viernes, 27 de febrero de 2015

Acercamiento Cuba-Estados Unidos: Perspectivas y obstáculos (II - Final)

Salim Lamrani (AL MAYADEEN, especial para ARGENPRESS.info)

En el proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos quedan muchos obstáculos que superar.

Además de las sanciones económicas quedan otros obstáculos que superar en el camino del restablecimiento de relaciones diplomáticas normales y apaciguadas. Primero, Estados Unidos debe quitar Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. En efecto, la administración Reagan ubicó a Cuba en esta categoría por su apoyo a los movimientos revolucionarios e independentistas en América Latina y en el mundo. Hoy Washington justifica el mantenimiento de Cuba en dicha lista por la presencia de unos miembros de la organización separatista vasca ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC en Cuba que se encuentran en la isla… a petición expresa de los gobiernos español y colombiano.

Washington lo reconoce claramente en su informe: “El Gobierno de Cuba apoyó y auspició negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Colombia con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes”. Estados Unidos reconoce que “no hay información de que el Gobierno cubano haya suministrado armamento o dado entrenamiento paramilitar a grupos terroristas” y admite que “los miembros de ETA residentes en Cuba fueron reubicados con la cooperación del Gobierno español”. Washington justifica también la inclusión de Cuba en la lista de los países terroristas a causa de la presencia en la isla de refugiados políticos buscados por la justicia estadounidense desde los años 1970 y 1980. Ahora bien, ninguna de esas personas ha sido acusada jamás de terrorismo. (1)

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) rechazaron unánimemente la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, asestando un serio revés a Washington. En una declaración publicada el 7 de mayo de 2014 la CELAC expresó “su total oposición a la elaboración de listas unilaterales que acusan a algunos estados de supuestamente apoyar y copatrocinar el terrorismo e insta al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a esta práctica” que suscita “la reprobación” de “la comunidad internacional y de la opinión pública de Estados Unidos”. (2)

En efecto, el establecimiento de tal lista se basa únicamente en consideraciones políticas. Conviene recordar que Washington mantuvo a Nelson Mandela, héroe de la lucha contra el apartheid, presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999 y Premio Nobel de la Paz, en la lista de las personas involucradas en el terrorismo internacional hasta 2008. En cambio las monarquías petroleras del Medio Oriente aliadas de Estados Unidos e implicadas en el financiamiento del terrorismo internacional, particularmente del DAESH, no forman parte de la lista del Departamento de Estado.

Cuba exige también la abrogación de la Ley de Ajuste Cubano que adoptó el Congreso en 1966. Esta legislación, única en el mundo, estipula que todo cubano que emigre a Estados Unidos desde el 1 de enero de 1959, legal o ilegalmente, pacíficamente o por la violencia, consigue automáticamente al cabo de un año y un día el estatus de residente permanente. Por eso no hay ningún cubano en situación ilegal en el territorio estadounidense. Esta ley constituye una formidable herramienta de incitación a la emigración ilegal y permite a Estados Unidos arrebatar a Cuba su capital humano. Al mismo tiempo Washington limita el número de visas concedidos cada año a 20.000, lo que alimenta así la peligrosa y lucrativa industria criminal de la emigración ilegal.

En lo relativo a la problemática migratoria, La Habana pide también la abrogación de la ley gubernamental “Pies secos/pies mojados” que se adoptó a principios de los años 1990. Esa ley estipula que todo cubano candidato a la emigración interceptado en plena mar por las autoridades estadounidenses es automáticamente devuelto a Cuba. En cambio si llega a pisar tierra se beneficia de la Ley de Ajuste Cubano.

Guantánamo, que Estados Unidos ocupa ilegalmente desde 1902, constituye también un punto de fricción. En efecto, tras la intervención estadounidense de 1898 en la Guerra de Independencia de Cuba, Washington impuso la integración de la enmienda Platt en la nueva Constitución so pena de mantener indefinidamente la ocupación militar de la isla. Este apéndice legislativo, que hacía de Cuba un protectorado sin verdadera soberanía, estipulaba, entre otros asuntos, que Cuba tenía que arrendar a Estados Unidos un parte de su territorio por una duración de 99 años renovables indefinidamente… a partir del momento en que uno de los dos campos estuviera favorable a ello. Tras la abrogación de la enmienda Platt en 1934 se mantuvo la base naval de Guantánamo por la irrisoria suma de 4.000 dólares anuales. Desde el 1 de enero de 1959 el Gobierno cubano se niega a percibir la retribución anual y exige la devolución del territorio. Hasta hoy Washington rechaza toda idea de retirarse de Guantánamo.

El financiamiento de la oposición interna constituye también un tema de discordia entre Washington y La Habana. Ilegal según el Derecho Internacional, la legislación cubana y cualquier código penal del mundo, el apoyo a la disidencia cubana con el objetivo de derrocar el orden establecido ha sido uno de los principales pilares de la política exterior estadounidense respecto a la Isla desde 1959. Aunque esta política fue clandestina de 1959 a 1991 se volvió pública y reivindicada desde la adopción de la Ley Torricelli de 1992. En efecto, el artículo 1705 de dicha legislación estipula que se dedica un presupuesto al financiamiento de una oposición interna en Cuba. Se ratificó esta disposición en la Ley Helms-Burton de 1996 (artículo 109) y en los dos informes de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de 2004 y 2006. Hoy Washington dedica como promedio 20 millones de dólares anuales a conseguir un “cambio de régimen” en Cuba, en flagrante violación del Derecho Internacional. Además los diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana brindan regularmente apoyo material, logístico y financiero a los grupos de disidentes, mofándose de la Convención de Viena.

La Habana reclama también el fin de las transmisiones radiales y televisivas de Radio y TV Martí, respectivamente creadas en 1983 y 1990 por el gobierno federal, con el objetivo de incitar a la población a sublevarse contra el poder. Sus programas se destinan exclusivamente a Cuba y se difunden violando la legislación internacional sobre las telecomunicaciones, interfiriendo con las ondas cubanas.

Las autoridades de la isla exigen por fin que desaparezcan los grupúsculos violentos implicados en el terrorismo contra Cuba. Conviene recordar que el pueblo cubano fue víctima entre 1959 y 1997 de cerca de 7.000 atentados terroristas, organizados desde Estados Unidos, que costaron la vida a 3.478 personas e infligieron secuelas permanentes a otras 2.099, sin hablar de los innumerables daños materiales.

Luis Posada Carriles es un caso emblemático. Expolicía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, antiguo agente de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos, Posada Carriles es el autor intelectual de más de un centenar de asesinatos. Es particularmente responsable del primer acto de terrorismo aéreo del continente americano con el atentado contra el avión civil de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 que costó la vida a 73 personas, entre ellas todo el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar los Juegos Panamericanos. Posada Carriles es también responsable de la ola terrorista que golpeó la industria turística cubana en 1997, que causó decenas de víctimas y costó la vida a Fabio di Celmo, un turista italiano. (3)

No hay la menor duda en cuanto a la culpabilidad de Luis Posada Carriles. No hace falta prestar atención a las acusaciones procedentes de La Habana. En efecto, los informes del FBI y de la CIA son explícitos al respecto: “Posada y Bosch orquestaron el atentado con bomba contra el avión”. (4) Del mismo modo, en su autobiografía Los caminos del guerrero reivindica abiertamente su trayectoria terrorista. Por otra parte, el 12 de julio de 1998 Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en la cual se jactaba de ser la persona que había cometido el mayor número de actos terroristas contra Cuba, reivindicando la paternidad intelectual de los atentados de 1997. Según él, el turista italiano “se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. (5) Hoy Luis Posada Carriles vive tranquilamente en Miami y Estados Unidos se niega a juzgarlo por sus crímenes.

Mientras no se resuelvan estas cuestiones, a saber, levantamiento de las sanciones económicas, retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, abrogación de la Ley de Ajuste Cubano, devolución de la base naval de Guantánamo, fin del financiamiento de la oposición cubana y enjuiciamiento de Luis Posada Carriles, será difícil esperar una plena normalización de las relaciones bilaterales. Excepto el levantamiento de las sanciones económicas Washington no parece dispuesto, por ahora, a realizar cambios sustanciales en estos campos.

Por su parte Cuba ha expresado su disposición a discutir sobre las eventuales compensaciones para las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los años 1960, de acuerdo con lo que manda el Derecho Internacional. Pero las autoridades de La Habana también han declarado que, en paralelo a esas negociaciones, deberá abrirse un diálogo sobre el costo causado por las sanciones económicas y la política de agresión contra la isla desde 1959, con las inevitables indemnizaciones.

En el diferendo histórico que opone Cuba a Estados Unidos conviene recordar una verdad poco considerada por les medios informativos. En este conflicto asimétrico hay un agresor –Washington– y una víctima –el pueblo de Cuba-. En efecto, al contrario que Estados Unidos, Cuba no ocupa ilegalmente y por la fuerza una parte del territorio estadounidense, no impone sanciones económicas a su vecino, jamás ha invadido Estados Unidos (Bahía de Cochinos) y nunca ha amenazado al pueblo estadounidense con una desintegración nuclear (crisis de los misiles). Por otra parte, La Habana no pide un cambio de régimen en Estados Unidos, no emite transmisiones ilegales y no financia a una oposición interna con el fin de derrocar el orden establecido.

Existe una condición previa indispensable para la normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones: Estados Unidos debe renunciar a su objetivo estratégico de “cambio de régimen” y aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente. Todo intento de intromisión en los asuntos internos de la isla está condenado al fracaso pues La Habana no está dispuesta a negociar su sistema político o su modelo de sociedad, competencia exclusiva del pueblo cubano. Las únicas relaciones viables entre Cuba y Estados Unidos serán las que se cimienten en torno a tres principios fundamentales: la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia.

Notas:
1) U.S. Department of State, «State Sponsors of Terrorism», abril de 2014. http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm (sitio consultado el 9 de mayo de 2014).
2) Communauté des Etats latino-américains et caribéens, «Déclaration de la CELAC à propos de l’inclusion de Cuba dans la liste des Etats promoteurs du terrorisme», 7 de mayo de 2014. http://www.granma.cu/idiomas/frances/notre-amerique/8mayo-celac.html (sitio consultado el 9 de mayo de 2014).
3) Salim Lamrani, Cuba, ce que les médias ne vous diront jamais, Paris, Estrella, 2009, p. 135-154.
4) Federal Bureau of Investigation, « Suspected Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados, West Indies, October 6, 1976 », 7 octobre 1976, Luis Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University. http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19761008.pdf (sitio consultado el 3 de junio de 2013).
5) Ann Louise Bardach & Larry Rohter, « Key Cuba Foe Claims Exiles’ Backing », New York Times, 12 de julio de 1998.

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, the Media, and the Challenge of Impartiality, New York, Monthly Review Press, 2014, con un prólogo de Eduardo Galeano.
http://espanol.almayadeen.net/Study/10q93Hv7zkeOCqRLANXBCg/acercamiento-cuba-estados-unidos--perspectivas-y-obst%C3%A1culos

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Éric Toussaint: «La deuda es un elemento de chantaje para imponer políticas neoliberales»

CADTM

Entrevista realizada por Rosa Moussaoui para el diario L’Humanité. Éric Toussaint es profesor en la Universidad de Lieja, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) Bélgica. Es autor de, entre otras obras, Bancocracia, (Icaria editorial, Barcelona, 2014). Para Toussaint, el gran peso de la deuda griega está ligado al plan de rescate de la banca, consecuencia de la crisis financiera de 2008. El domingo 15/2/2015 por la tarde nos encontramos con Toussaint en Atenas. Participaba en la manifestación organizada en la plaza Sintagma en la víspera de la reunión del Eurogrupo.

Rosa Moussaoui: ¿Continúa vigente la propuesta de anular una parte de la deuda griega, tal como fue presentada por Syriza durante la campaña electoral?

Éric Toussaint: El gobierno dirigido por Alexis Tsipras considera prioritario obtener de las autoridades europeas la posibilidad de aplicar su programa de anti-austeridad. Debido a eso, se ha optado por evitar el enfrentamiento directo sobre la cuestión de la deuda. La propuesta de una conferencia internacional para reducir radicalmente la deuda ha dejado lugar a la de Yanis Varoufakis, que piensa que es posible mantener el stock de la deuda, a partir del momento en que el Banco Central Europeo (BCE) transforme los títulos griegos en títulos perpetuos, de los que no se reembolsa el capital y cuyo tipo de interés estará indexado al crecimiento. Dicho esto, si esta propuesta se aplica conllevaría, en concreto, una reducción radical de la deuda. Es una opción táctica. Está claro que el gobierno Syriza avanza esa solución de compromiso pensando que Grecia no conseguiría una verdadera concesión sobre el stock de la deuda, y que vale más no llevar el debate a ese terreno ya que lo urgente es parar las políticas de austeridad.

Rosa Moussaoui: ¿Cuál es el origen de esa deuda insostenible? ¿Se puede incriminar a los planes de rescate posteriores a la crisis financiera de 2008?

Éric Toussaint: Por supuesto. En total, el 80 % de la deuda griega está en manos de la Troika. El 20 % restante, que responde a las obligaciones emitidas por el Estado griego a tres y seis meses, fueron compradas por los bancos griegos que, por otro lado, dependen de la liquidez puesta a su disposición por el BCE mediante el mecanismo ELA. Es evidente que esta deuda remonta a 2010 y a 2012. Está ligada al rescate de los bancos privados franceses, alemanes, italianos, luxemburgueses, belgas, principales acreedores de Grecia hasta 2010. Los bancos franceses tenían, solamente ellos, el 25 % de la deuda griega. Los bancos alemanes casi el 20 %, los italianos el 10 %, los belgas el 8 %. Algunos bancos privados (en el caso de Francia, el BNP-Paribas, la Société Générale y el Crédit Agricole) compartían lo esencial de la deuda griega. El plan de rescate de 2010 tuvo por función desbloquear los préstamos bilaterales por un monto de 52.000 millones de euros, correspondiendo a Francia 11.390 millones, antes que el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) no cogiera el relevo, así como un préstamo del FMI. Ese dinero sirvió para reembolsar los bancos franceses, alemanes, etc. acreedores de Grecia. Así fue como esos bancos se liberaron de la deuda griega y fueron reemplazados por la Troika. En 2012, la reestructuración de la deuda por supuesto no les afectó. Por el contrario, los bancos chipriotas, que habían comprado en el mercado secundario títulos griegos a precio de saldo, creyendo hacer un buen negocio, se encontraron al borde de la quiebra. En 2010, el «plan ayuda» sobre todo permitió, e insistieron en ello Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, garantizar el rescate de los bancos de los países centrales y sobre todo los bancos franceses y alemanes. Esos préstamos estaban por supuesto condicionados a un plan de ajuste estructural que implicaba graves retrocesos en los salarios y jubilaciones, sobre el derecho de negociación colectiva, sobre las privatizaciones.

Rosa Moussaoui: Ese plan de ajuste estructural, que supuestamente debía sanear las finanzas públicas, finalmente condujo a la explosión de la deuda griega, que pasó del 113 % del PIB en 2009 al 185 % actual, según las últimas cifras publicadas por el gobierno griego. ¿Cuál es su explicación sobre eso?

Éric Toussaint: En 2012, mediante un hábil juego de prestidigitación, se presentó a la opinión pública griega y europea un plan de reestructuración que debía, decían en ese momento, aliviar la deuda en un 50 %. Pero este alivio estaba ligado a nuevos préstamos condicionados a los programas de la Troika, préstamos que aumentaron aún más el peso de la deuda. Era una falsa anulación de deuda, una superchería que costó caro a algunas estructuras públicas, a los bancos griegos y a las cajas de jubilación de la función pública que habían comprado títulos. Fueron golpeadas con fuerza por la reducción impuesta por esa reestructuración. Creo que esta deuda es, por lo tanto, ilegítima, ya que fue contraída, en gran parte, para satisfacer los intereses privados de los bancos extranjeros o de ciertos sectores griegos. El plan de ajuste estructural impuesto a Grecia es odioso, porque conduce a la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos griegos. Podríamos demostrar que también es ilegal, en la medida en que el programa de 2010 no respetó la Constitución griega. El parlamento no pudo deliberar, había sido desposeído por el procedimiento del voto bloqueado. Las reglas europeas habían sido también burladas ya que el artículo 125 del Tratado de Lisboa prohíbe a los Estados miembros responder a los compromisos de otro Estado miembro. Si se ha violado el Tratado, entonces los préstamos en cuestión son ilegales. En cuanto al FMI, también pisoteó sus propios estatutos que prevén que esa institución financiera solamente puede conceder préstamos a un país si ese préstamo hace sostenible el pago de su deuda. Ya está demostrado que ese no fue el caso. Así que existen contundentes argumentos para protestar la deuda griega. El discurso que culpabiliza a Grecia es mentiroso. Puesto que lo que está en juego no es en realidad el pago de la deuda, si no la continuación de las políticas de ajuste estructural, las privatizaciones, la precarización de los contratos de trabajo. La deuda es un medio de chantaje para que se apliquen las brutales reformas neoliberales.

Fuente: Entrevista publicada en L’Humanité: http://www.humanite.fr
Traducción: Griselda Piñero

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27 de febrero de 1953: Los Aliados perdonaron a Alemania gran parte de su deuda. Y a Grecia, ¿para cuándo?

CADTM

Éric Toussaint entrevistado por Hervé Nathan, del semanario francés Marianne.

Marianne: El partido Syriza, al llegar al poder ha actualizado el tema de la anulación de las deudas de Alemania durante el Acuerdo de Londres, hace sesenta y dos años (el 27 de febrero de 1953). Ahora se destapa que la República Federal podría deber una suma considerable al Estado griego… ¿En qué consiste esa demanda?

Éric Toussaint: En realidad se habla de dos deudas diferentes. La primera corresponde al empréstito forzoso que los ocupantes nazis impusieron a las autoridades griegas entre 1941 y 1944. Una suma de 476 millones de reichmarks (la moneda alemana de la época), lo que quería decir que los ocupados pagaban los gastos de la ocupación. Ese préstamo jamás fue devuelto desde entonces. Si se aplicase un tipo de interés moderado, del orden del 3 por ciento anual, a esa deuda se llegaría a una suma considerable, entre 12.000 y 15.000 millones de euros actuales. Una suma que podemos comparar con los quince mil millones de euros que Berlín -en esa época al 4,5 por ciento- aceptó prestar a Grecia en el año 2010, en el primer memorándum. Ahora el Estado alemán es el acreedor de Grecia por 15.000 millones de euros Recordemos que la República Federal Alemana no fue obligada a asumir las indemnizaciones de guerra a los países ocupados por los ejércitos del III Reich. Y entre éstos, Grecia fue uno de los más destruidos, con Polonia y la Unión Soviética, mucho más que la destrucción que sufrió Francia, Bélgica y Países Bajos. Si se sumara el préstamo de 1941 más las reparaciones de guerra, Alemania sería la deudora de una suma considerable, entre 100.000 y 200.000 millones de euros, o sea, uno o dos tercios de la deuda griega pública actual…

Es enorme, y uno se pregunta hasta dónde esa «deuda alemana» es una realidad para los griegos.

Grecia jamás renunció formalmente a cobrar esa deuda. En la conferencia de Londres de 1953 en la que se trató la deuda de Alemania, las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial se trasladaron al tratado de paz entre Alemania y sus vencedores, hipotético en plena Guerra Fría con el bloque soviético. En 1981, cuando Grecia se integró en la Comunidad Económica Europea (que luego sería la Unión), su gobierno, dirigido por el PASOK, quiso dejar de lado la cuestión, particularmente porque el país se beneficiaba de importantes fondos estructurales europeos. Pero la crisis de 2010 y las normas muy duras impuestas a los países por los prestamistas, entre ellos la Alemania de frau Merkel, han actualizado la cuestión hasta el primer plano del escenario político griego, por lo tanto, ¡bien real!

Marianne: Un tratamiento muy diferente del que se había aplicado a la RFA…

Éric Toussaint: Sí. Cuando se realizó la conferencia de Londres, los acreedores de la joven República Federal Alemana consideraron la deuda acumulada desde los años 20 y 30 (incluidas las que se habían emitido en reemplazo de las reparaciones de guerra de 1914-1918, establecidas por el tratado de Versalles) y las contraídas entre 1945 y 1953. Los signatarios, esto es, los aliados occidentales (Estados Unidos, Francia, Reino Unido…) no sólo redujeron la deuda (intereses y capital) de Bonn un 62,5 %, sino que también crearon las condiciones para que la Alemania Federal se reconstruyera lo más rápidamente posible. Los reembolsos no debían superar nunca el 5 % de los ingresos por exportaciones, la tasa de interés oscilaría entre el 0,5 % y el 5 % y la deuda se podía pagar en parte con moneda alemana, el deutschemark, que entonces tenía muy poco valor para los pagos internacionales. En la práctica eso significaba que los países acreedores, Francia, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos sólo podían utilizar esos pagos para comprar productos… alemanes. Participaron así a la rápida reconstrucción de los grandes grupos alemanes, Thysen, Siemens, IG Farben…, los mismos que habían participado en el esfuerzo de guerra nazi. La deuda les abría mercados… En fin, los litigios con los acreedores tenían que solucionarse en tribunales alemanes. Es casi lo contrario de lo que la Unión Europea, el BCE y el FMI han impuesto a Grecia.

Marianne: Es verdad, pero el acuerdo de Londres se inscribía en un marco jurídico e ideológico mucho más amplio de reconstrucción de la Europa occidental…

Éric Toussaint: Había que reconstruir Alemania lo más rápidamente posible para que constituyera una muralla frente al bloque soviético. Se pusieron los medios para levantar a los países aliados: no solamente la anulación de las deudas de Alemania, sino también por parte de Estados Unidos respecto a las deudas de Francia, Bélgica, Reino Unido, etc. Se suman a ello las donaciones: 13.000 millones dólares de la ayuda del plan Marshall (unos 100.000 millones de dólares actuales). Ese gesto provenía de una reflexión del gobierno de Roosevelt antes de la liberación de Europa sobre la oportunidad de distribuir donaciones o préstamos. Los estadounidenses se decantaron por las donaciones. Eso evitaría que los países europeos se vieran obligados a exportar sus productos a Estados Unidos para obtener los dólares indispensables para el pago de sus deudas. Era une medida generosa, pero proteccionista. Así, las empresas americanas no verían irrumpir en su país los productos europeos. Con las donaciones, por el contrario, podían vender sus máquinas, herramientas, cadenas de montaje, productos agrícolas a los europeos del oeste, salvaguardando así el pleno empleo que Estados Unidos había alcanzado en 1942. De hecho, la apuesta hizo ganar a todo el mundo hasta mediados de los años 1950. La lección de esa época es que la prosperidad se debe compartir.

Marianne: ¿Es lo que se llama un círculo virtuoso?

Éric Toussaint: Sí. Se habían aplicado las lecciones terribles del Tratado de Versalles y de los errores de los años 20, ilustrados por John M. Keynes. Fue también una época de regulación. En 1944 se creó el FMI para asegurar la estabilidad de los intercambios monetarios y el control de los movimientos de capitales; el Banco Mundial para permitir la financiación de las economías en despegue. Esto es lo que generaría los "Treinta Gloriosos": unos años de expansión y de pleno empleo en el mundo occidental, mientras que ahora la Unión Europea sufre, en cambio, una espiral descendente aplicando políticas restrictivas, instituyendo como dogma el equilibrio presupuestario, la reducción de los ingresos salariales, la irrevocabilidad de las deudas, y empujando a las economías más fuertes a desarrollarse en detrimento de sus socios más débiles. Pero ¿por qué los alemanes se aferran a esas políticas cuando su fracaso es patente en Grecia?

Si Angela Merkel prosigue con esa lógica es porque considera que Europa, con Alemania en el centro, debe ser más competitiva que Estados Unidos, China o los demás países emergentes a escala mundial: Rusia, Brasil, India. No tiene más perspectiva que proseguir con la reducción de salarios y la precarización de la mano de la obra, en su país y sus alrededores. Matteo Renzi, en Italia, y François Hollande, en Francia, no lo discuten. Copian poco o mucho las reformas Harz que destruyeron el modelo social alemán a partir de 2003-2005: en Italia, con la ley sobre el trabajo, en Francia con la ley Macron. Solamente piden un poco menos de esfuerzo presupuestario.
Pero ¿es realmente hábil la política de los dirigentes de Syriza, que quieren negociar con la Unión Europea, llevar a los alemanes al pasado, a la segunda guerra mundial. ¿No es decirles: debéis pagar por vuestras responsabilidades?

El pueblo alemán no es responsable del nazismo. No existe una «deuda colectiva» de los alemanes. En cambio, no se puede admitir que Angela Merkel y Wolfgang Schäuble presenten sus exigencias con los griegos como una política generosa. Con la crisis griega, el coste de los préstamos del Estado a 10 años de Alemania ha pasado de 3,4 % en 2010 a 0,4 % en 2014. Es decir, un – 75 %, lo que permite a Alemania ahorrar 63.000 millones de euros. Todo eso porque los mercados ya no quieren correr riesgos y se abalanzan sobre los bunds. Eso también es verdad para Francia. Las autoridades alemanas, el BCE o el FMI, cuya directora general, Christine Legarde, afirma: «una deuda se paga», manipulan la opinión pública. Michel Sapin también lo hace, más amablemente. La cuestión es movilizar a los ciudadanos para mantener a Grecia de rodillas. Los dirigentes conservadores quieren infligir una derrota a Tsipras para evitar que los españoles elijan a Podemos a fines de este año. Algunos economistas falsifican la historia pretendiendo que Grecia se encuentra en el origen de la crisis de la zona euro. Es verdad que Grecia es el eslabón más débil de la cadena, pero es la misma zona euro que estaba, y lo sigue estando, mal concebida. Desde la introducción del euro se reemplazaron unas transferencias muy importantes desde los países del Norte hacia los países del Sur (Portugal, Grecia, Italia, España) por unos préstamos de los grandes bancos de los grandes países (Alemania, Francia, Italia…) hacia los países de la periferia. Los bancos se precipitaron sobre los préstamos inmobiliarios inflando la burbuja especulativa, que finalmente estalló. En 2012, se reestructuró la deuda griega y se reemplazaron los préstamos bancarios por empréstitos de los contribuyentes europeos. Y ese dinero -240.000 millones de euros- sirvió para reembolsar en primer lugar a las instituciones financieras de los países del Norte…

Traducción: Griselda Piñero

Fuente : semanario Marianne (Francia), 20 de febrero de 2015.

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A un paso del Foro Social Mundial 2015 en Túnez: El derecho a soñar… en otro mundo posible

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Solo el “derecho colectivo a soñar” puede ser tan o más importante que los derechos humanos en su concepción más amplia -económicos, sociales, culturales y de la persona-. El derecho a soñar es sinónimo de búsqueda de alternativas, en lo micro, en lo macro, en una construcción social cotidiana o en la elaboración de conceptos y teorías que promueven el bien común. Una apuesta a comprender de otra manera el planeta, la solidaridad internacional y las múltiples y variadas relaciones entre los seres humanos.



Tierra, democracia social, ética colectiva

Un municipio donde cada trabajador gana lo mismo, en torno a 1.200 euros -por 35 horas mensuales de trabajo-, en una España que sigue sumida en su fuerte crisis estructural y en una Andalucía donde las cifras de desempleo superaban en 2014 el 30 % de la población económicamente activa.

Marinaleda, con apenas 25 kilómetros cuadrados y menos de 3000 habitantes, su economía fundamentalmente agrícola y un gobierno de izquierda desde hace 35 años, ha logrado consolidar un modelo “alternativo-micro” de sociedad. Con 15 euros por mes cada familia puede contar con una vivienda. Los precios de los servicios son reducidos; la guardería con comedor no cuesta más de 12 euros mensuales por niño.

Un Estado social resultado de otra forma de hacer y entender la participación y la política. Y en el cual el partido que gobierna y el fuerte sindicato agrícola refuerzan mutuamente sus sinergias usando los instrumentos institucionales del Ayuntamiento para implementar avances sustantivos tras una concepción de democracia social efectiva.

Si la lucha por la tierra -con ocupaciones, huelgas, protestas de diversos tipos - fue la palanca que propulsó los avances sociales, el combate lleva décadas y exigió paciencia y creatividad, en una región de gran concentración rural donde el 2 % de los propietarios poseen más del 50 % del terreno. Pero la agricultura no resultaba suficiente y se implementó entonces una propuesta de industria local a través del Grupo Cooperativo Humar que permite desarrollar el sector secundario -fábrica de conservas-, la mejor arma contra el desempleo, que en Marinaleda es inexistente.

La “utopía hacia la paz”, tal como lo indica el escudo-logo de Marinaleda, se fue concretando en una construcción participativa amplia que acepta hoy con toda certeza que “el poder no es neutro”. Experiencia solventada en una estricta rigurosidad ética que se expresa, por ejemplo, en la decisión de los gobernantes del Ayuntamiento de no tener salarios ni bonificaciones especiales. Y que hoy, en 2015, sigue moldeando un proyecto alternativo basado en la solidaridad humana.

Los “sin tierra” piensan en la sociedad entera

A casi 10 mil kilómetros de ese laboratorio andaluz, el Movimiento de los Trabajadores rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que realizó en febrero del 2014 su 6to congreso con la participación de miles de delegados, ejercita cotidianamente su “derecho colectivo a las alternativas”.

Considerado uno de los actores sociales más importantes del continente latinoamericano, promotor destacado de la red internacional Vía Campesina, ha integrado en torno a la lucha por la tierra y la reforma agraria toda una nueva concepción de poder.

Cada nueva ocupación de extensiones improductivas se acompaña, como primer acto simbólico, de la construcción de una escuelita para los hijos de los ocupantes. Cada movilización rural busca reforzarse con una amplia alianza ciudadana. Los cargos dirigentes son rotativos; se da un ir y volver permanente de la dirección (coordinación) a las bases y viceversa; no existe ni presidente ni secretario general y la conducción es colectiva y descentralizada.

En los últimos años, las luchas comunes y consensuadas se han convertido casi en una obsesión política para el MST. Abriendo su acción a otros actores del mundo rural, del urbano, de la academia, de la sociedad civil en general, para lograr una articulación más integral de sus objetivos y combates en sinergia.

Uno de los objetivos actuales más trascendentes para el MST es la soberanía alimentaria. Lo que implica confrontar al modelo de producción del agro-negocio    -con su prioridad exportadora- y denunciar activamente, por ejemplo, el uso abusivo de tóxicos. Cada brasilero consume hoy en sus alimentos unos 5 litros de veneno por año y la confrontación contra ese esquema debe ser obra del conjunto de la sociedad brasilera, que debe incluir, también, según el MST, el debate por un cambio de paradigma en el campo.

El MST ha logrado ya que más de 400 mil familias obtengan parcelas. Centenas de cooperativas y asociaciones en los asentamientos aseguran la producción de alimentos. Completada por el desarrollo - al igual que en la experiencia andaluza de Marinaleda- de la agro-industria. Los “Sin Tierra” contestan el modelo que considera a la tierra como una simple mercancía, que pregona el mono-cultivo, que visualiza en la agro-exportación su principal objetivo y que desprecia totalmente la naturaleza, el medio, el suelo y el ser humano mismo. Y fortalecen el paradigma de la producción familiar agro-ecológica que se sustenta en la cooperación agrícola con el necesario ingrediente de la agro-industria. El MST es ya, por ejemplo, en Río Gran del Sur, uno de los principales productores del arroz bio debidamente certificado. Miles de toneladas de sus productos agrícolas enriquecen -con debidos acuerdos oficiales- la dieta básica de los escolares en todo el Brasil.

Las ciudades del futuro

De la campaña a los centros urbanos, solo un paso a recorrer. Del arroz biológico certificado en Río Grande del Sur al presupuesto participativo como herramienta de democracia directa, apenas facetas de un mismo y novedoso ejercicio del “derecho a soñar”.

Porto Alegre, la capital de ese Estado sureño de Brasil, se lanzó a la invención de esta herramienta. Corría el año 1989 y el Partido de los Trabajadores (PT) acababa de ganar las elecciones en ese municipio. Momento oportuno para someter las prioridades financieras y presupuestarias a un ejercicio gradual y paulatino de análisis colectivo, a través de asambleas de ciudadanos que designan delegados, y que van desde los barrios y comarcas hasta la ciudad entera.

Sería la experiencia novedosa del presupuesto participativo el imán que atrajo la convocatoria en dicha ciudad al 1er Foro Social Mundial en 2001, que luego de 14 años de existencia y nueve cónclaves centralizados realizados en tres continentes diferentes, se ha convertido en el espacio de reflexión e intercambio más amplio con el que cuenta actualmente la sociedad civil planetaria organizada. Y que ahora vuelve a auto-convocarse para la última semana de marzo 2015 en la capital de Túnez.

A poco más de 25 años de esa primera experiencia brasilera de presupuesto participativo, más de 1’500 ciudades del mundo entero de las más diversas dimensiones -Brasilia, Buenos Aires, Bolonia, Sevilla, Málaga, Portland, Ontario, Yokohama etc. - lo ejercitan actualmente en sus más diversas variantes y modalidades.

La ciudad del mañana está en construcción, enfatizan urbanistas comprometidos socialmente, quienes en estos últimos años enriquecen conceptos y propuestas. Los millones de amenazados de expulsiones urbanas constituyen el rostro humano del trágico decorado social. Y Brasil es un caso emblemático visible internacionalmente por los costos sociales que implicó la construcción de los estadios para albergar el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. “Todo individuo debe apropiarse del conjunto de la ciudad”, enfatizan. Y esto significa disputar los espacios públicos, luchar por el agua potable, la construcción de escuelas y dispensarios, cloacas y transporte colectivo.

Y en este marco, las alternativas proliferan en el mundo en paralelo a la agudización de las tensiones urbanas como resultado de la concentración excesiva. Por ejemplo las más de 250 Community Land Trust, estructuras colectivas de propiedad terrena nacidas en Estados Unidos a partir de los años 80. Y que ahora se extienden a China e India. O bien las cooperativas de propiedad en otras tantas ciudades del planeta con la intención de favorecer una democratización del acceso a la propiedad urbana con sentido social. Así mismo las propuestas de agricultura urbana o periurbana en expansión; los huertos colectivos; y tantas otras iniciativas socio-culturales barriales que intentan modificar los paradigmas de pertenencia y apropiación ciudadana. Y que se suman a otras tantas formas de cuestionamiento a los valores hegemónicos del sistema dominante.

Las Zonas a Defender (ZAD), espacios de resistencia

Ejemplo emblemático de la movilización resistente en Europa. Son experiencias de resistencia ciudadana que por decenas atraviesan el territorio francés y se extienden en otros países y regiones - Bélgica, el País Vasco, etc.- reactualizando una metodología de lucha basada en la ocupación territorial. Su objetivo principal: oponerse a los GPII (Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos), pretensiosas obras de “desarrollo” que no tienen en cuenta ni del medio ambiente ni la consulta de las poblaciones aledañas.

Zonas de construcción diferidas (según los promotores inmobiliarios), Zonas a Defender (ZAD), según los resistentes, son espacios para vivir, -es decir superficies ocupadas con otro paradigma de vida-, resultantes de luchas, en particular, contra grandes proyectos de infraestructura.

Sean éstos el “pospuesto” aeropuerto de Notre-Dame-des Landes, en la Loire atlántica; o la fallida represa concebida para la irrigación en el Tarn -cuyas protestas costaron la vida en octubre del 2014 del militante Remi Fraisse- ; o en la región del Rhône contra el Gran Estadio de “l’Olympique lyonnais”.

Luchas tenaces, muchas veces heroicas y de largo alcance - de meses, años, e incluso lustros- que cuestionan radicalmente valores de crecimiento, producción, consumo y propiedad, para proyectar una nueva forma de ciudadanía y responsabilidad colectiva. Otro “mundo posible”, ya, aquí, ahora.

Existe otro pensamiento posible…

En los últimos años, de la mano especialmente de la explosión de la participación indígena en nuevos procesos políticos latinoamericanos - Bolivia, Ecuador etc.- fue consustanciándose la concepción del “Buen Vivir” como una alternativa al desarrollo convencional. Concepto fuertemente presente en gran parte de los pueblos indígenas del continente pero que gana en visibilidad política en las nuevas constituciones de esos dos Estados andinos.

La nueva relación con la “Madre Tierra”; la ruptura con la lógica antropocéntrica tan propia al capitalismo y al socialismo real; el cuestionamiento a conceptos hasta ahora invulnerables como el de desarrollo y crecimiento; ha ido abriendo un marco que realimenta también en el Norte reflexiones interesantes.

Por ejemplo las teorías/concepciones como las del “descrecimiento”, que han ganado espacio intelectual en Francia, Suiza y otros países europeos.

Sin subestimar la revitalización de la reflexión sobre el “eco socialismo”, que si bien no es nueva, adquiere cierta actualidad en el debate actual europeo a la luz, especialmente, de la crisis del pensamiento social demócrata.

Incluyendo el nacimiento de nuevas “teorías” como las del “bien común” o “bien público”, en tanto proyecto económico abierto a las empresas que busca implantar una economía sostenible y alternativa a los mercados financieros.

Incorporando también las constantes reflexiones sobre la comunicación alternativa como necesidad y condición ideológica para acercar mundos, promover la conjunción de experiencias, revitalizar el debate sobre conceptos y paradigmas.

Prácticas locales, experiencias globales, teorías reanimadas, nuevas formas de pensamiento…Una búsqueda concreta, un zigzag propositivo, un ejercicio activo del “ciudadano global” para no negociar su derecho a soñar. Y revitalizarlo colectivamente entre el 24 y el 28 de marzo en el próximo Foro Social Mundial de la capital tunecina.

- Sergio Ferrari en colaboración con la Agenda Latinoamericana 2015 y E-CHANGER/COMUNDO.

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Reporte Especial sobre el estado de la Deuda Pública

Julio C. Gambina - Matías Ghio (IEF-CTA)

La CTA-Autónoma forma parte de la Asamblea por la Suspensión del Pago, Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, conformada por varias organizaciones políticas y sociales, que se plantea llevar adelante una Campaña Nacional en defensa de las mencionadas causas. En el marco de esta campaña se realizará, entre el 22 y el 24 Abril, una Conferencia Internacional por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda, donde se llevarán a cabo varias actividades y charlas explicativas sobre los efectos del pago de los servicios de la deuda en los sectores populares. A esta Conferencia van a asistir renombrados expertos internacionales del estudio de la Deuda, que vendrán a discutir las experiencias de otros países en el tema y dotarán de carácter internacional a la Campaña. Desde el IEF-CTA elaboramos el siguiente reporte para brindar información actualizada sobre el estado de la Deuda Pública. Principales Conclusiones del Reporte:

- Para Julio de 2014, la Deuda Pública Bruta – total de la deuda, ya sea con acreedores privados o agencias del Sector Público- era de USD 198.000 Millones, representando así el 42,8% del PBI. El 67,8% de la misma está emitida en moneda extranjera (porcentaje que asciende a 85% si analizamos la Deuda Pública en manos de Privados) y 30% rige bajo legislación extrajera (porcentaje que asciende al 99% si analizamos los títulos públicos que no entraron a los distintos canjes de deuda).

- El stock de la Deuda Pública Bruta de 2014 es prácticamente el mismo que el existente para el año 2004 -previo al canje del 2005- donde hubo una baja importante en la medición. Lo que demuestra que, a pesar de haber pagado desde 2003 USD 192.000 Millones, el stock de la deuda sigue creciendo y el objetivo de las autoridades sigue siendo volver al mercado internacional de capitales para tomar más deuda.

- El Presupuesto 2015 estima pagos por Intereses de la Deuda por USD 10.200 Millones. Este monto representa para el 7,7% del Gasto Público Total, mientras que las asignaciones para Salud y Educación son del 1,9% y 4,85%, respectivamente.

- La idea de que el país se está desendeudando sólo se corresponde con la disminución del componente de Deuda Pública en manos de Privados y Organismos Multilaterales, y con el fin de las relaciones crediticias con el FMI del 2006. Si bien se redujo la relación Deuda/PBI, hay que tomar con cuidado este indicador, dado que su caída (representaba 166% en 2002 y 60% en 2005, post canje) se debe principalmente al crecimiento económico que se experimentaba en ese entonces, y a que el mencionado cálculo no incluye a la deuda no presentada al canje.

- Los mayores acreedores del Estado Nacional son sus propios organismos públicos, que poseen el 57,8% del total de la Deuda Pública Nacional, destacándose el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el Banco de la Nación Argentina (BNA), entre otros. Esta nueva característica de la Deuda es consecuencia del accionar del Gobierno en los últimos años, que paga privilegiadamente a Organismos Financieros Internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Club de París) y Acreedores Privados (Repsol, Juicios del CIADI) con pasivos que se contraen con Agencias del Sector Público. Se pone así en peligro las arcas de los mencionados organismos públicos, al llenarse de títulos en pesos que suelen depreciarse ante una devaluación.

- Hasta el momento, ningún gobierno argentino ha llevado adelante una investigación de los orígenes de la Deuda Pública –el Exministro de Economía Bernardo Grispun comenzó una que posteriormente se suspendió y nunca se dieron a conocer los resultados, y la causa Olmos, con fallo firme del Juez Ballesteros, que identificó más de 400 actos ilícitos en la contratación de la deuda. De modo que los remanentes de la deuda privada de las grandes corporaciones estatizada en 1982 y los cuestionados –varios de ellos están siendo investigados por la Justiciaarreglos posteriores (Club de París, Plan Brady, Blindaje, Megacanje) todavía están incluidos en la lista de pagos de Deuda Pública. Es necesario recordar que la Ley de Pago Soberano, propuesta por el oficialismo y aprobada el año pasado, indica la creación de una Comisión Investigadora de la Deuda, que todavía no se ha constituido.

El fallo del Juez Griesa sobre el pago a los bonistas que no entraron en los canjes del 2005 y 2010, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de no tratar el caso volvieron a poner al tratamiento de la Deuda Externa como uno de los principales temas de discusión pública.

Un tema que había sido silenciado, dada la aplicación de la Ley Cerrojo en 2005 y 2010 –impedía al Poder Ejecutivo de reabrir el canje de la deuda–, la falta de novedades respecto a los litigios llevados a cabo en los tribunales de Nueva York, y la emergencia de otros temas económicos, como la inflación, el dólar o el debilitamiento de la actividad económica. También influyó en la falta de discusión del mencionado tema la “aceptación popular” del mito del desendeudamiento soberano, elaborado e impulsado por las administraciones Kirchner. En efecto, buena parte de la sociedad creyó, tal vez con más deseos que argumentos, que la problemática de la deuda había sido un tema del pasado. Sobre de este tema, la caída del porcentaje que representaba la deuda pública sobre el PBI (1) (pasó del 166% en 2002 al 42,8% en Julio de 2014), y el fin de las relaciones crediticias con el Fondo Monetario Internacional de 2006 le brindaron al Gobierno la oportunidad de levantar la bandera del desendeudamiento como uno de sus logros de gestión. Lo cierto es que estos no son los únicos aspectos a analizar sobre el tratamiento de la deuda pública, tal como lo demuestran el actual default selectivo -el Estado no logra cumplir con los pagos de ciertos bonos- o la imposibilidad de recurrir al financiamiento externo barato, a pesar de haber demostrado ser “pagadores seriales” (según el Ministro de Economía Axel Kicillof, el Gobierno pagó desde 2003 USD 192.000 Millones).

De esta forma, resulta necesario aclarar algunos conceptos que, utilizados fuera de lugar, pueden generar confusión acerca de la causa, que ha vuelto a convertirse en una de las preocupaciones centrales de la política económica.

Es importante saber que cuando se habla de Deuda, debe tenerse en cuenta que hay distintas formas de clasificarla. En primer lugar, la deuda que tienen los residentes de un país puede ser Pública (aquella contraída por el Estado, ya sea a nivel nacional, provincial, etc.) o Privada (contraída por personas físicas o jurídicas; o sea, no adjudicada a la administración pública). La Deuda Pública –o Deuda Pública Bruta- será el objeto de estudio del presente reporte.



A su vez, el tratamiento de la mencionada puede dividirse en Deuda Pública Bruta –involucra el total de deuda pública, ya sea contraída con agencias del sector público nacional, gobiernos extranjeros, u organismos internacionales de crédito, como el FMI o el Banco Mundial-; Deuda Pública en manos de Agencias del Estado Nacional – involucra sólo la deuda que tiene como acreedores a las Agencia de Estado Nacional, tales como la ANSES, el Banco Central, o el Banco Nación-; y en Deuda Pública en manos de Privados, Multilaterales y Bilaterales –saldo de la deuda sin contar las obligaciones que están en manos de las agencias del sector público nacional, ya sea porque son de residentes del exterior, de organismos multilaterales o gobiernos extranjeros.



Según los últimos datos oficiales dados a conocer por el Ministerio de Economía, este último segmento representa el 42,2% del Total de la Deuda Pública, mientras que la Deuda en manos del Estado y sus Agencias significa el 57,8%. O sea que el principal acreedor del Estado Nacional es el propio Estado, a través de la Deuda Intra-Estatal. Como analizaremos más adelante, esta característica particular del stock de Deuda es una consecuencia de la política que llevó a cabo el Gobierno en los últimos 8 años, donde cancelaba su Deuda Externa a costa de pasarle el peso de la deuda impagable a la ANSES, al Banco Central, y a una pluralidad de organismos nacionales.



Podemos segmentar también el monto total de la deuda según se trate de deuda nominada en pesos o en moneda extranjera, o si está emitida bajo el amparo de que cualquier arbitrio sea tratado en tribunales en los que rige la ley argentina o la legislación extranjera (Ley Nueva York, Tokio, Londres, etc.). Sobre este último aspecto es importante señalar que, si bien sólo el 30% del total de la Deuda rige bajo legislación internacional, casi la totalidad de los bonos no presentados al canje de deuda reviste en esa categoría, teniendo así que resolver todos los litigios con holdouts en tribunales extranjeros (el Gobierno podría desconocerlos y decidir de manera unilateral aceptar sólo los fallos llevados a cabo en tribunales argentinos, aunque esa no parece ser la intensión del Gobierno).

Todos estos datos tienden a concluir que el saldo oficial de la Deuda Pública en cabeza del Estado Central es de USD 198.900 Millones (monto equivalente al 42.8% del PBI, conformando así el mayor nivel de Deuda/PBI desde 2006). Hay que tomar con precaución este dato, dado que el mencionado monto no cuenta deudas contraídas por las Provincias, los Municipios, las Empresas del Estado, por el Banco Central, como tampoco toma en consideración la deuda con los holdouts (acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010), los Juicios contra el Estado con sentencia en firme (como los existentes en el CIADI), los Cupones PBI ni los Intereses de deudas con organismos multilaterales y bilaterales de crédito -como el Banco Mundial. Vemos así que son muchos los componentes que no se toman en cuenta en los datos brindados por el Ministerio de Economía, llevando a una sub-valuación del stock de deuda. De esta manera, tal como analiza Héctor Giuliano, experto en el estudio del endeudamiento argentino, “[sobre monto de Deuda Pública difundido por el Gobierno]…deben agregársele unos USD 104.000 Millones faltantes: USD 12.000 Millones de Holdouts, USD 77.200 Millones de Intereses a Pagar y USD 15.000 Millones de Cupones PBI; lo que da un total de USD 303.000 Millones.” (2)



Si tomamos el dato del Ministerio de Economía, vemos que a pesar de haber transcurrido por un “exitoso proceso de desendeudamiento”, el stock de Deuda Pública –comparación en términos absolutos- no parece haber variado del correspondiente a los años previos al canje de 2005. En efecto, a finales del año 2004 la Deuda Pública Bruta era equivalente a USD 191.300 Millones, lo que significaría que a pesar de la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, la nacionalización de las AFJP y el uso de las reservas internacionales para el pago de Intereses, el monto nominal de la Deuda se incrementó en USD 7.600 Millones. Lo mencionado clarifica cual es la trampa del endeudamiento argentino. Su lógica no es la de un problema con una solución, sino que es la de pagar y seguir debiendo. Es así que a pesar de destinar decenas de miles de millones de dólares al pago de la deuda (desde 2009 a la fecha, en cada año se destinó un promedio de USD 10.500 Millones), no se termina encontrando una salida soberana de la problemática. El Gobierno así toma partido por los acreedores externos, en lugar de destinar los mencionados recursos a la Salud y Educación Pública, por ejemplo (según el Presupuesto 2015, mientras se destinará el 7,7% del Gasto Público Total para el pago de Intereses de la Deuda, se invertirá sólo el 1,9% en Salud y el 4,85% en Educación).



¿Cómo llegamos a este punto? Repaso histórico

A causa de la crisis económica generada por el ajuste social de la administración Menem, del estallido social de Diciembre de 2001, la cesación de pagos declarada por el entonces Adolfo Rodríguez Saá y la megadevaluación llevada a cabo por el gabinete económico del Gobierno de Eduardo Duhalde, el país había tocado fondo. Así lo demostraban los índices de pobreza (57% en 2002), desocupación (23% de la Población Activa) y la relación Deuda/PBI, que alcanzaba el 166%. Pero los mencionados indicadores comenzaron a caer al poco tiempo. Ya para el año 2005, el país mostraba una fuerte reactivación económica y caída en los indicadores recién mencionados.

Especial atención nos trae la caída de la relación Deuda/PBI, que toca hoy en día el 42%. Es menester preguntarse ¿en que se basó el desendeudamiento llevado a cabo desde el mencionado año, para que hoy en día tengamos este nivel de Deuda/PBI?

El recién citado default alivió las cuentas públicas, al sacarle el peso de los pagos de interés de la deuda, a costa de un severo aislamiento financiero. Pero este aislamiento se compensó con el incremento extraordinario de los ingresos fiscales, en buena medida generados por la recaudación de las retenciones (instaladas en 2002) a las exportaciones agrícolas, las cuales también aumentaron en términos absolutos por el alza del precio de las materias primas exportadas. Así, gradualmente se fue recuperando tanto el superávit fiscal como el comercial, lo cual le permitió al Estado Nacional generar una acumulación suficiente como para poder realizar una redistribución del ingreso secundaria (a través del congelamiento de tarifas, subsidios al transporte y aplicación de planes sociales) que pudiese reactivar la producción y la creación de empleo. El escenario dio paso al canje de la deuda de 2005, el cual se caracterizó por la no investigación de la deuda de las administraciones anteriores (desconociendo de esta forma las más de 400 irregularidades demostradas por la causa Olmos), una reestructuración de pagos (pesificación de parte de la deuda nominada en dólares), estiramiento de plazos hasta 2038, y la creación de nuevos títulos públicos atados a la evolución del PBI y al CER (3). La gestión Kirchner también decidió en 2006 cancelar la deuda con el FMI (USD 9.800 Millones), que si bien no implicaba para la época serios problemas en cuanto al peso de las obligaciones a pagar, significaba quitarse de encima los condicionamientos de políticas económicas y las visitas obligatorias de control de cuentas públicas (artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario) por parte del Organismo de Crédito. La mencionada también se pagó con fondos provenientes del superávit.

A partir del año 2008, simultáneo a la crisis internacional, empieza a reducirse el ahorro fiscal experimentado en los años anteriores. El comienzo de los pagos de intereses de la nueva deuda reestructurada y el fuerte crecimiento de las importaciones ponen en peligro el plan de reducción de la deuda (hasta ese entonces sólo se había reducido el componente en moneda extranjera). La incapacidad de acceder al crédito externo (no podía emitir deuda en pesos a privados por la intervención del INDEC y sub-valoración del CER, y tampoco tenía crédito externo, a causa del default vigente para un 25% de los bonistas que no entraron al canje, la falta de arreglo con el Club de París y la crisis financiera mundial) plantea una nueva visión de la deuda por parte del gobierno.

A partir de entonces buscó traspasar la deuda de privados a las Agencias del Estado, para poder refinanciar “ad eternum” los respectivos vencimientos, a cambio de nuevas deudas contraídas con el Banco Central. O sea, se paga y se deja de deber a privados locales y extranjeros, para pasar a deberle al Banco Central. Si bien esto genera cierta independencia de acreedores externos, termina debilitando los activos al llenarse de deudas difíciles de reclamar (4). Es decir, que se privilegia el pago de la deuda de bonistas privados a costas de aumentar la Deuda Intra-Estatal. También terminan reflejando un conflicto de intereses, dado que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES debe cuidar los aportes jubilatorios y asegurar la seguridad social al conjunto de la sociedad, el Banco Central debe aportar las divisas necesarias para afrontar las necesidades de la Balanza de Pagos y el Banco Nación tiene como objetivo otorgar créditos a las pequeñas empresas.

En este nuevo marco suceden otros hitos del “desendeudamiento”, como el canje de deuda del 2010 o la estatización de las AFJP, las cuales poseían gran parte de sus activos en títulos públicos y pasaron a manos de agencias del Estado. Si bien permitió una reducción de la Deuda Pública en manos de privados, que pasó de representar el 46,1% del PBI al 28,8%, no significó una cancelación de la deuda, sino una reconversión a deuda en manos de la ANSES.

A partir del 2013 se da un nuevo cambio de política, encarado en la reinserción del mercado internacional del crédito, dado el entendimiento del Gobierno de que la caja del Banco Central y de la ANSES ya no alcanzaban para cubrir todos los vencimientos de deuda. Por eso se llevaron adelante los acuerdos de pago de los Juicios perdidos en el CIADI, el arreglo con Repsol (indemnización por estatización del 51% de YPF), con la petrolera Chevron para la explotación de los yacimientos localizados en Vaca Muerta, y con el Club de París, para volver a endeudarse afuera. Este último plan termina fracasando con la derrota en el litigio con los fondos buitres, que ocasionan la imposibilidad de pagar ciertos bonos y llevan al país al default selectivo actual, y a la búsqueda de nuevas fuentes de endeudamiento (China).

* La relación Deuda/PBI es una forma de medición del endeudamiento de un país en términos relativos -dado que la compara con el tamaño de la respectiva economía- que sirve para confrontar los niveles de endeudamiento de diferentes países. Sus cuestionamientos (no toma en consideración la deuda de las provincias/municipios, sino que sólo mide la del Estado Central; compara un valor cierto, como es el monto de deuda, con una estimación como es el PBI; la medición del PBI está cuestionada por la manipulación de datos del INDEC) hacen necesario utilizar otras medidas que determinan la capacidad de pago de un país. Tales como el calendario de pago de intereses y capital de la deuda, el nivel de las reservas internacionales, el monto absoluto de la deuda y la proporción asumida en moneda extranjera, el acceso al crédito interno y externo, y la capacidad de generar de divisas a través del comercio exterior y de la evolución de las cuentas públicas.

* Deuda con Holdouts: El Gobierno dice que representa entre USD 11.900 Millones y USD 15.000 Millones, mientras que algunas estimaciones privadas la valoran entre los USD 20.000 Millones y USD 30.000 Millones (sumando capital, intereses, punitorios y honorarios a pagar). Una parte de esta deuda tiene sentencia de pago – conflicto con los fondos buitres en el tribunal del Juez Griesamientras que otra todavía tendrá que negociarse.

* El pago de Intereses de la Deuda representa para el Presupuesto 2015 el 7,7% del Gasto Público Total, mientras que las asignaciones para Salud y Educación son del 1,9% y 4,85%, respectivamente.

* Comparación de la Composición de la Deuda Pública 1994 vs 2014 Los niveles de Deuda/PBI son similares (32% en 1994 vs 42% para Julio del año pasado) Importante aumento nominal de la Deuda Pública entre ambos años. Entre los mencionados años, cayó el nivel relativo de Deuda Externa (contraída con residentes externos), así como la Deuda nominada en moneda extranjera –aunque a partir de 2007 la deuda en otras monedas incrementó su participación sobre el total de la Deuda Pública del 52,7% al 67,8%. Aumento importante de Deuda Intra- Estatal, en gran medida gracias al aumento del endeudamiento del Estado Nacional con el Banco Central y la ANSES.

* Otro aspecto que disminuyó la relación Deuda/PBI a partir del año 2002 (ese mismo año, el indicador saltó de 53% al 166%) fue la megadevaluación del peso. En efecto, la mencionada, en combinación con la caída del 10% del producto bruto, terminaron generando un descenso brutal del PBI medido en pesos. Simultáneamente, la depreciación de la moneda llevó a un aumento del stock de Deuda Pública, por la alta proporción de deuda en moneda extranjera. La mencionada combinación llevó a que la relación Deuda/PBI se triplique en un año. Recién para el año 2005, en buena medida por la fuerte reactivación económica y el no reconocimiento de los bonos que no entraron en el canje para el cálculo del stock de Deuda, la relación Deuda/PBI muestra un fuerte descenso. Podemos afirmar que el mencionado descenso del 166% poco tuvo que ver con el desendeudamiento que argumenta el gobierno.

* A causa de la Intervención al INDEC, la manipulación del índice de precios al consumidor y subsecuente sub-valoración del CER, la proporción de la deuda en moneda extranjera sobre el total adeudado pasó de representar el 52% en 2007 al 68% en 2014. Buena parte de la restante deuda en pesos está en manos del Estado y sus diferentes agencias. El mencionado dato no es menor, sino que demuestra la inestabilidad de las cuentas públicas y el peligro de una licuación de activos ante una devaluación.

IEF-CTA: Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma

Notas:
1) El PBI (Producto Bruto Interno) es una medida agregada que estima el total de los bienes y servicios producidos en el país en un año. Su objetivo es mostrar cuán grande es la economía de un país y analizar sus variaciones a lo largo del tiempo.
2) GUILIANO, Héctor (8-1-2015). “LA DEUDA PÚBLICA AL 30.6.2014”. Foro Argentino de la Deuda Externa La Plata.
3) El CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) es un índice creado en 2002 para posibilitar la emisión de deudas en pesos atadas a la evolución de la inflación. Será sub-valuado a partir del año 2007, debido a la Intervención del INDEC y la adulteración de los índices de precios que daban cuenta de su evolución.
4) El Banco Central tiene hoy en día un deterioro patrimonial importante, debido a que la mayor parte de sus activos son títulos de deuda -básicamente Letras del Banco Central (Lebac), que pagan un 28% anual en pesos, bastante más que de lo que un banco le paga a un depositante - emitidos para evitar que la emisión monetaria impulse el dólar blue. En un escenario de reservas en baja –si descontamos los dólares del swap con China y la deuda con importadores y acreedores en default, las reservas llegan a USD 22.000 Millones-, resulta peligroso que la deuda ascienda al monto actual de USD 34.300 Millones.

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Convenios con China: Primarización de la economía Argentina

Juan Manuel Boccacci (RED ECO)

La cámara de Diputados aprobó el “Convenio Marco de Cooperación”, que contempla diversos tipos de acuerdos comerciales entre Argentina y China. La necesidad del gobierno por obtener divisas podría llevar a una situación en que esta “relación estratégica” se vuelva un nuevo obstáculo para la siempre demorada industrialización del país. Aquí algunos aspectos a tomar en cuenta a la hora de analizar las implicancias de estos acuerdos.

En una extensa sesión la Cámara de Diputados dio por aprobada la ley que da lugar al “Convenio Marco de Cooperación” entre los gobiernos de Argentina y China. A su vez también se aprobó la instalación de una estación espacial en Neuquén, que de hecho se viene construyendo desde 2014. El oficialismo logró 133 votos a favor por sobre 107 en contra para la media sanción que faltaba luego de su paso por la Cámara de Senadores.

Como analizamos en otra nota, buena parte de las críticas al Convenio se daban en torno a dos incisos polémicos. El Inciso 6 menciona la posibilidad de otorgar a los nacionales de cada parte “facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia (…)”. Esto despertó duras críticas por parte de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA-Autónoma): “Las grandes inversiones vienen atadas a la importación de manufacturas, destruyendo las industrias y la mano de obra locales, ajenas a las legislaciones laborales nacionales y por ende a la posibilidad de organizar a los trabajadores sindicalmente violando la libertad sindical y poniendo en riesgo nuestra soberanía”. Desde la Agencia de Noticias de la CTA (ACTA) toman como “caso ejemplo” la actual relación bilateral entre China y Angola para hacer sus críticas al Convenio. En el país africano “las grandes inversiones con combos cerrados destruyen las ya endebles industrias locales y afectan la mano de obra local, a la vez que llegan con su propia mano de obra, ajena a las legislaciones laborales locales y por ende a la posibilidad de organizar a los trabajadores sindicalmente”.

Otra de las críticas tiene que ver con el inciso 5 del convenio en el que señala la adjudicación directa en proyectos de infraestructura a empresas del país asiático. Aquí lo que se observa es que junto con la llegada de las inversiones chinas, también se importará la tecnología e insumos necesarios para la realización de las obras. Desde la CTA-Autónoma señalan que esto lejos de potenciar la capacidad industrial del país, con la consecuente proliferación de puestos de trabajo, “reorienta los factores de producción hacia actividades de menor contenido de valor agregado y generación de empleos”.

Desde el arco opositor otra fuerte crítica tiene que ver con el “secretismo” en que se mueve la letra chica del Convenio. Éste al ser la estipulación de un “marco de cooperación” no establece las modalidades específicas en que se desarrollarán los convenios particulares que el gobierno nacional y provinciales lleven adelante con los inversores chinos. En un interesante artículo para el sitio “Rebanadasderealidad.com” gremios del transporte mencionan: “¿Qué pasa con las ´tierras raras´ en las que se van a aplicar algunas de las inversiones chinas? Nos estamos refiriendo a suelos que contienen litio y otros minerales de reserva, por los cuales tiene China comprensiblemente un marcado interés. ¿Acaso la letra chica los autoriza a usufructuarlos? Nada sabemos, pero se justifica la sospecha, así como las dudas acerca de lo que sucederá con las estaciones de control satelital no abiertas a las que el Convenio Marco hace referencia”.

Y es que entre los convenios ratificados por diputados se encuentra la instalación de una estación espacial en la provincia de Neuquén. Allí se cuestiona el carácter militar que podría llegar a adoptar tal emprendimiento. La empresa de origen chino que lleva adelante la construcción y se encargará de operarla, China Satellite Launch and Tracking Control General, integra el Departamento General de Armamentos del Ejército chino. A su vez, la tecnología satelital permite usos tanto civiles como militares. También se cuestiona las condiciones del Convenio en el que se ceden por 50 años 200 hectáreas al gobierno chino para la instalación y control de la estación (que ya se está construyendo pese a no haber contado con aval parlamentario alguno), así como la exención de impuestos por ese mismo período de tiempo.

También en la provincia de Mendoza existe actualmente una base realizada en un convenio con la Agencia Espacial Europea, que posee similares características al aprobado con la República Popular China. Desde el gobierno, el ahora ex Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich salió a negar cualquier utilización militar de la base, y negó la existencia de cláusulas o acuerdos secretos.

Estos son algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar esta serie de convenios firmados entre ambos países. Frente a la necesidad imperiosa de recurrir al financiamiento externo que posee el gobierno de Cristina Fernández, se recurre a las inversiones chinas. Esta relación comercial que ahora aporta inversiones directas del gigante asiático, parecieran reforzar el carácter “agroexportador” de la Argentina, más que potencial su inclusión en el mercado mundial agregando valor a sus exportaciones.

Fuentes: ACTA, Rebanadas de la Realidad, Anred, Ámbito Financiero, Télam, chequeado.com, Página12, La Izquierda Diario.

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En la lucha por la Vivienda: Las huelgas Inquilinarias a comienzos del siglo XX

Luciano Andrés Valencia (especial para ARGENPRESS.info)

“La penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz”.
Friedriks Engels, Contribución al problema de la vivienda, 1873.

El problema del acceso a la vivienda está presente desde los comienzos del capitalismo. A fines del siglo XVIII la Revolución Industrial inglesa destruyó la economía y las formas de abastecimiento tradicional de las comunidades campesinas “liberando” (es decir “desposeyendo”) a numerosa población que para sobrevivir debía emplearse como mano de obra asalariada en la industria. Sin embargo las ciudades industriales de los siglos XVIII y XIX eran incapaces de absorber esta población.

Mientras el Estado se mantenía al margen, la burguesía supo encontrar rentabilidad a la necesidad de un techo. La carencia de viviendas por un lado y la necesidad de las mismas por el otro, se tradujo en alquileres casi imposibles de pagar por las familias obreras. Como señalan Marx y Engels, “una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista” (1). Es decir, la especulación con el derecho a la vivienda es otra forma que encuentra la burguesía para obtener ganancia del trabajo asalariado.

A esto se le suma las condiciones antihigiénicas de las viviendas obreras. En La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), Engels señala que las viviendas obreras se ubicaban en los “Barrios Feos”: “están dispuestos del mismo modo en todas las ciudades; las casas peores están en la peor localidad del lugar; por lo general son de uno o dos pisos, en largas filas, posiblemente con los sótanos habitados, e instalados irregularmente por doquier. Estas casitas de tres o cuatro piezas y una cocina, llamadas cottages, son en Inglaterra y con excepción de una parte de Londres, la forma general de la habitación de toda la clase obrera. En general, las calles están sin empedrar, son desiguales, sucias, llenas de restos de animales y vegetales, sin canales de desagüe, y por eso siempre se llenan de fétidos cenagales. Además la ventilación se hace difícil por el defectuoso y embrollado plan de construcción, y dado que muchos individuos viven en un pequeño espacio, puede imaginarse qué atmósfera envuelve a estos barrios obreros” (2).

Pese a esto el problema de la vivienda no fue una reivindicación tan presente en el movimiento obrero como la lucha por el salario y mejores condiciones laborales hasta comienzos del siglo XX cuando se produjeron las primeras huelgas de inquilinos.

Una de las primeras experiencias huelguísticas de las que se tiene noticia ocurrió en el País Vasco en 1905, donde 2000 familias de Barakaldo y Sestao paralizaron la actividad económica en el Gran Bilbao durante casi un mes. Si bien estos lugares eran la base social del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la huelga se desarrolló de un modo autónomo y hasta enfrentado con el partido. Los reclamos de rebaja del 50% de los precios de alquileres, saneamiento anual de la vivienda y reconocimiento de las sociedades de inquilinos como interlocutores válidos resultaron derrotados. Esto tuvo como efecto el boicot de los inquilinos a la Huelga General convocada por el PSOE, que dejó en evidencia la falta de contacto que el partido tenía con sus bases (3).

En los últimos meses de 1907 estalló en Buenos Aires y otras ciudades argentinas una de las más importantes huelgas del inquilinato de este periodo, que sería ejemplo para luchas posteriores por el derecho a la vivienda.

II

En Buenos Aires, la epidemia de fiebre amarilla de 1871 -traída por las tropas argentinas que habían cometido un genocidio en la Guerra del Paraguay- provocó que las familias oligárquicas se trasladaran al Barrio Norte, abandonando sus residencias. Esto permitió que numerosas familias se ubicaran en los ya obsoletos caserones de la zona sur. Algunos comerciantes y especuladores acondicionaron viejos edificios o construyeron precarios alojamientos llamados “Conventillos” (diminutivo de “Convento” por sus numerosas celdas) para los trabajadores e inmigrantes que llegaban al país en las últimas décadas del siglo XIX. Las condiciones de estas viviendas eran miserables: carencia de ventanas, hacinamiento, falta de agua y cloacas, el servicio de baño y lavadero eran comunes, y había un servicio cada diez habitaciones-departamento. En este ambiente eran comunes el cólera, la fiebre amarilla, los parásitos y todo tipo de infecciones. Las cocinas eran comunes pero era frecuente que se cocinara en las habitaciones o en el patio que servía de ambiente de sociabilidad para bailar el tango u organizar los reclamos (4).

Los abusos de los propietarios estaban garantizados desde el inicio de su relación con los inquilinos: solían exigir una garantía de depósito de varios meses de alquiler por adelantado o el pago de dos meses de locación -como sigue sucediendo en la actualidad-, y el recibo se entregaba recién el tercer mes, por lo que ante un reclamo el inquilino aparecía como moroso. Aunque la ley estipulaba 30 días para el desalojo de las viviendas, los jueces solían dictar la orden en 10 días. El Censo Municipal de 1904 registraba que el 22% de los conventillos de Buenos Aires (559) no tenía baños, y que vivían 11,5 personas por casa, casi todas en el mismo piso. El 10% de la población se albergaba en conventillos y el alquiler representaba entre un 20 y un 30% del salario de un obrero. Quienes no pudieran pagar un alquiler debía someterse a sistemas como la “cama caliente”, en donde se alquilaban colchones para dormir en el patio, o la “maroma” que consistía en una cuerda que atravesaba la habitación para que la persona se apoyaba en las axilas durmiendo de pie o sentada en un largo banco. Además los reglamentos obligaban a “guardar el orden y la decencia” y prohibían “lavar ropa, estar parados en la puerta de calle o bailar, cantar, tocar órganos, acordeones, guitarras u otros instrumentos de música”. Ante esta situación no era de extrañar que algunos inquilinatos se llamaran “El Infierno”, “El Palomar”, “Babilonia”, “El Gallinero” o “Cueva Negra”(5).

En agosto de 1907 la Municipalidad de Buenos Aires aprobó un incremento de los impuestos para el año siguiente. Inmediatamente los propietarios de conventillos, inquilinatos y pensiones trasladaron este aumento al costo de los alquileres. El 13 de septiembre las 132 piezas del conventillo “Los cuatro diques” (Ituzaingo 279), propiedad de Pedro Holterhoff, conformaron un “Comité de Huelga” que se negó a pagar en tanto no se realizara una rebaja del 30% de los alquileres y se llevaran a cabo mejoras sanitarias en los edificios. Esto se contagió a otros conventillos e inquilinatos en los barrios de San Telmo, La Boca, Balvanera, Socorro, San Nicolás, Piedad y Barracas. Cada uno conformó un “Comité de Huelga” que a través de asambleas elegía delegados que coordinaban con el resto de los lugares en lucha a través del “Comité Central de Lucha contra los Altos Alquileres y los Impuestos”.

Para octubre ya había más de 500 conventillos en huelga, a los que sumaron 250 durante ese mes, llegando a 2000 casas (80% del total) hacia finales del conflicto. La huelga se extendió a otras localidades como Lomas de Zamora, Avellaneda, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. El conflicto se había vuelto nacional y había más de 140 mil inquilinos en huelga (6).

Para hacer frente a la huelga los propietarios se nuclearon durante el mes de octubre en la “Sociedad Corporación de Propietarios y Arrendatarios” de la Capital, que reclamaron a las autoridades la eliminación de los impuestos que gravaban a los conventillos y medidas represivas contra los huelguistas. Entre los propietarios se encontraban “ilustres ciudadanos porteños” como el empresario marítimo Nicolás Mihainovich y el estanciero Anchorena.

La represión solía hacerse en horas de la mañana, cuando los hombres salían a trabajar. El protagonismo entonces lo tuvieron las mujeres y sus hijos/as que sacaban a los escribanos, abogados, jueces y policías a escobazos, por lo que la lucha de 1907 pasó a ser conocida como “La Huelga de las Escobas”. En medio del conflicto unos 300 niños y niñas marcharon por el Barrio de La Boca con escobas para “barrer a los caseros y las injusticias de este mundo” y al pasar por un conventillo recibían un nuevo contingente que se unía al reclamo. En las puertas de las viviendas se acumulaban palos, piedras y todo tipo de objetos intimidatorios. Crónicas relatan que las mujeres preparaban enormes calderas de agua hirviendo para desollar a quienes quisieran echarlos (7).

Pero a medida que se radicalizaba la protesta la represión se fue incrementando. Se empezó a utilizar a los bomberos para que arrojaran agua helada a las familias que resistían los desalojos. El 22 de octubre el coronel Ramón Falcón -quién 1909 ordenaría ametrallar una manifestación pacífica del 1° de Mayo porque “llevaban la bandera roja en lugar de la celeste y blanca” - reprimió a huelguistas en el conventillo “Las catorce provincias”, en el Barrio de San Telmo, causando la muerte del obrero anarquista Miguel Pepe de 18 años. Su funeral fue una manifestación de 15 mil personas que se inició en la Plaza de Once pasando por el Congreso Nacional y Avenida de Mayo hasta la Plaza San Martín. Allí se realizó un acto en donde hizo uso de la palabra la dirigente Juana Ruoco Buela en representación del Centro Anarquista Femenino.

Otros actos de represión se dieron en el conventillo de la calle Ituzaingó en donde se arremetió a machetazos, con el resultado de que Josefa Batar fue pisoteada por los caballos de la policía, Ana Llondeau fue arrastrada de los cabellos pese a estar embarazada, y resultaron heridas Catalina Álvarez y Josefa Rodríguez. Como se puede ver, las principales protagonistas del conflicto fueron las mujeres. A la citada Ruoco Buela se le suman Virginia Bolten, que entre 1922 y 1925 dirigió el periódico anarquista La voz de la Mujer, y María Collazo que arengó en el Conventillo de Estados Unidos al 768.

Otra ciudad en donde se radicalizaron las acciones fue Rosario, que para octubre tenía 300 conventillos en lucha. Iniciado el conflicto se formó la “Liga Pro Rebaja de Alquileres”, con delegados de diferentes conventillos. Desde el primer momento el conflicto contó con la solidaridad de un sector de la prensa como fueron los diarios La Protesta, El Municipio (que en una editorial comentaba que “los explotados que dan la sangre por el progreso nacional y el enriquecimiento particular y a quiénes ni siquiera se les da el techo y pan que necesitan”) y El Tiempo.

La Liga elaboró un documento, reproducido por la prensa solidaria, que reclamaba una rebaja del 30% de los alquileres, higienización de los conventillos a cargo de los propietarios, eliminación del pago por adelantado y de las garantías, recibir familias numerosas y seguridad de que no se desalojaría a inquilinos que participaran en la protesta (8).

A fines de septiembre un mitín de la Liga fue reprimido por la Policía, cargando la Caballería y repartiendo sablazos y latigazos a hombres, mujeres, niños y niñas. También se dieron enfrentamientos durante los intentos de desalojo. La Protesta alentaba indicando a las familias de los inquilinos: “¿Desalojos? ¡Agua hirviendo! Todas las armas son buenas en épocas de guerra; y nadie puede decir que no estamos en plena guerra contra la explotación y la usura. ¡A defenderse, pues!” (9). Numerosos sindicatos se sumaron a la protesta y amenazaron con una Huelga General si no se cumplían las demandas de los inquilinos.

En noviembre todavía existían algunas casas en conflicto en varias ciudades y para mediados de diciembre el movimiento se fue agotando tras conseguir algunas de las demandas que no fueron del todo respetadas por los propietarios. En muchos patios de conventillos de Buenos Aires se celebró con fiestas y bailes la obtención de rebajas y el mejoramiento mínimo de algunas condiciones de vida. Mientras que en otros se produjeron desalojos que dejaron a decenas de familias en las calles. El Sindicato de Conductores de Carros se solidarizó con las familias desalojadas poniéndose al servicio para la realización de los traslados hasta los campamentos improvisados por los sindicatos anarquistas.

Un dato a destacar es que el Partido Socialista tuvo una postura ambigua durante el conflicto ya que consideraba que negándose a pagar los alquileres y destrozando casas no se fomenta la vivienda barata e higiénica. El 24 de noviembre su órgano de difusión, La Vanguardia, publicaba una nota en donde sostenía que la solución para “librarse de la tiranía del casero o atenuar su explotación”, estaba en “construir casitas que sean habitadas por los mismos socios, y con el alquiler ir amortizando el valor de la propiedad” (10). Por ello llamaba a los trabajadores a sumarse al Hogar Obrero, cooperativa de vivienda y consumo, creada por los socialistas en 1905.

Si bien se obtuvieron mejoras para algunos conventillos e inquilinatos, la situación de la vivienda entre las clases trabajadoras no se vio afectada. En 1915 el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 9677 de “Casas Baratas” propuesta por el diputado conservador Juan F. Cafferatta. Esta ley creaba la Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB), cuyo trabajo se limitó a la construcción de 161 viviendas obreras en la ciudad Buenos Aires, en lo que hoy se conoce como Barrio Cafferatta. Esto estaba muy por debajo de las necesidades reales de vivienda de la población.


III

Tras la “Huelga de las Escobas” en Argentina, comenzaron a darse huelgas de inquilinos en otras partes del mundo. En 1907 y 1911 se llevaron a cabo huelgas en Budapest y Viena respectivamente, en el entonces Imperio Austrohúngaro, y hubo numerosas huelgas en ciudades inglesas entre 1911 y 1913. En 1915 tuvo lugar una de las más importantes huelgas en la ciudad escocesa de Glasgow, en donde 20 mil personas se negaron a pagar el alquiler logrando que la vivienda fuera tratada jurídicamente como derecho social, lo que dio origen al “Principio de la Vivienda Pública”. El Estado Español registró huelgas de inquilinos en Sevilla (1919), Barcelona (1930) y Tenerife (1933) que, a diferencia de la escocesa que tuvo un importante protagonismo socialista, fue movilizada por la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Estas huelgas europeas consistieron en dejar de pagar los alquileres colectivamente como forma de presión, reivindicando una rebaja de los precios de los alquileres y la construcción de viviendas públicas accesibles a los trabajadores. En todas ellas se ejercieron formas de acción directa para evitar los desalojos, mientras se llevaban a cabo movilizaciones junto a otros sectores sociales que fueron duramente reprimidas. Al igual que el caso argentino, aquí las mujeres tuvieron un protagonismo clave en la organización y movilización política del proceso (11).

Otra importante lucha se desarrolló en Panamá en 1925, en donde los huelguistas debieron enfrentar a las autoridades locales y a las fuerzas estadounidenses que ocupaban el país. Recordemos que Panamá había sido independizada de Colombia en 1903 por los Estados Unidos, que estaba interesado en contar con libre acceso a la zona del canal.

En 1925 El Heraldo publicó una nota titulada “Problemas de los alquileres. Duelos y especulación de fincas urbanas”, en donde denunciaba que los propietarios, en complicidad con las autoridades y organismos de sanidad, alquilaban viviendas en condiciones inhumanas y a precios que podían modificarse en cualquier momento. Los más afectados eran los inquilinos que vivían en los barrios obreros de Calidonia, El Granillo, Malambo, San Miguel y El Chorrillo en la ciudad de Panamá, y en Arco Iris y Folk River en Colón. Estos barrios habían comenzado a construirse a fines del siglo anterior para los obreros que participaban en las obras del Canal Francés. Pero para la década de 1920 los gobiernos seguían sin establecer leyes de protección de los inquilinos (12).

El 11 de febrero de 1925 se aprobó mediante la Ley N° 29 una serie de reformas y adiciones al Código Fiscal que dispuso gravar la propiedad a 5 mil sobre el valor catastral y multando los atrasos con un incremento que podía ir del 10 al 20%. Esto repercutió -al igual que en Argentina- en un aumento de los alquileres de un 25 al 50%. Frente a esto un grupo creó la “Liga de los Inquilinos y la Subsistencia”, ligada al Sindicato General de Trabajadores (SGT), que llamó al no pago de los alquileres.

A principios de octubre comenzó la huelga de los inquilinos. Los propietarios, viendo amenazados sus intereses, reclamaron acciones al Gobierno que declaró ilegal a la Liga a la acusó de estar infiltrada por extranjeros que deseaban una “revolución comunista”, y desató la represión. El 5 de ese mes fue detenido y deportado el sindicalista español José María Blazquez cuando llevaba a cabo un discurso en donde expresaba ideas anarquistas en la Plaza Lesseps. El 6 de octubre el alcalde del distrito de Panamá Mario Galindo prohibió los mitines públicos. El 10 hubo una represión en la que fueron asesinadas seis personas y a los detenidos se los juzgó por “acciones violentas” de acuerdo al Código Administrativo.

Dado que las acciones seguían pese a la represión, el Gobernador de la Zona del Canal Archibaldo Boyd y el Consejo de Gabinete del Ejecutivo Nacional llamaron a la intervención de las tropas estadounidenses. El 12 de octubre las fuerzas de ocupación, a las que se les había dado el poder de policía, ocuparon parques y plazas en la ciudad de Panamá, y allanaron oficinas de la Liga de Inquilinos con el resultado de varios muertos, heridos y detenidos. Los extranjeros fueron inmediatamente deportados bajo la acusación de “perturbar la paz nacional” y “fomentar la revolución comunista” (13).

Con esta represión se puso a la huelga de inquilinos. En 1926 el presidente de la República Rodolfo Chiari encargó a una Comisión redactar una Ley del Inquilinato. No obstante no cumplió con sus objetivos y en 1932 estalló una nueva huelga que tuvo resultados similares a la anterior.

IV

Las diversas huelgas del Inquilinato que se llevaron a cabo en Latinoamérica y Europa en las primeras décadas del siglo XX tuvieron resultados disímiles. No obstante sirvieron para imponer en la agenda del movimiento obrero el tema del acceso a la vivienda como una lucha tan importante como el salario y las mejores condiciones laborales.

Muchas de las situaciones existentes a comienzos del siglo XX continúan vigentes en la actualidad. En Argentina el déficit habitacional es estructural tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad de las viviendas. Entre 2000 y 2010 el número de “hogares” (14) respecto al de viviendas paso de 360 a 855 mil, lo que significa que 1,5 millones de hogares comparten viviendas en condiciones de hacinamiento. Asimismo el número de inquilinos creció de 11,6 a 16,1% mientras se redujo y concentró el número de propietarios. Además hay 6 millones de viviendas (la mitad de los hogares argentinos) en condiciones deplorables por el terreno donde se encuentran o la falta de acceso a los servicios. El 12,4% de las viviendas del país carecen de agua corriente, el 26,8% de gas natural, el 34,6% de cloacas, el 32,3% de desagües pluviales, y el 19,2% de pavimento. El Plan “ProCreAr”, del que se enorgullece el gobierno nacional, destina solo el 1% del PBI a viviendas y avanza a una lentitud que resulta alevosa ante la urgencia de la situación, además de que para ser beneficiario del mismo hay que contar con recibo de sueldo, lo que deja afuera la enorme cantidad de trabajadores precarizados (15).

Ante la falta de acceso a la vivienda se popularizan las “tomas” o asentamientos en terrenos fiscales o no ocupados por los propietarios, que son duramente reprimidas. En 2010 durante el intento de realizar una toma en el Parque Indoamericano de Buenos Aires fueron asesinados los trabajadores inmigrantes Bernardo Salgueiro, Rossmary Chura y Juan Castaneda Quispe por la represión de la Policía Federal del gobierno nacional de Cristina Fernández y la Policía Metropolitana creada por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri (16).

En el Estado Español -cuna de las primeras huelgas inquilinarias- la crisis económica desatada en 2007/2008 repercutió en el terreno inmobiliario provocándose desalojos y desahucios a miles de personas que no podían pagar sus hipotecas o alquileres debido al incremento de los mismos. Situación similar se vive en Grecia y otros países europeos.

Frente a esta situación es necesario que el problema del acceso a la vivienda sea tomado por las organizaciones obreras dentro de sus reivindicaciones. Pero el reclamo no debe limitarse a la regulación de los alquileres para combatir los aumentos excesivos y la falta de condiciones de las viviendas, sino que también debemos exigir un salario por encima de la canasta básica y la eliminación de la precarización laboral a fin de poder cumplir con las condiciones necesarias para el acceso a la vivienda, y un Plan Nacional de Viviendas Populares bajo control de los/as trabajadores/as. Esto en el marco de una lucha superior para transformar de raíz -como sostenía Engels- todo el orden social.

- Luciano Andrés Valencia es escritor. Autor de La Transformación Interrumpida (2009) y Páginas Socialistas (2013). Publica artículos en medios alternativos de Argentina y el exterior.

Notas:
1) Marx, Karl y Engels, Friedriks; El Manifiesto Comunista, Buenos Aires, Gradifco, Colección Nogal, 2001, p. 27.
2) Citado por Godio, Julio; Los orígenes del movimiento obrero, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1971, pp. 24- 25. El texto completo se puede descargar en el sitio web: http://www.marxismoeducar.cl/me-01a.htm.
3) Cortina, Mercé; “Primeros pasos en la lucha por la vivienda”, en: Solidaridad.Net, http://www.solidaridad.net/noticia/6157/, 9 de abril de 2010.
4) Sobre la situación en los conventillos se puede consultar: Pigna, Felipe; “Los Inquilinos en pie de guerra”, en: Clarin, Buenos Aires, 29 de junio de 2007; y Scwarcer, Carlos; “El Conventillo de la Paloma un siglo después”, en: Revista Cultural del CECAO, Córdoba, Año II, Nº 19, mayo de 2004. También hay información en el capítulo dedicado al Tango en: Andahazi, Federico; Argentina, con pecado concebida, Buenos Aires, Planeta, 2009.
5) Pascucci, Silvana; “La huelga de Inquilinos de Conventillos de 1907”, en: Diario Crítica de la Argentina, 17 de agosto de 2009.
6) Según el Censo de 1895 la población del país era de alrededor de 4 millones de personas. Para el Censo de 1914 esa población se había duplicado a 8 millones.
7) Cerruti, Leónidas; “La Huelga de las Escobas. Los trabajadores y sus viviendas en el país de la abundancia”, en: ANRED, http://www.anred.org/spip.php?article4477, 2 de octubre de 2011.
8) Cerruti, Leónidas; “La Huelga de las Escobas...”.
9) Citado por Cerruti, Leónidas; “La Huelga de las Escobas...”.
10) La Vanguardia, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1907, en: Reinoso, Roberto (comp.); La Vanguardia: selección de textos (1894- 1955), Buenos Aires, CEAL, Biblioteca Política Argentina tomo 90, p. 60.
11) Cortina, Mercé; “Primeros pasos en la lucha…”.
12) Prado Franco, Samuel Antonio; “Breves notas para una historia de las ideas políticas panameñas. Segunda parte”, en: El Librepensador, http://www.ellibrepensador.com/2010/11/01/breves-notas-para-una-historia-de-las-ideas-politicas-panamenas-segunda-nota/, 1º de noviembre de 2010.
13) Prado Franco, Samuel Antonio; “Breves notas para una historia...”.
14) El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, considera “Hogares” a la persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten gastos de alimentación. Página web del INDEC: http://www.indec.mecon.ar/.
15) Arnone, Andrés; Zaldívar, Verónica y Mercatante, Esteban; “Sin lugar para los débiles. El negocio inmobiliario y las políticas de exclusión en las ciudades argentinas”, en: Ideas de Izquierda, Buenos Aires, N° 9, mayo de 2014, p. 16.
16) Esta misma Policía Metropolitana reprimió en 2013 a médicos, pacientes y periodistas en el Hospital Psiquiátrico “Borda” con el objetivo de desalojarlos para beneficiar los negocios inmobiliarios que el gobierno porteño de Macri pretendía hacer en ese terreno.

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Eutanasia académica

Alfredo Grande (APE)



Una de las afirmaciones más contundentes del filósofo León Rozitchner, autor de libros fundantes, es: “el sujeto es núcleo de verdad histórica”. Pero esa verdad histórica está siempre atravesada por la lucha de clases. El sujeto se organiza desde la lucha permanente entre sus deseos y sus mandatos. En el mejor de los casos, arrasará con sus mandatos para poder desplegar sus deseos. En el peor, tendrá que conformarse con desear sus mandatos. Lo más ajeno vivido como propio y lo más propio vivido como ajeno.

Los pueblos, aunque recuerden
su pasado, también están
condenados a repetirlo pero
también tiene la libertad
de subvertirlo.
(aforismo implicado AG)

La alienación es justamente eso: la persona no sabe qué quiere y además, no quiere lo que sabe. Vive en un automatismo mental, corporal y vincular. Los protocolos de cómo hay que vivir los transmite la Publicidad, la reina de todas las conductas. En la televisión la publicidad tiene su propio Espacio, equivalente al Espacio de la programación. O sea: no hay avisos en los programas, sino que se hacen programas para poder pasar avisos. Sponsoreo que le dicen.

Entonces, siguiendo la afirmación de Rozitchner, pienso que hay “sujetos del deseo” y hay “sujetos del mandato”. El mandato puede ser la Verdad Revelada o la Razón de Estado. Siempre viene de arriba para arrasar con los de abajo. El extrañamiento del propio deseo es el objetivo fundante de la cultura represora. Cuando el sujeto es vaciado, eviscerado, desmantelado de sus deseos, el operativo para manipularlo es sencillo. Y entonces degrada de sujeto a individuo. Aislado de la trama vincular que lo sostiene. Se sostiene en la tecnología de punta.

El individuo está conectado o desconectado, on line o fuera de línea. El llamado tiempo real es el tiempo de la virtualidad. Lo instantáneo reemplaza a lo inmediato. Y en lo instantáneo, todo pasa y nada queda. Es la política del twitter. 140 caracteres con los cuales se pretende cambiar el mundo. Pero es el mundo de las corporaciones el que nos ha cambiado. Y una de las corporaciones más perfectas, más absolutas, más impunes, es el Estado. La única dádiva es votar cada dos años. En el suspiro que dura el voto entregado a la urna, el individuo vuelve a ser sujeto. Segundos apenas para luego retornar a la crónica y, para usar un concepto de Alberto Morlachetti, desangelada cotidianidad.

¿Cómo interpelar aquello que prohíbe ser interpelado? Instalados siempre en la ilegalidad, también somos expulsados al este del paraíso de la legitimidad. La cultura represora es una fábrica de delitos, de falsas dignidades y de patología mental. La herejía ya no es solamente religiosa, sino que es política, partidaria, académica, deportiva. Y el hereje deberá ser castigado. Su ejemplo no puede ser imitado. Es un enemigo de todas las formas de la cultura represora y deberá estar rigurosamente vigilado. Y neutralizado. Nadie es profeta en su maceta, y la cultura represora es especialista en contaminar la tierra, el aire, el agua. Y la mente. El pasaje de los deseos a los mandatos se denomina “naturalización”. La burocratización de la vida que no es otra cosa que la anticipación de la muerte en vida.

Desde noviembre de 1975 soy docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por el mandato de la edad jubilatoria de 65 años, en diciembre 2013 fui dado de baja. En ese momento era Encargado de Enseñanza de Psicología Médica en mi querida Escuela de Kinesiología. No tengo la opción o la gracia de pedir prórroga hasta los 70 años porque no soy titular concursado. La pregunta, que no es del millón (pero es MI pregunta) es: “¿porque no soy concursado?”. Porque la UBA no llamó a concursos en mis casi 30 años de jefatura de cátedra. La UBA me exige aquello que no me permite cumplimentar. “Siéntese por favor aunque no haya sillas”.

Dime quién te asesina
y te diré quiénes
lo repudian.
(aforismo implicado AG)

Un paciente me mostró un mensaje de texto donde el jefe le daba una orden taxativa. Le mostré que era una orden que no podía ser cumplida. Una estrategia de la cultura represora es exigir aquello que no se puede realizar. “Esto tiene que estar hecho para ayer”. Estrategias de culpabilización y de sometimiento. Estar en falta como forma de sostener la pasividad ante todas las formas de la injusticia. No soy docente concursado. Empecé los trámites de mi jubilación. Espero que en ANSES decida de cuanto dispondré para sostener mi vida post 65 años.

Eduardo Gruner sufrió la misma injusticia. Lo entrevisté en mi programa de radio Sueños Posibles. Hace poco la movilización de estudiantes logró la reincorporación de un docente en Economía. Resolví, no sé todavía si por opción o por omisión, seguir la vía administrativa. Dejar que la injusticia se consuma en su plenitud. Cuando el Estado me designe Jubilado, será el momento de seguir empezando.

En una de mis primeras clases dije que yo enseñaba porque era la mejor forma de aprender. Y sigo aprendiendo ya que en las Universidades Nacionales de La Plata y Lomas de Zamora puedo continuar dando clases. Y en los espacios que se habilitan desde la cooperativa ATICO.

Pero la UBA tiene que ver con mi identidad desde el ciclo secundario. Trataré de no alienarme en mi jubilación. La Burocracia que me da de baja, el Mandato que me castra en mi potencialidad docente, van a enfrentar a mi voluntad deseante. Para eso las tramas vinculares construidas en décadas van a sostenerme. En lo profesional, lo político y lo social.

Estoy averiado pero todavía no me hundieron. Enfrentaré la eutanasia académica desde los espacios que la cultura represora habilita para poner en superficie todas las formas de la discriminación. Creo que el límite de 65 años es discriminatorio. Y una forma de despilfarrar, de basurear, de desperdiciar, aquello que se construyó en décadas de trabajo.

Tengo la absoluta convicción de que mi verdad histórica, en este caso la lucha contra esta forma sofisticada de eutanasia, será acompañada por compañeras y compañeros. Y que, con un poco de esfuerzo, también los puedo contar.

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