resultados indican que hemos descendido abruptamente de los primeros a los últimos puestos en todos los rubros analizados. A esto se le suma la recesión, la falta de inversiones, la inseguridad, los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, los que aún después de una década siguen viviendo de planes sociales que sufren de falta de control y son utilizados, como moneda de cambio, por punteros políticos. Pero no todos los correctivos involucran la acción del gobierno, también el estamento político debe dar el ejemplo.

A todo esto, muchos periodistas, y porque no decirlo, políticos, jueces y empresarios, son víctimas de autocensura por temor o por negocio. Este tipo de práctica en la prensa, conduce a que el periodista prefiera trabajar con la agenda oficial, o utilizando la información suministrada por el gobierno para, de esta forma, evitar contrariar la voluntad de su jefe, con la pérdida de sentido crítico de la fuente.

Pero como dice el refrán, el papel lo aguanta todo. El enfrentamiento entre los intereses políticos, con los empresariales y el respeto al derecho a la información alcanza su punto más crítico durante los contextos electorales. Una estructura de corte monopolista tanto por parte del Estado, como por parte de los medios de comunicación termina comprometiendo la “objetividad” y transparencia en el momento de informar al público porque el contenido de los espacios informativos, sean escritos, radiales, televisivos o digitales, suelen alinear su posición, tanto editorial como de contenido, según los intereses del grupo que representan.

Nuestro país ha convocado, desde que se inició este proceso político distintas emociones; o se lo celebra por ser la nación que condensa, con un liderazgo definido, las esperanzas de emancipación de los pueblos pobres y excluidos por la globalización neoliberal o se lo juzga como un país que ha dado un inexplicable salto atrás, considerándolo como un peligro para la democracia que hoy impera en Occidente, o se lo describe como un nuevo brote neopopulista. Las miradas extremistas en este conflicto no son indiferentes.

Lo que viene sucediendo en esta década –conflicto entre Estado y medios de comunicación, entre comunicación y democracia- se ha fabricado en una feroz lucha entre poderes que ha tenido como principal vitrina, el uso de los medios de comunicación. Circulan en las universidades distintas categorías para tipificar la dramática suplantación que ha sufrido la política por la influencia que tienen los medios de comunicación y mientras se habla de democracia como equilibrio de poderes, lo que en realidad aparece es un verdadero desequilibrio.

Al actual proceso político se lo venera o se lo maldice. No existen puntos de consenso. Los puentes se han roto y ha desaparecido el terreno de traducción que debía ejercer el periodismo como institución.

Ha surgido un periodismo de propaganda y movilización. De denuncia y de adulación. Un periodismo al servicio de los intereses políticos del cristinismo y otro de la oposición. Ha desaparecido el periodismo que debe registrar, documentar y presentar con equilibrio los diversos disensos entre las fuerzas políticas. Se ama o se odia con la misma intensidad y el resultado es un país dividido en gran abismo. Para un sector de la sociedad se está construyendo el definitivo ajuste de la justicia social y la clave para desarmar al capitalismo mundial y para otra parte se ha venido construyendo un nuevo modelo totalitario, lo cual habla de una complejidad que debe ser abordada rescatando la idea del ejercicio de periodismo como una fuente de equilibrio ante tanta tensión.

Michael Foucault dice: no solo se trata de acumular riqueza o dominio, el poder es capacidad para producir realidades, para hacer visible ciertas prácticas, para describir, designar y calificar a sujetos y objetos. El poder es técnica, estrategia, lenguaje, medios.

El poder es la habilidad para construir discursos, destreza para movilizar a partir de ficciones, crear territorios simbólicos, emblemas y palabras. El poder es habilidad para comunicar, por eso los medios de comunicación son el centro del conflicto, porque la guerra gira en torno a las interpretaciones y la capacidad para construir realidades. Y como todos sabemos, en toda guerra, la primera víctima es la verdad.

Hoy no necesitamos ir al cine para ver una película, tampoco ir a la biblioteca para leer un libro, o comunicarse con otra persona en cualquier parte del mundo, todo se puede hacer desde la red. Esto está produciendo una crisis generalizada, principalmente en el contenido de las manifestaciones culturales, a las que tampoco escapa el periodismo. Estos desarrollos producen una asincronía entre la evolución social y la percepción intelectual, generando al individuo que llamaríamos “bárbaro-civilizado”, alguien capaz de acumular muchas redes de información, pero carente de formación en el sentido de la cultura del razonamiento. Podríamos decir que se trata de un individuo que se atrinchera en una supuesta seguridad, despojada de identidad y responsabilidad

Estos fenómenos están en muchos casos, incidiendo cada vez más, en la creación periodística, llevando la calidad informativa a lo meramente trivial. En muchos casos se da información no chequeada con otras fuentes, sólo por querer ser los primeros. Lo importante es ser los más profundos dentro de un contexto histórico y político, lo más pedagógico, originando un periodismo que incite al debate, la discusión y también a la reflexión. Así las nuevas tecnologías se convertirán en un aliado y en un instrumento a nuestro servicio. Leer y releer lo que se escribe antes de publicar. No ser soberbio, y hacer un culto de nuestro rico idioma. Saber decir no. Ser una buena persona. Decir la verdad, ser respetuoso, tener honor y sentir orgullo de ser Periodista.

Mientras tanto, la sociedad está politizada, lo cual resulta un gran avance pero también un impedimento para la convivencia, porque la lógica de la politización se basa en el reconocimiento del otro y en el desconocimiento de aliados y enemigos. Existen muchas verdades, tantas como visiones existan en el planeta.

Necesitamos un periodismo que nos permita contextualizar y comprender que la política es la creación de actores que sirven de marcas y emblemas para unir, agrupar, proyectar y asociar. Ese es el espíritu más genuino de la democracia. Esa es la tarea pendiente del periodismo.

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Daniela Vergara: "En educación...Bonfatti le hace todos los guiños a Cristina"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Daniela Vergara es integrante de Docentes en Marcha-Rosario y con ella conversamos sobre la situación salarial y pedagógica de Santa Fe. Paritaria docente nacional, presupuesto educativo, salario igual a la canasta familiar, la obligatoriedad de la sala de 4 años, las pasantías de estudiantes secundarios y terciarios, la reforma curricular de nivel medio y las agachadas de la conducción de Ctera... como se ve el panorama es complejo y no lo pueden resolver las "cúpulas dirigenciales" sino la conciencia docente hecha lucha y solidaridad.



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Alejandro Segovia, el pibe al que la bonaerense se la tenía jurada

COSECHA ROJA



“Es la última vez, la próxima te mato”. Alejandro Nahuel Segovia salió de la comisaría con las palabras del Colorado en la cabeza. El policía de la comisaría de Tres de Febrero se la tenía jurada y lo había amenazado varias veces. Se volvieron a cruzar dos semanas después cuando el adolescente salía de una estación de servicio sobre avenida Márquez: había robado un auto con su amigo Matías, el agente lo reconoció y los persiguió a los tiros. Como ninguna bala le dio, el oficial se bajó del patrullero, le disparó la 9mm en la cabeza y, para rematar, lo molió a golpes. “Cuando entré a reconocerlo en el hospital estaba desfigurado, tenía cortes en la boca y en la nariz. Le tenían bronca a mi hermano, lo tenían fichado”, dijo a Cosecha Roja Daiana, la hermana. Alejandro murió y Matías sigue internado en el Thompson de San Martín.

***

Alejandro tenía 16 y dormía hasta tarde todos los días, era raro que madrugara. Pero el jueves 29 de enero los amigos lo pasaron a buscar por la puerta de la casa en el barrio Libertador. A las 10.30 un vecino los vio pasar. La versión oficial dice que la persecución de la policía se convirtió en un tiroteo, que los pibes estaban armados, que chocaron contra un poste de luz y que cuando estuvieron acorralados por la policía, Matías le disparó a Alejandro. Los vecinos que vieron el final de la escena, en Libertador y Jazmín, contaron que Alejandro no alcanzó a bajarse del auto: el Colorado le disparó y lo golpeó antes de que reaccionara. A Matías lo tiraron al piso y le dispararon en la espalda.

Daiana y la mamá se enteraron porque les avisó una señora conocida del barrio. Llegaron cerca de las 12.30 y ya se los habían llevado al hospital. “¿Venís a ver al rata? Quedate tranquila que está bien el ratita”, les dijeron los policías antes de que pudieran decir a quién buscaban. Entonces se fueron hasta el hospital Bocalandro de Loma Hermosa. Buscaban a un adolescente de pantalón negro y zapatillas blancas y rosadas que estaba herido. “Acá hay un fallecido. Que entre a reconocerlo la que no esté en estado de shock”, les dijeron los médicos. Primero entró Daiana, después la mamá y salieron las dos llorando. Afuera las esperaban los policías. “¿Por qué mataron a mi hermano?”, les gritó la joven. Le respondieron con gas pimienta y al grito de “negros de mierda, ustedes son todos unos negros de mierda”.

***

Alejandro era tímido, cerrado y había dejado el colegio. Vivía con la mamá, seis hermanos y los sobrinos en una casa del barrio Libertador. Hacía un tiempo que estaba deprimido y se drogaba con pastillas. Había estado preso varias veces y tenía problemas con los policías del barrio. Cuando la familia fue al juzgado de menores a pedir que lo encerraran para hacer un tratamiento, les dijeron que no había registro de que lo hubieran detenido. “La mamá estaba preocupada por la adicción y la justicia le dio la espalda”, dijo a Cosecha Roja Joaquín Massa, de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

Una vez Alejandro se quiso matar. Estaba en la parte de atrás de la casa y lloraba. La familia llamó al 911 y llegaron varios policías que entraron sin autorización. “Tenés un revolver. No te lo podemos sacar pero no te vengas a hacer el loco, vení a pelear si tenés huevos”, le dijeron.

Antes de que lo mataran había recibido varias amenazas. Una vez el Colorado le secuestró la moto. “Seguí caminando”, le dijo. “Seguro que en algo andás, así que dame la plata que tenes en la billetera”, le exigió otra vez. Cuando lo veían en la calle o en la plaza lo paraban, le sacaban las pastillas, se le reían y le pegaban.

Matías está internado en el hospital. Lo custodia un gendarme. Es el único que sabe qué pasó esa mañana. Algunos vecinos vieron el final de la persecución pero no se animan a hablar, le tienen miedo a la policía. Las cámaras de seguridad del municipio registraron casi todo. “Estoy esperando la orden del juez para ver las filmaciones. Tampoco entiendo por qué a Ale no lo levantaron los peritos de la policía científica si ya estaba muerto. Yo no soy abogada ni fiscal pero a mí esto no me cierra”, dijo Daiana.

Fuente imagen: Pablo Caprarulo - Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional

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El femicida que está libre: Mató a una beba y acusó a la mamá

COSECHA ROJA



Él quería tener relaciones sexuales y ella no. El 16 de agosto de 2013 Alejandro Fernández le pegó a Yanina González por última vez. Después golpeó a Lulú -la hija de ella con una pareja anterior- las encerró a las dos y se acostaron. Yanina tenía 23 años, seis meses de embarazo y un retraso madurativo. Esa noche no pudo dormir, notaba que su beba no era la de siempre. El sábado a la mañana, cuando él se fue de la casa, ella se escapó y la llevó al hospital. Lulú tenía dos años y murió de una hemorragia interna y Yanina quedó detenida por “abandono de persona”. El 23 de febrero empieza el juicio en los tribunales de San Isidro y Alejandro Fernández no está ni siquiera acusado.

No era la primera vez que Alejandro amenazaba con pegarle a la beba: era cotidiano. Tampoco fueron una excepción los golpes a Yanina. “Ella naturalizaba la violencia porque su papá -que la crió desde que la mamá la abandonó- también era violento”, contó a Cosecha Roja Carina Leguizamón, de Vecinos organizados de Moreno. Ese sábado a la mañana cambió todo. Salió de la casa con Lulú en brazos, pidió prestada una SUBE porque no tenía y fue al centro comunitario Gallo Rojo. Ahí ya la conocían: la habían ayudado a irse de la casa de un novio violento. Nadie notó que Lulú estaba tan mal, pero sí que estaba decaída. Entonces la acompañaron al hospital. “Cuando Lulú murió, a Yanina le tomaron declaración y quedó demorada en la Comisaría de la Mujer de Del Viso”, contó a Cosecha Roja Matías Schroeder, de Gallo Rojo. No pudo asistir al entierro de Lulú porque consideraron que “era un peligro y podía escaparse”. Después la trasladaron a la Unidad 33 de Los Hornos (La Plata).

Aunque la autopsia determinó que la niña murió de un golpe contundente y los que la conocen aseguran que Yanina no tiene fuerza suficiente, Alejandro Fernández no es ni siquiera sospechoso. Durante 2013 y 2014 los integrantes de Gallo Rojo lo denunciaron por amenazas. La fiscal a cargo del caso de Yanina -Carolina Carballido Calatayud, especialista en Violencia de Género- abrió otra causa para investigar a Fernández. “Nos enteramos de casualidad: no citó a Yanina ni a personas cercanas. Solamente declararon la hermana y el cuñado”, dijo Schroeder. El hombre sigue libre y va a testificar en contra de Yanina, que está con prisión preventiva desde hace un año y seis meses.

En la cárcel le sacaron las esposas sólo para parir a Tiziana el 5 de noviembre de 2013. Un tiempo después la abogada le consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero había un problema: no tenía domicilio ni familia. En esa misma época a Carina Leguizamón, una vecina de Moreno, se le moría su onceavo hijo, un bebé de un año y ocho meses, de una cardiopatía. Cuando se enteró de la posibilidad de Yanina, ofreció su casa. “Ponele mi domicilio”, dijo la militante de Vecinos de Moreno. Y empezó a visitarla en el penal. Tardaba más de cuatro horas: se tomaba la línea 27 en Moreno, combinaba con el tren hasta Once. De ahí tomaba el subte a Constitución, el tren a La Plata y un colectivo hasta la cárcel. Yanina y Carina se fueron encariñando. “Ella estaba preocupada porque su bebé no conocía la calle. Entonces yo me la empecé a llevar”, contó Carina a Cosecha Roja. No siempre le alcanzaba la plata para ir y venir, pero siempre que podía lo hacía.

El 3 de diciembre le otorgaron la prisión domiciliaria y Yanina se mudó a lo de Carina, una vivienda dentro de un complejo de 600 casas en Moreno Sur. En el departamento de tres habitaciones viven Yanina, Tiziana Carina, sus nueve hijos, una nuera y una nieta.

“Las fiestas fueron muy duras para las dos: pensábamos en nuestros bebés”, cuenta Leguizamón. El último 24 de diciembre a Yanina la vistieron de fiesta: le pusieron sandalias altas, un jean blanco y la peinaron. Aunque le molesta que la toquen estaba contenta. Fue la primera vez en su vida que pasó una Navidad en familia.

Durante el día Yanina juega a las cartas, se divierte con los niños de la casa, corre, escucha Romeo Santos y sale hasta al jardín. No puede ir más allá de la reja porque suena la alarma que le recuerda que está presa. El 23 febrero empezará el juicio. “Vamos a pedir la excarcelación: no hay pruebas y el médico forense opina, como nosotros, que los golpes fueron fuertes. Ella no podría haberlo hecho”, dice Carina.

Aunque la joven tiene esperanzas de que se haga justicia, le teme al momento en que esté sentada frente al tribunal. No le es fácil hablar de ese día. Apenas puede contar que cuando Fernández le pegó a Lulú ella estaba en el baño, que cuando salió la vio acurrucada en la cama y supo lo que había pasado. “En ese momento siempre se pone a llorar y no puede terminar el relato”, contó la vecina.

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Paro de ATE Buenos Aires: “Pasado un mes y medio de la convocatoria salarial, el gobierno no tiene oferta integral de cara al 2015”

Melissa Zenobi (ACTA)

Mañana, 11 de febrero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de la provincia de Buenos Aires, realizará un paro con movilización a la Dirección Nacional de Escuelas. Reclaman una oferta salarial en el marco de las paritarias que lanzó Scioli en diciembre de cara a su campaña presidencial. Al respecto, ACTA dialogó con Oscar “el colo” de Isasi, Secretario General de ATE y la CTA bonaerense.

-¿Por qué ATE Provincia de Buenos Aires para y moviliza mañana miércoles 11 de febrero?

- Este paro se da en el marco de la continuidad del plan de acción de nuestra organización, que venimos desarrollando –entre otras cosas- por la recuperación del poder adquisitivo de nuestro salario. Nosotros venimos haciendo un planteo salarial, desde que se abrieron las paritarias el 18 de diciembre, que tiene que ver con recuperar ese poder adquisitivo. Y en ese sentido, planteamos la necesidad de recuperar lo perdido en el año 2014, de empatarle a la proyección inflacionaria de 2015. Estamos hablando de un 40, 43% de aumento.

-¿Cuál es la situación salarial de los Trabajadores del Estado de Buenos Aires?

- Queremos avanzar sobre la discusión de la recuperación de la pérdida histórica: desde diciembre de 2007 a diciembre del 2013, hemos tenido un aumento salarial nominal del 250%, pero la canasta básica ha aumentado un 840%. Los trabajadores del Estado provincial compramos hoy un 48% de la canasta que comprábamos en el 2007. Además se ha venido devaluando la calidad del salario: porque de ese 250% que aumentó el salario, sólo un 180% fue al básico, las otras formas de aumento han sido bonificaciones e incluso dinero en negro. Entonces planteamos en la mesa salarial; recuperar lo urgente (recuperar 2014 con la proyección del 2015) y abordar, a lo largo de este año, una discusión que nos lleve a recuperar lo perdido desde el 2007 a esta parte. Un auxiliar de educación categoría 7 está cobrando de categoría básica, menos de la mitad de la canasta básica. Además de los reclamos salariales, queremos que el valor de la hora de bolsillo del trabajador de la salud y de la educación, valga lo mismo que el de la administración central y una serie de bonificaciones sectoriales que el gobierno asumió el compromiso de tratarlas y aún no lo ha hecho.

-¿Cuál es la respuesta de Scioli en plena campaña presidencial?

- El gobierno anunció con bombos y platillos, el día 18 de diciembre, que era el adelantado en la discusión salarial. En ese momento nosotros dijimos que en realidad era una maniobra para obtener una foto electoral vacía de contenido. Que si había adelantado esa convocatoria, tenía que ver con la conflictividad gremial que fuimos capaces de desarrollar desde ATE y las organizaciones de la CTA, y no con la convicción del Gobierno. Además del horizonte de octubre, quieren mostrar que en el país de los ciego, el tuerto es rey. Pero tal es así que nuestra afirmación era correcta, que ha pasado más de un mes y medio de la convocatoria salarial y el gobierno provincial todavía no tiene oferta integral de cara al 2015 en materia salarial. Por lo tanto el Consejo Directivo Provincial, después de la última reunión de mesa técnica, resolvió para el día 11 en toda la provincia de Buenos Aires, mostrando el desagrado por la irresponsabilidad con que aborda la negociación el gobierno y ratificando todos los reclamos que venimos planteando. Pero también vamos a marchar a la Dirección Nacional de Escuelas, porque este gobierno tiene políticas tan siniestras que además nos saca la plata de los bolsillos. Más de 4500 pesos le han descontado a algunos compañeros auxiliares de la educación, sobre salarios que rondan los 5700. Los suplentes no cobraron su salario mensual. Por eso el 11 no sólo vamos a parar, sino que vamos a movilizar a la Dirección Nacional de Escuelas, para pedir que se paguen los salarios adeudados y que se reintegren los descuentos que se han realizado.

-¿Cómo continúa el plan de lucha?

- El Consejo Directivo Provincial de ATE ya sacó otra medida: es un paro con movilización el 2 de marzo, día en que inician las clases en la provincia de Buenos Aires. Ahí los trabajadores de la ecuación, de la salud y todos los trabajadores del estado vamos a parar, si es que no hay una oferta razonable de parte del gobierno en materia salarial. Y también se facultó al secretariado provincial –y a mí en mi doble carácter de Secretario General de ATE y la CTA-, de impulsar en la mesa de la CTA, que ese mismo día, todos los gremios estatales y docentes pertenecientes a la CTA provincia, paremos y marchemos en conjunto. También, elevar al Consejo Directivo Nacional de ATE, que ese día 2 la Asociación Trabajadores del Estado en todo el país decida un paro nacional por salarios dignos y llevar la propuesta también a la Mesa Nacional de la CTA, para que todos los gremios estatales de la CTA paren ese mismo día. Nuestra idea es nacionalizar y multiplicar los esfuerzos ese día.

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Argentina, Córdoba: Campaña de la Cooperativa La Esperanza. “Trabajar en carro no es delito”

Mariano Pacheco (PRENSA RED)

La Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza, que nuclea a unos 700 de los 2000 carreros que se estima existen en la ciudad de Córdoba, han lanzado por las redes sociales virtuales una campaña para defender sus fuentes de trabajo, ante una embestida del poder político municipal de la capital provincial.



Bajo la consigna “Trabajar en carro no es delito”, la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza lanzó una campaña para sumar adhesiones de la ciudadanía, en la búsqueda por contrarrestar el artículo 228 del proyecto de Código de Convivencia Municipal, que el Intendente Ramón Mestre envió al Concejo Deliberante para que sea aprobado en el transcurso de este mes. El artículo en cuestión pretende multar a quienes contraten a carreros para recoger poda o escombros.

“Esta prohibición, además de ser inconstitucional (porque viola el derecho a contratar libremente contemplado en el art. 14 de la Constitución Nacional y en el art. 1137 del Código Civil) deja sin comida a familias enteras y es un ataque directo al bolsillo de todos los trabajadores de la ciudad, porque la alternativa que le queda a cada vecino es contratar un contenedor a una empresa privada, que por día puede llegar a costar hasta 5 veces más de lo que cuesta un viaje de carro”, sostiene el texto que la cooperativa ha puesto a circular por las redes sociales virtuales.

Desde “La Esperanza” sostienen que el “ataque” contra los carreros responde a “los negocios que tiene el intendente con empresas privadas, que como en el caso de POL S.R.L, ha sido numerosas veces denunciada” por ellos mismos, por no cumplir con la tarea de limpieza de los “Predios de Carga y Descarga” autorizados. Por otra parte, los carreros aseguran que son un eslabón fundamental para el reciclado y medio ambiente de la ciudad. “No somos nosotros quienes generamos la basura, sino por el contrario, somos quienes la tomamos para reintroducirla como materiales aún utilizables”.

La iniciativa consiste en que las personas que así lo decidan, se saquen una fotografía con un cartel con la consigna, y la envíen vía correo electrónico (coop.laesperanza2010@gmail.com) o por Facebook (cooperativa.laesperanza).

“Como trabajadores que somos y que pretendemos seguir siendo, llamamos a ustedes, vecinos y vecinas, que comprendan esta injusta situación y sumen su voz, su corazón y su cuerpo a nuestro justo reclamo: sólo queremos poder trabajar diariamente para llevar el pan a nuestra mesa”.

Proteccionismo

Desde los sectores denominados “proteccionistas” (protegen las condiciones de vida de los animales), como la Fundación Sin estribos, han sido frecuentes las críticas –muchas con una dureza inusitada- que han lanzado contra los carreros de la ciudad de Córdoba. En uno de sus “posteos” de Facebook, la Cooperativa La esperanza explican a sus lectores que “jamás osaríamos comparar un caballo con un vehículo”.

“De ninguna manera”, agregan, y explican que, para ellos, el caballo es “un compañero”, es un “ser bello”, un “animal noble, con sangre como la nuestra bombeando en sus venas”. Y argumentan sus vínculos con el animal: el caballo –dicen– es “el corazón de nuestras familias, el que alimenta nuestros hijos y el que, al mirarnos, nos ve tal como somos, sin vueltas”.

Por eso insisten en que les resulta absurdo compararlos con un vehículo. “Mucho menos con esos que proliferan y hacen hervir el asfalto, esos que andan a mil en hora pico, apurados, sin tiempo, alienados, llevando con ellos la civilización a quién sabe dónde, esos que muchas veces funcionan más como armas mortales que como transporte, esos que contaminan con ruido, humo y gases, esos que arruinan el ambiente, ese ambiente que hoy señalan como razón para sacarnos de la calle”, rematan.

El negocio de la basura

Las exigencias de la Cooperativa La esperanza a la Municipalidad de Córdoba se mete con un negocio que ha comenzado a dejar a determinadas empresas récords de ganancias. Si bien los carreros han avanzado en algunas conquistas, ni por asomo sus niveles de ingresos pueden ser comparados con la rentabilidad empresarial. Así y todo, comienzan a aparecer como un problema para el poder político local.

En pocos meses la Cooperativa ha logrado firmar con la Secretaría de Ambiente y Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba un convenio por 135 becas de trabajo (de $2.400 mensuales por beneficiario). Esto significa que los carreros socios de esta cooperativa le prestan un servicio a la Municipalidad por el que reciben un pago mensual.

“El municipio no previó que este dinero no llega a cubrir el sueldo mínimo vital y móvil, y menos aún llega a la mitad del valor estimado de la canasta básica alimentaria por lo que cada carrero además, debe realizar changas para sumar a sus ingresos”, subrayan desde “La Esperanza”.

En el mismo texto, la cooperativa aclara que los puestos de trabajo están distribuidos por zonas en la ciudad, en donde existen predios autorizados por la municipalidad para tirar la basura que luego, empresas privadas contratadas por la Municipalidad -como POL y COTRECO- se encargan de retirar.

“Si usted observa que cerca de su casa hay un basural no piense que está allí por mero capricho de cada carrero, sino que es la misma Municipalidad la que dispuso que allí se instalara”, aclaran, y luego agregan: “si algún carrero tira la basura en un lugar no autorizado, la Municipalidad tiene el poder de policía para sancionarlos. Si lo hace, esta Cooperativa no interviene en la defensa del carrero, pues entendemos que en estos casos corresponde tal sanción”. Por eso plantean que, para ellos, es de vital importancia replantear el tema de los basurales y el enterramiento indiscriminado y compulsivo de basura que hace la Municipalidad.

“Desde La Esperanza estamos pensando una verdadera política de ambiente, acorde a los tiempos y ritmos en los que vivimos, en la que intervengan con políticas públicas serias los gobiernos que tenemos y, donde todas y todos podamos desarrollar una real consciencia sobre la clasificación, separación y reutilización de la materia de residuo”.

No parece un trabajo improvisado el de los carreros, que se encuentran asesorados por abogados y profesionales egresados de la universidad pública. Pero como ellos mismos aclaran, la basura “es un gran negocio para el poder”.

Mariano Pacheco es periodista - Prosecretario de Cultura del Cispren.

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Argentina, Santa Fe. Género e igualdad de oportunidades: Empoderar a la mujer trabajadora para vivir sin violencia

ACTA

En los primeros 22 días del año se registraron 658 denuncias en los tribunales de Familia de la provincia de Santa Fe, de las cuales 564 eran producto de violencia de género. Además, 2015 arrancó con un femicidio y varios ataques a mujeres. Ante este panorama, las Secretarias de Género de la CTA provincial y local expresaron su preocupación y exigieron acciones a los tres poderes del Estado para que las mujeres puedan vivir su derecho a una vida libre de violencia.

Los datos llamaron la atención de tal forma que fueron tapa de los principales diarios de la ciudad y se comentó en todos los medios. A pesar de la feria judicial, el Tribunal de Familia recibió 658 denuncias nuevas en los primeros 22 días del año. De ellas, el 86% eran por violencia familiar, cuya innegable mayoría responde a hechos contra mujeres y/o sus hijos e hijas. Paralelamente a este pico de reclamos, que significaron un promedio de 38 diarios, el teléfono verde del municipio registró, en el mismo período, 180 llamados y se debió intervenir judicialmente en 19 situaciones.

Para María José Gerez, Secretaria de Género de la CTA Rosario, estos datos revelan dos cuestiones: "primero, es claro el aumento de la violencia social en nuestro país producto de las desigualdades y el desarrollo preocupante del narcotráfico, ya que son aspectos que influyen en todos los tipos de violencias, como la de género, sumado a que el machismo sigue vigente en todas las estructuras de nuestra sociedad. Segundo, se suma la relevancia mediática de la problemática a partir de algunos femicidios muy difundidos por lo que más mujeres se están animando a denunciar la violencia que sufren, a sacarlo del plano de lo personal".

Pero, ante la salida a la luz de los casos, "falta que el Estado responda con presupuesto y la aplicación real de la Ley Nacional para prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencias contra las mujeres, y fundamentalmente, que la justicia dé respuestas concretas una vez efectuadas las denuncias", exigió la joven. Es que en la mayoría de los casos en que se logran medidas judiciales de exclusión del hogar y de alejamiento, la policía no garantiza su cumplimiento, por lo que el agresor tiene la posibilidad de arremeter, con más violencia, sobre la víctima denunciante.

Desde la CTA y ATE Rosario hace años que se viene haciendo un trabajo de acompañamiento a mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género, tanto a nivel de denuncias de los casos concretos como en la articulación con los organismos institucionales que tratan este tema. Así, se han logrado herramientas importantísimas para prevenir este flagelo, tales como la declaración de la Emergencia Social en Violencia de Género por parte del Consejo Municipal, que permitió multiplicar la visibilización del problema.

Además, también fue la Central y los gremios que la componen quienes fueron artífices de la redacción del proyecto de Ley de Licencia por violencia de Género presentado tanto en la legislatura provincial como a nivel nacional y replicado en otras provincias. Y se logró que a este derecho ya tengan acceso las trabajadoras municipales y también todas las dependientes del Ministerio de Educación de la provincia.

Liliana Leyes, Secretaria de Género de la CTA provincia de Santa Fe, explicó que, sin embargo, es en los ámbitos institucionales donde se encuentran "con un limite marcado por la falta de políticas publicas destinadas a la protección integral de las mujeres que padecen violencia. Es allí donde los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional, provincial o municipal, deberían articular las medidas necesarias para asistir integralmente a las mujeres victimas de forma rápida, eficaz e interinstitucional, y coordinando recursos presupuestarios".

Es por los duros datos con que amaneció este 2015, por la realidad de las mujeres de la ciudad y la provincia y por todo lo que queda por hacer en su defensa que la dirigente no dudó al definir próximas acciones: "este año daremos continuidad a nuestros logros, avanzando hacia la igualdad de oportunidades, hacia una justicia presente y eficaz, y hacia el empoderamiento de cada mujer trabajadora para que pueda dar el paso y vivir una vida sin violencia".

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En Mendoza no hay licencia social para el fracking

CUYO NOTICIAS

Ante la suspensión de la segunda Audiencia Pública para poner en marcha el proyecto de exploración y explotación petrolera por fractura hidraúlica (fracking) de las cuencas del Río Diamante y Río Atuel, el referente del MST Nueva Izquierda, Gerardo Uceda, expresó: “Este tipo de proyectos no pueden ser aprobados sin el apoyo del pueblo mendocino. Creemos en el “principio precautorio” que recomienda el derecho ambiental: si una actividad económica implica potenciales riesgos socioambientales, hay que prohibirla de forma inmediata hasta que se pruebe lo contrario. En el caso del fracking está probado que es depredatorio y contaminante, por eso en todo caso que sea la población la que decida en una consulta popular vinculante si está o no de acuerdo con este emprendimiento. Nosotros nos oponemos”.

Uceda agregó: “El Ministro de Energía Zandomeni, actúa como gerente de las empresas petroleras, sino no se explica por qué la angustia y la barbaridad que manifestó contra el amparo favorable para impedir el emprendimiento que presentaron grupos de activistas socioambientales. Decir que son “ignorantes” y que “la ignorancia es la base de la felicidad”, más que al movimiento ambiental describe de cuerpo entero al propio funcionario. Nosotros apoyamos el amparo y tenemos una posición categórico: lo que depreda y contamina, no es progreso”.

Finalmente Uceda propuso: “Nuestra orientación es precisa: estatizar todo el circuito hidrocarburífero, prohibir el fracking e iniciar una transición hacia una matriz energética basada en renovables y no contaminantes”.

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Argentina: La región NEA con la menor penetración de conexiones de banda ancha

MOMARANDU

Si bien registran un crecimiento importante del servicio, la región NEA aún tiene índices más bajo de conexiones de banda ancha de internet. Corrientes está entre las provincias con menos conexiones de acuerdo al número de habitantes.

En la Argentina existen 13.332.071 accesos de banda ancha, de acuerdo a cifras publicadas por el Indec en el reporte trimestral de diciembre de 2014. En este contexto, de forma previsible la mayor cantidad de abonados se concentran en los principales centros urbanos: Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, contabilizan más de 9,6 millones de accesos.

Sin embargo, si se toma en cuenta la relación entre los accesos de banda ancha y la cantidad de habitantes por provincia o jurisdicción, el panorama es diferente.

En Corrientes existen 127.225 accesos de banda ancha. Si se promedia con los 992.595 habitantes de la provincia, se logra un promedio de penetración de 0.128 accesos por habitantes.

Chaco tiene 185.374 conexiones y 1.055.259, con un promedio de 0.175; Misiones registra 162.554 conexiones y una penetración de 0.147; y Formosa con 60.164 cuentas de banda ancha registra la menor penetración con 0.113.

En el tope del ranking por nivel de penetración de banda ancha, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubica en el primer lugar, con un 1,368 accesos por habitantes, seguido por Tierra del Fuego (0,976), Chubut (0,551), Neuquén (0,550) y Córdoba (0,390).

Por su parte, Tucumán (0,242) y la provincia de Buenos Aires (0,229) se ubican en la mitad del listado las provincias con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, se encuentran en la mitad del listado.

Formosa, con un índice de 0,113, y Santiago del Estero, con 0,064, se ubican en el extremo de las provincias con menor cantidad de accesos a banda ancha por habitante.

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Equipo de fiscales argentinos y paraguayos: Investigarán si restos hallados en la costa paraguaya son de víctimas de la dictadura

CHACO DÍA POR DÍA

El próximo miércoles se reunirán representantes de los Ministerios Públicos de la Argentina y Paraguay para conformar un equipo que investigará si los restos hallados en las costas de la ciudad paraguaya de Paso de Patria –en cercanías a las de Corrientes y Chaco- pudieran corresponder a desaparecidos argentinos ocultados en el marco del "Plan Cóndor".

El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini y el fiscal federal de Derechos Humanos del Chaco, Diego Vigay, se reunirán el próximo miércoles con sus pares del Ministerio Público Fiscal de la República de Paraguay. El objetivo es analizar la conformación de un equipo que investigue si los restos humanos hallados a principios de 2015 en las costas de un afluente del río Paraguay, a la altura de la localidad paraguaya de Paso de Patria, pudieran corresponder a desaparecidos de la última dictadura cívico militar en la Argentina ocultados a través de la instrumentación del plan "Cóndor".

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el procedimiento se puso en marcha a los pocos días de conocerse el hallazgo por parte de un grupo de ladrilleros paraguayos que el 6 de enero pasado encontraron restos humanos a 100 metros de la costa del riacho Paraminí, que desemboca en el río Paraguay, una zona donde confluyen la ciudad paraguaya de Paso de Patria (en el Departamento Ñeembucú), la de Paso de la Patria (Corrientes) e Isla del Cerrito (Chaco). A instancias del Ministerio Público Fiscal de la Argentina se libró un exhorto diplomático, con intervención de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio Público Fiscal, que se tramitó vía cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).

El exhorto proponía a los fiscales paraguayos la conformación de equipos conjuntos de trabajo y una mesa de coordinación de la investigación con una participación integrada de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público del Paraguay y de las Unidades de DDHH de Corrientes y Chaco.

Por la República del Paraguay participarán el fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, Santiago González Bibolini y Rogelio A. Goiburú, de la Dirección de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia y Coordinador de ENABI (Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Detenidos Desaparecidos durante la Dictadura Stronista en Paraguay).

Las hipótesis

El encuentro tendrá la finalidad de articular y consensuar un plan de trabajo coordinado con el objetivo de avanzar en la identificación de esas personas y comprobar si pudieron ser víctimas de crímenes contra la humanidad perpetrados durante el último gobierno cívico militar en nuestro país o el vecino y, en su caso, poder avanzar si el hecho está vinculado a la instrumentación del denominado “Plan Cóndor”, el sistema de represión articulado durante la década del setenta por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

La cooperación entre ambos Ministerios Públicos se dará en el marco de la Guía para los Ministerios Públicos del Mercosur para la interpretación y aplicación de los tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales relativos a casos de graves violaciones a los derechos humanos, aprobada recientemente por los representantes de los Ministerios Públicos, las Convenciones Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y Sobre Desaparición Forzada de Personas y las Convenciones Internacionales Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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Paraguay: Campesinos llegan a Asunción luego de 5 días de la “Larga Marcha”

ANRED

Son campesinos pobres de distintas partes del país que comenzaron el 5 de febrero la “Larga Marcha” reclamando la renuncia del presidente Horacio Cartes. Cuestionan el modelo de sojización que ha desplazado a pequeños productores y trabajadores rurales. También exigen la derogación de la ley de militarización que permite reprimir la protesta social. Hoy a las 17hs la movilización llega a Asunción donde se realizará un festival. En Argentina hay una convocatoria frente a la embajada paraguaya.


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Los motivos

La avanzada de los comodities en el mercado internacional ha desplazado las fronteras agrícolas-ganaderas, dándole espacio a la sojización de los cultivos. Grandes porciones de tierra y poca mano de obra es lo que necesita la producción de la oleaginosa. Así miles de campesinos pierden su fuente de trabajo y son obligados a poblar los márgenes de las ciudades.

En este escenario el 15 de junio del 2012 se produce la masacre de Curuguaty donde murieron 11 campesinos y 6 policías en la que fue la más cruda manifestación del aparato represivo estatal expresando la tensión política entre una democracia que tiene al partido colorado desde más de medio siglo en el poder y un país con una desesperante desigualdad social en Paraguay el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

El escenario nacional venía con un alza del conflicto social atravesado por un Gobierno de otro tinte político al acostumbrado. El sacerdote Lugo ocupaba la presidencia enfrentado a un parlamento de línea tradicional. El novedoso mandatario no realizó cambios estructurales en la política paraguaya que no daba aire para iniciativas, la casta empresarial y burocrática seguía teniendo “la sartén por el mango”.

Una de las consecuencias de la masacre de Curuguaty fue que el 22 de junio se concretara el golpe institucional al Gobierno de Lugo dando luz verde a un proceso que ya venía avanzado, la transformación de un Paraguay para los agronegocios. Empresarios de todos los bandos no aprobaban a un Gobierno del cual desconfiaban y menos en un escenario de creciente protesta social donde el 91,5 por ciento de los campesinos tiene apenas un 6 por ciento de la tierra agrícola.

El Gobierno entrante de Federico Franco elegido por el parlamento que destituyo a Lugo profundizó la avanzada del agronegocio, de forma inmediata legalizó la utilización de un conjunto de semillas transgénicas y aceleró la sojización de las tierras.

El actual gobierno de Horacio Cartes al que la “Larga Marcha” reclama su dimisión es señalado por prolongar estas medidas anti populares. El multiempresario Cartes acusado de diferentes estafas, entre ellas al Banco Central del Paraguay por 34 millones de dólares, fue condenado en 1985 y permaneció 4 años prófugo evadiendo la justicia que luego lo considero sobreseído. También en Wikilikes figura que la DEA (Administración para el Control de Drogas) lo investigó por lavado de dinero ligado al tráfico de drogas.

Cartes es el político que hizo carrera empresarial y deportiva al mando del Club Libertad, en el 2001 obtuvo tres campeonatos y logró llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América en el 2006. Luego asumió el cargo de director de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 hasta llegar a cuartos de final con la selección de futbol paraguaya.


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La Larga Marcha

La “Larga Marcha” es denominada de este modo pues de ella participan campesinos afectados por el modelo sojero de distintos puntos del país. Los manifestantes fueron movilizándose por las principales rutas deteniéndose en cada pueblo y ciudad convocando al debate e invitando a la población a sumarse a la marcha, en algunas ciudades se realizaron asambleas.

El principal organizador es la FNC (Federación Nacional Campesina). La movilización culmina esta tarde a las 17hs en Asunción donde desde el 6 de febrero se encuentra un acampe en la plaza que enfrenta al Congreso Nacional donde se realizará un festival de cierre con artistas y una olla popular para los miles de campesinos llegados del norte y el este del país.

El objetivo

Lograr la renuncia del presidente Horacio Cartes al que los manifestantes consideran responsable de la situación actual y convocan a realizar un “Un modelo de país para todos”. En el comunicado de lanzamiento de la Larga Marcha el partido Paraguay Pyahura expresa, “Ante tantas amenazas: privatización, el recrudecimiento de las persecuciones, el fortalecimiento del narcotráfico y la narcopolítica, la complicidad de la cúpula de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, ante la muerte por hambre y enfermedades de compatriotas resultado de la política del Gobierno de Horacio Cartes “todo para los ricos y nada para los pobres”, y ante la represión y la militarización como respuestas a tantas sentidas necesidades de la mayoría, el Partido Paraguay Pyahura emprenderá La Larga Marcha”.

Exigen terminar con la ley de militarización sancionado por el actual gobierno que según los campesinos y los últimos testimonios agudiza la represión social. La ley posibilito el despliegue de fuerzas militares en los tres departamentos para “garantizar la seguridad interna”, precisa el decreto que modifica la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgando al presidente de la República la facultad de utilizar a las fuerzas armadas en el combate contra grupos armados sin declarar el estado de excepción, como está establecido en la Constitución Nacional.

Según organizaciones sociales y de derechos humanos la presencia militar modificó la rutina de varios poblados del departamento de Concepción y particularmente de la comunidad campesina de Tacuatí Poty del departamento de San Pedro. En esa zona denunciaron abusos, amedrentamiento y violaciones de las garantías mínimas de familias campesinas por parte de operativos fiscales, policiales y judiciales.

El movimiento 138 en Argentina convoca para este martes a las 18:30hs a manifestarse frente a la embajada paraguaya(Av. Gral. Las Heras 2545) en apoyo a la "Larga Marcha" también exigiendo la libertad de los presos políticos de la masacre de Curuguaty y el esclarecimiento del hecho. El Ministerio de Justicia acusó a los campesinos de emboscar a las fuerzas policiales y fueron sometidos a un proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades. “El caso Marina Kue evidencia la absoluta falta de un sistema de gobernanza responsable de la tierra en Paraguay, la manifiesta desprotección administrativa y judicial de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas sin tierra, y la práctica sostenida de empleo de las fuerzas represivas del Estado para salvaguardar los intereses de los grupos poderosos del país. Además, el proceso penal de los campesinos y campesinas acusados por la matanza desnuda la falta de imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público paraguayos”. Expresa una investigación de organismos internacionales y locales.(1)

También Amnistía Internacional en un informe sostiene que “La organización considera que este caso es ilustrativo de la inacción reiterada del Estado respecto a garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía, abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y también tortura y otros malos tratos” (2)

Hoy todos los presos de Curuguaty cumplen prisión domiciliaria a la espera del juicio que se desarrollara en junio de este año. Solo Ruben Villalba permanece en prisión preventiva desde hace 28 meses por estar imputado en otra causa de resistencia a un desalojo del cual se comprobó su inocencia. Desde miércoles 11 al viernes 13 de febrero enfrentará el juicio oral y público para obtener un veredicto. Según medios locales e internacionales este juicio será un ensayo para el juicio del Caso Curuguaty previsto para junio próximo.


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Notas relacionadas:
- http://anred.org/spip.php?article5280
- http://anred.org/spip.php?article8625

Citas:
1) FIAN Internacional y La Vía Campesina. 2014. Conflictos Agrarios y Criminalización de Campesinos y Campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la “Masacre de Curuguaty.” (Serie Tierra y Soberanía en las Américas, No. 6) Oakland, CA: Food First/Institute for Food and Development Policy y Transnational Institute. (http://quepasoencuruguaty.org/wp-mcontent/uploads/2014/06/Curuguaty-FIAN-FoodF.version-final.pdf)
2) Amnesty International Publications . AMR 45/001/2013. EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 Madrid España (http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR45/001/2013/es/fd406bc9-60de-4cb1-b789-3fe998f08fcf/amr450012013es.pdf)

Fuentes:
- Diario E´a
- Partido Paraguay Pyahura

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