jueves, 26 de febrero de 2015

Preparando el clima para el próximo golpe contra Siria

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La campaña mediática que se detecta preparando el clima para el próximo golpe contra Siria, en diferentes medios y en los países que tienen política exterior gravitante, la encabeza el presidente de la nación que más esfuerzos ha hecho para derrocar al presidente sirio Bashar al- Assad, aunque la oposición republicana declare lo contrario.

Esta campaña no es diferente a la que se ha llevado a cabo durante los cuatro años de guerra contra el gobierno sirio. Esta guerra a la larga es y ha sido obra y gracia de Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama, aunque el objetivo inicial fue diseñado en 2006 durante la administración de George W. Bush. (Seymour Hersh. The Redirection, marzo 2007).

Basta una muestra de su contundente declaración del 24 de febrero, al final de un encuentro bilateral en la casa Blanca con el Emir de Qatar, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani en su reciente visita a Estados Unidos: “Estamos ambos comprometidos de que el ISIS sea derrotado… Estamos ambos preocupados de la situación en Siria. Continuaremos apoyando a la oposición moderada allí, y continuamos creyendo que no será posible estabilizar completamente aquel país hasta que el Sr. Assad, quién ha perdido legitimidad en el país, sea “transitado hacia afuera”.

Barack Obama usa el término Assad “is transitioned out”. Compone la oración con un concepto que siempre está en boga, “transición”. No dice explícitamente que se le derroque sin más trámite, como Hilary Clinton en 2011, o el mismo hasta hace poco. Costó más tres años, varios miles de muertos, con miles de millones de dólares para financiar un plan de derrocamiento, para que la Casa Blanca hiciera la transición de solución para Siria “desde el sin Assad hacia el con Assad”.

Sin embargo, esta declaración incita igualmente al derrocamiento. Lo notable es que se insiste en los momentos en que el expediente usado hasta ahora que consiste en una simbiosis política y militar entre rebeldes y la aplastante operación terrorista, sigue vigente. Es el que se ha inyectado en Siria a través de infiltrar mercenarios por la frontera que se hacen pasar por militantes del radicalismo islámico.

Más adelante, en la misma declaración, Obama invita al Emir de Qatar, a que compartan ideas acerca de cómo lograr el objetivo, de que Assad finamente deje de gobernar Siria. El Emir de Qatar, con todo respeto a un jefe de estado, sí debía ser juzgado en la corte internacional por financiar la actividad terrorista en Siria desde el comienzo de esta guerra. El hecho ha sido reconocido formalmente por Egipto, el propio gobierno de Estados Unidos, y denunciado por Siria en Naciones Unidas. El 30 de abril de 2014, el departamento de estado señaló que las donaciones de países del Golfo Pérsico, (entre ellos Qatar), constituían una fuente mayor de financiamiento a los grupos terroristas en Siria. Estos grupos llamados Jabhat- al Nusra una filial de Al Qaeda en Siria, y el Ejército Islámico de Irak y el Levante (ISIL o ISIS), también llamado Al Qaeda en Irak, se estima que son frecuentes receptores de cientos de millones de dólares que ciudadanos con fortunas han estado donando durante el conflicto en Siria, (Washington Institute. Marzo 2014).

Esta declaración de Barack Obama empalma con artículos de analistas o directamente voceros del plan de derrocar a Assad, como por ejemplo el que exhibe INTERPRESS (IPS), en la pluma de Thalif Deen en Asia Times. Su nota denuncia el uso de bombas de barril en Alepo contra civiles por parte del ejército árabe sirio, conjuntamente con una ofensiva de acusaciones contra el gobierno promovidas por Human Rights Watch. El artículo se basa en información de este organismo, que en la práctica, es un brazo operacional de Estados Unidos ejecutando funciones en base a sus objetivos políticos.

IPS es parte del riñón informativo de la Social Democracia Internacional (SDI). La SDI ha participado activamente en el lobby político que aboga por el derrocamiento del gobierno en Siria. Por otra parte, Asia Times, es un medio que se maneja desde Hong Kong y que editorialmente, con cierto grado de independencia, intenta contrabalancear la avalancha mediática dirigida desde el departamento de estado, en función de consumar el plan de acabar con el gobierno de Assad. Hasta hace poco mantenía cierto decoro de racionalidad exponiendo el falso argumento de Estados Unidos y los aliados en el plan anti Assad. Pero esa postura en Asia Times terminó hace rato con artículos como el mencionado de IPS, preparado el gran clima para ponerle fin al gobierno con una intervención multiforme obteniendo el desgaste definitivo de la resistencia Siria.

La campaña mediática contra el gobierno Sirio es como la que ocurría antes de la invasión a Irak contra el gobierno de Hussein. Parece interminable y ésta es quizás peor, con una gran diferencia respecto a la actual intervención extranjera en Siria: La invasión a Irak en 2013, era impopular y rechazada casi universalmente con la excepción de los gobiernos de los 27 países que formaron la alianza en torno a Estados Unidos y el Reino Unido, al margen de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es que Saddam Hussein fuera más aceptado que el presidente Sirio, o que lo de Irak fuera más grave desde el plano de las violaciones al derecho internacional.

La diferencia mayor con Irak reside en que en Siria se está implementando un plan para derrocar a su presidente utilizando una operación militar que gradualmente se convirtió en la fuerza terrorista que hoy se parapeta detrás de la fachada de un supuesto ejército islámico.

Era mucho pedirle a Rusia e Irán, que apoyan directamente a Siria, además con un Movimiento de Países No Alineados fracturado por las presiones del gran capital de las Transnacionales, contener el avasallamiento de una poderosa alianza de más de 30 países para derrocar al gobierno en Siria..

Los organismos que velan por el derecho internacional como Naciones Unidas en el sector público o Human Rights Watch o Amnesty en el plano no gubernamental, deberían actuar en todo momento como órganos independientes. La inoperancia para detener el financiamiento del terrorismo en Siria, ha sido de facto un estímulo para propagar el uso del terrorismo para derrocar gobiernos. En el caso de que en Siria se cumpla el objetivo diseñado en 2006 de derrocar a su gobierno, la inoperancia de muchas agencias estaría negando los principios fundacionales de las mismas, para que este conflicto tenga una salida política. Esto es muy grave para la soberanía de los países porque se están violando las mínimas normas del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

La llamada comunidad internacional independiente del esquema de la Alianza Transatlántica, podría ejercer el papel de independencia que le corresponde respecto a esta expresión de supremacía estadounidense y transatlántica por derribar el gobierno de una nación soberana como Siria. El precedente que se sentaría, si se derroca el gobierno Sirio con el expediente del uso del terrorismo como fuerza principal, estaría determinando las características del nuevo orden mundial. Se estaría estimulando operaciones similares de organizar planes para derrocar gobiernos según sea el caso, mediante el financiamiento de países sin que Naciones Unidad lo pueda impedir. Eso es lo que se ha demostrado con el caso de Siria y esta guerra. Además lo que tiene una significación más grave aún. Se ha demostrado que tres países con poder de veto en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, lo han permitido. Todo ocurre a vista y paciencia del resto de la comunidad de países que forman este organismo.

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Syriza y Podemos: ¿Una vía hacia el poder del pueblo?

Eric Toussaint (CADTM)

La experiencia demuestra que los movimientos de izquierda pueden llegar al gobierno pero, sin embargo, no llegan a conquistar el poder. La democracia, es decir el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo, requiere mucho más. Hoy, el problema se plantea en Grecia con Syriza y en un futuro se planteará en España con Podemos, si ese movimientos ganara las elecciones generales de finales de 2015. El problema también se planteó en Venezuela a partir de las elecciones generales que ganó Hugo Chávez en 1998, en Bolivia con la de Evo Morales en 2005, en Ecuador con la de Rabel Correa en diciembre de 2006, o incluso, algunas décadas antes con la elección de Salvador Allende en Chile, en 1970. |1|

La cuestión se planteará para cualquier movimiento de izquierda que llegue al gobierno en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llega al gobierno, no obtiene el poder real porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir del 1 % más rico, que incluso, con frecuencia, es menos que el 1 % de la población. Además, esa clase capitalista controla el Estado, el poder judicial, los ministerios de Economía y Finanzas, el banco central… En Grecia y en España como en Ecuador, Bolivia, Venezuela o Chile, |2| un gobierne determinado a ejercer cambios estructurales reales, deberá entrar en conflicto con el poder económico para debilitar y luego acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el aparato del Estado.

Un manifestante sostiene una pancarta que dice 'Dad una oportunidad a Grecia' (haciendo un juego de palabras con una célebre canción de John Lennon) , en la concentración en apoyo del primer ministro Alexis Tsipras, en la Plaza Sintagma, de Atenas. REUTERS

Tratemos de hacer una comparación histórica. En 1789, gracias a la Revolución Francesa, la burguesía tomó el poder político en Francia, pero ella ya tenía el poder económico. Antes de conquistar el poder político, los capitalistas franceses eran los acreedores del rey de Francia y los propietarios de las principales fuentes del poder económico (la banca, el comercio, las manufacturas y una parte de las tierras). Después de la conquista del poder político, expulsaron del Estado a los representantes de las antiguas clases dominantes (nobleza y clero), las sometieron o se fusionaron con ellas. El Estado se convirtió en una máquina bien aceitada al servicio de la acumulación de capital y de sus beneficios.

A diferencia de la clase capitalista el pueblo no tiene capacidad para tomar el poder económico si, previamente, no accede al gobierno. Que el pueblo repita la progresiva ascensión hacia el poder que realizaron los burgueses en el marco de la sociedad feudal o de la pequeña producción mercantil es imposible. El pueblo no acumula riquezas materiales a gran escala, no dirige empresas industriales, bancos, el gran comercio y otros servicios. Es a partir del poder político (o sea, del gobierno) que el pueblo puede emprender la transformación de la estructura económica y comenzar la construcción de un nuevo tipo de Estado basado en la autogestión. Al dirigir un gobierno, la izquierda tiene acceso a las fuentes institucionales, políticas y financieras con el fin de iniciar profundos cambios a favor de la mayoría de la población. La autoorganización del pueblo, su auto actividad en la esfera pública y en los lugares de trabajo son condición sine qua non para el conjunto del proceso.

Porque para realizar cambios estructurales reales, es fundamental poner en marcha una relación interactiva entre el gobierno de izquierda y el pueblo. Este último debe reforzar su nivel de autoorganización y construir desde la base estructuras de control y de poder popular. Esa relación interactiva, dialéctica, puede volverse conflictiva si el gobierno duda en tomar las medidas que reclama la «base». El apoyo del pueblo a los cambios prometidos y la presión que pueda ejercer son vitales para convencer a un gobierno de izquierda de profundizar el proceso de cambios estructurales que implican una redistribución de la riqueza a favor de aquellas y aquellos que la producen. Es también vital para asegurar la defensa de un gobierno de ese tipo frente a los acreedores, a los valedores del antiguo régimen, a los propietarios de los grandes medios de producción, a los gobiernos extranjeros. Para realizar los cambios estructurales, primero se debe acabar con la propiedad capitalista en los sectores clave de la economía como las finanzas y la energía, transfiriéndolas hacia el sector público (servicios públicos bajo control ciudadano) así como apoyando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en agricultura, en la pequeña industria, el comercio y los servicios), la propiedad cooperativa y la propiedad colectiva basada en la libre asociación. |3|

En dos de los tres países sudamericanos ya mencionados (en Venezuela entre 2002 y 2003 |4| y en Bolivia entre 2006 y 2008, |5| el gobierno estuvo en conflicto abierto con la clase capitalista, |6| empero los cambios estructurales decisivos en el plano económico todavía no han sido realizados. Esas sociedades siguen siendo claramente capitalistas. |7| Evidentemente, ha habido avances reales a favor del pueblo como la adopción en los tres países de nuevas constituciones después de unos procesos constituyentes profundamente democráticos (elección por sufragio universal de una asamblea constituyente; elaboración de una nueva constitución adoptada por la asamblea constituyente luego de un amplio debate nacional; referéndum de aprobación de la nueva constitución); una amplia recuperación por el control público de los recursos naturales; |8| un aumento de la recaudación impositiva sobre los más ricos (especialmente en el caso de Ecuador) y sobre las grandes sociedades privadas nacionales o extranjeras; una mejora significativa de los servicios públicos o de las misiones de los servicios públicos; una reducción de las desigualdades sociales; un refuerzo de los derechos de los pueblos originarios; la recuperación de la dignidad nacional frente a las grandes potencias, en particular frente a Estados Unidos.

No podremos comprender la política de esos países si no tenemos en cuenta las importantísimas movilizaciones populares que jalonan su historia. En Ecuador, cuatro presidentes de derecha debieron huir, dejando el poder, entre 1997 y 2005 gracias a las movilizaciones de la población. En Bolivia, hubo importantes batallas contra la privatización del agua en abril del año 2000 y a fines de 2004. Las movilizaciones en torno a la privatización del gas en octubre de 2003 hicieron caer y huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En Venezuela hubo desde 1983 importantes movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que sacudieron al planeta en los años 1990 y comienzos de los años 2000. Hubo también hechos más espectaculares como las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones espontáneas para repudiar el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, Esas movilizaciones tuvieron como efecto el retorno de Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores, desde el 13 de abril de 2002.

Mientras que los cambios políticos democráticos en esos tres países se silencian sistemáticamente en la prensa de los países más industrializados, una campaña de denigración, también sistemática, es orquestada con el fin de presentar a esos jefes de Estado como dirigentes populistas autoritarios.

Las experiencias de esos tres países andinos, en términos de adopción de nuevas constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y a las fuerzas políticas de otros países. Es suficiente comparar la situación de Europa con la ausencia de un procedimiento democrático en la adopción del Tratado constitucional en 2005 o del TSCG en 2014. Por supuesto, las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador presentan contradicciones e importantes límites que hay que analizar. |9|

El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, saluda a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en presencia del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem-REUTERS

Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los gobiernos de izquierda. Podríamos, por supuesto, hablar también de las grandes movilizaciones populares de 1936 en Francia que condujeron a León Blum —que se hubiera contentado con «gestionar honestamente» la casa de la burguesía— a poner en marcha verdaderas medidas de izquierda, sin olvidar las movilizaciones en España en el mismo período, o las que, en una gran parte de Europa, siguieron a la segunda guerra mundial.

Volvemos con Syriza y Podemos

Si los gobiernos, dirigidos actualmente por Syriza, y mañana por Podemos, quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto en el nivel nacional como en el europeo. Y esto por el solo hecho de afirmar que su gobierno desea aplicar las medidas que demanda la población, que rechaza masivamente la austeridad. Syriza ahora, Podemos mañana, encuentra una dura oposición en las instancias europeas, en la mayoría de los gobiernos en la Unión Europea, así como en los dirigentes y los grandes accionistas de las principales empresas privadas, sin olvidar el FMI:

Incluso auto limitando su programa de cambio, Syriza seguirá aguantando una fuerte oposición, ya que, enfrente, las clases altas y las instancias europeas (íntimamente ligadas y solidarias) quieren llevar más lejos aún el mayor ataque concertado, en el ámbito europeo, contra los derechos económicos y sociales de los pueblos, sin olvidar la voluntad de limitar fuertemente el ejercicio de los derechos democráticos. |10|

Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. Señalemos que François Hollande y Matteo Renzi, que tímidamente proponen aflojar el cinturón de la austeridad, buscan al mismo tiempo aplicar el modelo alemán en sus respectivos países: una precarización más avanzada de de los derechos de negociación colectiva y de la protección de las conquistas de los trabajadores. |11| Esos no son los aliados de Syriza ahora ni de Podemos mañana.

También se debe considerar otro elemento, cuando se compara la situación del gobierno de izquierda de Grecia actual (u otro mañana) a la que encontraron Hugo Chávez (a partir de 2000), Evo Morales o Rabel Correa. A partir de 2004, el importante aumento de los precios de las materias primas (petróleo, gas, minerales…) que esos países exportaban permitió aumentar fuertemente la recaudación fiscal, que se utilizó para poner en marcha vastos programas sociales y grandes proyectos de inversiones públicas. Los gobiernos de esos tres países andinos aplicaron un proyecto que podríamos llamar neokeynesiano desarrollista: |12| fuerte inversión pública, aumento del consumo popular, aumento de los salarios bajos, nacionalizaciones (en el caso de Venezuela y de Bolivia) compensadas por generosas indemnizaciones a los propietarios nacionales o a las sedes extranjeras.

La parte más pobre del pueblo tuvo una mejora considerable de sus condiciones de vida, la infraestructura de esos países también mejoró y los beneficios de los capitalistas locales no se vieron afectados (en el sector financiero, los beneficios privados incluso aumentaron). Evidentemente, un gobierno de izquierda en un país periférico de la Unión Europea no podrá disponer del mismo margen de maniobra que los gobiernos de esos tres países andinos. Los países europeos de la Periferia se hallan aplastados por el peso de una deuda insostenible. Las autoridades europeas piensan ejercer toda la presión de la que son capaces, como lo muestra la reacción del Banco Central Europeo frente a Grecia a comienzos de febrero de 2015.

La conclusión que se impone es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones. Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos y otros se confunden ampliamente) para ser fieles a sus promesas electorales. Tienen una legitimidad y un apoyo muy considerable, tanto en su país como en el ámbito internacional, evidenciando en qué grado la austeridad y las políticas europeas son rechazadas. El rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia del gobierno, |13| así como la decisión de no continuar con las privatizaciones y restablecer plenamente los derechos sociales que fueron afectados por las políticas de austeridad. Esa combinación es vital, puesto que de parte de los acreedores ya escuchamos elevar voces que proponen reducir el peso de la deuda de Grecia a cambio de la continuación de la política de reformas (o sea, de contrarreformas, de privatizaciones, precarización de los contratos de trabajo, de los derechos sociales, etc.).

Vemos difícil cómo un gobierno de izquierda puede evitar la socialización del sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas y transformar los bancos en un servicio público bajo control ciudadano), tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales, recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los préstamos de la Troika condicionados por la prosecución de la austeridad y de las privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos, incluso odiosa. Uno de los numerosos instrumentos de los que dispone un gobierno de izquierda para favorecer la participación y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se debería pagar y que sería necesario repudiar. A partir de eso, todo se volvería finalmente posible

Fuente: PUBLICO.es http://www.publico.es/

Traducción: Griselda Piñero

Eric Toussaint es Doctor en ciencias políticas por la universidad de Lieja y París VIII, historiador de formación, portavoz del CDTM Internacional. Lucha desde hace muchos años por la anulación de la deuda de los países del Sur y de las deudas públicas ilegítimas en el Norte. Fue miembro de la Comisión de Auditoría Integral de la deuda de Ecuador (CAIC) puesta en marcha en 2007 por el presidente Rafael Correa. Ese mismo año fue también consejero del ministro de Finanzas y del presidente de Ecuador en lo que concernía la creación del Banco del Sur. En 2008, fue consejero del ministro de Desarrollo Económico y de Planificación de la República Bolivariana de Venezuela.

Notas:
1| Para la experiencia chilena consúltese: Frank Gaudichaud, Chili 1970-1973: Mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses universitaires de Rennes, 2013.
2| Cuba tuvo un proceso diferente al de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Chile, ya que la izquierda accedió al gobierno como consecuencia de haber ganado una lucha armada de varios años apoyada, en su fase final, por un enorme levantamiento popular (fines de 1958, primeros días de 1959). Véase entre otros: Fernando Martínez entrevistado por Éric Toussaint, «Du XIXe au XXIe siècle: une mise en perspective historique de la Révolution cubaine», publicada el 24 de diciembre de2014, http://www.europe-solidaire.org/spi...
3| En los tres países andinos citados, y principalmente en Ecuador y Bolivia, es también fundamental sostener las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que mantienen, generalmente, un alto grado de propiedad colectiva).
4| En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron al cabo de los tres primeros años del gobierno de Hugo Chávez, o sea, a comienzos de 2002. Se transformaron en enfrentamientos mayores como el golpe de Estado de abril de 2002, la huelga general de diciembre de 2002-enero de 2003, la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Comenzó el descenso de su intensidad después de agosto de 2004, gracias a la victoria del no en el referéndum revocatorio del presidente Chávez. Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se redujo considerablemente. Desde 2013, un sector importante de la clase capitalista participa activamente en la desestabilización del gobierno mediante la creación de una situación de penuria de muchos productos de primera necesidad, como los medicamentos, y el mercado paralelo de divisas (en el mercado negro, el dólar se cambia a casi 10 veces su valor oficial)
5| En Bolivia, la derecha libró verdaderas batallas en 2007 y 2008 después de menos de dos años del gobierno de Morales. Utilizó la violencia varias veces y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008 con el 67,43 % de los votos no produjo una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esa violencia fue creciendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varias provincias clave del este del país. Una fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente a la masacre de partidarios de Evo Morales en la provincia de Pando (junto a eso, se produjo la condena internacional, en particular, de la UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para dar su apoyo al gobierno de Evo Morales), lograron provocar un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización del referéndum sobre la nueva constitución. Eso terminó con una nueva victoria de Evo Morales a fines de enero de 2009: la nueva constitución fue aprobada por el 62 % de los votantes. En octubre de 2014, Evo Morales fue reelegido con el 61 % de los votos.
6| En Ecuador no hubo un período de choque entre el gobierno y la clase capitalista en su conjunto, aunque hubo tensiones considerables en 2008, especialmente en Guayaquil, el principal puerto del país.
7| Analicé el procesos que se estaba desarrollando en esos tres países en el estudio: «Venezuela, Équateur et Bolivie: la roue de l’histoire en marche», publicado el 2 noviembre de 2009, http://cadtm.org/Venezuela-Equateur.... La versión impresa apareció en la revista Inprecor en 2009. Véase también: Éric Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2008, que contiene un análisis de la evolución de Venezuela, Bolivia y Ecuador hasta comienzos de 2008. Véase también la obra colectiva titulada Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, publicado bajo la dirección de Frank Gaudichaud por Textuel en París, en abril de 2008.
8| Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006, Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las multinacionales continúan activas ya que son las responsables de la extracción del petróleo y del gas, aunque el Estado es el propietario de los yacimientos.
9| Véase la posición del CADTM respecto a la relación del gobierno ecuatoriano con la CONAIE y otros movimientos sociales del país: http://cadtm.org/Carta-a-Rafel-Corr..., publicada el 19 de diciembre de 2014. Desde fines de 2014, el gobierno ecuatoriano dio marcha atrás y la CONAIE no ha sido expulsada de su sede.
10| Véase: http://cadtm.org/La-Union-Europea-c..., publicado el 19 de diciembre de 2014.
11| Véase http://cadtm.org/El-modelo-aleman-e..., publicado el 9 de enero de 2015
12| El adjetivo «desarrollista» se refiere a las políticas que se realizaron en el período 1940-1970 en una serie de países latinoamericanos. Esas políticas consistían en que el Estado aportase un importante apoyo al desarrollo económico, pero bajo su guía. Véase la definición dada por el economista argentino Claudio Katz, en castellano: http://katz.lahaine.org/?p=232
13| Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador podían continuar con el pago de la deuda al mismo tiempo que desarrollaban políticas anti austeridad porque el peso de la deuda era sostenible desde el punto de vista presupuestario. Ecuador, que suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda después de haber realizado la auditoría de esta, consiguió derrotar a sus acreedores aunque, desde el punto de vista financiero, podría haber continuado pagando la deuda en su totalidad. El interés en rechazar el pago de deudas ilegítimas, en ahorrar en la recaudación fiscal destinada al pago de la deuda, y en cambio utilizar ese dinero en beneficio del pueblo, fue lo que llevó al gobierno ecuatoriano a tomar la decisión legítima de negarse a pagar una parte de su deuda. Venezuela, que siguió otra política está en la actualidad confrontada a graves problemas de refinanciación de su deuda.

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El gobierno griego se revela como una izquierda moderna anunciando en su lista de reformas un esquema de Renta Básica incondicional garantizada

Tomas Hirst (SINPERMISO)

El ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis es un antiguo y decidido partidario de la Renta Básica Universal Garantizada. Eso era harto sabido. Pero lo que ha sorprendido a muchos es que ha aprovechado la lista de reformas que tenía que presentar, para su aprobación, a las autoridades europeas el pasado lunes para introducir un esquema de renta incondicional garantizada, limitada inicialmente a un tramo de edad de la población. Tomas Hirst escribe sobre la importancia decisiva de ese paso dado por el ministro griego, y cree que, con este paso que ha pasado casi desapercibido hasta ahora para la mayoría de analistas y comentadores, Syriza demuestra tener una ambiciosa idea de lo que significa para una izquierda no arcaica la reconfiguración de los estados sociales y democráticos de derecho con políticas de bienestar público innovadoras y a la altura de la actual crisis del capitalismo financieramente contrarreformado.

En la carta enviada por el ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis a la Comisión Europea, el BCE, y el FMI la noche del lunes - 45 minutos antes del fin del plazo acordado al gobierno griego - hay una propuesta clave que podría transformar radicalmente el sistema de bienestar social del país.

Si tiene éxito, Grecia podría redefinir nuestra forma de entender el estado de bienestar moderno.

Las propuestas, que han sido aceptadas por el Eurogrupo y transmitidas a los gobiernos nacionales para que voten sobre la extensión del rescate a Grecia, se refieren a toda una serie de medidas previsibles, incluyendo medidas drásticas contra la evasión fiscal y la mejora de la recaudación de impuestos. Pero también hay una propuesta que se sale un poco de los parámetros habituales.

Es esta: "Establecer un vínculo más estrecho entre las cotizaciones a la seguridad social y los ingresos, racionalizar las ayudas y prestaciones, reforzar los incentivos para la declaración del trabajo asalariado, y proporcionar asistencia dirigida a los empleados de entre 50 y 65 años, a través de un esquema de renta básica garantizada, a fin de eliminar la presión social y política de la jubilación anticipada, que sobrecarga los fondos de pensiones".

Puede parecer un pasaje bastante técnico, pero se refiere a uno de los principales debates sobre el futuro de las políticas de bienestar en todo el mundo desarrollado. Grecia está tratando de crear un marco en el que las personas, entre los 50 y los 65 años, puedan permanecer en el mercado de trabajo, incluso durante períodos (potencialmente largos) de desempleo.

¿La solución? Una renta básica garantizada.

He aquí cómo funciona. Una renta básica es un pago del estado que se concede a los ciudadanos individuales, sin estar condicionada a sus ingresos o a tener un trabajo. Para sus partidarios, es una forma de garantizar un nivel de vida básico para todos los ciudadanos de una forma no burocrática y directa.

Aunque sus partidarios han tendido a ser de izquierdas, también ha recibido el apoyo de la derecha libertaria que la considera una manera de superar el problema de los intentos de microgestión de ingeniería social de los gobiernos. Como Sam Bowman, director adjunto del Instituto Adam Smith, escribió el año pasado:

"El sistema de bienestar ideal es una renta básica, en sustitución de los actuales programas de lucha contra la pobreza del gobierno (exenciones fiscales y la mayor parte de lo que el Departamento de Trabajo y Pensiones hace, además de las pensiones y las prestaciones por hijo) ... Al igual que el sistema actual de beneficios y ayudas, proporcionaría una red de seguridad. Pero desaparecerían las "prestaciones trampa", aquellas que hacen que las personas pierdan beneficios en la misma medida que ganan rentas de trabajo".

El concepto consiste en sustituir los enrevesados sistemas de bienestar que se han acumulado gradualmente durante décadas con un único pago mensual en las cuentas corrientes de las personas. En un país que sufre altas tasas de desempleo y un déficit significativo de demanda interna a causa de ello, este esquema podría (en teoría) impulsar la demanda griega. Proporcionaría a las personas la confianza de un ingreso futuro y aliviaría parcialmente la "crisis humanitaria" que actualmente sufre Grecia.

Como dice la carta, uno de los elementos clave de los planes del gobierno liderado por Syriza para hacer frente a la crisis humanitaria en el país es "estudiar una formula de Ingreso Mínimo Garantizado piloto, con miras a extenderlo a nivel nacional".

No sería el primer país que coquetea con esta idea. El año pasado Chipre aprobó una nueva ley que proporciona a las familias de bajos ingresos un ingreso mínimo garantizado de € 480 al mes dada su propia crisis económica, aunque el sistema sufre problemas técnicos. En Suiza, un movimiento popular más ambicioso reclama 2,500 francos suizos (£ 1,700) mensuales del estado y ha recogido más de 100 mil firmas necesarias para convocar un referéndum sobre la propuesta.

De lo que se trata, en esencia, es de una redefinición de la concepción predominante cuando se desarrolló el Estado de bienestar moderno de que el objetivo de las ayudas y beneficios sociales era mantener a la gente en "condiciones de trabajar". Puede que fuese un objetivo apropiado para su tiempo, pero las sociedades modernas han desarrollado expectativas diferentes en relación a la calidad de vida que sus ciudadanos deben disfrutar.

Ya no basta con estar en condiciones de trabajar.

En el caso de Grecia pareciese que la nueva fórmula se aplicará inicialmente a quienes se acercan a la edad de jubilación con el fin de evitar que se jubilen anticipadamente, proporcionándoles un ingreso que de otro modo extraerían del fondo estatal de pensiones.

Puede que sea un pequeño paso en relación con lo que los partidarios de una renta básica quieren conseguir, pero podría ser otro avance importante para situar la idea de una renta básica en la discusión general.

Tomas Hirst es un reconocido analista financiero, columnista habitual en la prensa económica especializada británica, particularmente en Business Insider.

Traducción: Gustavo Buster

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Grecia: la victoria “a lo Pirro” de la Unión Europea

Pablo Heller (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info

Al final de semanas de negociaciones escabrosas, la Unión Europea le impuso a Grecia la continuidad del plan de rescate vigente y el compromiso de no adoptar medidas que pudieran afectar sus objetivos de ajuste, privatizaciones y reformas laborales. El nuevo gobierno de Grecia retiró sus planteos de obtener una quita de la deuda externa y congeló sus compromisos sociales mínimos. Syriza cedió a esta extorsión, que sin embargo estaba descontada, ante la presión de una masiva retirada de depósitos y el derrumbe de la deuda pública, que dejaba un plazo de días para llevar al sistema bancario a la declaración de quiebra. Syriza capituló ante la extorsión de la Unión Europea porque no estaba dispuesta a responder con una nacionalización de los bancos y de las transacciones con el exterior. Entre el combate al ajuste y el salvataje de los bancos, el nuevo gobierno optó por el rescate bancario. Se trata de una opción que define la estrategia del nuevo gobierno.

En consecuencia, no habrá aumento del salario mínimo ni una mejora para las franjas más postergadas y vulnerables de los jubilados. La reincorporación de los empleados públicos va a quedar reducida a una mínima expresión. No se van a revertir las privatizaciones. Syriza presentó algunas modificaciones en el gasto público, pero dentro de los límites del ajuste, que fueron aceptados por los extorsionadores. Mientras la opinión mundial centraba su atención en las idas y venidas de estas negociaciones, el nuevo gobierno propuso para la presidencia de la República a un ex ministro del partido conservador que fuera derrotado en las últimas elecciones. Se trata de otra garantía política de fidelidad al orden internacional. Esta vez no necesitó la justificación de la falta de una mayoría absoluta, como cuando formó gobierno con la derecha xenófoba, porque tenía los votos para consagrar un candidato de sus propias filas. No se puede separar esta orientación política del cuadro general de negociación con la Unión Europea.

Obama y la Otan

El factor que decidió finalmente la firma del acuerdo fue la exigencia presentada para ello por parte del gobierno de Obama y de la Otan. Ambos hicieron saber a Alemania que estaba excluida la posición extrema de expulsar a Grecia de la zona euro, como podía ocurrir si Alemania no concedía la posibilidad a Grecia de retomar las negociaciones en un plazo de cuatro a seis meses. Obama y la Otan invocaron el peligro de una desestabilización enorme de la economía mundial, por sobre todo de los Balcanes, lo cual ofrecería a Rusia una carta adicional en la crisis de Ucrania. Estos elementos ponen de manifiesto la importancia internacional de la crisis griega para los intereses del imperialismo mundial.

Las capitulaciones son obligadas, a veces, para conservar posiciones estratégicas que permitan revertir en un futuro lo impuesto por extorsión. Hay numerosos episodios en ese sentido en la historia de las revoluciones. No es el caso de lo que acaba de ocurrir. Alexis Tsipras, flamante primer ministro, saludó el acuerdo como "una victoria”, en una expresión de que ese acuerdo le había evitado a a su gobierno adoptar decisiones financieras y políticas radicales. Abundó, en esa línea, en las posibilidades que el acuerdo ofrecía para obtener ventajas en negociaciones futuras. El texto del compromiso asumido es claro, sin embargo, en el respeto que impone a las normas de la Unión Europea. El compromiso actual fue sellado en el marco del plan de rescate consagrado en los acuerdos anteriores.

Como se ha dicho, esta capitulación estaba descontada. No podía ocurrir nada diferente en una estrategia que defiende la pertenencia al orden capitalista y a la Unión Europea. Las críticas aceradas que han partido del ala izquierda de Syriza, aunque correctas, solamente ponen de manifiesto la ceguera política de esos sectores. Para la dirección de Syriza, la derrota de la austeridad sólo sería posible en el marco de alianzas con otras naciones europeas que se encaminan a la misma crisis terminal en que se encuentra Grecia. Es lo que buscará hacer en estos cuatro meses de prórroga del plan de rescate del ajuste, en especial con el apoyo de Obama. Todo el mundo capitalista sabe que la deuda griega es impagable y que el ajuste la ha hecho más impagable aún. La crisis capitalista atraviesa al conjunto de la zona euro y de la Unión Europea. Syriza le dice al pueblo griego que ha triunfado, porque espera conseguir concesiones en el ajuste en un futuro relativamente próximo.

Estamos ante un espejismo cuyo propósito es aplacar a las masas griegas que le dieron el triunfo a la izquierda en enero pasado, y por esa vía estabilizar la situación política. Es a este terreno que se ha desplazado la relación entre el gobierno y las masas de Grecia. Obviamente, la izquierda revolucionaria convoca a esas masas a luchar por la aplicación incondicional del plan contra el ajuste, o sea que no asume la capitulación del gobierno. Lo único cierto que hay en la relativización de la capitulación de Syriza ante la Unión Europea, que pregonan los abogados interesados de los capituladores, es que ella no ha zanjado nada y que todas las contradicciones han pasado a un estadio más alto y explosivo.

La confianza en el gobierno se ha visto fuertemente sacudida; los explotados se adentran ahora en la comprensión de la inmensa lucha de clases, incluso internacional, que dejó planteado su voto por la izquierda reformista y su aspiración a romper el chaleco de fuerza del ajuste. Aunque, como se dijo antes, en la izquierda de Syriza han estallado fuertes desacuerdos con la capitulación, se trata de los mismos sectores que avalaron “críticamente” el acuerdo de gobierno con la derecha y la elección del presidente conservador. Cuando el gobierno lleve el acuerdo con la Unión Europea al parlamento, aparecerán los primeros votos en contra dentro del bloque de Syriza y, al mismo tiempo, los votos a favor del centro y de la derecha. Syriza habrá realizado las dos terceras partes de su pasaje de la consigna "por un gobierno de izquierda" a la de "un gobierno de unión nacional". Virajes de esta magnitud en un par de semanas son testimonio de una situación prerrevolucionaria.

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A más de dos décadas de reformas: La educación, más privada y menos pública

Laura Marrone (especial para ARGENPRESS.info)

Han pasado más de dos décadas desde que los organismos internacionales comenzaron a proponer reformas a los sistemas educativos que, durante casi dos siglos, habían respondido más o menos adecuadamente a las demandas del capitalismo. Dichas reformas condujeron, entre otros aspectos, a un creciente proceso de privatización y pérdida del carácter público de los sistemas educativos. La presente nota aborda esa cuestión, en particular en Argentina. Otros temas de importancia como el de financiamiento y de la recolonización ideológica a que condujeron esas reformas son analizadas en otros trabajos.(1)

Las Reformas de los 90 buscaban un nuevo orden de la educación para que se adecuara a los cambios del capitalismo en la llamada etapa de globalización. Un capitalismo que des-localizaba la producción en cualquier lugar del planeta de acuerdo a la lógica de búsqueda de mayores ganancias de los cada vez más concentrados capitales internacionales. Capitales que requerían, a su vez, la división mundial del conocimiento entre los países centrales destinados a producirlo y aquellos destinados a su aplicación tecnológica o a su mero uso como consumidores en los países periféricos.

En Argentina las políticas neoliberales rediseñaron las bases de la economía mediante la destrucción de las ya débiles industrias nacionales, la privatización de los servicios públicos, la entrega de los recursos naturales, y el agravamiento del endeudamiento externo. Fue necesario, entonces, adecuar el sistema educativo a tales exigencias. Como la sombra al cuerpo, las reformas educativas acompañaron la reforma neoliberal.

Se sancionó la Ley Federal de Educación Nº 24.195/93 y la de Transferencia de escuelas a las provincias Nº 24.049/92, exigida por el FMI para liberar al estado nacional de gastos y así poder afrontar el pago de la deuda externa (Plan Brady). El centro de la reforma consistió en un rediseño del rol del estado, más que en la creación del ciclo intermedio entre el nivel primario y medio, la EGB, como mayormente se popularizó la mencionada ley. El estado dejó de ser responsable del financiamiento de la educación delegando el sostén directo de las escuelas a las provincias y familias, al mismo tiempo que centralizaba el control político de lo que se enseñaba, mediante la ingeniería de programas y distribución diferenciada de algunos recursos.

Posteriormente el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner asentó sus propuestas educativas sobre el modelo que dejó instalada la Reforma de los 90. Las leyes de Ley de Educación Técnica Nº 26.058/05, de Financiamiento Nº 26.075/06, y la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, entre otras, no modificaron sus grandes trazos. Corrigieron sus aspectos más burdos, refinando el rol centralizador político del sistema educativo, por ejemplo, mediante el funcionamiento del Consejo Federal de Ministros, la legitimación de títulos a escala nacional, la Nueva Escuela Secundaria, o la creación del Instituto Nacional de Formación Docente para regir la formación docente inicial y continua. Eximido del sostén cotidiano de la totalidad del sistema, el Estado nacional pasó a direccionar las políticas y los lineamientos curriculares.

La privatización en ascenso

Stephen Ball y Devorah Youdell señalan que, en realidad, las Reformas de la educación debieran renombrarse como “La privatización encubierta de la educación pública”. Sostienen que existen dos clases de privatizaciones: una exógena a la escuela pública y otra endógena, en la escuela pública. La exógena supone la apertura de servicios públicos a la participación de sectores privados con beneficios económicos. La endógena refiere a la importación de métodos, ideas y prácticas del sector privado, que son introducidas en el ámbito público. (2)

Estas formas de privatización conducen al funcionamiento del sistema educativo como cuasi mercado mediante diferentes mecanismos. Modifican la manera en que se organiza, se gestiona y se presta la educación, la manera en que se deciden y enseñan los planes de estudio, la manera en que se evalúan los resultados de los alumnos y, por último, la manera en que se juzga a los estudiantes, los profesores, los centros docentes y las comunidades locales.

La privatización exógena

El aspecto más conocido de la privatización lo constituye la existencia de dos circuitos educativos, el público y el privado. En las últimas décadas, el neoliberalismo instaló la cultura de que cada familia tiene derecho a elegir la educación de sus hijos, como derecho individual, y no como una construcción colectiva, social. A fin de favorecer esta libre elección, las escuelas son promocionadas mediante la publicación de rankings que ofrecen datos sociodemográficos, resultados académicos y hasta étnicos.

En Estados Unidos, por ejemplo, existen guías de escuelas que indican la composición étnica de su población escolar y los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externa. El propósito es instalar el mecanismo de competencia entre establecimientos por la matrícula. El resultado de esta competencia a su vez, determina la distribución desigual de los recursos financieros del estado y los salarios docentes. En Chile, por caso, se distribuyen vales o vouchers a los padres para que elijan la escuela de sus hijos, y éstas, a su vez, están autorizadas a cobrar el 50% más en aranceles.

En nuestro país, este derecho está contemplado en forma explícita por las leyes de educación vigentes, lo que supone la existencia de empresas e instituciones privadas que brindan servicios educativos. En el sostén de estas asociaciones, nuestro país es vanguardia en el mundo. Somos uno de los primeros que sancionó una ley que consolidó el sistema de subsidios del estado a la educación privada en 1947 durante el primer gobierno de Perón, mediante la Ley Nº 13.047. Esto ocurrió mucho antes que el propio Milton Friedman, el ideólogo del neoliberalismo y su esposa Rose Marie publicaran su libro La Libertad de elegir, en 1980, proponiendo el sistema de vouchers ya mencionado, o que, en Inglaterra, se extendiera el sistema de charters por el cual el estado establece convenios con organizaciones comunitarias para la gestión social de una escuela.

En nuestro país, la Ciudad de Bs. As., es la avanzada de la educación entendida como mercado. Una de estas expresiones es la existencia de una página web que contiene el Boletín de mi escuela donde se pueden leer los datos sociodemográficos de la zona, de sobreedad y repitencia, una versión del ranking de escuelas que existe en Estados Unidos. De este modo se intenta crear la cultura en las familias que tienen el derecho a elegir la escuela de sus hijos, incluso dentro del sistema público. La reciente instalación de un sistema de inscripción en línea, que quitó a las escuelas y a la docencia la función de organizar la matrícula, ha favorecido claramente el proceso privatización de la matrícula, cierre de grados y cursos. Al mismo tiempo, el gobierno del PRO no ha solucionado el problema de la falta de vacantes en escuelas públicas en zonas de la ciudad como la del sur y en algunos niveles como el inicial.

El crecimiento de la matrícula en las escuelas privadas

En 1955, la educación privada en Argentina era del 8% en el nivel primario, 18,5% en nivel secundario y 6,2% en terciaria. En 1988 el nivel de privatización registraba un avance significativo: 18% en primaria, 28,7% en media y 27,6% en terciario.(3)

La reciente publicación de las estadísticas de matrícula del 2013 por parte del Ministerio de Educación de la Nación da cuenta que la privatización de la educación ha registrado un salto cualitativo durante las dos últimas décadas, especialmente durante la última. Mientras en el 2005 la educación privada representaba el 26,5%(4), solo 8 años más tarde, en el 2013 representa el 29%.

La Ciudad de Bs As ostenta las cifras más vergonzosas: la mayoría de su educación es privada, 51%. La provincia de Bs As, por su parte, registra una de las tasas de crecimiento más vertiginosas de la educación privada en la última década. Cuenta con 36% de su matrícula privada en toda la provincia y 40% en el conurbano. Córdoba 33% y Santa Fe, 29%.(5)

El nivel primario tiene la mayor tasa de crecimiento de la privatización, en forma constante, a nivel nacional desde el 2003. En 2013 se perdieron 49.094 alumnos primarios y similares cifras en el 2012 y 2011. En total, en la última década, la escuela pública perdió 301.907 alumnos, lo que representa una reducción del 8,2% de la matrícula. En tanto, la matrícula privada creció 25,65%, alrededor de 244.482 alumnos. (6)

Más preocupante aún resulta la lectura de la matrícula de primer grado pues preanuncia las nuevas tendencias. La pérdida es de 4,6% sólo en ese grado, con cifras graves como las de las provincias de Chaco (-14.4%), San Luis (-13.1%), Santiago del Estero (-11.3%) y Catamarca (-9%). Estas cifras podrían indicar no sólo un proceso de privatización que acompañara al de las provincias más ricas, sino también un proceso de desescolarización ligado a los nuevos índices de pobreza y de desocupación. (7)

La escuela media, que vio alumbrar su obligatoriedad en esta década como parte de la conquista de un derecho, ha registrado desde 2003 un crecimiento de la matrícula pública de 225.689 alumnos (+8.9%). Pero la escuela secundaria privada, duplica esa cifra: 16.8%, 158.240 alumnos más. La proyección, sin embargo, vuelve a ser preocupante porque para el primer año, en el 2013, hubo pérdida de matrícula: 0.9% respecto del año anterior a nivel nacional, con cifras récord como Chaco que perdió el 6% o Santa Fe, 4,3%. Así mismo es doloroso comprobar que el 40% de los egresos de la escuela media corresponden a la escuela privada. (8)

El nivel inicial sigue estando fuertemente privatizado: 33% a nivel nacional. Tiene la tasa de crecimiento de la educación privada más alta. Es el nivel más vulnerable a la implantación de las nuevas formas de privatización, con regímenes de gestión social o cooperativo, tal como lo impulsan las directivas de los organismos internacionales, incluso por fuera del ámbito de la educación, dentro de áreas como Desarrollo Social, sin personal docente, como espacios asistenciales o contenedores, en fin, a la manera de las viejas guarderías, desconociendo a la primera infancia como poseedora del derecho a la educación.

El nivel terciario no universitario es el más privatizado: 37% con algunas cifras récord como Ciudad de Bs. As., donde alcanza el 56%.(9)

La cifra de 29% de la matrícula privada, sin embargo no está cristalizada. Podemos estimar que la tendencia es a que aquellas provincias más rezagadas en la privatización alcancen cifras mayores, como ya se mostró al analizar las matrículas de los primeros grados.

La comparación con los niveles de privatización de otros países tal vez nos sirva para dimensionar la gravedad de lo que vivimos. Chile, el país más privatizado del continente, tiene 45% de educación privada. Un caso solo equiparable a los países del este post- dictaduras estalinistas, donde las Reformas de los 90 tuvieron sus mejores alumnos: sistemas educativos municipalizados, financiamiento por alumno, directores que eligen a sus docentes, agencias privadas que diseñan los programas y planificaciones de los docentes, sistemas de evaluaciones externas que determinan la distribución de presupuestos. En fin, al decir de Ball, la privatización exógena y endógena a pedir de boca.

La privatización subsidiada

La desigualdad social se replica en una desigualdad en educación. Las escuelas privadas disponen de asignaciones de recursos por alumna/o superiores a las del estado. Un estudio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, U.E.P.C., da cuenta que entre 2001 y 2011 mientras la asignación de recursos por alumna/o en la educación media-superior de instituciones públicas se redujo 3,7%, en los institutos privados aumentó 60%. En el nivel primario se redujo 9,7% mientras que en el privado aumentó 26,3%.(10)

Pero la diferencia de ingresos de cada grupo social no es el único factor que conduce a la desigualdad. Los altos índices de privatización se sostienen, en parte, como dijimos más arriba, por la existencia de subsidios a la educación privada por parte del Estado. Según Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y la calidad, C.I.P.P.E.C., la derivación de fondos públicos a la educación privada se duplicó, en términos reales, desde el inicio de la Reforma de la educación en 1993 hasta 2005: pasó de $704 millones a $1426 millones en 2005. La transferencia anual por alumno aumentó de $592 en el 1994 a $754 en el 2000. Durante la crisis 2001-2002 habría caído a $510 para luego recuperarse hasta llegar a $650,9 en el 2005. En el 2005, 65% de las escuelas privadas estaban subsidiadas. El total de transferencias del estado a la educación privada representaba el 13% del total del gasto en educación, 0,47% del PBI. (11)

En el período 2005-2009 era de un promedio nacional de 18,4%, con provincias como Córdoba que alcanzaban entonces el 24% o Santa Fe el 20%, según investigaciones de Vior&Rodríguez. (12)

Al respecto deberíamos revisar una cuestión metodológica. Estos porcentajes deberían establecerse en una comparación entre lo que efectivamente el Estado dedica a cada alumno en uno y otro sistema, descontando los gastos de la administración central del sistema educativo de cada jurisdicción. De este modo se verificaría que los porcentajes destinados a cada alumno de la escuela privada por parte del estado son aún mayores.

Carecemos de las estadísticas del último quinquenio de las transferencias del Estado a la educación privada, pero podemos adelantar algunos datos que confirman la tendencia a su aumento. Solo la Ciudad de Bs As dispuso para el 2015 la transferencia de $2.837.974.542 a las escuelas privadas, lo que representa 1$ por cada alumna/o de escuelas privadas por cada 3$ que se destina a cada alumna/o de escuela pública, descontando los gastos centrales de administración. Esto, a su vez, no incluye la transferencia de fondos para arreglos de edificios escolares privados que se computan por fuera de estas cifras.(13) El caso más llamativo en esta Ciudad es el de las escuelas especiales privadas que, cobrando aranceles mensuales de más de $7.000, reciben subsidios de hasta el 80%, lo que supone una fragrante diferencia con lo que se invierte por alumno en una escuela especial pública.

La provincia de Santa Fe destinará $3.286.640.000 a la educación privada en 2015, lo que representa 19% del total de su presupuesto a educación.

Otro ejemplo preocupante de este proceso de privatización subsidiada, como política de estado, lo constituye la sanción en 2014 de la Ley de Jardines Comunitarios en provincia de Bs As. En lugar de reconocer una situación de excepción de casi 1.500 establecimientos que surgieron en la última década para satisfacer la ausencia del Estado en el nivel inicial e incorporarlos al sistema público y a su régimen laboral, la nueva ley introdujo el Caballo de Troya que profundizará la privatización en este nivel. De aquí en más podrán seguir abriéndose jardines comunitarios, subvencionados totalmente por el gobierno provincial de esa provincia, ya no solo para el pago de su personal docente sino para todos sus gastos, incluidos los de mantenimiento de sus edificios, servicios y personal auxiliar. El personal será designado por las propias asociaciones que los gestionan, quienes están facultadas a contratar a personas no docentes, para tareas docentes, bajo la figura del “educador comunitario”. A su vez estas personas podrán perder su estabilidad laboral si dejaran de responder al proyecto de la asociación, lo que habilita a su literal despido por razones políticas o incluso de salud. Una escalada en el uso de la educación como espacio de construcción de clientelismo político y de precarización laboral y educativa. (14)

La educación como mercancía

Lo nuevo, sin embargo, es que ya no estamos simplemente ante la presencia de una asociación o iglesia que pone una escuela. Hoy existen cadenas de empresas que brindan servicios educativos tanto dentro de un país como a nivel internacional. Estas empresas operan gestionando escuelas privadas como dentro del sistema público, tercerizando actividades y servicios que otrora desempeñaban docentes y profesionales dentro del régimen laboral del Estado. Así, se está desarrollando un mercado educativo que rinde beneficios por encima de los índices bursátiles del mundo empresarial, según sostenía The Guardian en Inglaterra en el año 2000.

En trabajos del PREAL, Istar Gómez, un asesor de inversiones en educación, categoriza las temáticas en las que participa hoy la empresa privada: acceso a la educación, fortalecimiento de la calidad educativa, atención a las diferencias e inclusión, incidencia en las políticas públicas y agendas educativas. Refieren a actividades tales como: asesoramiento de padres para la elección de la escuela de sus hijos, servicio de docentes tercerizados para cumplir suplencias, cursos de perfeccionamiento docente dentro y fuera de las escuelas públicas, servicios como la informatización de la gestión escolar, pruebas de evaluación externa, agencias para la administración de la distribución de becas escolares y hasta servicios de gestión de escuelas en reemplazo de directores de las propias escuelas públicas. España y algunas localidades de Brasil, ya tienen en forma creciente escuelas públicas gestionadas por empresas privadas en lugar de directores electos por sus comunidades, como ocurría hasta hace algún tiempo. (15)

Solo en América Latina existen, según el PREAL, Programa de la Reforma Educativa de América Latina, 170 fundaciones o asociaciones vinculadas a empresas que se dedican a educación. Empresas como Kraft Foods Argentina, Ceras Johnson, Johnson Diversey, Massalin Particulares, Glaxo Smithkline, Mimo & co, Productos Roche, Givaudan Argentina, Unilever, Ivax y Roemmers, contratan a Diálogos Emprendimientos Educativos para que suministren en sus empresas la atención para niños desde 45 días de edad hasta los 5 años, hijos de madres-padres trabajadores. (16)

La Fundación Compartir en Colombia, por ejemplo, premia a los mejores docentes. Algo así quiso imponer en nuestra ciudad el PRO cuando instaló el premio al Maestro Sarmiento, pero todavía esta cultura competitiva no se había instalado y quienes se presentaron no eran precisamente los mejores. Fracasó. La Fundación Lemman en Brasil implementa un programa gratuito destinado a directores de la enseñanza pública, educadores en funciones de apoyo técnico o pedagógico y gestores educacionales del sector público.

En Ciudad de Bs. As. el PRO ha contratado los servicios de la Universidad de San Andrés para dar cursos de liderazgo a los directores de las escuelas públicas que paga con fondos públicos, al tiempo que vacía el Ce.P.A, el Centro de Pedagogías anticipadas. Este centro funciona desde 1984 y fue una de las primeras escuelas de capacitación del país. En los últimos años ha visto decrecer su número de cursos en favor de asociaciones privadas, y según trascendidos, la intención del gobierno es que la Universidad de San Andrés reemplace al Ce.P.A. en los concursos de ascenso de la carrera docente.

Estas fundaciones, que representan a las más grandes empresas de cada país y del mundo, a su vez, buscan actuar en redes con asociaciones sociales, ONGs, o de la Sociedad Civil. Sus propósitos son múltiples. En caso de realizar donaciones o servicios comunitarios lo hacen a cambio de deducir impuestos, con saldos siempre beneficiosos para las empresas, aunque se presenten como fundaciones sin fines de lucro. Basta entrar en la nómina de cualquiera de ellas para ver cómo derivan impuestos empresas como Coca-Cola, City Bank, American Air Lines, Credicoop, Techint , Pan American Energy, HSBC Argentina, Skanska, Grupo Supervielle, Banco Galicia, Nextel, Banco Macro, Mercedes-Benz, Exxon, Fundación Ford, Fundación Amalita Fortabat. Estas empresas presentan programas como el acompañamiento a la escolaridad de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Sus servicios pueden ir desde inscribir como voluntarios a sus empleados para estas tareas o asociar su marketing a la difusión de estas tareas con el objeto supuesto de crear conciencia de responsabilidad social. Todo esto, perfectamente deducible de impuestos.

Pero ahí no termina la cuestión. Estas fundaciones pretenden trabajar en red con organizaciones sociales, de la sociedad civil o de las O.N.G.. De este modo la rentabilidad no es sólo económica sino política. Las empresas lavan su cara frente a la opinión pública de la mano de grupos de militantes sociales que recibirían alguna donación o beneficio para su centro educativo o cultural. Un clásico ejemplo de conciliación de clases, pero con nuevas modalidades.

El modelo empresarial de gestión institucional

Otro componente de la privatización endógena es el cambio de modelo de gobierno de la educación. Se tiende a hacer desaparecer su función política al dejar de hablar de gobierno de la educación o de conducciones de las escuelas, para pasar a emplear el concepto de gestión escolar. La expresión gestión escolar es relativamente nueva y supone un cambio organizacional. Los directores pasan a gestionar partidas de presupuesto escolar, a sus empleados, tanto en la contratación como en las retribuciones.

A su vez, las metas a alcanzar por el centro educativo están direccionadas por los planes centralizados por los Reformadores, ya sean ministerios de educación u organismos internacionales, ante quienes el gestor habrá de dar cuenta de resultados, dado que son ellos los que definen, finalmente, la distribución de los recursos. Los Planes de Mejoras, P.I.I.E., entre otros, que instrumenta el gobierno nacional, son una versión todavía tímida de la instrumentación de este diseño organizacional. Así vemos a directores corriendo a bancos a rendir cuentas, u otorgando suplementos salariales que instalan mecanismos de poder nuevos dentro de las escuelas.

La gestión escolar impone la lógica del resultado como prioritario, lo que en términos educativos es altamente nocivo, como podemos imaginar. Forma parte de un concepto más amplio de gestión pública que se ha ido imponiendo en los últimos 20 años como parte de la reforma política y cultural de los organismos de estado: descentralizar la administración presupuestaria haciendo responsables a los agentes directos de sus resultados, dividir las grandes organizaciones en unidades más pequeñas, con relativa autonomía, para que compitan entre sí. Estos mecanismos se van naturalizando. Hace más de 20 años era impensable y hasta sospechoso que una escuela recibiera del estado recursos diferentes a otra. Eran para todas o ninguna, como parte de una cultura del derecho público instalada. Hoy, muchos empezamos a competir, sin reflexionarlo, por obtener un pequeño fondo para comprar un recurso que necesitamos y para ello nos sentimos impelidos a mostrar algún resultado.

Todo este diseño conduce a hacer que la escuela funcione como una empresa, y el aula como una unidad de producción. Y de la mano, va la relación laboral: salarios diferenciados por desempeño, contrataciones por fuera de los concursos, cuya renovación depende de la voluntad del gestor, personal carente de título que realiza iguales funciones pero que recibe salarios inferiores, ruptura de los convenios colectivos de trabajo para instalar la discrecionalidad en las retribuciones.

La elección de las familias de la educación privada

Pero si la intención de los empresarios es clara respecto a su interés por la educación, falta responder a la pregunta: ¿por qué muchas familias eligen la educación privada? Después de ocultar la privatización, el gobierno a través de su vocero presidencial, Jorge Capitanich, ha intentado explicar esta situación argumentando que es reflejo de la mejora en el nivel de vida de los trabajadores por un lado y de la existencia de paros docentes por otro.

El argumento de los paros docentes se cae por su talón de Aquiles: la Ciudad de Bs. As. es una de las que, por diferentes motivos registra menos paros en el país desde hace 20 años, y sin embargo su nivel de privatización es el más alto. Por otro lado, Neuquén una de las provincias que más paros ha realizado tiene uno de los porcentajes más bajos de privatización del país: 18%.

El otro argumento también es difícil de sostener ya que la privatización crece también en barrios de recursos modestos de zonas urbanas. A su vez, son las ciudades más populosas, donde existe mayor oferta pública, las que sin embargo presentan los más altos niveles de privatización registran.

Aquí estamos atrapados en dos problemas. Por un lado la escuela se ha masificando, incorporando a sectores que otrora quedaban afuera, sectores incluso hoy más marginales que algunas décadas atrás debido al empobrecimiento estructural de nuestra sociedad. En la actualidad, la escuela no solo forma para el trabajo y la ciudadanía, como en la etapa anterior del capitalismo. Ahora también responde a una tercera lógica que antes no existía: la de la contención social de los sectores estructuralmente excluidos del sistema económico.

Las clases dominantes no están dispuestas a incorporar a la producción a toda la masa de asalariados potenciales, repartiendo las horas de trabajo, con igual salario, en base a la mayor productividad a partir de la revolución tecnológica de las últimas décadas en la mayoría de las ramas de la producción. La desocupación se ha vuelto estructural y millones en el país y en el mundo no tienen ni tendrán trabajo por generaciones, a menos que se modifique la lógica de la ganancia en la organización económica de la sociedad. Por eso, la escuela es hoy un dique de contención al descontento, especialmente de la juventud que pasará años estacionada en centros educativos, aun cuando no aprenda o lo haga ocupando muchos más años que en décadas anteriores para lograr adquirir conocimientos similares. La educación pasa a integrar, entonces el paquete de políticas de inclusión que buscan paliar la gravedad de una economía excluyente.

Pero si en la escuela estarán todos los sectores, incluso los otrora escolarmente excluidos pero que tenía la potencialidad de obtener un trabajo a su egreso, ahora habrá que conceder a las capas medias o sectores de trabajadores no excluidos, el derecho a elegir que su hijo no comparta banco con la pobreza o la marginalidad. Para ellos habrá subsidios, discriminación de matrícula encubierta, mayores recursos por alumno, aunque no necesariamente mejores docentes. La masificación de la educación se acompaña, inexorablemente, de la estratificación de sus escuelas por sectores sociales, en verdaderos y cada vez más cerrados guetos que reproducen las diferencias del grupo social familiar de origen.

La batalla cultural de quienes luchamos por la escuela pública nos es, por ahora, desfavorable: un sector importante de las capas medias y populares hoy no la sostiene como espacio de todos, donde se construye una subjetividad democrática, de respeto al otro. Sin embargo, hay otro sector que sí, apuesta a sostenerla, desafiando los techos que se caen, los patios que se hunden o las paredes electrificadas, pero ha dejado de ser mayoritario.

Por otro lado vivimos una realidad perversa. Mientras los estados extienden los años de escolarización obligatoria a casi el doble que hace 50 años, no aumentan en proporción su inversión en educación. Esto ha conducido en las últimas décadas a que la docencia de la escuela pública se vea obligada a reclamar por el deterioro de sus condiciones laborales y los bajos presupuestos educativos. Sus luchas muchas veces afectan el normal dictado de clases. Pero sus logros luego reditúan en porcentuales iguales de aumentos de subsidios a las escuelas privadas, donde sus trabajadores, sin embargo, no acompañaron el reclamo con medidas de fuerza, en gran medida, por miedo a ser despedidos.

La batalla cultural y política por recuperar lo público

Lo público es lo de todos, el espacio desde donde es posible reconocer al otro no como una realidad virtual, sino real, en su humanidad más cotidiana. En fin, el espacio que corroe el silencio de la injusticia de una sociedad excluyente porque la hace presente. Donde la hipocresía de las políticas de inclusión o de caridad quedan cuestionadas y la necesidad de defender el derecho de todos, ya no es solo desde la norma, sino desde la realidad de la vida.

Por eso el espacio público ofrece el basamento, y solo eso, desde el cual construir conciencia colectiva, crítica, del mundo que vivimos, para formar sujetos que se piensen a sí mismos como parte de un proyecto de lucha por otra sociedad, sin explotación ni opresión entre los seres humanos.

La escuela pública ofrece la potencialidad de ser un punto de partida para prefigurar nuevas relaciones humanas, no competitivas, solidarias, apenas un punto, pero fundamental, básico. Un espacio desde el cual se pueda al menos imaginar otro mundo, organizado en función de las necesidades sociales y no de la ganancia privada. Su pérdida significa un gran retroceso en esa perspectiva. No naturalicemos el avance de lo privado. Seamos celosos defensores de lo público, y aunemos esfuerzos para derrotar a cada una de las formas encubiertas o explícitas de meter la lógica del mercado y del individualismo en el ámbito educativo.

Recuperemos las históricas banderas de la Declaración de Principios de Huerta Grande de CTERA de 1973, que delimitó claramente su defensa de la escuela pública y su oposición a la educación privada. Un primer e inevitable paso en esa dirección es defender el régimen de concurso público con jurados docentes electivos de designación de sus docentes contenidos en el Estatuto del Docente original, para favorecer el desarrollo del conocimiento público y evitar el clientelismo político o la privatización empresarial de la formación de las jóvenes generaciones. Recomponer el presupuesto educativo para que vuelva a ser responsabilidad del gobierno nacional, de modo de garantizar una inversión igualitaria por alumna/o en todo el país, y garantizar su aumento a 25% del Gasto Consolidado Nacional como planteaba la UNESCO en los años 60. Suprimir los subsidios a la educación privada de las empresas privadas, las iglesias y contra todo intento de cooperativizar la educación. Democratizar el gobierno de la educación extendiendo los modelos de gobierno universitario a los diferentes niveles con formas electivas de sus equipos de coordinación a nivel escolar y distritales. Estas medidas, deben ser consideradas como paso inicial hacia un proceso de reorganización del sistema educativo de carácter público único y nacional.

Abramos el debate. Y de él propongámonos marchar hacia el logro de una nueva ley de educación.

- Laura Marrone es Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Es Docente en Institutos de Formación Superior. Fue Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys (Asociación Docente). Integra el Bloque de la Legislatura del FIT por Izquierda Socialista en la Ciudad de Bs. As.

- El presente trabajo se presentó en el 3er Congreso Nacional de Educación convocado por entidades sindicales docentes, que se realizó en la Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta de la Ciudad de Bs As. en noviembre de 2014.

Notas bibliográficas:
1) Ver http://lauraendamarrone.blogspot.com.ar/2014/10/presupuesto-nacional-de-educacion-2015.html
2) Ball Stephen y Youdell Devorah. (2007) La privatización encubierta en la educación pública. Informe Preliminar. Universidad de Londres.
3) Vior, Susana y Rodríguez, Laura. (2012) La privatización de la educación: un largo proceso de expansión y naturalización. Universidad de Campiñas.
4) DINIIECE. Anuario estadístico 2005
5) DINIIECE. Ministerio de Educación Nacional. Anuario estadístico educativo 2013 http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/24/anuarios-estadisticos/.
6) Ibid, Anuario estadístico 2013
7) Ibid, Anuario estadístico 2013
8) Ibid, Anuario estadístico 2013
9) Ibid, Anuario estadístico 2013
10) Instituto de Capacitación e investigación de la provincia de Córdoba. U.E.P.C.
El derecho social a la educación en la provincia de Córdoba (2003-2013).
11) CIPPEC (2007). Monitoreo de la Ley de Financiamiento. La transferencia de recursos del estado a la educación privada. Presentación 6
12) Ibid, Vior, Susana
13) Ademys-CTA. Presupuesto 2015 para educación
14) Ver más en http://es.scribd.com/doc/243317372/La-gestion-social-destruye-lo-publico-docx#scribd
15) PREAL 64 pág. 7
16) PREAL Nº 64 pág. 6

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Argentina: Primer Congreso Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles

El Primer Congreso Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles se llevó a cabo durante los días 31 de octubre al 1 de noviembre de 2014 en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán, el cual reunió a destacados representantes del sector ferroviario, del ámbito educativo y de la comunidad de nuestra región y del país. En el encuentro se abordaron las distintas problemáticas que afectan a los ferrocarriles en la República Argentina. El ambiente de trabajo fue cordial y distendido. Se realizaron debates, en donde la prioridad actual fue el ferrocarril como herramienta estratégica y factor de crecimiento del país.



Asimismo en la apertura del Congreso se destacó que desde la Facultad se está pensado en lanzar una carrera de Especialización Ferroviaria consensuada con la sociedad y sobre todo, con quienes trabajan en esta actividad. Por ello es necesario conocer qué piensan los actores del sector y cuál es la necesidad real de los jóvenes para poner en marcha este desafío.

En el Congreso se trató de manera especial la reactivación del Ferrocarril General Belgrano, lo que al entender de los distintos participantes y expositores permitiría impulsar el transporte ferroviario para fortalecer el potencial productivo-exportador argentino, considerando especialmente las economías regionales y la salida al Pacifico, además de alentar el transporte de pasajeros. En este contexto se convino por unanimidad que el ferrocarril es clave para la integración regional.

La posición de la República Argentina, como parte integrante del Mercosur, obliga a refundar prioritariamente el modo ferroviario en toda la Nación. En tal sentido fue muy significativo evaluar y considerar la conexión del norte como un nuevo corredor bioceánico, a través de Corrientes, Formosa y Salta, para reimpulsar al ferrocarril como factor de desarrollo integral para intercambio entre bloques económicos.

Es importante destacar además, que durante las dos jornadas en las que se llevó a cabo el Congreso se evidenció un grado de participación importante de los asistentes en donde se escucharon diversas opiniones tendientes a realizar un diagnóstico de la situación del Ferrocarril General Belgrano como también del Sistema Ferroviario Nacional. En el mismo sentido se definió un modo de capacitación en la provincia (oficios, carreras de pregrado, de grado y posgrado), que la UTN-FRT puede brindar.

A partir de las exposiciones, y debates se elaboraron las siguientes conclusiones y recomendaciones, que se ponen a consideración seguidamente:

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Que el Pueblo decida si quiere ser Argentina o Argen-china

Mario Cafiero

En esta Audiencia estamos debatiendo un tema político estratégico para el país y para nuestro Pueblo, como lo son los acuerdos con la República Popular China. Decía Napoleón que no se puede hacer política sin un mapa y de allí la importancia de la geopolítica. O sea no se puede entender lo que sucede adentro del país, sino miramos lo que está sucediendo afuera. Muchos de los conflictos que sufrimos internamente están -directa o indirectamente- vinculados con disputas geopolíticas o conflictos globales. Si fuéramos un país serio, la dirigencia política, empresarial y sindical; debería debatir y acordar como cabalgar estos conflictos, en defensa del interés nacional. Sin embargo, buena parte de la dirigencia se enfrasca en disputas internas pueblerinas o peor aún, se monta en esos intereses externos para dirimir las pujas internas.

Esa cultura política pueblerina, nos impide reaccionar adecuadamente ante los escenarios externos y nos lleva sistemáticamente al fracaso. Debemos entender que el juego de la política real no es como un truco, donde valen las mentiritas y las muecas para llevarse algún poroto. La política real es un TEG, de amenazas y oportunidades, donde la Argentina es parte del tablero y está sometida a conflictos globales. Tenemos que agradecer al Senador Fernando Pino Solanas que con esta Audiencia nos haya podido elevar el nivel del debate para poner de manifiesto estas cuestiones vitales.

Así como no se puede hacer política sin un mapa, tampoco se puede hacer política sin conocer la historia. Disiento con lo dicho aquí respecto que estos acuerdo con China son una reedición del pacto Roca-Runciman de la década del 30. Ese pacto procuró prolongar una relación colonial con Inglaterra, cuando ella empezaba su declinación. Ahora, estos acuerdos son una China el pleno ascenso como superpotencia. Por ello, esto más parecido a cuando en 1815 el Director Supremo Carlos Maria Alvear, temeroso de caer nuevamente en el colonialismo español, envía a Manuel Garcia a negociar con lord Strangford para que las Provincia Unidas se conviertan en colonia del imperio británico. Hoy, 200 años después, producto de las desacertadas políticas K de los últimos años – fundamentalmente en el manejo de la deuda y la energía- la Argentina vuelve a sufrir una estrechez de divisas externas y el gobierno sale a buscar con desesperación el ingreso de divisas. Para salir de la sartén del dólar que nos quema, caemos en una olla china, donde podemos terminar de cocinar las posibilidades de un desarrollo autónomo.

Tampoco se puede hacer política sin información. O sea, no se puede hacer política sin Google. Cuando me puse a investigar el tema de la estación satelital en Neuquén (cedida a los chinos por convenio entre la CONAE y la agencia china CLTC) encontré que la CTLC es una agencia china que depende del PLA. ¿Qué es el PLA?: es en inglés el Popular Liberation Army o sea que la CLTC es una agencia del Ejército Popular de Liberacion chino. O sea que sin ningún tipo de información ni debate, la Argentina ya es miembro de la China Deep Space Network, programa chino de conquista de la Luna y Marte. Aunque parezca ciencia ficción, el gobierno nacional nos está colocando irresponsablemente en un conflicto en la que las superpotencias van a disputar su supremacía en el estratégico espacio interestelar. En los 90` Menem envió naves al Golfo y nos involucró en el conflicto de Medio Oriente, que aún sigue derramando sangre. Cristina Kirchner, con este acuerdo, nos involucra en un conflicto que seguramente heredarán varias generaciones de nuestros descendientes.

Por último, no se puede hacer política sin el Pueblo o a espaldas de él o violentando las formas democráticas. Este Convenio Marco fue aprobado a tambor batiente con una mayoría en el Congreso circunstancial, que no es el reflejo de las últimas urnas, ni de la opinión pública actual. O sea es un fraude a las instituciones democráticas.

Creemos que se hace necesario conformar un Foro, que reúna a todas las fuerzas que defienden el interés, la industria y el trabajo nacional, para informar al ciudadano argentino de las nefastas consecuencias de estos acuerdos. Y proponer una consulta popular vinculante sobre estos acuerdos, a ser convocada el año que viene, para que el pueblo decida si quiere ser Argentina o Argen-china.

Ponencia Ing. Mario Cafiero en Audiencia Pública sobre Acuerdos con China en el Senado de la Nación. 24/02/2015.

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Un acuerdo chino

Cesar Lerena (INFOSUR)

¿Cómo afectará el acuerdo con China a la actividad pesquera de nuestro país?

Los sucesivos gobiernos nos tienen acostumbrados a negociar en una debilidad extrema con las Grandes Potencias. El ex Canciller Caputo promovió los llamados “Acuerdo Marco” que permitían el ingreso de 18 buques pesqueros al Atlántico Sur y pescaron 200 buques mellizos rusos porque la Argentina carecía de todo control. Cavallo con el apoyo de Felipe Solá ratificó esos acuerdos y promovió los Acuerdos con la Unión Europea que habría de significar la mayor depredación de la historia pesquera. Con ello, se inauguró en la Argentina, el desempleo y el subsidio al ex ocupado pesquero, al que se le agregarían los millones de desempleados subsidiados.

El 16 de noviembre de 2004, Néstor Kirchner y Hu Jintao firmaron convenios, en una supuesta sociedad estratégica, que permitiría a nuestro país recibir inversiones por unos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años; miles de millones que no llegaron a la Argentina, sino que, por el contrario, embarcaciones extranjeras, en su gran mayoría asiáticas, pero también españolas, con o sin licencias ilegales del invasor británico en Malvinas extraen todos los años 1 millón de toneladas de pescados y calamares del Atlántico Sur, lo que equivale en el comercio final internacional una suma del orden de los 14 mil millones de dólares anuales.

Mientras esto ocurre la Argentina desembarca 800 mil toneladas/año y exporta por valor de U$S 1.500 millones/año. La Argentina no tiene una política de comercialización nacional e internacional del pescado y por ello cientos de miles argentinos no acceden al empleo.

El 18 de enero de 2010, a poco más de cinco años de aquella promesa incumplida, el entonces Ministro de Agricultura argentino Julián Dominguez firmó la Resolución 5/10 que autorizó a suscribir un “Acuerdo de Cooperación sobre Pesca” con el Ministerio de Agricultura de China.

En base a ello y a posteriores resoluciones de la Subsecretaría de Pesca -además de los cientos de barcos que pescan ilegalmente- 20 buques pesqueros chinos fueron autorizados a pescar en el mar argentino asociados a empresas pesqueras chinas radicadas en la Argentina; a condición de que procesen en tierra el 10% de las capturas. Porqué 10% de las capturas y no el 100% de las capturas? Porque los chinos a las capturas en el mar argentino las consideran chinas y no pagan ningún arancel de ingreso a China, contrario a lo que ocurre con los productos argentinos que deben pagar aranceles de importación a China. Un verdadero negocio chino.

No hay “intereses comunes con China en el desarrollo de la pesca, de beneficio recíproco”. El Estado argentino, es el propietario del recurso, tiene un desarrollo tecnológico excelente en la investigación, captura, conservación e industrialización pesquera; mientras que China, sólo importa el 6% de materia prima pesquera Argentina, con un bajísimo valor agregado (U$S 1.300/tonelada), mientras que los principales importadores de pescado argentino compran a valores equivalentes a los U$S 2.700 la tonelada (Brasil), U$S 3.300 (España) o U$S 4.300 (Italia), etc. Un dato elocuente que demuestra que los chinos vienen por nuestras materias primas, no agregan valor ni generan empleo.

Estos Acuerdos se firman en base a supuestos “…principios de igualdad y beneficios mutuos…”, y en verdad se trata de la entrega de nuestros recursos naturales, hasta que se hayan agotado y con ello se genere el cierre de las empresas nacionales, el desempleo, la despoblación de todos los puertos del litoral marítimo y la desocupación de las áreas estratégicas de la nación, como el territorio Patagónico, el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, el canal del Beagle y la Antártida Argentina.

China con 51,5 millones de toneladas anuales es el primer productor y exportador mundial de productos pesqueros; es decir, produce 50 veces más que Argentina. Por lo tanto será un mercado menos de Argentina. Las capturas chinas en el mar argentino no sólo habrán impactar directamente en lo económico-comercial, sino que éstas capturas habrán de actuar sobre el equilibro biológico de las especies en el mar argentino y con ello, este impacto negativo alcanzará sobre estas y otras especies que capturan las empresas nacionales.

Señores, hay unos 95.000 buques pesqueros en el mundo, de los cuales 40 mil son Chinos, la mayoría ubicados en el área austral; deberíamos estar muy preocuparnos por este desequilibrio, donde la Argentina tiene sólo unos 500 buques pesqueros, que siendo un número sobredimensionado para el recurso máximo sostenible, no alcanza para ocupar todo el mar argentino, cuyo control está limitado a tres buques de la Prefectura Naval.

La política de este gobierno, instrumentada por el entonces Secretario Moreno, de exigirles a los importadores que exporten lleva también a concentrar el negocio en unos pocos, al igual que lo que ocurre en materia de granos y con ello a la pérdida de rentabilidad del industrial argentino. El gigante asiático está en condiciones de quedarse con toda la actividad pesquera argentina.

Si la Argentina tuviese vocación o capacidad de controlar el mar, que no la tiene. Si la Argentina tuviese una situación política, económica y soberana de fortaleza, que no la tiene, otro podría ser el escenario, y seguramente no firmaría este Acuerdo claudicante. Como con los Acuerdos de entonces con la URSS se acordará el ingreso de algunos buques pesqueros chinos y pescarán cientos de buques mellizos sin control alguno o con un supuesto control que encubra la corrupción. Derogar los acuerdos con la URSS, que se prolongaron por años, fue una difícil batalla política, de intereses económicos y una clara demostración de la debilidad negociadora de Argentina. Derogar los Acuerdos con China, en una Argentina sojadependiente, será un misión imposible, con un país colonizado, sin empleo argentino y devaluados y depredados sus recursos naturales. Será mar arrasado.

En un país soberano y serio no hay excedentes pesqueros para entregar a terceros: toda la proteína la obtiene racionalmente el Estado Nacional para alimentar bien a su pueblo; y más aún si en su población hay altos índices de pobreza”. El acceso al recurso pesquero es un derecho de tercera generación.

Este no es un Acuerdo Chino. Este es un verdadero cuento chino, donde el pez grande se come al chico.

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Alcira Argumedo sobre China: “No seamos ingenuos, la tecnología satelital es dual: civil y militar”

La Diputada por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, rechazó el acuerdo de cooperación con China impulsado por el oficialismo. “Debemos tomar conciencia que estamos generamos condiciones para una entrega catastrófica que se prolongará por medio siglo”, alertó la socióloga.

En la sesión donde también se debate la reforma del Sistema de Inteligencia, Argumedo manifestó su voto negativo a la instalación de la base espacial china en la provincia de Neuquén.

Para Argumedo, la iniciativa de la base es junto a otras, como la reciente ley de Hidrocarburos, la “entrega aberrante” de soberanía y recursos, acentuando el perfil neocolonial de nuestro país.

La Diputada pidió “no ser ingenuos” y explicó que “la tecnología satelital, desde hace más de 30 años, es dual: civil y militar” . Y agregó que al acuerdo se suma “la agencia CNTC, que está integrada por los programas militares de China y donde el director de la base es el jefe de armamento del Ejército Chino”.

Al finalizar, la referente de Proyecto Sur en la Cámara Baja manifestó su preocupación por la dirigencia política que acepta que nuestro país “sea una zona de sacrificio” donde las grandes potencias disputen los recursos estratégicos bajo las modalidades de la minería a cielo abierto, el fracking, la destrucción de bosques nativos y la pesca depredadora.

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La Salada: matar y morir en la feria más grande del país

COSECHA ROJA

En la madrugada del martes dos puesteros de La Salada se enfrentaron a los tiros cerca de Puente La Noria: Luis “Pinky” Rodríguez murió por un disparo en la ingle y Néstor Flores quedó detenido. Trece días antes asesinaron a “Luchín” sobre la Ribera: como tenía chaleco antibalas le dispararon en la cara. Los feriantes dicen que en noviembre asesinaron a otro hombre sobre Camino Negro. En 2012 la Justicia ordenó liberar la vera del Riachuelo pero los puestos volvieron a armarse y medio año atrás recrudeció la pelea por el territorio. Los tiros y las muertes apenas alteraron el ritmo de la feria textil más grande del país.

En el último crimen las camionetas fueron protagonistas. Una versión indica que Pinky y Flores llegaron en dos Toyota Hilux, se bajaron en la estación de servicio de Cosquín y Azamor (Ingeniero Budge) y discutieron. La otra, que entre cuatro autos emboscaron a la camioneta de Pinky. Hubo tiros de los dos lados: en eso coinciden todos los relatos. A Pinky lo llevaron al Hospital Alende cerca de la una y media de la mañana. Después lo trasladaron al Gandulfo, donde murió horas después por una herida en la arteria femoral. Un grupo de 20 personas esperó en la puerta las noticias. Flores está detenido y debía declarar ayer. Fuentes judiciales confirmaron a Cosecha Roja que esperan que el juez decida si pide la prisión preventiva.

La semana pasada Luchín terminó tapado por la manta de los peritos policiales en pleno día de feria, sobre la Ribera -cerca del ingreso de Punta Mogotes-. Los oficiales de la comisaría 10 le secuestraron un arma calibre .45 y un cuchillo Tramontina. En la feria se comenta que tenía un chaleco antibala y que, por eso, le dispararon en la cabeza. En los dos crímenes actuó la comisaría 10 de Ingeniero Budge, que tiene antecedentes en el trato con los trabajadores que dependen de la feria: en octubre la justicia condenó a tres suboficiales y dos principales a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por haber plantado dos kilos de cocaína a una pareja de costureros peruanos que se negaron a pagar una coima.

“El conflicto recrudeció hace un tiempo: son organizadores de la vieja Ribera que pelean por espacio y poder”, explicó a Cosecha Roja Quique Antequera, fundador de la feria Urkupiña. El encargado de Punta Mogotes, Jorge Castillo, dijo a Cosecha Roja que los tres hombres asesinados “son de la misma banda: el de noviembre era un kapanga y el de ayer era el hermano, que había quedado a cargo”. Se refiere al reparto de los espacios para puestos sobre la calle Ribera Sur. Esas cuadras (a la vera del Riachuelo) son siempre motivo disputas y los conflictos se resuelven de formas ásperas: es la única feria que no está organizada.

La Salada está formada por las tres ferias clásicas (Ocean, Punta Mogotes y Urkupiña, que surgieron en la década del ´90) y otra más pequeña y más nueva (Tunari). El ritmo de compra y venta y el movimiento de personas no para nunca, ni siquiera cuando hay un crimen. A lo sumo los más curiosos se acercan a mirar el cadáver, como pasó la madrugada del martes con Pinky.

En marzo de 2014 la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) entró a la feria con 300 policías y 300 inspectores. Desde entonces, las cuatro ferias empezaron el proceso de regularización. Pero el espacio de puestos que linda con el Riachuelo -conocido como “la Ribera”- es cien por ciento informal.

En enero de 2012 -después de dos años de negociaciones- el municipio de Lomas de Zamora logró reubicar los puestos que estaban instalados a la vera del río. La gestión la ordenó el juez federal de Quilmes Luis Armella en 2009. Dispuso que se libere el área para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en 2006, había instado a los gobiernos (nacional, porteño y bonaerense) a crear la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). Como la feria paralela estaba montada sobre lo que -según el Código Civil- se conoce como “camino de sirga”, había que liberarlo.

Durante ese año se limpió y se construyó una doble vía para los autos. Además de cumplir con el Código, eso permitía que, de haber un accidente en La Salada, pudieran entrar y salir ambulancias, policías o bomberos. Pero algunos se habían quedado sin negocio. “Había quienes regenteaban todo eso y arreglaban con la policía”, dijo a Cosecha Roja un funcionario que conoce La Salada.

A los ocho meses se empezaron a armar de nuevo los puestos. Primero fue lento. Pero en los últimos seis meses el proceso se aceleró. “En un momento estuvo prolijo pero hoy es tierra de nadie: yo creo que todos tienen derecho a trabajar pero cuando el espacio no alcanza empiezan las peleas por los puestos”, dijo Antequera. “Vuelven a ocupar los lugares de caño. Es la ley de la selva: no responden a nadie y se producen estas disputas entre pequeñas bandas por los lugares”, aseguró el funcionario. Castillo describió que “desde la 21 hasta Newton es todo feria y hay una mano de tránsito que directamente se corta”. Los feriantes resisten y se pelean hasta que llegue otra oleada de ocupantes.

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Ante el anuncio de la reducción de tropas argentinas en Haití

Comité Argentino de Solidaridad por el Retiro de las Tropas de Haití

Ante el anuncio del gobierno argentino que a partir del primero de abril, reducirá su participación en la Misión de Naciones Unidas por la Estabilización de Haití (MINUSTAH), dejando a 70 efectivos, mayormente personal sanitario para la atención hospitalaria, el COMITÉ ARGENTINO DE SOLIDARIDAD POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITÍ quiere expresar su satisfacción y cautela.

Satisfacción, porque parece ser un paso en la dirección reclamada desde hace muchos años, por el pueblo de Haití, que ve la MINUSTAH como fuerza de ocupación y se moviliza exigiendo que se vaya; por el Senado de Haití que ha votado dos veces por el retiro de todas las tropas; y por muchas organizaciones, movimientos y personas de nuestro país y continente que nos hemos solidarizado con su demanda, compartiendo el anhelo de que los países de América latina, sobre todo, dejen de cumplir el triste papel de ocupantes por encargo y deciden ejecutar una verdadera política independiente de cooperación solidaria con el pueblo haitiano.

Satisfacción, porque según informó Cancillería a integrantes del Comité, la decisión de retirar las tropas responde no sólo al mandato del Consejo de Seguridad sino también al reconocimiento de la razón de las denuncias y reclamos que el Comité viene haciendo insistentemente. Desde Cancillería, se reconoce además la creciente tensión social y política que se vive en Haití - debida en gran parte a la intromisión permanente de poderes extranjeros como Estados Unidos - y el peligro de que las tropas argentinas se vieran involucradas en tareas de represión directa a la población.

Cautela, porque aún así, la Argentina sigue formando parte de una fuerza de ocupación, la MINUSTAH, que continua operando en contra de los derechos y necesidades del pueblo haitiano. No son fuerzas de paz, como reivindica el Ministerio de Defensa, ni debería estar Argentina orgullosa de seguir participando durante más de 10 años en la ocupación de otro pueblo. Sobre todo un pueblo precursor en la defensa de los derechos humanos, en la abolición de la esclavitud, en la lucha de toda América por liberarnos del yugo colonial.

Desde el COMITÉ ARGENTINO DE SOLIDARIDAD POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITÍ, llamamos a seguir atentos al desarrollo de la situación, a asegurar que se haga efectivo el retiro anunciado y a continuar insistiendo en la urgencia del respeto a la soberanía y los derechos del pueblo haitiano, por el retiro de todas las tropas de ocupación y el fin de la MINUSTAH, por el fin de la impunidad y que Naciones Unidas se haga responsable de las violaciones, las muertes, la introducción de la epidemia de cólera y otras consecuencias de su presencia en Haití.

Reiteramos asimismo la demanda de que Argentina contribuya, junto a los demás países de América Latina y el Caribe, con el desarrollo de iniciativas de cooperación solidaria frente a las necesidades del pueblo haitiano. Convocamos nuevamente a la población argentina, a todas las organizaciones y movimientos populares, a sumarse en estos reclamos junto al pueblo de Haití.

-Buenos Aires, 25/02/15

haiti.no.minustah@gmail.com
haitinominustah.info

http://haitinominustah.info/2015/02/25/ante-el-anuncio-de-la-reduccion-de-tropas-argentinas-en-haiti/
Ver al respecto del anuncio:
"El gobieno anunció una drástica reducción de las tropas de paz en Haití", Mariano de Vedia, La Nación, 25/02/15
"Rossi: vivimos situaciones que laceran el alma", Felipe Yapur, Tiempo Argentino, 25/02/15
Ministerio de Defensa, Comunicado , 24/02/15
Campaña por el retiro de las
tropas de ocupación de Haití

1915 - 2015
100 Años de Ocupación ¡Basta!
¡Viva la Soberanía del Pueblo haitiano!
¡Fuera la MINUSTAH de Haití!

haiti.no.minustah@gmail.com
Información actualizada : haitinominustah.info
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