miércoles, 11 de febrero de 2015

Puerto Rico toma un paso hacía la descolonialización

Dick Emanuelsson (ANNCOL, especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista exclusiva con la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.



La lucha de la descolonialización de Puerto Rico avanzó con la cumbre de Celac (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) los días 28-29 de enero.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega entregó el micrófono y la silla de Nicaragua en el organismo continental al luchador de independentismo boricua, Rubén Berríos, presidente del Partido Independista de Puerto Rico (PIP). Berríos será desde ahora un asesor especial en temas internacionales del gobierno nicaragüense.

El reportero de ANNCOL, Dick Emanuelsson habló con la senadora María De Lourdes Santiago Negrón, vicepresidente del PIP y vocera del partido, sobre la perspectiva de la lucha del pueblo puertorriqueño.

Acceda desde aquí al audio de la entrevista de 23 minutos

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Venezuela. Las medidas en materia cambiaria: cambian las cosas, para que permanezcan igual

Juan C. Villegas

La historia de la política cambiaria en Venezuela es la historia de cómo la clase capitalista local utiliza este componente de la política económica como medio para la transferencia de renta en función de sus intereses. Al mismo tiempo, el estado capitalista modifica la política cambiaria de acuerdo a sus necesidades en materia fiscal. Desde 1983 hasta la fecha (2015) se viene desarrollando en Venezuela una crisis estructural del proceso de acumulación de capital basado en la captación de renta petrolera. Los intentos dentro del orden del capitalismo por superar esta crisis se caracterizan por la adopción reiterada de determinadas y estériles políticas de orden monetario, fiscal y cambiario.

La clase dominante y las facciones políticas que luchan por el control administrativo de la renta jamás reconocerán que la grave situación económica actual no es más que una manifestación de la crisis estructural del capitalismo venezolano y por el contrario, se esfuerzan en dar “explicaciones” ideológicas sobre esta realidad. De un lado, la derecha conservadora atribuye la situación de escasez y recesión al “modelo socialista fracasado” sin mencionar que la participación del sector privado en el Producto Interno Bruto (PIB), pasó de 65% en 1998 a cerca del 70% en el tercer trimestre de 2014, es decir que la mayor parte de la actividad económica del país, no solo sigue siendo de capital privado, sino que dicha relación ha aumentado a favor de este último[i]. Por otra parte, el gobierno repite sin cesar la teoría conspirativa de una supuesta “guerra económica” al tiempo que negocia con el empresariado, paga puntualmente sus obligaciones con el capital financiero internacional[ii] y de forma solapada aplica
una serie de medidas de ajuste que incluyen flexibilización laboral y aumento de precios de artículos de primera necesidad.

Un “combo socialista” de medidas capitalistas

Tras varios meses de postergación y luego de la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno venezolano se ve en la obligación (otra vez) de aplicar medidas en materia cambiaria que en nada se distinguen de las ejecutadas por los gobiernos del pasado: devaluación, tipos de cambios “preferenciales” y un mercado de “libre convertibilidad”. Una especie de “tres en uno” que integra lo peor de lo peor de la política cambiaria del pasado. A continuación se analizan las implicaciones de estos “tres mercados cambiarios.”

El tipo de cambio preferencial a 6,30: ¿A quién realmente favorece?

El anclaje cambiario históricamente ha favorecido a los importadores, tanto en el ámbito comercial, como al sector industrial importador de insumos y maquinarias. Esto ha permitido la importación de bienes a costos relativamente bajos que no necesariamente se corresponden con la comercialización interna a bajos precios de los bienes objeto del tratamiento preferencial. De igual forma, la existencia de varios tipos de cambio es un factor que incentiva el fraude con divisas y la fuga de capitales, que se resume en la formula de comprar dólares baratos bien sea para venderlos mucho más caros, o para fugarlos del país, lo cual es una situación generalizada en los últimos años.[iii]

Con el argumento de “proteger al pueblo” y asegurar la accesibilidad a mercancías de primera necesidad (alimentos y medicinas principalmente), el gobierno decide mantener uno de los tipos de cambio a Bs. /$ 6, 30, asegurando a su vez que dicha tasa regirá para “el 70% de las asignaciones de divisas”, al parecer “olvidando” que dicho tipo de cambio está vigente desde febrero de 2013 y el resultado ha sido mayor escasez y un crecimiento acelerado de los precios. La variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 56,2 % en 2013 y 60,1% hasta noviembre de 2014, al tiempo de que la inflación en alimentos alcanzó el 73,9% y 98,1% respectivamente en dichos periodos, lo cual constituye la mayor evidencia de que el tipo de cambio preferencial ha sido una medida inútil en cuanto al control de la inflación.

Teniendo en cuenta lo anterior, y conociendo las denuncias sobre operaciones fraudulentas que florecen a la sombra del control de cambios, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿A cuales sectores realmente está protegiendo el gobierno manteniendo el tipo de cambio a 6,30? ¿Insistir en dicha política es una muestra de ingenuidad o es el resultado de intereses que presionan para mantener dicho esquema?

Un antecedente de tal política lo constituye el régimen de control de cambios implementado al final del gobierno de Herrera Campins en 1983 y continuado por la administración de Jaime Lusinchi entre los años 1984 y 1989 iv en el cual se establecieron inicialmente tres tipos de cambio: Bs. /$ 4,30, Bs. /$, 6,00, (que luego fueron ajustados hacia arriba) y una tasa de cambio libre. La oficina de Régimen de Cambio Diferencial (RECADI, especie de CADIVI/CENCOEX de la época) se encargaba de asignar las divisas preferenciales a sectores considerados “prioritarios”.

El resultado al final del mencionado período fue una inflación creciente, un déficit fiscal y en cuenta corriente cada vez más grandes, y un gigantesco fraude de 30.000 millones de dólares, verdadera expoliación considerando que para esa fecha la deuda externa ascendía a 27.000 millones de dólares. Es decir que con lo robado en RECADI se hubiese podido pagar la deuda externa y hasta sobraba plata[iv].

El actual control de cambios vigente desde 2003, que desde 2013 se ha convertido en un régimen de cambios múltiples ha generado importantes señalamientos en cuanto a fraudes en el uso de las divisas y fuga de capitales. Tal política es la reedición de lo sucedido durante el gobierno adeco de Lusinchi. La historia lo señala claramente.

La convergencia de las tasas SICAD I y SICAD II

El gobierno reconoce que grupos de asesores en materia económica han recomendado la unificación de los tipos de cambio, para llevarlo a una tasa que puede ubicarse entre 30 y 40 bolívares por dólar aproximadamente, sin embargo, tal esquema será aplicado solo a las tasas del Sistema Complementario de Asignación de Divisas (SICAD). Tras el fracaso unilateral de cada uno de los sistemas, se pretende al parecer sentar las bases para una convergencia cambiaria, partiendo desde la tasa de SICAD I (Bs./$ 12) y luego mediante subastas pudiera acercarse a la cotización de SICAD II (Bs./$ 52). En resumen, se trata del inicio de una devaluación progresiva y continuada, pues la cotización se irá elevando en lo sucesivo.

Si bien tal esquema pudiera funcionar entre bandas, las dudas que surgen en relación a su efectividad se deben a la disponibilidad de una oferta suficiente para satisfacer a la demanda, la sostenibilidad de la tasa dentro de la banda establecida y la transparencia en cuanto a la asignación de las divisas subastadas. Repetir las restricciones y la falta de transparencia que caracterizaron a SICAD I y SICAD II en nada contribuye a crear las condiciones para una eventual unificación a una tasa de equilibrio, por el contrario será la tasa más alta entre las existentes la que fungirá como marcador de precios.

El control de la inflación difícilmente se logrará por esa vía, mas considerando que es necesario un periodo de transición entre un sistema de control de cambios y un sistema de flotación entre bandas, la tendencia histórica demuestra que dicha transición se caracteriza por una importante devaluación, para luego dejar flotar el tipo de cambio entre la banda establecida. De igual forma, una política monetaria y fiscal expansiva presionan al tipo de cambio hacia arriba, generando a su vez expectativas devaluacionistas que a la larga tornan insostenible dicho esquema.

El Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) con libre flotación

La adopción de esta modalidad es un reconocimiento por parte del gobierno que cualquier actuación normativa contra el dólar paralelo ha sido completamente inútil y por el contrario, es una forma de “legalizar” el mercado paralelo de divisas. Por otra parte, si bien se trata de un mercado “marginal”, la cotización que resulte de este se convertirá a mediano plazo en el marcador de precios, si realmente logra desplazar al paralelo en esta función.

Al igual que en el sistema de flotación entre bandas, este esquema depende de la oferta de divisas que puedan colocar tanto las empresas privadas, como los particulares, la banca y las empresas del estado como PDVSA. Inicialmente, la cotización de referencia para este mercado será el dólar paralelo, luego la colocación de divisas puede incidir en una reducción progresiva del tipo de cambio hasta hacerlo converger hacia un tipo de cambio que se corresponda con la productividad de la economía venezolana, lo cual es un primer paso para eventual abandono del control de cambio.

El principal problema del sistema de libre flotación cambiaria consiste en que en una economía sometida a “shocks externos” provocados por una baja de los precios del petróleo, requieren deslizamientos en el tipo de cambio para lograr el equilibrio fiscal. Dicho de otra forma, ante una disminución en el ingreso petrolero, el estado se ve en la obligación de devaluar aún más la moneda para poder sufragar sus gastos en moneda local, esto implica mayor inflación, y en una economía con alta inflación los particulares y las empresas buscan refugiarse en una activo que no pierda valor, y el activo generalmente utilizado para ese fin en Venezuela es el dólar, lo cual presiona de nuevo el alza en su cotización. Surge así el circulo vicioso devaluación-inflación-devaluación.

Para tratar de cortar ese círculo vicioso, este diseño de política económica generalmente va acompañado de una restricción monetaria, disminución del gasto (recortes), privatizaciones y aumentos en las tasas de interés para desestimular el consumo y la demanda de divisas. En resumen, un paquete de ajuste estructural al mejor estilo del Fondo Monetario Internacional. En una economía estructuralmente en crisis eso es lo que va a ocurrir a menos claro está que se produzca un nuevo auge rentístico por efecto del aumento de los precios de los hidrocarburos.

Por una política económica por y para los trabajadores

La apuesta de la clase capitalista al menos durante los últimos 30 años ha sido la misma que pone en práctica el gobierno en la actualidad, y los resultados ya son todos conocidos. Durante un siglo los capitalistas han sido incapaces de desarrollar las fuerzas productivas. Gobiernos nacionalistas, socialdemócratas y populistas no han hecho más que perpetuar la dependencia con relación a la captación de renta, entrando una y otra vez en el callejón que conduce a la aplicación de programas de ajuste, sometiendo con ello a toda la población trabajadora a los rigores de la crisis.

Se requiere como verdadera alternativa, iniciar una política de industrialización, y para ello es necesario concentrar la renta en actividades estratégicas dejando de fragmentarla y privatizarla para beneficio de los capitalistas locales. Todo ello implica abandonar de forma definitiva cualquier ilusión reformista y emprender la organización y formulación de un programa político solido por parte de los partidos obreros y revolucionarios que apunte hacia la toma del poder. De lo contrario seguirá siendo más de lo mismo.

Juan C. Villegas integra el Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO-ALEM).

Notas:
[i] El reforzamiento del carácter capitalista de la economía venezolana es abordada por Víctor Álvarez en: http://www.aporrea.org/energia/n136931.html y http://www.iaeal.usb.ve/Actividades/Video%20conferencia%20Victor%20Alvarez.pdf
[ii] http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/pdvsa-pago—3-000-millones-a-tenedores-de-bonos.aspx,
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/bbc---por-que-venezuela-es-tan-buen-pagador-con-wa.aspx
[iii] Una investigación respecto a la fuga de capitales en los años recientes puede consultarse en: http://www.alemcifo.org/ArticulosHTML/FugaCap.html
Iv Una perspectiva histórica de la política cambiaria es abordada en: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/doc24.pdf
[iv] Rentismo y fuga de capitales disponible en: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/doc24.pdf

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Laura Guinsberg: "Los servicios de inteligencia se han refinado durante la democracia"

LA RETAGUARDIA

Escuchar la voz de Laura Ginsberg es atrapante. No solo por su manera de comunicar, sino, fundamentalmente, por lo que apunta en cada pensamiento. Su voz es una de las pocas que, desde Apemia (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), ha mantenido la coherencia de la búsqueda de la verdad. Durante una de las emisiones del programa radial Sueños Posibles, Guinsberg dialogó con Alfredo Grande e Irene Antinori. De la charla también participó Gerardo Duré.

-Sueños posibles: ¿Te parece una respuesta contundente la disolución de la SIDE, que tiene que ver con esclarecer el hecho o que forma parte de una muy oscura y miserable red de complicidades que en este momento, lamentablemente, como fue el ocultamiento de la masacre de AMIA, empieza a ponerse en superficie?

-Laura Ginsberg: En primer lugar, es importante clarificar que aquí no hay ninguna disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) por parte del Gobierno. El Gobierno habla de disolución, pero lo que está planteando es una reformulación de los servicios de inteligencia de nuestro país. No se disuelve la SI, sino que burocráticamente se rearma, se reformula, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de donde lo único que se puede desprender es que los métodos del espionaje van a continuar. En todo caso, el apuro y la manera deformada que la presidenta encontró hablando de disolución de los servicios de inteligencia solo responden a tratar de poner paños fríos a la crisis política brutal que desencadenó la muerte de Nisman. Esto hay que ponerlo de relieve porque en ese apuro, en esa desesperación que tiene el Gobierno por cantar quiero retruco e ir por más, llamó a sesiones extraordinarias al Parlamento para debatir un proyecto de ley -que parece que ya tienen resuelto- de reformulación de la SI. A nuestro entender, no se trata de una disolución y por tanto es una maniobra más para tratar, de alguna manera, de bajar el nivel de indignación y consternación del conjunto del pueblo argentino ante la muerte del fiscal. Sin duda puso de relieve -y aparece indisolublemente vinculado- el accionar que durante toda la historia reciente de nuestro país, y en particular los últimos veintiún años de impunidad de la masacre de la AMIA, han jugado un papel indiscutible. Los servicios de inteligencia son el hilo conductor del encubrimiento y de la perpetración del crimen desde el año 94 para acá.

-SP: ¿Creés que este encubrimiento también tiene un nivel judicial y cuánto podía, o no, Nisman tener que ver con esto?

-LG: La construcción del encubrimiento por supuesto que pasó por el Poder Judicial, sin duda. Lo que pasa es que fue un accionar delictivo en el que también intervinieron los otros dos poderes el Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso nosotros decimos que el Estado argentino es el responsable del encubrimiento de la masacre de la AMIA, y quien encubre un crimen también tiene responsabilidad criminal. El Poder Judicial ha jugado un papel determinante, no menor, como producto de que todos los jueces federales han trabajado en connivencia con los servicios de inteligencia para encubrir la responsabilidad del Estado argentino en el atentado contra la AMIA.
Para nosotros no es novedoso porque es la denuncia que venimos sosteniendo hace muchísimos años, pero puesto así en estos términos, lo terrible es que esto lo dicen los hechos. En este país la muerte de Nisman puso en alerta a todo el pueblo argentino, que tiene una claridad meridiana acerca de que la muerte de Nisman está vinculada al espionaje en nuestro país. Y a la impunidad en el tema de la AMIA. ¿Cuál fue el papel que jugó Nisman? Nisman fue el fiscal designado por el ex presidente Néstor Kirchner para construir la construcción internacional del atentado. Nosotros nos hemos reunido en más de una oportunidad con el fiscal, cada vez que él producía un dictamen nosotros le pedíamos copia, lo leíamos y confrontábamos con él, diciéndole que para poder sostener todos sus escritos jurídicos necesita tener una prueba que no tiene. En todo caso, si existe, el Estado argentino y Nisman específicamente la ocultaron. Nisman fundaba sus dictámenes en prueba secreta a la cual nosotros nunca tuvimos acceso.
¿Por qué seguir abonando una conexión internacional que no pudo demostrar, cuando sí tenemos probada una local, que el propio Gobierno de Kirchner mandó a liquidar después del juicio oral que terminó en 2004? Nisman fue funcional a las políticas del Gobierno de los Kirchner para terminar sacando cualquier posibilidad de acusación al Estado argentino para ponerlo en la responsabilidad del régimen iraní a más 15 mil kilómetros de distancia.

-SP: Estás señalando que esta insistencia en la responsabilidad del Gobierno iraní es una manera de encubrir la llamada conexión local (que más que conexión, es el aparato de seguridad local), es una operación hecha directamente por argentinos contra otros argentinos. Sería una situación de una gravedad inusitada, porque plantearlo como que es una potencia extranjera en parte alivia. Poner en superficie que hay argentinos que conspiran contra otros y los asesinan hace que la idea de la democracia se vaya un poco al diablo.

-LG: No solo los alivia, sino que los exculpa, que es lo que el Estado argentino estuvo buscando todos estos años. Cuando el contexto internacional cambió y Obama y el Departamento de Estado dejaron de acusar a Irán para buscar tender puentes y hacer negociaciones con ellos y reducir y terminar con el conflicto bélico en Medio Oriente, el Gobierno de Cristina Kirchner pega un giro y va a una negociación a través del acuerdo del memorando. Es en ese momento, hace dos años atrás, y antes también, que comienza la crisis en relación al trabajo de la Fiscalía de Nisman. Es ese momento en que Stiuso -que parece que ahora es el hombre que gobierna todo incluido el propio Gobierno, lo cual es un disparate- empieza a tener también tensiones como representante de una facción de la SI que abonó durante todos estos años la conexión internacional. Pero esto fue por mandato del Poder Ejecutivo.
Entonces, si no ponemos las cosas en su lugar, lo único que se genera es muchísima confusión y la sensación de que estamos en manos de gente que puede llegar definitivamente a haber incidido en la muerte del fiscal Nisman, ya sea que haya sido suicidio o asesinato.
Si el día de mañana hay una versión oficial de cómo fue la muerte de Nisman, yo les puedo asegurar que el imaginario del pueblo ya no se va a sacar la idea de que Nisman murió por intervención de los servicios de inteligencia de este país bajo la orden de su mandante, el Gobierno nacional. Eso no se lo saca nadie de la cabeza.

-SP: Se ha dicho mucho que, como el más perjudicado por esta muerte es el Gobierno, eso funcionaría como una prueba en contrario; el más perjudicado no puede ser el responsable.

-LG: Pero esto también se escuchó respecto del atetando. Respecto del atentado a la AMIA, la presidenta se pone como víctima, no como victimaria. Ya lo han hecho en el pasado en más de una oportunidad. Cuando la presidenta y su marido hablaban en las Naciones Unidas, se presentaba al Estado argentino como víctima del terrorismo internacional. Cuando ocurrió el atentado a la AMIA, en el planeta tierra no se hablaba de terrorismo internacional; se empezó a hablar en el mundo después de la voladura de las Torres Gemelas en 2001, no en 1994.
Cuidado, porque este juego perverso que tiene el Gobierno de mostrarse como víctima, cuando en verdad es el victimario y el constructor de veintiún años de impunidad, a lo único que ayuda es a confundir a todo el mundo, y nosotros decimos que hay que terminar con la confusión. Porque el Estado argentino es responsable y la manera de salir de esta encrucijada en la que sistemáticamente nos ponen de tanto en tanto, porque son inútiles y han tomado la decisión de no esclarecer el crimen de la AMIA, es conformar una comisión investigadora. La investigación de este hecho criminal, el contexto en el que ocurrió, las motivaciones por las cuales se encubrió durante veintiún años no puede estar en manos de esta gente, no puede estar en manos de este Poder Judicial que está corrupto hasta la médula; tiene que estar en manos nuestras, por eso la propuesta de comisión investigadora integrada, en su amplia mayoría, por referentes de la vida nacional, por luchadores del ámbito de los derechos humanos, por organizaciones sociales, intelectuales, periodistas, historiadores. No puede estar en manos de esta gente. Y por supuesto una comisión a la cual también nos integraríamos los familiares de las víctimas.
Ahora, para que todo esto resulte, el Estado argentino tiene que entregar toda la documentación que sigue ocultando.

-SP: Planteás algo así como una Conadep de la AMIA.

-LG: Sí, con características algo diferentes, en el sentido de que se trata de una comisión investigadora que nosotros proponemos que funcione en el marco del Parlamento como una representación de diputados y senadores minoritaria. Las decisiones que vayan a tomar esa comisión no van a estar en manos de diputados y senadores, sino que la amplia mayoría va a estar en manos de personalidades independientes de trayectoria incuestionable. ¿Quién puede cuestionar a Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas?

-SP: ¿Quién tendría que autorizar que funcione esa comisión?

-LG: Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en junio del año pasado para que se debata en el Parlamento. Queremos dar un debate, que haya un debate democrático. Queremos mostrar que hay una salida para poder conocer la verdad y así después poder exigir el juicio y el castigo a los culpables. Nunca hubo una comisión investigadora del atentado a la AMIA. ¿Qué podemos esperar de esta gente que se tira con carpetas de los espías de un lado y del otro del mostrador y mientras tanto nos siguen matando? Esto es lo que pone sobre el tapete la muerte del fiscal Nisman. Se acabó. Acá la confianza respecto de la protección que nos puede brindar el Estado es nula. Estos servicios de inteligencia, que bien se consolidaron durante los tiempos de la Dictadura, se han refinado durante la democracia, por eso ocurrió el atentado a la AMIA.

-SP: Según tu opinión, la disolución no disuelta de la SIDE, ¿termina dándole más poder a Milani?

-LG: Definitivamente. Esta reorganización que Cristina Kirchner propone a través de un proyecto de ley el único objeto que tiene es ungir a Milani como el jefe máximo de la inteligencia nacional. ¿Y todo esto en nombre de que se va a esclarecer el atentado a la AMIA o la muerte de Nisman? Ya sancionaron una ley antiterrorista, que en su primer párrafo de fundamentación dice que es necesaria esa ley para poder esclarecer los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. ¿Qué esclarecieron con la ley antiterrorista? Para lo único que sirve es para reprimir y perseguir a los luchadores populares y periodistas, como el compañero de Santiago del Estero. En nombre del esclarecimiento del atentado a la AMIA, este Gobierno ha hecho cualquier porquería, menos permitir la conformación de una comisión investigadora y mostrar los archivos secretos.

-SP: En un reportaje radial mencionaste que fue la primera vez que un funcionario de Gobierno, concretamente Alejandra Gils Carbó, había recibido a Apemia. ¿Podrías comentar algo de esa entrevista?

-LG: La procuradora nos llamó, como lo hizo con las otras organizaciones de familiares, para preguntar nuestra opinión respecto de si había que designar un fiscal o un grupo de fiscales. Nosotros le dijimos que no se trata de hablar de nombres, por más probos que sean; acá se trata de decidir a dónde quieren ir. ¿Van a ir por la pista iraní, van a investigar la denuncia que hizo Nisman? ¿Qué van a buscar? Ese es el punto. Pero ellos insisten en abonar el camino que transitaron hasta acá, y nosotros le advertimos a la procuradora que si insisten en esa vía, van a seguir abonando el encubrimiento, y nosotros, por supuesto, seguiremos denunciando que el Estado no quiere constituir una comisión investigadora porque, evidentemente, ha decidido que este tema quede en el limbo hasta el próximo escándalo, que espero que no sea otra muerte.

-SP: Desde una mezcla entre lo profesional como psiquiatra y como militante político, descarto totalmente el suicidio, porque las evidencias apuntan en sentido contrario. El suicidio de personajes como Nisman, en general, son heroicos o épicos, y no el que trasciende que ha sido: en un baño, de una manera sumamente precaria. Creo que estamos frente a un asesinato, no en el Senado de la Nación, pero sí en la entraña del Poder Judicial de la Nación. En ese sentido, esto es una gravedad brutal. Apemia ha realizado una marcha.

-LG: Junto con otras organizaciones, la CTA Autónoma, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, convocamos a concentrarnos frente al Congreso el miércoles 4 de febrero a las 17 y marchamos hacia Plaza de Mayo a exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, el esclarecimiento de la masacre de la AMIA, la conformación de una comisión investigadora y la apertura de los archivos secretos y la disolución efectiva de los servicios de inteligencia. Esto es un reclamo indispensable para poder arrojar luz sobre hechos que llevan muchos años de impunidad, y ha quedado demostrado que los Gobiernos anteriores, y este en particular porque lleva doce años de los veintiuno de impunidad que tenemos desde el atentado a la AMIA, han sido encubridores de cualquier posibilidad de investigación y conocimiento de la verdad.

-SP: A esta altura se puede hablar de copartícipes necesarios, más allá de cómplices. Porque, como bien decís, el que encubre un delito es cómplice, pero si el que lo encubre es el Estado, es copartícipe. Quiero decir: no se hubiera podido realizar ese delito si no se contaba ya con la complicidad Estado.

-LG: Definitivamente.

-SP: Lo cual hace a una situación de extrema gravedad institucional. Hay una película importantísima, V de Venganza, en la que la hipótesis del Estado armando atentados para sostenerse cada más despóticamente en el poder parece ser una constante.

-Gerardo Duré: Desde nuestra perspectiva, nos planteamos muchas veces que hay un Estado opresor que sigue a través de los tiempos y a través de los siglos -esto es bíblico- sosteniendo el poder a como dé lugar. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo cuando sabemos que tantas personas que piensan, como vos y como yo, que aquí hay encubridores, ejecutores, verdugos, y que hay actores intelectuales a los que estamos votando desde hace muchos años?

-LG: Creo que la respuesta la venimos dando desde hace ya muchos años. Hay que explicar, explicar, explicar; hay que debatir, movilizarse, denunciar e intervenir, justamente, para mostrar que hay una salida, una posibilidad de esclarecer los crímenes. Siempre es fundamental no perdamos este canal de intervención. Por supuesto que la relación de fuerzas siempre es desfavorable, pero indiscutiblemente esta gente va de fracaso en fracaso y ya no lo pueden sostener más. La orientación de una comisión investigadora para el crimen de la AMIA va a abrir caminos para que esto pueda ser tomado incluso en muchos otros casos de crímenes que permanecen impunes en nuestro país. La AMIA es una causa nacional, no es un problema importado del Medio Oriente, no es problema de una conexión internacional, que aun cuando hubiera existido, necesariamente tenía que contar con un soporte local. Lo que está en nuestras manos es exigir, explicar los argumentos, movilizarse, intercambiar y compartir estas experiencias para demostrar que este Estado no puede darnos respuestas, no puede darnos la verdad que estamos queriendo saber desde hace tantos años, y mucho menos, justicia.

Laura Guingberg, desde Apemia, ha sido una de las pocas voces que no ha cambiado sus opiniones acerca de la voladura de la AMIA según las conveniencias político-partidarias. Eso no es poca cosa en tiempos en que muchos navegan entre la teoría del suicidio y la del asesinato, de acuerdo -casi- a cómo se levantan esa mañana. La confusión, por ahora, continúa intacta.

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“La muerte de Nisman ha desatado una crisis monumental y ni el gobierno ni la oposición saben qué hacer con ella”

RNMA - ANRED

Durante el Enredando las Mañanas del viernes 6 de febrero, dialogamos con Laura Ginsberg, titular de A.P.E.M.I.A (Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA) y familiar de una de las víctimas para reflexionar en torno a las repercusiones de la muerte del Fiscal Alberto Nisman. “La muerte de Nisman ha desatado una crisis monumental y ni el gobierno ni la oposición saben qué hacer con ella” afirmó.

La muerte de Nisman tuvo repercusiones muy importantes en todo el país. Laura Ginsberg nos dijo al respecto: “Estamos muy preocupados y muy conmocionados. No solo por la muerte sino por todas las consecuencias que trajo la muerte, tanto en relación con la impunidad en el atentado a la AMIA como con el papel que los servicios de inteligencia han jugado y siguen jugando en nuestro país. La muerte de Nisman ha desatado una crisis monumental y ni el gobierno ni la oposición están mostrando cómo salir de ella. Ya pasaron más de dos semanas y sentimos que se repite la misma situación, las mismas vivencias de hace más de veinte años atrás cuando voló la AMIA. Nadie sabe nada, las versiones son contrapuestas, hay operaciones de los servicios, hay operaciones de los medios de prensa, hay operaciones de los gobiernos. El gobierno dice primero una cosa, 24 horas después dice la opuesta, este clima de confusión deliberada y de manipulación nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos vivido y sabemos cómo termina, mal. Termina mal en el sentido de que aún cuando mañana digan cómo murió Nisman, así como pretendieron hacernos creer la versión iraní o la versión siria, la versión x, que nunca pudieron demostrar, el conjunto del pueblo argentino no lo va a creer y nosotros por supuesto tampoco. Entonces me parece que hay que salirse de esta situación enmarañada, empantanada en donde nos quieren meter, tomar un poquito de distancia y ver de conjunto que la muerte de Nisman solo se puede explicar a la luz de lo que todavía se mantiene como la impunidad de la masacre de la AMIA, y por supuesto, también íntimamente vinculado con lo que fue la última denuncia que presentó el fiscal.”

En relación a la denuncia sobre encubrimiento que realizó Nisman al gobierno antes de su muerte, dijo: “Evidentemente, aquí el gobierno se llena la boca de que este año se va a sustanciar el juicio por el encubrimiento contra Menem y compañía, pero resulta que ahora estamos ante una versión II del encubrimiento. Que finalmente es la denuncia de siempre, el encubrimiento ha sido una continuidad de las políticas del estado argentino. Los hechos lo demuestran ahora. Una vez más. Entonces lo que nosotros proponemos es una comisión investigadora independiente. En manos de esta gente uno no puede dejar absolutamente nada. Porque además de la impunidad nunca vamos a saber la verdad de lo que pasó. Están convocando a una marcha del silencio lo cual me parece terrible en algún punto porque si hay algo que no tenemos que hacer ahora es mantenernos en silencio. Pero lo impresionante es que esta convocatoria es dirigida o llamada por un grupo de fiscales. En el esquema del aparato del estado si los fiscales que supuestamente son la voz de la sociedad en la justicia tienen que salir a la calle en silencio ¿qué nos queda? Es grave.

La titular de A.P.E.M.I.A también se refirió al proyecto de ley para la reestructuración de los servicios de inteligencia que lanzó el gobierno: “El proyecto de ley del gobierno no lo conozco pero de todas maneras alcanza y sobra con saber que lo que están proponiendo no es ninguna disolución, están impulsando una reestructuración burocrática de la secretaría de inteligencia, van a recontratar a todos. Salvo las escuchas que en lugar de quedar en el Ejecutivo van a ir a la Procuraduría General de la Nación. Todo lo demás no va a sufrir mayores cambios. Si realmente la fueran a disolver, lo primero que tienen que hacer, es demostrar la nómina de todos los espías que participaron en la criminalidad de la AMIA y de cuanto otro crimen impune hay en la Argentina. Eso no lo van a mostrar. Entonces, ¿de qué disolución me hablan? Van a poner a los mismos bajo la dirección política de otros que van a seguir haciendo espionaje, cometiendo crímenes, abonando a la trata de personas, al narcotráfico, a la persecución de luchadores políticos, a las amenazas, a la muerte, a los atentados y lo mismo con otro cartel. Ahora se va a llamar Agencia Federal de Inteligencia. Pero claro, el gobierno ante tamaño problema redobla la apuesta, y encima tienen la perversión de decir que lo hacen porque hace diez años lo pusieron por escrito en un decreto como producto de una solución amistosa ante la CIDH. Cuando Kirchner firma el decreto 812, en uno de sus puntos dice que va a reestructurar los servicios de inteligencia del país. Y hoy diez años después en la mayor de las perversiones, periodistas como Verbitsky salen a decir que se haya en nombre de aquel compromiso firmado hace diez años, pero nos están tomando el pelo. No lo cree nadie.”

Ginsberg continuó opinando sobre la causa AMIA: “El memorando lo considerábamos como un punto final del esclarecimiento del crimen, no voy a ahondar mucho en ello porque ya han pasado dos años de cuando nosotros lo denunciamos, incluso en una plenaria en el Senado de la Nación. Les dijimos a los senadores y a los diputados que estaban allí presentes que si votaban esa ley iban a estar haciendo obediencia debida y después los hechos evidentemente confirman que esto fue un fracaso y fue un intento del gobierno de Kirchner de ponerse a tono detrás de las políticas de Obama y del Departamento de Estado para recomponer las relaciones con Irán, tender un puente con Irán, que tan indispensable resulta para que se pueda poner algún fin o un intento de fin al conflicto del oriente medio.”

En relación a los servicios de inteligencia manifestó su preocupación preguntándose “que va a pasar con todos los archivos que hay en la secretaría de inteligencia con la reestructuración. Nosotros exigimos la conformación de una comisión investigadora, que se debata en las plenarias el proyecto de ley que presentamos en junio del 2014. La condición para que esta comisión funcione es disponer de todos los archivos secretos. Los archivos secretos hoy están en peligro más que nunca. Con estas maniobras que el gobierno quiere hacer en relación a sus servicios de inteligencia y a poder seguir gobernándolos y controlando todo el destino de la impunidad.”

Respecto de Nisman comentó la relación que tenían: “Nosotros lo conocíamos y teníamos reuniones esporádicamente con él, la mayoría estaba en relación con los dictámenes que él producía, el escribía sus dictámenes, nosotros como parte querellante de la causa le pedíamos copia y lo leíamos detenidamente y generalmente luego nos encontrábamos, confrontábamos con él, porque obviamente la dirección que el le había dado a la investigación durante todos estos años fue impuesta por el gobierno de Néstor Kirchner. Había una necesidad de encaminar cualquier posibilidad de investigación hacia quien entonces en el 2002 y 2003 concentraba la responsabilidad internacional por los crímenes del terrorismo que era Irán como parte del eje del mal. Nisman fue parte de eso y desde ese momento y lugar defendía sus investigaciones y nosotros lo cuestionábamos porque le decíamos que no era la dirección que hay que darle, no hay manera de saber lo que pasó sino se abren los archivos y si no se empieza por el principio, que es la conexión local y luego la internacional si es que existió. Nuestros debates eran frontales, el conocía cada uno de nuestro comunicados y nuestras denuncias. Y la última la hicimos pocas horas después de que presentó la denuncia. Dijimos que Nisman no muestra las pruebas en las que basa esta situación. Cuando llamé a la Fiscalía y dije ’quiero una copia de lo que Nisman presentó’, me dijeron, no se la podemos dar porque hay información reservada y entonces ahí de manera inmediata nosotros salimos a decir a la opinión pública que Nisman no entrega su denuncia porque las fundamenta en pruebas secretas. Entonces es una situación impresionante, el gobierno dice que los archivos se abrieron pero resulta que hace pocos días atrás Parrilli tuvo que salir a decir que había acceso a la documentación que Nisman menciona en su denuncia. Luego tuvo que salir a decir que Stiusso está relevado de guardar el secreto, o sea que el secreto continúa guardado y este es el nudo del problema.”

Para terminar Laura Ginsberg remarcó la necesidad de conformar una comisión investigadora independiente: “debe estar integrada mayoritariamente por personalidades independientes, aun cuando funcione en el marco del Parlamento, lugar en donde nunca se constituyó una comisión investigadora. Necesitamos un Adolfo Pérez Esquivel, una Nora Cortiñas, una Nilda Eloy, periodistas, sociólogos, historiadores, abogados, todos ellos están escritos con nombre y apellido en el proyecto de ley (presentado en junio de 2014). Entendemos que por tratarse de una comisión que va a funcionar en el ámbito del Parlamento debe haber presencia de diputados y senadores pero esta es una discusión muy fuerte que sostuvimos mientras preparamos los borradores que escribimos del proyecto de ley, porque nuestra posición sostiene que los diputados y los senadores tienen que estar en minoría. Sabemos lo que el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo son capaces de hacer, no le vamos a dar la mayoría en una comisión investigadora de nuevo.”

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"La reforma se queda a mitad de camino"

MDZOL

El director ejecutivo del CELS, organismo cercano al kirchnerismo, analizó que la reforma en Inteligencia es insuficiente. En diálogo con MDZ Radio, analizó que el proyecto de creación de la nueva agencia "no termina de evitar los riesgos" ya que no acota lo suficiente el accionar del organismo.

"Se queda a mitad de camino. La reforma avanza en términos de diseño, pero no termina de evitar los riesgos que tiene una agencia de inteligencia". De esta manera, el director ejecutivo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Gastón Chilliers, se refirió al proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que volverá a tratarse mañana en el Congreso de la Nación.

Chilliers, que forma parte del organismo que preside Horacio Verbitsky, cercano al kirchnerismo, señaló que "hay cambios que mejoraron y emprolijaron el proyecto, como la eliminación de 72 horas para que los miembros de la Agencia de Inteligencia puedan hacer operaciones sin control", pero remarcó que "hay tres cuestiones que nos preocupan y que generaron que la ex SIDE se transformara en el monstruo que fue".

En este sentido, Chilliers sostuvo que en primer lugar "se tiene que limitar al máximo" la posibilidad de que la AFI forme parte de investigaciones judiciales. "En los casos excepcionales donde sea necesario que participe, tiene que ser controlada con las mismas exigencias que cualquier otra fuerza".

En segundo lugar, el director ejecutivo del CELS se refirió al control de los fondos reservados. "Tienen que ser controlados por una Comisión Bicameral. Tienen que quedar registros de esos, porque para que exista un control del Congreso tiene que haber constancias de cómo se hacen los gastos, aunque no sean públicos esos datos", planteó.

Por último, Chilliers cuestionó el sistema de desclasificación de información reservada. "Nosotros proponemos que sea cada 15 años, con un mecanismo que no sólo dependa del presidente cuando sea necesario", pidió.

Sobre las escuchas, que quedarán a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandro Gils Carbó, dijo que fue un acierto: "Nos parece que uno de los aciertos del proyecto original es sacarle las escuchas telefónicas a la futura agencia y nos parece que el lugar correcto, teniendo en cuenta el diseño de las investigaciones criminales, es el Ministerio Público".



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Boletín informativo de CORREPI

A 3 años: ¡Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre! / Un policía por casa: Scioli y su idea de sociedad / Somos los mismos de siempre / No se los traga la tierra, los desaparece el estado / A 6 años de la desaparición de Luciano / Los asesinatos invisibles.

A 3 años: ¡Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre!
Facundo, "el Rubio del Pasaje", tenía 19 años cuando desapareció, la madrugada del 19 de febrero de 2012, en la ciudad de Córdoba. Había tenido una hija hacía nueve meses, era músico, trabajaba como pintor y albañil, y empezaba a estudiar arquitectura. Esa noche, había ido a bailar con tres amigos al Estadio del Centro donde tocaba la banda de cuarteto de Damián Córdoba. Al salir, fue detenido por la policía provincial en la intersección de las calles Nicolás Avellaneda y Av. Colón. Nunca más se lo vio.
Gracias a la lucha de su familia y a la tenacidad de su mamá -Viviana Alegre-, acompañada por distintas organizaciones del campo popular como la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, el caso del "Rubio" no quedó en el silencio y trascendió el cerco mediático, a pesar de las incontables irregularidades que presenta la causa, resguardada cuidadosamente por la complicidad de jueces y fiscales con el aparato represivo uniformado.
El actual fiscal general de la provincia de Córdoba, Alejandro Moyano, a cargo de la causa, no ha titubeado un instante en hacer caso omiso de los diversos testimonios que ligan la desaparición de Facundo con sus responsables materiales y políticos; mucho menos, le ha dado curso a las reiteradas denuncias sobre las amenazas recibidas por testigos y la propia familia, que fue instigada a no continuar con la lucha si no quería que les pase "lo mismo que al Rubio del Pasaje" (sic). Ni el estado de la causa, ni la metodología de funcionamiento, difieren en nada con los procesos habituales en las causas por fusilamientos de gatillo fácil o torturas en cárceles y comisarías en las que intervenimos. Es que el objetivo es uno sólo, y mientras los efectivos cumplan su rol, el amparo está garantizado.
El 19 de febrero se cumplen tres años de la desaparición de Facu y vamos a salir a la calle para reclamar justicia por él y por todos los pibes asesinados por el aparato estatal, en Córdoba y en Buenos Aires.
¡Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre! ¡Fuera la policía de nuestros barrios!

Un policía por casa: Scioli y su idea de sociedad
Muchas conjeturas se tejen en tiempos electorales, máxime cuando la escena política está tan fracturada (es decir, tan fracturada como la burguesía puede “fracturarse”; a menudo parece que el eufemismo farsesco es la principal característica de la burguesía), y máxime cuando un caso como el de Nisman viene a sacudir el avispero de modo violento pero incierto a la vez. Entre todas esas conjeturas, acaso la más difundida sea la de la futura presidencia de Daniel Scioli, a caballo del aparato provincial y los votos dogmáticos del kirchnerismo. Como es harto sabido, la cuestión de la “inseguridad” ocupa desde hace años el rol protagónico de su gestión, tanto la discursiva como la real, y aunque las expresiones que vamos a comentar fueron hechas desde su actual puesto de gobernador de la provincia de Buenos Aires, valen como botón de muestra (nunca mejor dicho lo de botón) para lo que puede venir.
En primer término, el gobernador aseguró en el inicio del “ciclo lectivo” (hay términos cuya utilización da vergüenza ajena) de la Policía Local de Quilmes que su objetivo es “llegar a 90 mil efectivos de policía entre las distintas instancias”. En su derroche festivo de expresiones asociadas con una sociedad de la hiper-vigilancia, afirmó en la misma oportunidad que la sociedad se tranquiliza con la “sensación de tener policías cercas” (sic).
Más de uno buenamente podría dudar del contexto o el sentido que tuvieron esas declaraciones, considerando que si bien existe una importante porción de la sociedad que acuerda con esos conceptos derechistas (los sectores dirigentes, los terratenientes, los empresarios, los sectores medios y altos, etc.), también existen grandes cantidades de individuos que no sólo sufren esa “presencia” de la policía en sus barrios sino que descreen de que apilar botones en kilómetros cuadrados vaya a remediar o atenuar el delito.
Pero no, el gobernador nos despejó toda duda cuando seis días después, el 4 de febrero, declaró en una entrevista radial: “Es un reclamo que tenemos que entender, de tener un policía más cerca de su casa y los jóvenes han respondido de forma contundente a la convocatoria que hemos hecho, con la vocación de ser nuevos policías, por la ventaja que tienen que cobran una beca que la paga la Provincia mientras estudian, luego también sus ingresos y tienen la garantía que van a trabajar en donde viven, conocen sus vecinos, sus vecinos los conocen a ellos, por eso en un momento yo dije, hay temas que tienen que ser políticas de Estado, no politizados.”
Cuesta no reconocer el poder de síntesis del apático Scioli, pues en un solo párrafo condensó muchas de las opiniones que se encuentran en el centro de nuestra lucha: efectivamente, el gobernador apunta a una sociedad que tenga un vigilante en cada puerta, pero, de paso, confirma el perverso sistema de cooptación policial de la provincia, que incluye el conocimiento que los efectivos tienen de su barrio, sus vecinos, sus propios familiares, y por último califica a eso como una necesaria política de estado.
Claro, el chiste reside en qué contenido damos al “eso”. Ellos dirán “la inseguridad”, nosotros diremos: “la necesidad de controlar por parte del poder burgués a las clases que ellos mismos pauperizan”. Y claro compañeros, no se trata de una mera cuestión semántica.

Somos los mismos de siempre
Más acá de todo aquello que buscan tapar los medios de desinformación, está la historia, los hechos concretos, lo que pasa en la calle, y la palabra testigo. Como pasó en su momento, cuando uno de los pibes presos con Walter Bulacio inmortalizó en la pared del calabozo de la comisaría 35ª en el que estaban, la frase “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAÍMOS POR ESTAR PARADOS. 19/04/91”.
Cayeron por estar parados, por estar esperando entrar a ver su banda; porque “estaban aglomerados en la vía pública y bailaban” -así diría más adelante el comisario a cargo de la razzia Miguel Ángel Espósito. Por estar parados, (ayer u hoy), cuando llegan los uniformados y te detienen porque sí, porque no les gusta tu cara, tu aspecto o lo que estás haciendo. Así sucede todos los días a lo largo y a lo ancho del país, porque, aunque los gobiernos cambien, la necesidad de garantizar el control es imperativa. Así se llevaron a Ismael Sosa, cuando esperaba entrar a ver a La Renga en Córdoba. Cinco días después apareció flotando en el Embalse de Río Tercero. A Luciano Arruga, tardamos cinco años y medio en encontrarlo.
Como integrantes del Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA), salimos a la calle el lunes y jueves de la semana pasada, para acompañar a la familia de Isma en Córdoba y Buenos Aires. Porque -como dijo Nancy, su mamá, “hay testigos que vieron (como) cómo se llevaban a mi hijo, entre cuatro policías, con los brazos para atrás. Los policías le gritaban ‘a este porteño de mierda hay que hacerlo mierda’. Hay gente que no se anima a hablar. Mi hijo no se ahogó, a mi hijo lo mataron, y ellos tienen que ser bajados del poder donde están. Yo no voy a parar jamás hasta que se haga justicia”. Porque sabemos que Ismael no es el único, y la historia se repite. Porque sabemos que, así como no es un caso aislado, sino una política de estado que se cobró 4.322 vidas en democracia, también sabemos que no es un policía, ni una dependencia provincial, sino toda la institución.
Por eso es urgente que la calle nos encuentre organizados, porque tenemos un objetivo común y un enemigo enorme en la vereda de enfrente. Pero para eso va a ser necesario también que el miedo no nos domine, eso es lo que ellos esperan. Necesitamos de la colaboración de todos y todas. Los que hayan participado del recital y sepan, hayan visto, o escuchado algo, por vía directa o indirecta, comuníquense con CORREPI en Buenos Aires, o con la Coordinadora Antirrepresiva en Córdoba.
Ellos cayeron por estar parados; nosotros seguimos de pie, somos los mismos de siempre. No vamos a dar un paso atrás por verlos acercarse. Por Isma, por Walter, por Luciano, y por cada uno de los fusilados por el gatillo fácil y cada uno de los torturados en comisarías. Las consignas se repiten, la lucha también: YO SABÍA QUE A ISMA LO MATÓ LA POLICÍA.

No se los traga la tierra, los desaparece el estado
Las maniobras represivas no se pierden con el tiempo. Se las maquilla, se las avala acompañadas de algún discurso emergentista sobre seguridad, se las naturaliza en los medios de comunicación, se las combina con el nefasto “por algo será”, “algo habrá hecho”, pero no se relegan. Nada se pierde, todo se transforma.
Las desapariciones de personas a manos del aparato represivo no son sólo exclusividad de la dictadura militar. Más de 200 casos (de los que llegamos a conocer) desmienten rotundamente a cualquier funcionario que intentara suponer que “hoy nadie puede desaparecer”, como señalara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiempo atrás. Este accionar, utilizado para someter las voces de protesta, para disciplinar y para comercializar vidas con la trata, también es empleado para “solucionar” los problemas de los efectivos, con todo el arco de posibilidades que retiene su accionar impune.
Danilo Humberto Medina desapareció el domingo 25 de enero. En el barrio Las Toscas, de la localidad riojana de Chepes, nada se sabía del joven de 18 años. Al día siguiente de la desaparición, la familia recibió un mensaje de texto del celular de Danilo avisándoles que se iba a quitar la vida, pero la desconfianza de que ese mensaje viniera de él intensificó la búsqueda.
Los rastrillajes y los perros de búsqueda apuntaron a la casa de un policía: en el patio interno del efectivo Luis Contreras, de 30 años, fue encontrado el cuerpo de Danilo, enterrado a casi dos metros de profundidad, en cuclillas, maniatado con alambres, recubierto en cemento y con signos de haber sido apuñalado.
Aparentemente, el joven tenía relaciones con la pareja de Contreras, éste los encontró y lo asesinó. En el transcurso de la investigación, la mujer fue llamada a declarar dos veces, en las que negó el hecho; con el policía fuera del pueblo para realizar un supuesto trabajo, ella terminó confesando el hecho.
Mientras tanto, en San Luis, se cumplían 38 años de la Noche de Los Lápices, el 16 de septiembre pasado, cuando Abel Ortiz, de 30 años, se dirigía a la casa de su ex mujer Alejandra Espinoza en el barrio Eva Perón I de Villa Mercedes. Desde ese día nada más se supo de él. En estos casi cinco meses desde su desaparición, la familia denunció constantemente que Abel fue desaparecido con la participación de la policía provincial, con el comisario Marcelo Acevedo como principal autor. El hoy ex jefe de la comisaría 9ª de Villa Mercedes mantenía una relación con la ex mujer de Abel, según denunció la familia Ortiz.
Cuando desapareció Abel, su familia confió e hizo la denuncia en la comisaría. Recién 10 días la policía comunicó a las otras dependencias la solicitud de paradero.
La familia denuncia la lentitud de la investigación judicial, que permitió que se pierdan pistas como los videos de las cámaras de seguridad, o que recién en diciembre se citara a declarar a algunos testigos.
En los meses que sobrevinieron a la desaparición, los medios de desinformación supieron cumplir su rol, sugiriendo que Abel estaba en el negocio de las drogas, que había sido secuestrado por un “mal negocio”, que había consumido la “mercadería” en lugar de venderla, que lo llevaron a Sampacho y lo asesinaron allí. Puro pescado podrido. Y Abel sigue sin aparecer. Su familia no baja los brazos. Marcharon ya siete veces reclamando la aparición de Abel y denunciando a la policía, y lo seguirán haciendo.

A 6 años de la desaparición de Luciano
Bien temprano, el Sábado 31 de enero miles de militantes de organizaciones políticas, estudiantiles y culturales y familiares de víctimas de gatillo fácil fuimos convocados a Lomas del Mirador, el barrio donde, hace 6 años, fue amenazado, torturado, asesinado y desaparecido Luciano Arruga.
La caravana, al grito de “Yo sabía, yo sabía, que a Luciano lo mató la policía” partió desde la plaza del barrio donde él vivía -nombrada en su memoria como plaza “Luciano Arruga”-; pasó frente al nuevo destacamento de Lomas del Mirador y a la comisaría 8ª –responsable del ex destacamento-, y llegó hasta la colectora General Paz y Mosconi, cerca del lugar donde, como sabemos ahora, a metros de un patrullero, Luciano fue atropellado.
Hace 6 años, a Luciano lo habían querido reclutar para robar para la policía. Como se negó, comenzaron a hostigarlo y a detenerlo sistemáticamente. "Lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría y lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón", fue contando su hermana Vanesa durante la marcha, tratando de despertar al vecino de Lomas del Mirador que todavía piensa que la policía está para cuidarlo. Y no fue un zanjón, pero sí una fosa común del cementerio de Chacarita -enterrado como NN-, que gracias a la lucha popular apareció el cuerpo de Luciano, 5 años y 8 meses después de su desaparición y asesinato a manos de la policía bonaerense.
Lo que vivió Luciano es la realidad que viven miles de pibes todos los días en los barrios; una realidad que, desde 1983 hasta hoy, se cobró a más de 4.300 pibes a través del gatillo fácil y las torturas en lugares de detención, parte de las herramientas que dispone e impone el aparato represivo del estado para disciplinar y garantizar el control social. Es por eso que el sábado 31 de enero, en Lomas del Mirador, nos encargamos una vez más de gritar que los responsables de la desaparición de Luciano, de las otras 218 personas desaparecidas en democracia y de los más de 4.300 pibes asesinados, son las fuerzas de seguridad del estado.

Los asesinatos invisibles
Cuántas veces el lector de diarios habrá dado vuelta una página (o hecho un click) para leer un nuevo titular en que se comentaba la muerte de otro “delincuente”, “malviviente”, “ladroncito” o cualquier otro epíteto que rápidamente encasilla y clasifica el asesinato como un simple enfrentamiento entre los uniformados y los miembros de esa difusa amenaza interna, “la delincuencia”.
Los medios, en su rol fundamental y funcional de cooptadores de consenso, son ese tamiz que filtra lo que debe saberse, e instala qué nombre debe dársele a cada cosa.
Así, el martes 3, en el barrio La Quinta, de Villa Carlos Paz, el ex policía Darío Campos (calificado ¿inocentemente? de “vecino” por el diario local), desenfundó su arma y disparó contra David Oviedo (26), que había intentado ingresar en su casa por una ventana y que comenzó a huir cuando vio que lo amenazaban con una pistola. Tras recibir varios tiros en la espalda por parte de la “víctima” (sí, la víctima es, para quien redacta la noticia, el fusilador), cayó a unos pocos metros de la casa en cuestión, donde permaneció herido por un lapso de media hora, en completo abandono, hasta su muerte.
Pero los recursos no se agotan en un simple manejo tendencioso de adjetivos. El liso y llano falsamiento de los hechos, la reproducción sin más de un relato policial interesado, tomado como única fuente fidedigna, es otra modalidad muy utilizada. La misma madrugada de ese martes, en la Tablada, murió en una estación de servicio el sargento Miguel Ángel Medina, del Comando de Prevención Comunitaria. La primera versión dada a conocer por la agencia Télam decía que Maximiliano Ezequiel Rodríguez López (24) y Sergio Hernán Fleitas (30), que se encontraban detenidos por el delito de "robo con arma", a disposición de la fiscalía de Flagrancia del departamento judicial La Matanza, se habían tiroteado con Medina y con su compañera, Verónica Castillo (24), que llegaron a la estación de servicio donde estaban llevando a cabo un robo a mano armada. Producto de este supuesto tiroteo, Medina había muerto.
Al día siguiente se supo, por la confesión de la propia mujer policía forzada por el peritaje balístico, que fue ella la que disparó contra el sargento con su arma reglamentaria, una Taurus 9 milímetros. Argumentó que bajó del auto y se paró detrás para disparar protegida, se encandiló con las luces y disparó por “error”. En esta mentira encubridora también se incluía otro robo a mano armada en una estación a 15 cuadras.
Además de conocerse el verdadero origen de las balas asesinas, se escuchó la declaración del playero asaltado, que dijo lo habían amenazado con un cuchillo y que nunca vio un arma de fuego. Tampoco llevaban ninguna cuando los detuvieron. No hubo ningún tiroteo. Medina había muerto a 5 cuadras de la estación de servicio, cuando Maxi intentaba entrar a su casa. Ahí fue cuando la oficial Castillo se bajó para disparar.
Este mismo miércoles, en Santiago del Estero, se supo que el asesinato de la travesti Pamela, ocurrido hace dos meses, fue obra de un ex policía. Brian Salto, que confesó su crimen, había levantado a su víctima en Palermo en una camioneta robada y se dirigió a la ruta 34, donde robó y asesinó a Pamela. Al llegar a su casa se dedicó a desguazar la camioneta.
Entretanto, en Guaymallén, Mendoza, un policía que acompañaba un camión repartidor de cerveza mató a un joven en moto de un disparo en la cabeza. El muerto estaba, una vez más, supuestamente armado, según la versión policial y junto con un acompañante, que se escapó.
Jóvenes asesinados y doblemente victimizados como criminales o falsamente incriminados, pobres o miembros de minorías perseguidas, muertes y represión presentadas como hechos comunes, como cosas de todos los días.

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Jubilados: Nuestros reclamos son justos y necesarios porque son posibles

Marcos Wolman (especial para ARGENPRESS.info)

A la cultura del posibilismo y resignación
impulsada desde el poder respondemos con
mayor unidad, participación y lucha, para
hacerlos realidad

Finalizamos el año 2014, otro año de luchas y sin respuestas a las urgentes necesidades de incrementos de los haberes previsionales y a la imprescindible nueva estructura previsional en nuestro país. Año en que hemos producido algunos avances en la instalación de la temática previsional en sindicatos y organizaciones de trabajadores y sociales, sobre todo el 82% móvil, o sea un haber jubilatorio real sustituto del salario y móvil, de acuerdo a los incrementos salariales.

Hemos logrado avanzar en unidad de acción con una diversidad de organizaciones de jubilados, sindicales, sociales, territoriales, por demandas concretas, en movilizaciones, actos, conferencias.

Con los trabajadores del ANSES y PAMI logramos vincular reivindicaciones de los trabajadores, con las del sujeto de ambas instituciones, los jubilados y pensionados, con un objetivo común, cumplir con la Constitución Nacional y las leyes en las entidades que manejan los fondos de la Previsión Social y la Obra Social. Deben ser entidades públicas no estatales, dirigidas y administradas por representantes de trabajadores activos y jubilados y la participación del Estado.

En la continuidad de los miércoles de los jubilados y jornadas nacionales alcanzamos más de 600.000 firmas en el plan de un millón de avales para exigir el tratamiento del proyecto de nueva Ley de Previsión Social que presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación. Una nueva ley previsional, derogando las nefastas leyes 24241 y 24463 que, en lo fundamental, para el cálculo del haber jubilatorio de los actuales y futuros jubilados, siguen vigentes.

Comenzamos este 2015 con la firmeza y profunda convicción de continuar la lucha hasta hacer realidad los objetivos que organizaciones de jubilados y trabajadores acordamos en los Cinco Puntos y el aumento de emergencia.

El derecho a una jubilación digna, sustituto del salario o ingreso, el derecho a la prevención y atención de la salud y una vivienda digna para todos los trabajadores jubilados debe formar parte de las reivindicaciones de los sindicatos y organizaciones de trabajadores y populares de activos y jubilados actuales y futuros. La Previsión Social fue conquistada por las luchas del movimiento obrero, y los avances y retrocesos son producto de la correlación de fuerzas en la lucha de clases.

La lucha contra la arbitrariedad del Poder Ejecutivo para otorgar aumentos jubilatorios, dieron lugar en este período a la Ley 26417 de actualización semestral, pero al no modificar la base para el cálculo de los índices de actualización establecidos, nos llevó a la situación actual, con un haber mínimo jubilatorio por debajo del insuficiente actual Salario Mínimo Vital y Móvil y más lejos aún de la canasta básica para un adulto mayor.

Las luchas de las organizaciones sindicales, de jubilados, del pueblo trabajador contra la privatización menemista de las AFJP, lograron la ley 26425, de nacionalización de la Previsión Social, pero no logramos que se constituya un ente público no estatal, un Instituto Nacional de Previsión Social, dirigido y administrado por representantes de trabajadores activos y jubilados y la participación del Estado, como establece la Constitución Nacional. Un Instituto Nacional de Previsión Social para la dirección y administración de los fondos provenientes del aporte sobre los salarios o ingresos, las contribuciones patronales y los aportes del Estado como responsable de la Seguridad Social, para el pago exclusivo de Jubilaciones y Pensiones. Los demás importantes rubros de la Seguridad Social, no contributivos, que se financian con fondos de ANSES, deben ser efectuados con partidas destinadas a esos fines en el Presupuesto Nacional. Las AFJP se convirtieron en una entidad estatal dirigida y administrada por el Poder Ejecutivo, violando expresamente el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Hay recursos para el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, el restablecimiento de las escalas, para un aumento de emergencia, si los fondos de ANSES, la Caja más importante que maneja el Estado, se destinara para resolver en primer lugar la deuda interna con jubilaciones mínimas inadmisibles de $3707,08 de bolsillo a partir de marzo, con escalas achatadas, y más del 80% con haberes jubilatorios que no cubren una canasta básica para un adulto mayor. Recursos que pueden ser incrementados considerablemente, recuperando el 100% de las contribuciones patronales disminuidas en la década menemista y que inexplicablemente siguen vigentes; poniendo fin al trabajo no registrado en todas sus variantes ejerciendo el Estado su poder de policía. Son beneficios que disponen los grandes grupos económicos, que incrementan más aún sus ganancias extraordinarias, evadiendo responsabilidades previsionales, de seguridad social y tributarias. A la vez que producir una profunda reforma impositiva, para gravar o incrementar con impuestos directos las transacciones financieras exentas, el juego y otras grandes ganancias, eliminando impuestos indirectos como IVA a los artículos de la canasta alimentaria y básica, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre salarios y jubilaciones, que no son ganancia, entre otras medidas. Todo ello requiere de decisiones políticas para enfrentar realmente, y no verbalmente, a los grandes grupos económicos y distribuir la riqueza de nuestro país, producida históricamente por la clase obrera.

En este año 2015 impregnado por lo electoral, los trabajadores activos y jubilados debemos instalar con más fuerza nuestras propuestas, exigiendo definiciones a los candidatos y en las plataformas electorales. Más aún cuando el objetivo del poder real, el de los dueños del capital concentrado del sistema de explotación capitalista, es la instalación de opciones electorales para mantener o alternar la gobernabilidad formal de su dominio.

Somos conscientes que la participación activa, no delegativa, como la experiencia nos demuestra, es el camino para arrancar al poder dominante cada una de nuestras demandas, en unidad por objetivos comunes, superando la dispersión y división fomentada desde el poder.

Año en que deberemos realizar una contraofensiva ideológica y cultural a la que desde el Gobierno se lleva a cabo para instalar la idea de la inviabilidad de la restitución del 82% móvil, de un aumento de emergencia, y otras justas y necesarias demandas. El verdadero objetivo es llevar a jubilados y pensionados a la resignación, al posibilismo, a la impotencia, a la pasividad. Pretenden que trabajadores jubilados, protagonistas durante la vida activa en la defensa de los intereses y necesidades de los trabajadores y el pueblo, no luchen por sus derechos avasallados luego de haber aportado por ley un salario o ingreso diferido durante 30 o 40 y más años, para garantizar un haber jubilatorio sustituto del salario o ingreso, para vivir en las mismas condiciones, en esta etapa de la vida.

Contraofensiva ideológica para elevar el nivel de conciencia en la comprensión que las causas profundas por las que descargan la crisis global sobre los trabajadores activos y jubilados están en la propia esencia del sistema capitalista: la explotación. De allí la necesidad de impulsar el protagonismo y coordinación de las luchas, de acumular fuerzas desde los espacios reales de organización y lucha de los trabajadores y el pueblo para la construcción de un movimiento político, social y cultural de liberación, antiimperialista, anticapitalista, una verdadera alternativa política estratégica, de poder popular, integrado estrechamente a los pueblos y gobiernos de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América latina y el Caribe-ALBA- con Cuba socialista, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que emprendieron proyectos anticapitalistas y socialistas en nuestra América latina, por lo que están siendo sometidos a una feroz agresión imperialista para su aislamiento y destrucción.

- Marcos Wolman es Secretario de Previsión CTA Capital.

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El gran evasor

TELAM - REDACCION ROSARIO

El Grupo Clarín encabeza la lista de clientes argentinos que depositaron fondos no declarados en Ginebra. El holding, con depósitos de Cablevisión y Multicanal, suma más de 106 millones de dólares y supera por poco al Grupo Fortabat (105 millones) en un ránking de evasión en el que también compiten Telecom Argentina, Mastellone y Edesur, entre otras.

Así consta en el listado publicado este martes por el matutino La Nación, a partir de las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

En el mismo, el Grupo Clarín lidera la lista de 4.620 argentinos con cuentas en Suiza sin declarar, por unos 3.505 millones de dólares.

Allí el multimedios posee una cuenta a nombre de Cablevisión por US$ 85.212.848, y otra de Multicanal por US$ 20.879.626.

Al emporio mediático que conduce Héctor Magnetto le sigue el Grupo Fortabat, con US$ 101.306.936; la generadora termoeléctrica Central Puerto, con US$ 82.277.040; Telecom Argentina, con US$ 18.822.872; la compañía bursátil Caja de Valores, cuyos principales accionistas son la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el Mercado de Valores (MerVal), con US$ 17.625.840.

Le siguen la empresa láctea Mastellone Hnos, fabricante, entre otros, de los productos de la línea La Serenísima, con US$ 16.272.217; LKM Laboratorio, que produce medicamentos oncológicos, urológicos y pediátricos, entre otros, conUS$ 13.983.849; la empresa mendocina Angulo, fundadora de la cadena de supermercados Vea, y actualmente con emprendimientos agrícolas, inmobiliarios, industriales, comerciales y financieros, con US$ 12.880.864.

También figuran con cuentas superiores al medio millón de dólares la firma textil Zeitune e Hijos, con US$ 9.101.249; la cementera Loma Negra, propiedad del grupo brasileño Camargo Correa, con US$ 6.949.722; la distribuidora eléctrica Edesur, con US$ 4.136.331; y la Central Térmica Güemes, del Grupo Pampa Energía, con US$ 4.120.772.

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10 años de la desaparición de Florencia Pennacchi

RED ECO

El próximo 16 de marzo se van a cumplir 10 años de la desaparición de Florencia Pennacchi, quien estudiaba Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de UBA. Su desaparición física se ha reforzado con su ausencia del espacio público. Por eso sus familiares y amigos realizarán una campaña pública para reinstalar el tema de Florencia y la trata.

En este sentido se han planteado transmitir la idea de que lo que le pasó a Florencia y a tantas otras mujeres en nuestro país, le puede pasar a cualquiera mujer, y que la trata es posible por un entramado de complicidades de las redes de trata con las policías, el poder judicial y el poder político.

Los últimos que vieron a Florencia fueron sus compañeros de trabajo. La noche del 15 de marzo de 2005 cenó con ellos en la casa que compartía con su hermano Pablo. A las 12 del día siguiente llamó a su hermano para consultarle si alguien había preguntado por ella. Dos horas más tarde se comunicó a su trabajo (en el Instituto de Vivienda de la Ciudad) para informarle a su jefe que no concurría debido a que se sentía mal y llamaría a un médico. Nada más se supo de Florencia después de esto.

Uno de los principales cuestionamientos que hacen es al accionar de la fiscalía, que, explican "desestimó desde el principio la hipótesis de secuestro con fines de trata, a pesar de que, por ejemplo consta en la causa que Florencia realizó más de 50 llamadas a una persona que nadie de su entorno conocía. Otro punto importante es que la investigación en su momento estuvo a cargo de la División Antisecuestros de la PFA, a cargo del Comisario Inspector Jorge Cipolla, acusado años más tarde por una agente de la fuerza, por cobrar coimas a tratantes y regentes de prostíbulos de la Capital Federal y de la Provincia de Bs As"

Para marzo están previstas varias actividades que van a culminar con un acto en Plaza Houssay, frente a la Facultad de Ciencias Económicas. En el mismo hablarán familiares de distintas víctimas de trata para resaltar que no son casos aislados o marginales, si no que la trata es un gran negocio que está instalado en nuestro país y ha desaparecido y desaparece a miles de mujeres para ser prostituidas.

Se podrá encontrar más información en https://queremosaflor.wordpress.com/
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Argentina, Chaco. Pueblos originarios: Secuestro y tortura contra un joven quom

ACTA

En conferencia de Prensa, realizada en SITECH Federación en la mañana de ayer, Ezequiel Luis Gómez, de 15 años expuso sus heridas de golpes de puño en su rostro, marcas de ataduras de manos con alambre y uñas que intentaron ahorcar su cuello, propiciado por el agresor Brígido González.

El atacante, en presencia de su esposa y su suegro, en la madrugada del 8 de febrero, secuestró a Ezequiel llevándolo a su domicilio, y no contento con los golpes, lo desnudó, efectuó un disparo de arma de fuego que le rozó el ojo y la oreja izquierda, y le rapó la cabeza.

Ezequiel llegó a Resistencia en compañía de familiares, una delegación de unos veinte jóvenes amigos y dirigentes de la CCC (Corriente Clasista Combativa) de Las Palmas y la Leonesa.

En la capital provincial lo esperaban delegados de organizaciones que integran la Multisectorial de Chaco contra el Ajuste y la Represión, principalmente jóvenes del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha de Fontana. También se hizo presente en solidaridad el intendente de Las Palmas, Víctor Armella y el dirigente del PTP-PCR Rodolfo Schwartz.

En un clima de profundo dolor, bajo el pequeño quincho del sindicato docente de la CTA que apenas cubría a la muchedumbre de la lluvia torrencial que se precipitó a la hora de la convocatoria a los medios locales, los familiares y amigos de Ezequiel expresaban las vivencias cotidianas de violencia y malos tratos en los barrios humildes de los pueblos.

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Argentina, Córdoba: Centro de tortura y exterminio

Adriana Revol (APL - RED ECO)

La prisión de Cruz del Eje, complejo carcelario nº 2, está a ciento cuarenta y cinco kilómetros de la ciudad de Córdoba, y aloja a procesados y condenados. Es una cárcel castigo, donde el servicio penitenciario traslada a todos los sancionados, sin importarle en absoluto el desarraigo familiar que provoca, y como afecta los derechos y garantías de los privados de la libertad, dentro y fuera del proceso penal. Nadie ignora qué sucede en estos espacios, ni abogados, ni administradores, ni psicólogos, ni médicos, ni curas, ect. Mucho menos lo ignora el poder judicial, ellos garantizan que se puedan llevar adelante este plan de tortura y exterminio.

Consta de dos módulos, el módulo 1 para condenados y procesados, y contaba con un régimen diferenciado de mediana “contención”, el cual muy recientemente han trasformado en pabellón de máxima seguridad. El módulo 2 es para personas condenadas. Cada módulo tiene doce pabellones, con aproximadamente cincuenta a sesenta personas por pabellón, en el módulo uno hay más población. Por pabellón hay ocho celdas, de seis metros de largo por tres y medio de ancho. Cada celda del módulo 2 tiene doce nichos de cemento, y cada pabellón cuenta con un patio interno.

A los pabellones de “contención” o de máxima seguridad ahora, o a los calabozos, van a parar los más rebeldes, los que se atreven a reclamar sus derechos.

En esta mazmorra escasea hasta el agua, y donde más falta es en los buzones, que tienen agua pocas horas al día, cuando se acaba, no les queda otra que tomar agua de el inodoro, la comida es pésima, salen alrededor de diez minutos a hablar por teléfono, hay personas sin colchón, si hacen huelga de hambre no reciben control médico. Varios de los ninguneados han estado más de siete meses sufriendo estas torturas, y si se quejan, el servicio penitenciario, siempre puede tener algo peor para ellos: Las cadenas (camas de sujeción), atados de pies y manos, donde los suelen dejar varios días.

El encierro en el encierro

El nuevo pabellón de máxima seguridad, del módulo uno, tiene un régimen sumamente represivo, cambiaron el nombre pero no los métodos.

Allí las personas están encerradas en las celdas todo el día, salen quince minutos solo para hablar por teléfono o para bañarse, tienen que elegir.

Hay visitas que después de tanto viaje, solo pueden ver sus seres queridos treinta minutos, y por lo general en el locutorio, vidrio de por medio. Se vuelven con la mayoría de las cosas que llevaron, como cigarrillos, yerba, etc. solo ingresan algunos comestibles y elementos de higiene. No pueden ni tomar mates, ya que el único utensilio que les permiten tener es un vaso y cubiertos de plástico. No está permitido ni un envase plástico como para tener agua para cuando se corta, por esa razón tienen que recurrir al agua del inodoro.

Todos coinciden en que el espacio para la visita privada es un verdadero asco, los colchones están inmundos, los baños sumamente sucios, y las cucarachas son una eminencia.

El salón de visitas está muy deteriorado y no se queda atrás con su mugre. Los enchufes funcionan muy mal, los calentadores de agua los llevan los presos, como también llevan los ventiladores, ya que allí hace un calor infernal.

En esta prisión no todos tienen acceso a estudiar, porque el servicio penitenciario ve la educación como un premio y no como un derecho. Menos del 30% terminó el secundario, y escasean los talleres extra muros. Pocos son los que se atreven a seguir una carrera universitaria, ya que para eso deben ser trasladados a Córdoba cada vez que tienen una clase o que tienen que rendir, y soportar viajar encadenados en el camión, por tantas horas, es un verdadero sacrificio.

Trabajo esclavo y salud enferma

El trabajo (esclavo) no es fácil de conseguir, hay muchos que no tienen el privilegio de ser explotados.

Para poder salir en libertad, por más que ya hayan cumplido su condena, es necesario tener el puntaje suficiente para poder pasar de fase, por esa razón la mayoría trata de hacer alguna tarea aunque sea gratis, o casi gratis, porque ganar cien o doscientos pesos mensuales es una burla, es un insulto mensual al cual el servicio penitenciario le llama salario.

La salud, la salud está enferma. Hay dos médicos para una población de mil doscientos personas, hay que sacar turnos con tiempo, y logran la consulta, pero mejor que no necesite estudios o medicamentos porque allí se complica. La alimentación que reciben, no colabora para nada con su salud.

Hay personas insulinodependiente que no se les permite tener el aparato para medir la glucosa(una sola persona lo tiene autorizado), que no reciben la dieta correspondiente, pasan hasta seis meses sin control.

Tuvieron varios días a un hombre con tuberculosis en la enfermería, que sería lo correcto de no ser que los techos se llueven con aguas servidas del piso de arriba, y las paredes tienen muchísima humedad.

Luego el estado dirá que murió de causa natural.

Los reclamos y presentaciones, como apelaciones a las sanciones, Hábeas Corpus o Recursos de Amparo, casi siempre quedan en el camino, a pesar de que se les obliga a realizar cuatro copias.

¿Defensor? oficial

Un porcentaje muy alto no conoce a su defensor oficial, otros tiene la fortuna de verlos una o dos veces. Lo que significa que recurrir a sus abogados para que les haga un trámite, es una utopía. Parece que lo de abogados “defensores” le va quedando muy grande.

El abandono y el olvido se van haciendo carne.

Mientras más lejos, menos ojos miran, y en realidad solo a algunos les interesa mirar, y los autorizados a mirar, la mayoría están ciegos. La Defensoría General de la Nación, no interviene en las cárceles provinciales, y en Córdoba no existen cárceles federales. La Procuración Penitenciaria de la Nación puede intervenir solo si hay reclusos con causa federal. No existen organizaciones, con poder de decisión, que se interesen por las condiciones en que viven estos seres humanos. Nadie ignora que sucede en estos espacios, ni abogados, ni administradores, ni psicólogos, ni médicos, ni curas, ect. Mucho menos lo ignora el poder judicial, ellos garantizan que se puedan llevar adelante este plan de tortura y exterminio.

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Argentina, Córdoba. Megacausa La Perla: La connivencia entre patronales y grupo de tareas

Katy García (PRENSA RED)

Durante la audiencia declararon tres testigos. El exmédico de la maternidad provincial, Héctor Uchina, el ex dirigente del Sindicato de Perkins, Carlos Higinio Ríos, y Manuel Eduardo Malik De Tchara.

En el recinto del TOF1 se llevó a cabo la segunda audiencia desde que se reanudó el megajuicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración La Perla y La Ribera.

En la jornada del martes se receptaron tres testimonios. Dos médicos lo hicieron como testigos. En tanto que Carlos Ríos lo hizo como víctima del terrorismo de Estado. La complicidad empresarial en la caza de militantes surge claramente de los hechos narrados. El testimonio breve del testigo Malik De Tchara también da cuenta de la provisión de carpetas con datos sobre identidades políticas desde instituciones como la UNC. En tanto que el obstetra Uchina se mostró controlado y falto de memoria.

Carlos Higinio Ríos fue detenido durante el terrorismo de Estado en dos oportunidades. El ex obrero y miembro de la Comisión Directiva del gremio de motores livianos Perkins ingresó a la fábrica en 1969. A los dos años, dijo, que junto a un grupo de compañeros avanzaron en la formación de un movimiento de renovación sindical. “Nos reuníamos en el tercer piso de Luz y Fuerza y fuimos ganando espacio gremial. Empezamos a sumar delegados hasta que conformamos una lista y ganamos las elecciones”, contó.

“Como Comisión Directiva llevamos a cabo varias medidas gremiales, como el control obrero de la producción”. Esta decisión, consideró, fue estratégica para la firma del convenio colectivo de trabajo. “Conseguimos el mejor convenio de la época que contenía lo salarial y las condiciones laborales y alcanzaba a 1300 trabajadores y a otros 300 que trabajaban en Buenos Aires”, destacó.

Caracterizó al sindicato como plural y a la vez diverso porque confluían distintas militancias políticas. Integraron el Movimiento Sindical Combativo y la Mesa de Gremios en lucha y apoyaron la fórmula Obregón Cano –Atilio López.

Connivencia

Ríos destacó que tras el golpe institucional que derrocó al gobierno popular de Obregón Cano y Atilio López – conocido como Navarrazo-, la comisión directiva íntegra fue detenida en 1974. Menos él porque fueron a buscarlo a la casa de sus padres. Hacía poco tiempo que estaba casado y no había informado a la empresa su nuevo domicilio.

“Ahí nos dimos cuenta de la connivencia entre la patronal y el grupo de tareas que tenía una lista”, expresó ante el Tribunal. Esta situación y la amenazas recibidas desde el Comando Libertadores de América los obligó a convocar a una asamblea donde se decidió tomar ciertos recaudos especialmente cuando circulaban.

El 27 de marzo de 1975 con su esposa embarazada fueron a visitar a su primo Jorge Ríos. No lo encontraron. Una vecina les avisó que posiblemente estaban en el fondo, en la casa de la suegra. Así fue. La esposa del primo los hizo pasar al living. Al rato, “Golpean la puerta y entra una gente armada. Me ponen contra la pared y me apuntan con un arma”, relató. Su esposa advierte que en ese operativo se encontraba “el Negro Totém Pereyra”, un amigo del barrio con quien solía jugar al básquet. Resultó que era policía.

-¿Que haces aquí? Le preguntó Totém y le dijo “esta casa está cantada, hay una reunión del ERP”. Le dijo que hablaría con el oficial. Pero lo llevaron al D2.

“Sabía que era policía pero no que era un torturador”, expresó el testigo.

En el D2 lo esposaron y llevaron a un patio. Pasó dos días tirado “muerto de hambre y de sed, boca abajo, en el suelo”. Desde ahí vio que pasaba alguien con zapatillas de básquet. “Pereyra dame un poco de agua”, pidió, y “me llovieron patadas y golpes y me decían zurdo, gordo de mierda” y le aplastaron los dedos con la pata de un escritorio.

Después de torturarlo le mostraron la foto de un expediente y le preguntaban quien era y qué hacía. “Es Pancho Figueroa, de Perkins, trabaja en la línea de cigüeñales”, les respondió. La respuesta “los volvió locos” y le siguieron pegando porque la pregunta iba dirigida a conocer dónde militaba. Además le preguntaban por el secretario general Agüera y por Juan Villa que en ese momento era miembro de la comisión interna.

En otro tramo del relato que duró casi una hora contó que cuando fue al baño pudo ver a (Higinio) Toranzo con quien se reencontró en la UP1 cuando lo secuestraron por segunda vez. Mencionó a los detenidos Charles Moore y a su esposa Mónica, y a Pipo Romero. Y dijo haber escuchado los nombres de Tucán (Yanicelli), Gato (Gómez) y de un tal Sérpico.

A los días lo llevaron al despacho de (Fernando) Esteban, uno de los jefes del D2. “Un señor grande, canoso, de anteojos y me dijo: habló por vos Quatrocchi, para que no te peguen más”. El testigo manifestó que tras “sermonearlo” diciéndole “qué hacés en un sindicato de zurdos, si venís de una familia peronista”, fue dejado en libertad el 16 de abril de 1975.

Certificado

Tras el periplo vivido se dirigió a la fábrica. “Vos sos un extremista integrante del ERP. Si no traés un certificado de la policía no te dejo entrar”, le dijeron en la puerta. Tuvo que volver al temible D2. Lo atendió el escribiente Rosales quien no salía de su asombro porque había regresado al lugar. Le hizo el certificado. En ese momento ingresaron Totém Pereyra y su madre la Tía Pereyra famosa por la ferocidad con que actuaba.

El testigo fue detenido por segunda vez en enero de 1976 y llevado al D2, la UP1 y luego a la cárcel de La Plata donde permaneció hasta mediados de 1980. Cabe recordar que declaró en la causa Videla. Su testimonio fue clave en el esclarecimiento de la muerte de Paco Bauducco fusilado en el interior de la penitenciaría a manos del Cabo Pérez.

El exdirigente de Perkins reiteró como lo hizo en el juicio Videla que en las detenciones ilegales y las desapariciones hubo complicidades de los sectores “eclesiásticos, empresariales, la prensa misma y la justicia”.

Mientras estaba detenido en la UP1 junto a Juan Carlos Polanco tomó conocimiento de las desapariciones y asesinatos de los miembros de la comisión directiva del sindicato: Pedro Ventura Flores, Adolfo Lujan, José Antonio Apontes, Hugo Alberto García, Víctor Hugo González, Guillermo Pucheta y César Jerónimo Flores.

Un grupo de compañeros sobrevientes de aquella época lo acompañó y aplaudió al finalizar su testimonio. El fiscal solicitó que la declaración sea enviada a la fiscalía para que sea considerado víctima del terrorismo de Estado.

“No recuerdo”

Héctor Uchina, médico obstetra, fue citado por pedido de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba. El minucioso interrogatorio preparado por las abogadas María Teresa Sánchez y Mariana Paramio obtuvo respuestas breves y genéricas. En general dijo no recordar prácticamente nada aún cuando se desempeñó en la Maternidad provincial desde 1969 a 1977 y en el Policlínico Policial desde 1973 en adelante.

Cuando la abogada le preguntó si había atendido a detenidas políticas embarazadas dijo que “Atendía todos los partos”. Manifestó que a través de comentarios se enteró que “había un pabellón donde había detenidas”. Dijo que no conocía como funcionaba ni quienes trabajaban y aseguró que nunca vio a una paciente “esposada”. Se le insistió si alguna vez escuchó comentarios sobre el tema y manisfestó que “Nosotros en los pases de guardia posiblemente hablamos de eso pero no contactamos ni íbamos a esa parte del sector”, afirmó.

Se le presentó un cuaderno de guardia donde consta que el 6 de julio de 1976 junto a un practicante de apellido Furque habían atendido el parto de la presa política Susana Caglieris de Noguera el 7 de julio.

En este punto, intervino el presidente del tribunal Díaz Gavier quien le explicó que los datos estaban consignados en el cuaderno que llevaba su firma pero tampoco lo recordó. Sobre como influyó el Golpe de Estado en las prácticas cotidianas expresó que “Posiblemente si hubo cambios. Pero nosotros seguíamos en la misma guardia”.

Comunista

Tras un breve cuarto intermedio declaró el médico Manuel Eduardo Malik De Tchara. El testigo fue interrogado por el fiscal Trotta específicamente sobre la función que ocupaba el imputado Luis Alberto Quijano en 1976.

“Estaba como comandante de Gendarmería y estaba en el regimiento que queda en el parque en la parte de investigaciones o algo por el estilo”, afirmó.

El testigo era vecino de Quijano. Contó que indirectamente lo supo porque una vez lo llamó por teléfono para preguntarle sobre sus antecedentes en el Hospital San Roque porque tenía en su poder una carpeta que venía de la Universidad Nacional de Córdoba donde constaba que era “comunista”.

“Es una barrabasada”, dijo que le respondió en ese momento y le explicó que cuando era jefe de trabajos prácticos en la cátedra de semiología tuvo un altercado con el jefe y se tuvo que ir. Y recordó que Quijano le dijo entonces que no se preocupara.

Este testimonio viene a confirmar que el imputado realizaba tareas en el Departamento de Inteligencia 141. Por otra parte, aparece el tráfico de información entre una institución y el sector de inteligencia.

La próxima audiencia se realizará el 18 de febrero a las 10.

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Argentina. Delitos de lesa humanidad en La Rioja. Ramona Romero: “en Los Llanos sigue el miedo”

RNMA - ANRED

Se reanudó en La Rioja el juicio residual por los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, ocurridos durante la última dictadura cívico militar. El lunes 9 de enero Enredando Las Mañanas dialogó con Ramona Romero, militante por la búsqueda de justicia, quien contó cómo se está desarrollando esta instancia y aseguró que todavía reina el miedo en la población.

Enredando Las Mañanas: El jueves se reanudaron los juicios, ¿es así?

Ramona Romero: El día jueves 5 hemos retomado las audiencias públicas y orales, el día viernes hemos continuado en una tarea de esta búsqueda de la justicia que estamos llevando adelante en lo que sería la causa residual por el alférez Pezzetta, que trabajaba en la base aérea Chamical en el tiempo en que fueron los homicidios de Carlos y Gabriel.

ELM: ¿Cómo avanzó hasta ahora y cómo continúa en esta semana?

RR: La semana pasada tuvimos cuatro testigos. El ex padre Arturo Pintos, que es un testigo de contexto, contextualizó la situación de persecución de la pastoral del Monseñor Enrique Angelelli hacia él, hacia los laicos y hacia los sacerdotes. A la tarde declaró Mirta Heredia, quien era una colaboradora de la parroquia de Olta. Ella fue una testigo más presencial, ya que en uno de los operativos llevado a cabo luego de la detención del padre Murias vio cómo rompían los pisos de la cocina, levantaron las baldosas, rompieron los vidrios del lugar, de la casa, pero no logra recordar los rostros de las personas que estaban al frente del operativo.
Yo debo decir que lamentablemente en Los Llanos sigue el miedo, es una realidad que la hemos vivido en el primer juicio de Carlos y Gabriel y la seguimos viviendo en esta residual.
El día viernes declaró un ex preso de Chamical, el señor Juan Carlos Gómez. Su aporte fue muy valioso porque termina diciéndole al tribunal que en una chancha de Chamical se gestó la detención, donde él lo veía a Pezzetta varias veces frente a su casa y piensa que ahí le hicieron el servicio de inteligencia.
Juan Carlos Britos, que también fue testigo del día viernes, es un personal de la policía hoy jubilado, pero también habría trabajado en la parte de inteligencia de la policía de la provincia.
La próxima semana jueves y viernes hay videoconferencias. El jueves con el padre Miguel La Civita desde la provincia de Santa Fe y la hermana Lilia Delia Cabas, desde Uruguay, que es una de las que estaba compartiendo la cena en la noche de los secuestros de los sacerdotes.

ELM: ¿Son juicios públicos o a sala cerrada?

RR: Son abiertos y se pueden presenciar solo presentando el DNI.

Ramona Romero finalizó la conversación haciendo un llamado a involucrarse en los juicios que buscan la verdad contra los represores de la dictadura, cívico – militar: “como sociedad tenemos que creer que la justicia la hacemos entre todos y que solo la participación de los ciudadanos en estos juicios de lesa humanidad son los que garantizan llegar a la verdad, solo la participación, la asistencia, el estar allí es la garantía. Por eso es bueno que estén las organizaciones sociales, que acompañen en la búsqueda de la verdad histórica”.

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Los trabajadores del Subte fueron absueltos

ANRED

Concluyó el juicio contra los trabajadores del Subte a los que se les abrieron causas judiciales por realizar una apertura de molinetes en solidaridad con los petroleros de Las Heras. Todos los trabajadores imputados fueron absueltos al no poder demostrarse ninguna de las acusaciones contra ellos.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, informó hoy que finalizó el juicio a los trabajadores del subte, procesados en una causa por la apertura de molinetes el 27 de febrero de 2014. Ese día, se realizó una medida de fuerza en la estación Constitución de la línea C como parte de la Jornada Nacional por la Absolución de los Petroleros de Las Heras.

Luego de dos jornadas de presentación de pruebas y testimonios, el juez Carlos Bentolila fallo decretando la inocencia de la totalidad de los denunciados por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Consideró que en la denuncia sostenida por SBASE y la Fiscalía no se había probado que se haya obstaculizado o estorbado el funcionamiento del servicio del subte, no se ha determinado qué falta se le imputa a cada trabajador, ni tampoco que se impidió la recaudación. En definitiva, no se ha demostrado ningún perjuicio concreto para la empresa.

"Así, con el apoyo incondicional del Secretariado Ejecutivo y el Cuerpo de Delegados, que acompañaron a nuestros compañeros en las dos jornadas del juicio y aportaron el patrocinio de la Dra. Andrea Forgueras, se definió en forma favorable la situación de nuestros compañeros." afirmaron los trabajadores.

Los trabajadores se habían movilizado desde la mañana, junto a organizaciones solidarias, al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 2 para rechazar las causas judiciales y la persecución contra ellos.

A la salida del juicio, Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B y uno de los trabajadores imputados, sostuvo que “el Gobierno de Macri, junto a Metrovías, vienen persiguiendo sistemáticamente a los trabajadores. Hoy lo que hay que decir en verdad es queno era un ataque contra algunos compañeros, sino contra nuestra organización, que es lo que molesta. Era un ataque contra los métodos históricos que tenemos para pelear por nuestros intereses, un ataque contra la asamblea, un ataque contra la democracia sindical, y eso es lo que persiguen de fondo. Porque si condenan a un solo compañero están condenando veinte años de historia y de organización en el Subte y están condenando a la clase obrera. No quieren que nuestro ejemplo de solidaridad entre trabajadores cunda y que se haga moneda corriente en todos lados, como era en otra época. Es un triunfo importante, por eso queremos agradecer a todos los que nos apoyaron”.

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