miércoles, 18 de marzo de 2015

Alfredo grande: “Si alguien dice que por apoyar a uno no podes acompañar a otro compañero, eso es para mí cultura represora”

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Argentina. Voces por la unidad de la izquierda: Alfredo Grande, psicoanalista y presidente de Atico

M.H.: Hay una convocatoria para el día de mañana en la Facultad de Ciencias Sociales, a raíz de la declaración que se dio a conocer en apoyo al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y a la construcción de un amplio polo de izquierda, que tiene entre otras la firma de Alfredo Grande.
Pero quiero comenzar con la declaración de repudio de parte de familiares y sobrevivientes de Cromañón a la candidatura de Aníbal Ibarra, el encabezado dice: “Se desoyeron 36 alertas que advertían que en la Ciudad de Buenos Aires el estado de los boliches y lugares de esparcimiento eran deplorables, alertas que partieron por ejemplo de la Defensoría del Pueblo, de la Auditoría General de la Ciudad, la Asociación de Abogados y también de los medios masivos de comunicación. Una de las cajas chicas que manejaba el Gobierno de la Ciudad provenía precisamente de la coima recibida por los empresarios de los locales nocturnos. Desarticuló el área de verificación invocando un focazo de corrupción pasando a disponibilidad 300 inspectores a los cuales no les hizo ni una sola denuncia, ni siquiera un sumario por corrupción. A éstos, los reemplazó por una dotación 10 veces menor que a su vez estaba conducida por personas de su más intimo círculo, como su cuñado López y la incompetente funcionaria Fabiana Fizsbin condenada en el juicio penal.” Estos son parte de los argumentos por los que familiares y sobrevivientes de Cromañón repudian la candidatura a Jefe de Gobierno de Aníbal Ibarra.
Alfredo, vos has tenido una intensa participación en todo lo que ha tenido que ver con Cromañón, por lo menos hasta hace un tiempo, y me gustaría una reflexión sobre este comunicado de repudio a la candidatura de Aníbal Ibarra.

A.G.: En realidad voy a comentarlo desde mi manera de pensar estos temas. Creo que dentro de lo que es la democracia, lo que llamamos la “forma democrática de organización”, subsisten tres formas que son cultura represora, retroprogresismo y fascismo de consorcio. Tres categorías políticas que yo, bien o mal, puedo desarrollar. Ibarra cumple con holgura lo que se conoce como retroprogresismo, esto es, aquella fuerza que en función de oponerse a la derecha, como “progre” se muerde la cola y termina actuando como cualquier derecha o peor porque sobreactúa el rol.
Lo que hizo Ibarra después de Cromañón, dejando de lado la prevención, vamos a ver qué hizo después. Y no hizo nada, se reunió con las cámaras empresarias, ninguneó a los familiares, no se presentó a la Legislatura, lo tuvieron que citar por la fuerza y nunca admitió ninguna responsabilidad, actuó con la misma impunidad soberbia que cualquier derechoso digno de ese nombre. Porque alguien progresista hubiera realizado cierto acercamiento a escuchar, atender y entender lo popular. Si tenés casi 200 muertos, más del doble de la masacre de AMIA, no podés mirar para otro lado.
La indignación de los familiares y sobrevivientes es justa y necesaria. En democracia el retroprogresismo mata y la cultura represora es la impunidad, porque no hay nada más represor que frente a hechos flagrantes, por omisión o por acción, que la impunidad. De alguna manera, Ibarra lo que busca es la impunidad política, incluso cultural, que lo vuelvan a votar y sostener ese refrán paradigmático de la cultura represora: “borrón y cuenta nueva”. Yo digo que tenemos que procurar “cuenta nueva, sin borrón”, porque el borrón es la impunidad.
Estoy totalmente de acuerdo con ese documento, creo que apunta a algo necesario que es que además de lo jurídico y lo legal existe lo cultural. Si Aníbal Ibarra vuelve a ser Jefe de Gobierno el retroceso cultural sería como una vuelta a la Edad Media, como cuando la historia hace un rulo y vuelve hacia atrás. No creo que suceda, espero que no suceda y trabajaremos para que no suceda. Pero puede pasar, porque somos un país con una militancia en amnesia. Muchos jóvenes entusiastas de la Cámpora no tienen idea de quién fue, no conocen la masacre de Ezeiza, ni qué fue la Triple A, no saben nada, y eso es porque al poder político le conviene hacer una especie de amnesia retrógrada. Esto lo desarrolló magistralmente George Orwell en 1984, no se trata ya de modificar el presente sino de manipular el pasado.
Desde ese lugar de mucha inconsistencia, donde hay un presente y un futuro pero no hay un pasado, todo es posible. La masacre de Cromañon existió, 194 pibes murieron, familiares siguieron muriendo de tristeza, pena y desesperación, muchos sobrevivientes quedaron marcados para siempre. Buscar que lo que pasó no pase es entrar en el fascismo de consorcio, por eso digo que a veces el retroprogresismo y el fascismo de consorcio se acercan tanto que pasan a ser casi indistinguibles. Por eso el caso de Ibarra.

M.H.: Por eso es que estos familiares y sobrevivientes concluyen su declaración planteando “como parte del movimiento Cromañón el exhortar a todas las fuerzas políticas para que desistan de realizar alianzas electorales que contengan entre sus filas a este personaje siniestro de la historia reciente de nuestra Ciudad. Les pedimos que nos acompañen en nuestro repudio a Aníbal Ibarra y en homenaje a las 194 víctimas que ya no pueden expresarse como lo hacemos nosotros”.
Ahora sí Alfredo, me sorprendió ver tu firma en el documento por un amplio polo de izquierda, porque no la vi al comienzo sino en una versión posterior, aunque sé que en más de una oportunidad has planteado la necesidad de la unidad de la izquierda en tus artículos semanales que escribís para la agencia Pelota de Trapo. De alguna manera esta declaración que también suscribí y acompañé, porque entiendo que hay una serie de organizaciones que estaban rompiendo con una suerte de práctica política que era la de no participar en las elecciones, como es el caso del Frente Popular Darío Santillán, Pueblo en Marcha, el MULCS, movimientos sociales con desarrollo, trabajo territorial en las villas, en sectores donde el FIT no interviene demasiado. ¿Qué te motivó a suscribir esta declaración?

A.G.: Primero te agradezco la pregunta, yo también me la hice. Estoy muy cerca del Frente Unidad Popular del que es candidato a presidente De Gennaro, porque conozco a muchos compañeros de años de militancia. Como bien decís, en muchos de mis artículos apunto a que la izquierda, entendida como anticapitalista, antiimperialista, clasista y revolucionaria es imprescindible que sea un bloque electoral donde no hayan solo 4 o 5 sino que sumen muchos más grupos. En ese sentido me parece muy valioso el trabajo del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Jugar a “si estás con éste no estás con este otro”, para mí es la cultura represora dentro del campo de la izquierda y ese sectarismo del iluminismo, no tiene lugar. Yo voy a apoyar desde lo más simple que es firmando, porque me parece legítimo apoyar sea en instancia electoral o después, a través de la capacidad de generar bloques potentes en el Congreso y la Legislatura, todo aquello que se define hoy desde una línea clasista, anticapitalista. Porque jugar al antiimperialista y ser capitalista es un viejo truco.
Escribí un artículo para Resumen Latinoamericano que titulé “Chavismo of shore”, ser muy antiimperialista para la política exterior pero en la política interior ser absolutamente capanguista, ese es el truco de los populismos que nunca me sedujo. Creo que hay que ser fuertemente anticapitalista, el Che decía “hay que odiar al capitalismo para amar al socialismo”, y si hay alguien que descubrió la forma de ser amado es el capitalismo.
La presidenta hace poco en un discurso habló del alto consumo de Coca Cola, la empresa paradigma del capitalismo, criminal por la destrucción de las aguas, por la actitud mafiosa que ha tenido para implantarse en todos los países, no sé si no es peor que el narcotráfico, porque nadie habla de la adicción a la Coca Cola. Una droga que es absolutamente nefasta tiene publicidad oficial, y se hacen tantos rulos con la marihuana. Desde ese lugar ser antiimperialista, hablar de los fondos buitre, pero no luchar contra las formas de capitalismo que son todas oligopólicas. Se la agarran con Clarín y no hacen nada contra Coca Cola, no sé qué es peor, si el veneno de Magneto o el veneno de la Coca Cola. Digo esto porque la Presidenta ponderó el alto consumo de Coca Cola que es un alto signo de alienación de un pueblo, no de liberación.
A mí me interesa la unión, la unidad siempre lleva a un verticalismo tarde o temprano, porque para la unidad hay que minimizar las divergencias, en cambio en la unión podés tener diferencias fuertes, pero dentro de un mismo espacio y esto es lo que lamentablemente no hay. Un ejemplo berreta pero válido es el Frente Amplio de Uruguay, Mujica no tiene nada que ver ideológicamente con el presidente actual Tabaré Vázquez, pero sí tienen algo muy importante que compartir que es ese gran espacio que es el Frente Amplio.
Entonces, lo que hacen estos compañeros desde el Frente Popular Darío Santillán, con mucho trabajo territorial, me parece valiosísimo, así como el trabajo que hacen los compañeros desde el FIT, también el que hace el MST. Hay que apoyar a todos, después uno votará a quien quiera y acompañará a quien pueda, pero si surge una propuesta, cómo no apoyarla. Si alguien dice que por apoyar a uno no podes acompañar a otro compañero, eso es para mí cultura represora.

Ante la vuelta a paso redoblado de la derecha, todo intento de unión de izquierdas clasistas debe ser apoyado

M.H.: Vos no ves como incompatible, por ejemplo, suscribir esta propuesta a la que hago referencia, con tu participación en el lanzamiento de la Unidad Popular a fines de diciembre.

A.G.: No. Yo me afilié a Unidad Popular porque creo que los compañeros que forman parte, a quienes conozco mucho, eran una opción válida, pero no la única. Siempre que me afilié a un partido terminé yéndome. Se parece un poco al fútbol, yo soy de Boca pero me gusta ver cualquier partido, con la política me pasa algo similar, toda acción que tienda a perforar y a atravesar el fundamento de la cultura represora, que es un fundamento jerárquico, oligárquico, propio del capitalismo explotador y asesino, lo apoyo con los brazos abiertos y todo el que sugiera que no puedo hacerlo está reproduciendo lo que combato.
Puedo leer a Borges, a Lugones y a Vargas Llosa, he ido a Cuba a dar cursos porque soy miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, he dicho lo que pienso, porque amar la revolución no es vivir enamorado. Un aforismo dice “el enamoramiento no anuncia el amor, anuncia el sometimiento”, si te enamorás de la revolución a lo mejor después terminás sometido. No es lo mismo el enamoramiento que el amor, en el amor hay crítica, hay discrepancia y hasta puede haber despedidas. Una cosa es la idealización y otra la realidad, la revolución es un ideal pero no podés idealizar ningún partido por revolucionario que sea porque entrás en una lucha corporativa por ver quién es más revolucionario y más de izquierda. Creo que a pesar de las diferencias, ante la vuelta a paso redoblado de la derecha, todo intento de unión de izquierdas clasistas debe ser apoyado.

M.H.: Una perspectiva diferente a las que hemos tenido en los espacios que le hemos dado a esta discusión. En el sentido que vos ves como posible compartir un espacio entre el FIT y Unidad Popular.

A.G.: Creo que es necesario. Dependerá de las bases y de los dirigentes que esto sea posible. Yo hago diferencia entre lo que me resulta incompatible, por ejemplo, todo lo que pudiera significar un acercamiento con Pablo Ferreyra, Gustavo Vera, el Pino Solanas de hoy, Lilita, obviamente con los Radicales de hoy porque el Alfonsinismo no existe más. Hemos podido pensar en una izquierda peronista y se han hecho acuerdos, el Cordobazo no se hubiera podido hacer sectariamente y admiro a Tosco pero no lo idealizo, había una necesidad política.

M.H.: Mencionás a lo mejor del Cordobazo, porque también estaba el dirigente del SMATA Córdoba de aquella época, Elpidio Torres, que era un burócrata sindical al mejor estilo de los que conocemos en la actualidad.

A.G.: En el mítico 2001, cuando volvía a mi casa el 20 a la madrugada y veía las 4x4 me empecé a plantear que algo no estaba bien. En el Arca de Noé hay por lo menos dos por especie, creo que una convocatoria honesta, ética y verdadera es necesaria. Y puede ser después de las elecciones, puede ser un inter bloque de izquierdas.

M.H.: Es interesante lo que plantea este documento en el sentido del porvenir, se refiere a una ofensiva de los de arriba y convoca a construir un amplio polo de izquierda. Hay que tener en cuenta que las tres opciones que se presentan como presidenciables son bien vistas por el establishment internacional.

A.G.: Van a ganar los tres. Hace muchos años mirando un partido de fútbol me di cuenta que a ambos los esponsoreaba Coca Cola, no importa quién gane, gana la empresa. Es una herencia maldita del kirchnerismo, que después de la década ganada y cacareada, la derecha vuelva y me temo que es una maniobra para rearmar fuerzas para el 2019. Maquiavelo escribió varias cosas al respecto de esto, no me sorprendería.

M.H.: Una de las entrevistas más interesantes que he tenido en el último tiempo, has incorporado elementos que ameritan una profunda reflexión. Muchas gracias.

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Argentina. Crisis Energética: La década perdida

José Rigane

Dos empresas argentinas del sector energético, pero podríamos tomar a muchas otras, lideraron las ganancias bursátiles en 2014. Se trata de Edenor y Grupo Pampa, ambas del empresario Marcelo Mindlin. Las acciones de las empresas registraron un crecimiento de 267% y 212%, respectivamente. La energía es un negocio en argentina y es cada vez más redituable.

Pero el sistema energético argentino está atravesando una profunda crisis. Más allá de quién quiera verlo y quién quiera ocultarlo, lo cierto es que en Argentina hay crisis energética. Esta crisis es significativa y se ha ido profundizando en base a la privatización y la extranjerización, que son la base fundamental en donde se sostiene el modelo energético nacional.

Otra característica del actual modelo energético es su atomización. Producto del proceso de privatización a lo largo del territorio nacional, hoy la generación de electricidad va por un lado, la transmisión va por otro y la distribución por otro. Este proceso de atomización afecta fuertemente al servicio y perjudica millonariamente al pueblo argentino. Pero este modelo es, también, un gran negocio para algunos pocos.

Antes del proceso de privatización y extranjerización, había una única unidad que resolvía el tema, sobre todo el sistema eléctrico y/o el gas. Pero en estos años, esas unidades ya no existen y hay varias empresas privadas -sobre todo extranjeras- en la producción, transporte y distribución que dominan el sector y son beneficiadas por el Estado que ha venido jugando un papel de “socio bobo” de todas las empresas de energía en el país, que en su mayoría son grupos multinacionales.

El Estado argentino hoy ha perdido la capacidad de controlar a las empresas. Tampoco puede planificar ni desarrollar las obras de infraestructura que necesitamos. Hay muchas obras que deberían hacerla las empresas privadas, pero no las hacen. Es la famosa “falta de inversión” que hay en el sector energético y que estalla cada vez que hay grandes cortes de luz. Mediante una política concreta y efectiva, el gobierno “deja hacer” y las empresas avanzan.

Argentina hoy tiene una potencia instalada de 32.000 megavatios (MW), pero puede sostener un consumo de hasta 23 o 24 mil megavatios. No puede llegar a los 32 mil MW porque no funcionan, no están disponibles. Encima, hay 1.500 megavatios instalados en todo el país con equipos de emergencia. Esto significa que hay alrededor de 1.500 equipos distribuidos en el país con este tipo de energía, que es cara y altamente contaminante. Ya es común ver motogeneradores en las calles de Buenos Aires o Rosario o cualquier ciudad del norte o del sur. Es común ver equipos electrógenos en las puertas de los comercios. Esas imágenes han pasado a ser parte del paisaje estable del sistema eléctrico. Hay que decir que estos equipos en realidad se utilizan para apagones, para resolver problemas en un momento determinado, para emergencias. Pero en Argentina se utilizan como parte del modelo energético.

Hoy, en pleno siglo XXI, cuando hace calor tenemos problema de energía, cuando hace frío tenemos problemas de energía, cuando llueve tenemos problema de energía y cuando hay sequía, tenemos problemas de energía. En realidad, tenemos problemas con la energía más allá de qué clima esté haciendo.

En 12 años de gestión kirchnerista, no se ha modificado la ecuación de los años 90, (con raíces en la política de shock de la dictadura y los años 80). La asimilación de la explotación energética a la lógica de la rentabilidad ha llevado a un deterioro irreversible. Hoy son los usuarios los que solventan el servicio generando una transferencia de recursos que permitió amplios márgenes de rentabilidad a empresas transnacionales.

Pero los usuarios son también los que sufren. La falta de inversión y las deficiencias en el control no ha sido un “error”. La actual crisis energética es intrínseca a un tipo de gestión que, por su naturaleza, busca la ganancia. Bajo esta única lógica funciona el sistema, por eso el problema es estructural y no puede solucionarse barriendo bajo la alfombra.

Por eso decimos que la crisis energética es colosal. Con tantos problemas focalizados que hay en simultáneo, esta situación no se resuelve en 24 horas. El desarrollo de otro modelo lleva mucho esfuerzo, pero sobre todo lleva años. De todas formas, no lleva tanto tiempo como lo que se tardó en terminar Atucha II (alrededor de 25 años). Es verdad que no se puede responsabilizar al actual gobierno por la tardanza en Atucha II (y su tecnología, que ya quedo antigua porque es de la década del 70), pero si se puede culpar al gobierno de profundizar el modelo de privatización y extranjerización y de sostenerlo durante estos 12 años que están al frente del ejecutivo nacional.

Por todo esto es que decimos, desde hace mucho tiempo, que no hay duda de que no hubo una “Década Ganada” en el sector energético. Acá si que no se le puede creer ni un poquito al relato, ya que la crisis energética ha sido profundizada bajo los gobierno de Néstor Kichner y Cristina Fernández. Por eso, en energía, creemos que ha sido una “Década Perdida”.

Tampoco hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas de YPF, ya que si bien nosotros vimos como un avance la estatización del 51% de las acciones en 2012, la empresa sigue siendo una Sociedad Anónima, donde el 49% restante está integrado por grupos multinacionales (inclusive por fondos buitre) que cotizan en la bolsa de Nueva York y Buenos Aires. Lejos estamos que YPF sea una empresa realmente nacional, con intereses en las grandes mayorías del pueblo argentino.

Con la excusa de que en el S. XXI se necesita una gestión “profesional” en materia de hidrocarburos, el papel de YPF es ser una empresa más en el mercado nacional e internacional. El rol de la empresa más grande del país (no solamente energética) no tiene un objetivo estratégico de ser útil al desarrollo ni a la soberanía nacional. Todo esto, en un contexto donde YPF ya no es la vieja empresa que estaba y producía en todo el país. Hoy YPF representa tan solo el 35% de lo que se produce en Argentina en materia hidrocarburíferas.

Por si fuera poco, perdimos el autoabastecimiento de gas y petróleo hace más de 7 años y hemos esfumado nuestras reservas por la pésima política energética. El resultado es que hoy Argentina tiene la necesidad de importar crudo (este mes se concreta la licitación por 1.000.000 de barriles de petróleo).

Tenemos un modelo energético que hay que modificar, necesitamos recuperar el patrimonio energético a manos del pueblo argentino.

¿Es realmente imposible lograrlo? Por supuesto que no. Para eso, miremos a Bolivia, sigamos su ejemplo de nacionalización del petróleo, el gas y la electricidad.

José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA - Autónoma y Sec. Gral, de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) y del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

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El poder judicial y el poder mediático: Juntos para sostener la impunidad

Irina Santesteban (LA ARENA)

La falta de mérito dictada a favor del director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, Vicente Massot, muestra la alianza entre la corporación judicial y algunos medios de prensa, para garantizar la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado.

El diario bahiense La Nueva Provincia fue un férreo defensor del llamado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura militar-cívica que se instaló en nuestro país el 24 de marzo de 1976. LNP fue más allá de la defensa y justificación de la actuación de los grupos de tareas, de la que hicieron gala también otros medios como Clarín y La Nación en aquellos nefastos años, con honrosas excepciones de diarios y periodistas que no se sometieron a ser voceros de la dictadura.

Es que la familia propietaria de ese diario, Diana Julio de Massot y su hijo Federico, hoy fallecidos, junto al actual director Vicente Massot, mantuvieron una íntima relación con los jerarcas de la Armada y con altos jefes militares del V Cuerpo de Ejército que comandaron la represión ilegal en aquellos años. Los Massot frecuentaban y se jactaban de su amistad con notables genocidas como Ramón Camps, Acdel Vilas, Emilio Eduardo Massera, Carlos Guillermo Suárez Mason, Alfredo Astiz, etcétera.

En el marco de la nueva etapa abierta en 2003, a partir de la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos que beneficiaron a centenares de represores, hubo claros avances no sólo en el juzgamiento y condena de los responsables materiales, la mayoría militares, sino también -aunque muy lentamente- en juzgar a los civiles cómplices del terrorismo de Estado.

Entre ellos, los empresarios, que facilitaron a las fuerzas armadas las listas de sus trabajadores a quienes consideraban "subversivos", y hasta contribuyeron con dinero, vehículos, y espacio para que las bandas represoras actuaran secuestrando, desapareciendo, torturando, asesinando como en el caso muy renombrado del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Su dueño, Carlos Pedro Blaquier, fue favorecido en estos días con un fallo de Casación Penal que resolvió dictar la falta de mérito, con sentido absolutorio, similar al que favoreció recientemente a Vicente Massot.

Condenas en Bahía Blanca

En 2012 se produce un gran avance en esa ciudad, cuando se condenó a prisión perpetua a 14 represores y se dictaron otras 3 condenas a 17 y 18 años, por los crímenes cometidos durante la dictadura militar en esa zona, que estaba bajo el control del V Cuerpo de Ejército.

La resolución judicial marcó un hito histórico porque en Bahía Blanca se nota claramente la influencia de un multimedios como La Nueva Provincia, que aún hoy sigue publicando editoriales elogiosas de la actuación de las fuerzas armadas durante la "guerra contra la subversión". En 2010, se produjo un verdadero escándalo a raíz de una editorial de la LNP, con motivo del fallecimiento de uno de los integrantes de la Junta Militar golpista, el ex almirante Massera. Y lo mismo hizo cuando murió el ex dictador Jorge Rafael Videla.

El fallo sobre la represión en Bahía Blanca, dictado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, ordenó que esos represores debían cumplir su condena en cárcel común, revocando las excarcelaciones de las que gozaban. Y también mandó iniciar una investigación sobre la responsabilidad que le cupo a los directivos del diario bahiense, como cómplices del accionar de las fuerzas de tareas durante la represión, por haber publicado información falsa sobre presuntos "enfrentamientos". En realidad se trataba de asesinatos de militantes o activistas, que eran secuestrados de sus casas, muchas veces ante testigos, y luego eran llevados a centros clandestinos de detención, donde eran torturados y más tarde directamente fusilados en esos enfrentamientos fraguados que algunos diarios presentaban como reales.

Así nació la causa "Massot Vicente Gonzalo María y otros s/ Privación ilegal de la libertad agravada, art. 142, inc. 5, C.P., tortura, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita; víctima: Heinrich Enrique y otros".

En ese juicio, el juez subrogante Claudio David Pontet, cuestionado por los fiscales por no haber sido designado conforme los procedimientos constitucionales, dictó hace pocos días la falta de mérito, en una resolución que provocó enorme indignación entre los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca y del país.

Para Adepa, en cambio, la entidad que agrupa a la mayoría de los dueños de diarios del país, el fallo fue un "respaldo" a la "libertad de expresión".

Trabajadores asesinados

En ese juicio, Massot había sido imputado por el asesinato de dos gráficos que trabajaban en La Nueva Provincia, y que eran miembros del Sindicato de Artes Gráficas de esa ciudad.

Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola habían reorganizado el sindicato, y protagonizaron medidas de fuerza contra los dueños del diario masserista porque no se respetaba el convenio en materia de francos compensatorios. En esa lucha, habían decretado paros que paralizaron la edición del diario, y cuando los Massot despidieron trabajadores, lograron su reincorporación.

Semejante accionar no iba a ser perdonado por los dueños de LNP. Por eso el 30 de junio de 1976 ambos trabajadores fueron secuestrados de sus domicilios en la madrugada, y el 4 de julio fueron encontrados acribillados y con signos de haber sido torturados. Sin embargo, el Poder Judicial cómplice de la dictadura en aquellos años, no investigó esas muertes. Y el diario sólo dedicó unas líneas a informar sobre las muertes de sus propios empleados.

El periodista de Página 12, Diego Martínez, que ha investigado el caso de estos dos obreros gráficos, publicó en ese diario el 10 de julio de 2006, una nota donde cuenta que "Diana Julio de Massot no denunció los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al responsable de los grupos operativos del Ejército, el general Acdel Vilas fue contundente: "Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos". El arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negarles su ayuda cristiana y la Justicia archivó la causa sin investigar".

En ese proceso judicial, Massot fue acusado de integrar "una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional". Los fiscales actuantes, que ya presentaron un recurso en contra del dictado de falta de mérito, son Miguel Angel Pallazani y José Nebbia. Para ellos, el empresario formó parte "junto con los mandos militares, de una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes". Massot fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". Y también por haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad" en los secuestros, torturas y homicidios de otras 35 personas.

Responsabilidad

Al momento de ser indagado, Massot se deslindó de toda responsabilidad y dijo que quienes dirigían el diario en esos años eran su madre y su hermano, hoy fallecidos. Sin embargo, en la causa, los fiscales pudieron aportar pruebas de su permanencia en el diario en 1976 y de su papel como joven directivo del mismo.

Según el periodista Martínez, en la madrugada del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Diana Massot y su hijo Vicente ingresaron a la sala de impresión del diario, e increparon a los obreros gráficos portando una bandera argentina. Entre ellos estaban Heinrich, quien era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, y Loyola, estereotipista y tesorero de la entidad gremial. Les espetaron: "A que no se animan a hacer huelga ahora!".

A 39 años de esa fecha, todavía falta mucho por caminar en estos juicios por castigar los crímenes del terrorismo de Estado, y la responsabilidad de los empresarios. Sobre todo para esclarecer el papel de socio de la represión que tuvo ese diario, bautizado por entonces como "Gaceta Marinera", por su sólida alianza con la Armada de Massera, de la que fue prácticamente su vocero orgánico de prensa.

En vísperas del nuevo aniversario del 24 de marzo cabe recordar que en un editorial de LNP, criticando la instauración de la fecha como "Día de la Memoria, por el gobierno de Néstor Kirchner, se afirmó que se trataba de inculcar en los alumnos y estudiantes la recordación del "Día del Guerrillero".

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Marcado giro de impunidad para proteger a los civiles que participaron del genocidio

CEPRODH

Dictan falta de mérito para uno de los responsables la ex Editorial Atlántida.

A poco de cumplirse 39 años del golpe genocida, se dieron a conocer en los últimos días tres fallos que resultan favorables a los empresarios Pedro Blaquier, Vicente Massot, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble. Al respecto, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), informó que “ayer se conoció un nuevo fallo que favorece a otro de los civiles que participó del genocidio: Agustín Bottinelli, quien fuera editor responsable en la ex Editorial Atlántida”.

La referente de los derechos humanos agregó que “fueron necesarios más de 20 años de pelea firme para que Bottinelli fuera llamado a indagatoria sólo por uno de los casos en que participó, en el cual fraguó una entrevista a Thelma Jara en la Revista Para Ti, detenida desaparecida en la ESMA, para que en pocos días la justicia dictara la falta de mérito”. Barry declaró que espera “que a Bottinelli se lo indague por mi propio caso, donde él fue uno de los responsables de que se usara mi imagen para una campaña a favor de la dictadura militar, cuando yo tenía tan sólo dos años y mis padres acababan de ser asesinados”.

Asimismo, Barry afirmó que “la resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña es un nuevo ataque a todos los que padecimos la desaparición de nuestros padres. Un ataque a nuestra propia vida. Esto nos llena de bronca, porque es un marcado giro en la impunidad para seguir protegiendo a los civiles que participaron del golpe genocida”. Por último, Barry anunció que “vamos a rechazar esta resolución, que es parte de una oleada de fallos reaccionarios para proteger a los empresarios que fueron parte del proceso. Este 24 de marzo llamamos a movilizarnos para repudiar estos hechos y terminar con la impunidad que continua protegiendo a los civiles.”

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Milani a indagatoria por delitos de secuestro y torturas durante la última dictadura cívico-militar

ANRED

Así lo comunicó el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada. Consideró que “hay elementos suficientes” para que el jefe del Ejército, general César Milani, sea indagado por los delitos de secuestro y torturas en La Rioja, en 1977, durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. La decisión final de convocar al militar a declarar, quedó bajo las responsabilidades de los jueces de la Cámara provinciales, Abel Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro.

El tribunal de alzada habilitó a Lozada para que se pronuncie respecto a un incidente planteado por la querella, el ex preso político en la dictadura Ramón César Olivera, y el funcionario del Ministerio Público indicó que no encuentra obstáculos para que el jefe militar, César Milani, declare como imputado.

También deberían comparecer en declaración indagatoria, dijo el fiscal ayer a una radio cordobesa, “el ex juez federal de La Rioja y otras personas integrantes de las fuerzas policiales y del Ejército por privación ilegal de la libertad y tormentos”.

La decisión de citar a declaración indagatoria a Milani, está en manos de los jueces de la Cámara provinciales, Abel Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro.

De la Rioja a Córdoba, por falta de acción

La causa se transfirió de la provincia de La Rioja a Córdoba, a causa de un recurso “por falta de acción” que interpusieron los abogados de Olivera, luego de que el fiscal federal riojano, Horacio Salman, aceptara los argumentos de la defensa de Milani y el juez federal riojano, Daniel Herrera Piedrabuena, declarara nula la investigación.

Milani, que en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar se desempeñaba como teniente en el batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, se lo investiga por el secuestro y torturas sobre Ramón Olivera y su padre, quien quedó hemipléjico a raíz de los tormentos recibidos en una cárcel.

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El crimen de Daiana: Demasiadas pibas menos

Claudia Rafael (APE)

¿Cuál es el tiempo real durante el que el nombre de una víctima de violencias perdura en la memoria colectiva? ¿Cómo se calcula el espacio que ocupará una u otra víctima –según un amplio abanico de peculiaridades- en los medios periodísticos ávidos de historias que prolonguen el show? ¿Decir Angeles Rawson o Lola Chomnalez es exactamente igual, a ojos de los medios y de la sociedad, que pronunciar Juana Emilia Gómez, Romina Ríos o “Peli” Mercado? ¿Durante cuánto tiempo se congelará la mueca de espanto social que provocó esta semana la aparición sin vida de Daiana Ayelén García, con sus 19 años, a la vera de la ruta 4, en Lavallol? ¿Alguien sabe, más allá de las fronteras olavarrienses, quién fue Magalí Giangreco? Y ¿qué resguarda la memoria colectiva de la telaraña de perversidad que rodeó la desaparición y homicidio de Candela Sol Rodríguez en Hurlimgham?

El espanto del final, los mecanismos y la crueldad de victimarios casi siempre anónimos e impunes es el único punto que las une. Por el resto, el transcurrir de sus vidas y la reacción social ante sus desapariciones y sus crímenes las aleja y las ubica en antípodas irreconciliables.

En medio de la mansedumbre del pequeño pueblo riojano de Patquía, con sus escasos 1800 pobladores, decir “Peli” es decir desaparición. Ramona Nicolaza Mercado es su nombre y en aquel abril de 10 años atrás tenía apenas 13. Dicen en el pueblo que es la Marita Verón de La Rioja. Ella, que solía decir que “hay un señor que me dice cosas y me molesta”. Y ese señor era un policía. “El 26, Peli fue al colegio Humberto Pereyra, donde cursaba noveno año, rindió matemática y se sacó un 10. A las 19.30 se preparó la merienda, que era infaltable para ella, porque era de buen comer, se sirvió dos tazas de chocolatada con tostadas con mermelada y manteca y quedó con la mamá de ir a devolverle un pantalón negro a mi otra hermana y unas botas que ella le había prestado para ir a una fiesta de 15. Estaba a cinco cuadras, pero nunca llegó. Entre las 20.30 y las 21.00 a ella se la llevaron. Y nunca más una noticia, ni un llamado, nada”, contó hace años otra de las tías al suplemento “Las 12”, de Página. Se cree que fue devorada por las mismas redes que capturaron a Marita Verón 13 años atrás.

“Peli” no tuvo titulares ni reclamos mucho más allá de las fronteras de su Patquía. Allí donde también vivía Romina Ríos, que tampoco los tuvo y que fue encontrada en febrero en la capital riojana después de varios días de búsqueda. La policía provincial habla de ese eufemismo justificador conocido como “crimen pasional” por el simple detalle de que el único imputado es un hombre de la fuerza de seguridad provincial. La misma que sostuvo el clásico mensaje a la mamá: “Señora, hubiese cuidado mejor a su hija, se debe haber ido con algún noviecito”.

Dicen las cifras publicadas hace escasos días a través del informe “Desaparición en democracia. Informe acerca de la búsqueda de personas entre 1990 y 2013” (Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) que hay 6040 desaparecidos entre 1990 y 2013, de los cuales 3231 son mujeres y 2801 hombres. Con unos 8 de los que no se incluye el género.

Bucear en cada uno de los números regionales y provinciales expone contradicciones difíciles de conciliar. En donde no se puede soslayar un problema de registros evidentemente notorio. Pero los 6040 casos registrados en ese informe para todo el país representan el 0,01 % del total de habitantes. Cuando, en cambio, se recorren las cifras provinciales, salta a los ojos que Tucumán, con sus 1453 desapariciones denunciadas de las cuales algo más de 900 son mujeres representa el 0,1 % del total de la población. La diferencia es tan abismal que las desapariciones tucumanas son 12 veces más importantes numéricamente que las que se consideraron en el resto de las regiones argentinas. Tal vez por eso, el ícono argentino de las desapariciones siga siendo Marita Verón.

En medio de esos 6040 están, por ejemplo, Peli Mercado, Fernanda Aguirre, María Cash, Florencia Pennacchi, Sofía Herrera, Marita Verón, Otoño Uriarte, Andrea López, Natalia Acosta. Allí estuvieron, probablemente, tantas otras cuyos cuerpos fueron luego encontrados. ¿Acaso, más allá de sus afectos, alguien recuerda a Araceli Ramos, con sus 19 años, asesinada por un ex prefecto cuando había concurrido a una falsa entrevista laboral igual que Daiana? En una danza mediática que un buen día decidió excluir de la memoria a Melina Romero, escasos meses después, la misma a la que Clarín definió como “una fanática de los boliches que abandonó la secundaria”.

¿Durante cuánto tiempo se prolongará la imagen de Daiana García, posando en face o ya estragada por la perversidad humana, en las pantallas de los televisores identificada por su papá el mismo día en que se cumplían 3650 noches desde la ausencia de Florencia Pennacchi? ¿Cómo se establece el rating macabro que determinó la transmisión 24x24 de Angeles Rawson? ¿Por qué lapso extra se hubiera prolongado la permanencia de Lola Chomnalez en las pantallas televisivas y tapas de diarios si no hubiera surgido con la fuerza de un huracán un hombre llamado Nisman que se transformó en pancarta con un maniqueo “yo soy” que ya entró en territorio de dudas? ¿Por qué Juana Gómez, qom chaqueña; Yamila Chacoma, desde su Comodoro Rivadavia o Sofía Viale, desde Pico nunca fueron pancarta colectiva?

Sólo el instante del estrago las hermanó. Apenas eso. El segundo feroz de la mano opresora que asesina desvió para unir fugazmente esas dos vías irreconciliables que nacen en la inequidad y persisten más allá de la muerte.

Hay -decires imprescindibles de Juan Gelman- una declinación del coeficiente de ternura que omite, con una frecuencia de espanto, la palabra indignación.

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Andrea Belén Castana: Otro femicidio en Córdoba

Agustina Juárez Marcos - Verónica Llanos (NOTAS.org - RED ECO)

Solo tres días después del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, desapareció Andrea Belén Castana. Cuarenta y ocho horas más tarde su cuerpo sin vida fue encontrado a metros de una de las estaciones del Cerro de la Cruz, en la localidad de Villa Carlos Paz, Córdoba.

El principal sospechoso de la causa es Juan Manuel Lazzaroni, imputado por “homicidio agravado por femicidio”. Se trata del ex esposo de Andrea, con quien había terminado la relación ocho meses antes y mantenía vínculos conflictivos, según informaron los investigadores del caso.

Lazzaroni fue quien denunció la desaparición de Andrea ese miércoles y participó activamente de la búsqueda. Sin embargo, Daniel Moroldo, director de Investigaciones Criminales de la Provincia de Córdoba, afirmó que el acusado se habría contradicho en sus relatos, lo que dio indicios de culpabilidad. Además, están acusados de encubrimiento Diego Luján, amigo de Lazzaroni y participante en la búsqueda de Andrea, y Fernando Villa, quien denunció a la policía haber oído gritos mientras paseaba por el Cerro de la Cruz. Las hipótesis apuntan a que los tres detenidos se encontraban en el lugar e intentaron ocultar su participación en el asesinato.

Este nuevo hecho engrosa las estadísticas de femicidios ocurridos en la Provincia de Córdoba, sin que haya respuestas suficientes por parte del Estado Provincial respecto a la prevención de la violencia hacia las mujeres y sin garantías ni celeridad en el tratamiento judicial de los casos. En 2014 ocurrieron 18 casos como este en Córdoba.

En este contexto, alarman las declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota: “Hubo una actuación rápida de las autoridades y todo indica que se trataría de un crimen pasional”. La calificación del hecho como “crimen pasional” lleva a enmarcarlo entre los asesinatos que tradicionalmente se han considerado desencadenados por pasiones como los celos o la ira. De este modo, se omite el móvil principal, que es la violencia de género ejercida por un varón hacia una mujer.

El gobernador agregó: “Somos la provincia que más ha luchado en contra de la violencia de género”. Se refería a la implementación del botón antipánico que se entrega a las mujeres que hacen denuncias por violencia. En este sentido, si bien este dispositivo sirve como herramienta de prevención, son muchas las mujeres que no acceden a él debido al procedimiento previo: se requiere de la denuncia policial y el peritaje médico, lo que en la mayoría de los casos implica una doble victimización de la mujer por las diversas modalidades de maltrato a las que es expuesta.

“Verdad y justicia” por las muertes de Andrea Castana y Hernán Sánchez

Recibida la denuncia de desaparición de Andrea, se comenzó el rastrillaje por la zona. En la búsqueda se encontró además otro cuerpo, que supuestamente es Hernán Sánchez, fotógrafo que desapareció en la misma localidad el 19 de diciembre pasado.

La denuncia por su desaparición se hizo a fines de 2014 y no hubo ninguna iniciativa de búsqueda por parte de la dependencia policial. Ante el hallazgo de los dos cuerpos, los vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz realizaron movilizaciones multitudinarias durante el fin de semana, exigiendo la aclaración de las muertes de Andrea y de Hernán. Los reclamos están relacionados con la ineficiencia e inoperancia de la policía y de la justicia en los casos de desaparición de personas.

En ambas causas el fiscal designado es Ricardo Mazzuchi, repudiado por los vecinos y vecinas de la localidad, que han pedido su destitución por las irregularidades observadas en su desempeño. La legisladora Liliana Montero del Frente Cívico presentará una solicitud de destitución. Asimismo, el Colegio de Abogados sentó posición frente a los hechos al indicar que han sido reiterados los pedidos de juicio político a funcionarios locales, sin que se haya obtenido respuesta.

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El caso Jorge Julio López en la ONU

RED ECO

El espacio Justicia Ya! La Plata realizará una conferencia de prensa el miércoles 18 de marzo a las 11 hs. en La Comuna (12 N° 695 - casi 46), para compartir los detalles de la presentación hecha ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU tanto en el caso Jorge Julio López, como en el resto de los testigos en juicios de Lesa Humanidad testigos amenazados, y en los más de 200 casos de Desaparición Forzada ocurridos en el país desde 1983.

Asimismo convocaremos a las movilizaciones del 23 de marzo en La Plata, como repudio de los 39 años del último Golpe Genocida, y contra la impunidad de ayer y de hoy.

El miércoles 5 de marzo, las organizaciones de derechos humanos nucleadas en el espacio Justicia Ya! La Plata presentamos un informe del caso Jorge Julio López ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, de visita oficial en nuestro país.

En esta nueva presentación, recordamos al Grupo que el caso López ya había sido presentado a Naciones Unidas en 2006, y a través del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH). En aquella oportunidad se recurrió al ámbito internacional a pocos días de sucedida la segunda desaparición del compañero, ya que habíamos intentado agotar todas las herramientas de denuncia a nuestro alcance.

A más de 8 años de impunidad en el caso, volvimos a insistir en nuestra pretensión de que el caso sea tomado en cuenta formalmente como lo que es, un caso de Desaparición Forzada de Persona, ya que el tema ha pasado a ser de interés para toda la sociedad argentina, pero el estado no ha dado una respuesta acorde a la gravedad del hecho. Reafirmamos ante el Grupo nuestra legitimidad de presentarnos como denunciantes, como parte de la lucha por Justicia que venimos sosteniendo, y que el año pasado nos llevó a realizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que la parálisis de la causa penal en nuestro país es señal clara del agotamiento de las vías internas de reclamo.

En sentido amplio, también presentamos al Grupo un informe sobre no menos de 8 casos de otros testigos en causas de Lesa Humanidad que han sido amedrentados de diversas maneras, incluyendo el asesinato aún impune de la compañera Silvia Suppo.

Por último, sumamos a la denuncia un anexo detallando los más de 200 casos de desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país entre 1984 y 2015 , elaborado en base al “Archivo de Casos” de personas asesinadas por el Aparato Represivo del Estado que confecciona la Correpi, que involucra las responsabilidades políticas de todos los gobiernos nacionales y provinciales durante esa etapa, y que demuestra la continuidad de esta práctica represiva pese a los pretendidos beneficios de tres décadas de democracia.

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Argentina, Santa Fe, Rosario: Identifican los restos de un desaparecido

REDACCIÓN ROSARIO

La Unidad Fiscal de Rosario identificó a otra víctima del terrorismo de Estado, sepultada en el cementerio La Piedad. Se trata de Pedro Raúl Galeano. Tenía 21 años cuando fue secuestrado por orden del II Cuerpo del Ejército en 1976.

La tarea investigativa de la Unidad Fiscal de Rosario que interviene en juicios por crímenes de lesa humanidad derivó en una nueva identificación de una víctima del terrorismo de Estado que había sido inhumada en el cementerio La Piedad de esa ciudad en 1976. Se trata de Pedro Raúl Galeano, alias “El Correntino”, un estudiante de Ciencias Económicas que fue secuestrado en Rosario el 10 de julio de 1976. Tenía entonces 21 años y militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

La identificación de Galeano se suma a los cuatro hallazgos publicados la semana pasada en la misma necrópolis. Se trata de Miguel Ángel Rubinich, Irma Edith Parra Yakin, Jorge Luis Ruffa y Carlos Raúl Racagni. Los tres primeros fueron sepultados como NN y el último fue inhumado con un nombre falso.

Luego de la detención ilegal, Galeano fue visto por sobrevivientes en el centro clandestino de detención “Servicio de Informaciones” y, de acuerdo a la información recabada en el marco de la pesquisa, nueve días más tarde fue trasladado a la Unidad de Detención N°3 de Rosario, dependencia a cargo de la Gendarmería Nacional.

El 22 de julio, Galeano fue sacado con el pretexto de llevarlo al Hospital Marcelino Freyre para una internación y, en el camino, fue asesinado durante un “enfrentamiento fraguado”, indicó la Unidad Fiscal. El servicio de inteligencia policial de la provincia informó que cerca de la institución sanitaria un automóvil interceptó el vehículo policial y desde allí se efectuaron disparos que terminaron con la vida de la víctima. La captura de Galeano había sido dispuesta y monitoreada por el Comando del II Cuerpo del Ejército, de acuerdo con los documentos sumados a la investigación.

Esa versión de la muerte es similar a la de otros episodios ocurridos durante la dictadura en diferentes lugares del país, como las masacres de Margarita Belén, en Chaco; la de Las Palomitas, en Salta, o los asesinatos de los presos políticos Dardo Cabo y Rufino Pirles, en La Plata, y fueron desbaratadas por sentencias judiciales que probaron que se trató de “enfrentamientos fraguados”.

La identificación de Galeano se dio en una tumba que estaba a su nombre, es decir, identificada debidamente. “A partir del trabajo investigativo desarrollado en forma conjunta por la Unidad Fiscal y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre los libros de ingreso del cementerio, se determinó la existencia de dicha inhumación”, informó a Fiscales la representación local del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La pesquisa que derivó en la identificación de Galeano fue delegada en 2011 por el Juzgado Federal N°4 de Rosario en la Unidad Fiscal, que dirige las tareas en el cementerio La Piedad, donde se exploraron más de 120 sepulturas NN y otras identificadas, con la asistencia pericial del Equipo Argentino de Antropología Forense.

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Argentina, Tucumán: Identifican los restos del periodista José Eduardo Ramos en el Pozo de Vargas

PRIMERA FUENTE


El Equipo Argentino de Antropología Forense tras las investigaciones que realiza sobre vestigios humanos obtenidos en el Pozo de Vargas le informó al Juez Federal Fernando Poviña las identificaciones que ya fueron informadas a sus familiares. También pudieron establecer al identidad de otras cinco víctimas de la dictadura.

El informe que está en manos del juez Federal, Fernando Poviña, consigna que entre los identificados figura el periodista y poeta José Eduardo Ramos, quien fuera secuestrado en su domicilio junto a su esposa Alicia Cerrota el 2 de noviembre de 1976.

Foto 1
Foto: El periodista Eduardo Ramos fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura, cuando tenía 24 años y trabajaba en Canal 10 y en el diario Noticias, en Tucumán. Las fuerzas militares lo detuvieron junto a su esposa, Alicia Perrota, el 2 de noviembre de 1976. / Fuente: PRIMERA FUENTE

Nuevas identificaciones sobre la base de restos humanos obtenidos en investigaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropologia Forense en el Pozo de Vargas fueron informadas al Juez, quien a su vez notificó a los familiares de las víctimas.

El listado de los identificados en esta oportunidad son Domingo Valetin Palavecino, secuestrado el 11/03/77; Ramon Oscar Bianchi, secuestrado 14/04/76; Ramón Antonio Ortiz, secuestrado 19/05/76; el periodista y poeta José Eduardo Ramos, secuestrado 2/11/76; Samuel Geronimo Romero, secuestrado el 27/01/76 y Santiago Omar Vicente, secuestrado 02/02/76.

El poeta José Eduardo Ramos (tenía 24 años) y su esposa Alicia Dora Cerrota (27) fueron secuestrados de su domicilio en San Miguel de Tucumán. Él era periodista del diario Noticias y de Canal 10 y fue visto en la Jefatura de Policía de Tucumán en diciembre de 1976 y el 1 de septiembre de 1977. Alicia fue vista en el mismo lugar en junio de 1977, estaba embarazada y habría dado a luz durante su cautiverio.

Las identificaciones de las víctimas las hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre muestras óseas y no sobre esqueletos, como ha ocurrido en otras fosas comunes o individuales de víctimas del terrorismo de Estado. Sucede que por la forma en la que fueron arrojados los cuerpos, la profundidad del pozo y el proceso de degradación no ha sido posible la reconstrucción de los esqueletos.

La existencia del pozo fue revelada por una denuncia hace diez años, tras lo cual se reunieron testimonios de habitantes que narraron que durante la dictadura se tiraron cuerpos en el lugar.

El Pozo de Vargas, de unos treinta metros de profundidad, está situado en una finca del departamento de Tafi Viejo, sobre la avenida Francisco de Aguirre al 4500, a unos seis kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán.

El periodismo lo llevaba en la sangre

José Eduardo Ramos escribía poemas y dos veces obtuvo el primer premio de poesía en concursos organizados por la Universidad Nacional de Tucumán. Por su afán de dedicarse con más tiempo a su profesión de periodista, rindió el último año libre del secundario. Sus primeros pasos profesionales los dio en el Diario Noticias, donde trabajaba junto a su padre Pedro Ramos, un destacado hombre de prensa; después ingresa en el diario La Tarde, el vespertino de La Gaceta, y unos meses después, con 19 años y recién casado, pasó al equipo de Canal 10.

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Argentina, Córdoba: En San Antonio un empresario no pisa más tierra campesina

RED ECO

El pasado Jueves 12 de Marzo el Tribunal de Justicia de Cruz del Eje resolvió reconocer la legitimidad de la posesión en toda la extensión del campo de la familia Ozan y le prohibió a Casamiro Balduzzi acercarse al campo, dando la razón a más de 12 años de incansable lucha de la familia y su comunidad. Esta resolución reafirma también que el accionar de los policías que acompañaron a usurpar al empresario como adicionales, fue ilegal.

En el 2003 en el paraje rural San Antonio donde viven más de 15 familias, a 65 km al Norte de la Ciudad de Cruz del Eje, Bautista Casimiro Balduzzi compró 95 has con título y alambró un campo abierto de más de 500 has de uso productivo comunitario encerrando a tres familias poseedoras. En septiembre del año 2010 Balduzzi irrumpe con topadora y policías adicionales en la posesión de los Ozan pero la resistencia de la comunidad organizada logra frenarlos. El 22 del mismo mes, nuevamente con topadora pero esta vez con más de 11 policías adicionales -contratados y pagados por él- avanzan sobre la posesión de las familias destrozando alrededores, borrando la represa y tapando el único pozo de agua que sustentaba la producción y vida de las familias campesinas. Casamiro Balduzzi fue imputado, acusado y citado a juicio por dos delitos: usurpación y turbación de la posesión. Nunca se animó a enfrentar al tribunal y al inicio de las audiencias del juicio, el año pasado, pidió la probation.

Esto es un logro histórico para las comunidades y las familias que trabajamos y vivimos en el campo. Una muestra más de que organizados podemos hacer valer nuestros derechos. Un hecho que nos da fuerza para seguir luchando y defendiendo nuestra tierra, nuestro modo de vida. Como dijo Don Carlos: “si la justicia nos da esta respuesta, siguen dando ganas de confiar”.

Agradecemos a todos los que contribuyeron para este acto de justicia, es un triunfo de todos los que de distintas formas defendemos la vida campesina.

POR UN CAMPO CON CAMPESINOS,

NI UN METRO MÁS LA TIERRA ES NUESTRA!
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA.

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Boletín informativo de CORREPI

Simulacro de fusilamiento en Sierra Chica / Otro pibe sexualmente abusado por un policía federal / El asesinato de Kevin: crónica de una zona liberada / La Taser de Macri y Aníbal / La muerte viaja en patrullero.

Simulacro de fusilamiento en Sierra Chica
“Con sangre verdaderamente están regando el país ahora”, escribió Juan Gelman.
Los presos fueron despertados de madrugada para salir de sus celdas. Los penitenciarios no mediaron palabra ni dieron explicaciones: los sacaron al corredor en fila y les taparon la cabeza; ahí llovieron los golpes y los insultos. Después de un largo rato de torturas (ya para cuando la visión anulada sólo sentía el frío del suelo), los pusieron de rodillas, les apuntaron, apoyaron el cañón en la cabeza, y descargaron.
Aunque así parezca, no estamos hablando de la masacre de Trelew, sino de los hechos ocurridos la madrugada del 1° de marzo en el penal de Sierra Chica, Pcia. de Buenos Aires. Afortunadamente, ésta vez la descarga llegó sin municiones. No hubo balas, sólo la vieja advertencia: “la próxima, no hay próxima”.
Semanas antes, los presos habían tomado algunas medidas de fuerza que iban de la huelga de hambre a coserse la boca, con el objetivo de lograr el traslado a unidades cercanas al núcleo familiar. La respuesta, como vimos, no tardó en llegar. Pero más allá de lo que los hechos hablan por sí solos, están las causas y –fundamentalmente- los objetivos. Estos métodos, propios de la última dictadura cívico-militar, son materia común en la cartera de prácticas que cotidianamente desarrolla el Servicio Penitenciario con el objetivo de garantizar el control dentro de las unidades.
Así, dentro de los penales, las comisarías, como en los barrios, funciona la tortura y el gatillo fácil. Para el Estado no importan los métodos que utilicen sus efectivos: si el control y la disciplina están garantizados, hay luz verde.

Otro pibe sexualmente abusado por un policía federal
El martes 10 de marzo, en horas de la tarde, un adolescente de 17 años iba cruzando las vías del Ferrocarril Sarmiento en la estación Caballito, del barrio porteño, cuando un efectivo de la Federal -que hacía tareas extras en el lugar- lo detuvo. El policía interceptó al chico preguntándole de dónde venía, qué hacía por ahí y exigiéndole que "exhibiera sus efectos". Según consta en la denuncia que realizó el padre del muchacho minutos después del hecho, el policía lo llevó hasta la plazoleta aledaña a la estación y lo requisó sacándole dos cigarrillos de marihuana para luego romperlos y comenzar a tocar abusivamente sus partes íntimas y el resto de su cuerpo. Lejos de cualquier “cacheo de rutina”, el oficial aprovechó su poder para violentar la dignidad del pibe.
Cuando llegó a su casa, el chico le contó al padre lo que había vivido y juntos fueron a la placita para constatar que el Federal aún estuviera en el lugar. Allí lo vieron y así derechito se fueron a la comisaría 13ª para radicar la denuncia (nota: siempre es mejor no ir a la comisaría, sino al juzgado o fiscalía de turno, para denunciar a las fuerzas). Horas después el efectivo que trabajaba en la División Fraudes Bancarios fue pasado a disponibilidad, pero no detenido, porque la jueza que instruye la causa le encontró la vuelta.
La misma vuelta que encontraron el juez y la Cámara Criminal para mantener libre al policía federal Jesús Yapura, ese que forzó al pibe peruano de 14 años a arrodillarse en el baño de la estación del subte Congreso de Tucumán el 1º de enero de 2012, y le dijo “chupala”. El chico, como el de ahora, recurrió a su papá, que hizo la denuncia. Confiada la querella a CORREPI, para el pibe peruano hubo finalmente algo de justicia. Un tribunal oral condenó al policía Yapura a 12 años de prisión por abuso sexual doblemente agravado, y hace pocos días la Cámara de Casación confirmó la pena, con lo que va a tener que cumplir al menos algo de la condena, hasta que le encuentren la vuelta para largarlo.

El asesinato de Kevin: crónica de una zona liberada
El 7 de septiembre de 2013, Kevin escondió sus 9 años bajo la mesada de su casita del Barrio Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires. De un lado y otro de la placita que lleva su mismo nombre (no por él, sino por otro pibe asesinado como él), bandas de narcos protagonizaron un tiroteo encarnizado con UZI, FAL y 9 mm al por mayor. Una de esas balas entró por la ventana y dio en la cabeza del chiquito.
Al mismo tiempo, el oficial principal de la Prefectura Naval Argentina, Daniel Andrés Stofd, junto a otros seis prefectos y gendarmes, recorrían la zona presuntamente como "garantes de la seguridad en la barriada". Los llamados al 911 que los vecinos realizaron instantes antes, advirtiendo que la cosa se estaba poniendo mal y derivaría en un seguro enfrentamiento, fueron registrados por esos efectivos. Sin embargo las modulaciones dicen: "Hace 2 segundos salimos de la Placita y negativo masculinos en ella... el panorama es normal"
Un año y medio después, el juez Schlegel, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 14, resolvió que el prefecto Stofd debe responder por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (previsto con pena de inhabilitación y multa) “por haber omitido, retardado o rehusado constituirse en el lugar, para evitar males mayores”. La leve imputación deja a salvo al resto de los prefectos y ni siquiera investiga a los gendarmes. Un eufemismo que expresa una lógica nada novedosa y que -entre tantos otros- podemos apreciar en el fallo que alivianó la situación procesal de los policías que contribuyeron al crimen de Mariano Ferreyra, el emblemático caso en el que estado burgués mostró su contacto con las patotas sindicales.
En este caso, asesinado a sus 9 años, Kevin desnuda la línea de contacto entre el mundo del crimen y los intereses de la burguesía, en tanto clase que detenta los resortes de ese mismo estado.
Porque el caso de Kevin pone en evidencia que las fuerzas de seguridad del estado NO están para cuidar al pueblo, sino para disciplinarlo. La evidente zona liberada garantizada por los uniformados permitió el crimen, revelando cómo lo de bandas narcos es una media verdad, que deja afuera a los que supuestamente están para impedirlo y en cambio lo facilitan.
El caso de Kevin muestra el verdadero rol del estado a través del accionar de sus fuerzas: garante de la seguridad de los negocios del poder, "legales" y de los otros. El negocio narco es acumulación capitalista, reciclaje del capital, reproducción del mismo. Convierte la mierda en dinero, y la vida en un calvario.
El caso de Kevin revela la otra cara de ese mismo estado cuando esgrime la igualdad formal ante la ley y la desigualdad concreta en la realidad: una investigación por un delito menor, con penas insignificantes, destinada a cumplir formalidades, antes que a juzgar y castigar el imperdonable crimen y la participación necesaria e imprescindible de los uniformados en su comisión.
La crónica de esta zona liberada podría sintetizarse así:
El 7 de septiembre de 2013, grupos narcos, con el apoyo del Estado a través del oficial Stofd y compañía, se tirotearon en la placita del Barrio Zabaleta.
Un año y medio después, una vez más, la impunidad pretende cerrar el caso con los eufemismos judiciales, esta vez a cargo del juez Schlegel.
No sólo de las balas se escondían Kevin y toda su pobreza.

Van a estar buenas las Taser
Fue grande el escándalo mediático cuando Mauricio Macri propuso, hace varios años, las pistolas Taser para la Policía Metropolitana. Fueron prohibidas judicialmente, y ahora el Tribunal Superior de la Ciudad las autorizó, con el argumento de que “los planteos en su contra resultan conjeturales e hipotéticos”. Habrá pues picanas portátiles para todos y todas en la ciudad de Buenos Aires.
Nadie se queja, en cambio, de que ese tipo de arma de tortura sea utilizada por los cuerpos especiales de las policías Federal (GEOF), de Buenos Aires (Halcón), Mendoza (GES), Santa Fe (TOE) y Eter de Córdoba. Hasta en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz) se usan, desde que el intendente de Las Heras en 2010, Teodoro Caminos, representante del kirchnerismo local, creó su propia policía municipal y las dotó de Taser. Ante el cuestionamiento dijo “las picanas no matan”. No claro, solas no matan a nadie, salvo cuando algún representante del aparato represivo las usa para represaliar.
Dijimos en el Boletín nº 544, hace cinco años: “Por su parte, el Pentágono estadounidense viene llevando la delantera en el desarrollo de las llamadas “armas no letales”. Uno de los proyectos más conocidos es el cañón LRAD, un dispositivo acústico de largo alcance. Esta arma puede usarse contra muchedumbres, pero las ondas sonoras también pueden dirigirse contra una persona bien determinada. La eficacia de este cañón puede apreciarse en las escenas del 7 de noviembre de 2007, en Tiflis, que muestran cómo fue dispersada allí la manifestación. Otro proyecto norteamericano es un sistema de neutralización activa, (Active Denial System), que consiste en un potente irradiador de ondas medias. Los voluntarios en los que fue experimentada esta arma “no mortal” explicaban que sentían dolor y el deseo reflexivo de escapar inmediatamente del lugar de su acción”.
Entonces ¿armas no letales? Nada nuevo, simple juego de palabras, para legitimar, una vez más, la represión del estado.

La muerte viaja en patrullero
El 15 de diciembre del año pasado, en el barrio porteño de Barracas, una camioneta de la Policía Metropolitana conducida por el oficial Daniel Germán Castagnasso, acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba, atropelló y a Nehuén Rodríguez, un pibe de 18 años, recién egresado de la secundaria, que iba en su moto y salía a festejar el triunfo de su club, Huracán.
La condición de policías de los embestidores impuso el perfil de la causa. Los vecinos cuentan que enseguida llegó otro patrullero, pero la ambulancia tardó más de media hora en llegar. El fiscal y los policías federales de la comisaría 28ª llegaron seis horas después al lugar.
Todos cuentan que el patrullero cruzó en rojo a gran velocidad, sin balizas, ni sirenas. Según datos periciales, la moto fue arrastrada veintiséis metros, lo que da la medida de la velocidad del patrullero. La familia asegura que ésta es una práctica habitual en el barrio y que hoy continúan haciéndolo con total impunidad.
Aunque en un principio se imputó a los policías por homicidio simple, en pocos días se redujo a homicidio culposo, cuyas penas son mucho más leves.
Los policías imputados declararon que circulaban con las balizas y sirenas encendidas, pero cuando, para verificarlo, se solicitaron las filmaciones de la cámara de seguridad ubicada exactamente en el lugar del hecho, resultó que ese 15 de diciembre la cámara solo registró imágenes del asfalto. Casualmente, las numerosas cámaras aledañas tampoco registraron imágenes del patrullero, ya que no funcionaban.
Este tipo de hechos, aunque no vinculados directamente con el ejercicio del control social contra el pueblo, muestran que, también en casos de criminalidad común, las fuerzas y el poder judicial funcionan de conjunto para garantizar la impunidad de los suyos.

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Taser: la insistencia del gobierno tiene que ver con plata

Andrés Pérez Esquivel (especial para ARGENPRESS.info)

Ante el sorprendente fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que contradijo la sentencia de primera instancia y de cámara, el sociólogo y asesor en seguridad en la Legislatura Porteña Andrés Pérez Esquivel aseguró que “la insistencia del gobierno con las Taser parece tener que ver poco con una cuestión técnica sino con una profunda vocación antidemocrática y un enorme gusto por los negocios. No hay que olvidar que las Taser son caras y Montenegro tiene dos demandas penales por millones de Euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista, y que cada cámara de seguridad nos está costando 175 mil pesos a los porteños, cuando como mucho deberían costar 30 mil".

El activista de derechos humanos también recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el primer distrito en aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de ONU que entró en vigencia en junio del año 2006, mediante la sanción de una Ley (Nº 3298) que creó un Comité contra la Tortura, pero Macri la vetó: "Es correcto suponer que el gobierno del PRO no va a establecer protocolos ni mecanismos de protección, no sólo porque vetó la creación del Comité Contra la Tortura en la Ciudad de Buenos Aires, sino porque ha decidido no crear protocolos de actuación para situaciones básicas como manisfestaciones públicas, y es por eso que han sucedido las represiones salvajes en el Hospital Borda, Parque Indoamericano, Barrio Papa Fransciso, Sala Alberdi, entre otras. Macri con taser es como un mono con picana."

Andrés Pérez Esquivel es sociólogo. Miembro de la Asociación Pensamiento Penal, la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia Tecnología y Sociedad (LAVITS) y Verde al Sur.

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Pistolas taser para La Metropolitana. Bregman: “En vez de salud, vivienda y educación, la campaña del PRO nos trae picanas”

PTS


El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) revocó una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones hace casi dos años y dio así vía libre al Gobierno del PRO para comprar las pistolas eléctricas Taser y equipar a la Policía Metropolitana. Myriam Bregman, precandidata a jefa de Gobierno porteño del Frente de Izquierda (PTS) y participante de la querella en el caso de Jorge Julio López por el que se condenó a Etchecolatz, denunció que “la implementación de las pistolas Taser X26 es un escándalo. El Ejecutivo porteño y su justicia, en vez de estar pensando en la educación, la vivienda y la salud, dan rienda suelta a una ’nueva medida PRO’ de reprimir a los trabajadores y al pueblo pobre de la Ciudad con descargas eléctricas. Como si fuera un juego que la Metropolitana tenga picanas que pueden llevar a la muerte”.

Patricio del Corro, candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda (PTS), denunció: “Es un arma a la medida del PRO, cuestionada por organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, que solamente puede tener como fin perseguir a los jóvenes trabajadores y de los barrios populares de la Ciudad, y a las familias que están en situación de calle. Sumado al operativo Cinturón Sur de la Gendarmería que se sigue cobrando vida en los barrios, la Metropolitana con sus Taser comienza a profesionalizar su represión para ’acomodar la calle’ y reprimir la protesta social. Como cuando estaba la famosa patota de la UCEP, ahora, en vez de palos, serán descargas eléctricas”.

Myriam Bregman concluyó: “Si Macri llega a presidente habrá pistolas Taser para todos y todas. Desde el PTS y el Frente de Izquierda venimos siendo la única fuerza consecuente en denunciar la represión, el espionaje y la persecución a los trabajadores y a los estudiantes. Sumado al 0-800 buchón, no podemos dejar de denunciar que estas pistolas de tortura serán entregadas a la Metropolitana del Fino Palacios y del espionaje de Ciro James, de la represión en el Borda, el Indoamericano y el Barrio Papa Francisco, de los heridos de bala en la Sala Alberdi o de los casos de gatillo fácil. El kirchnerismo no puede hacerse el tonto y debe hacerse cargo, tanto de esta fuerza que ellos mismos votaron crear en la Legislatura porteña y que está al servicio de desalojar al pueblo pobre (ahora, con cincuenta mil voltios), así como de su propia política represiva al mando del médico militar Sergio Berni, su Gendarmería y su Policía Federal".

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Argentina, Salta: Nuevo intento de desalojo en territorio Diaguita

ANRED

A través de un comunicado de prensa, la Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí “El Algarrobal”, denunciaron la amenaza de desalojo de sus territorios ancestrales. Se debería al “vencimiento de contrato y falta de pago expediente Nº 361.547/11 dependiente del Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial de 9na Nominación de la provincia de Salta, a cargo de la Jueza Guadalupe Valdez Ortiz y la Secretaria I, a cargo de Gabriela Veggiani”, según expuso la comunidad. Por este hecho, responsabilizan de la intimación al terrateniente y empresario, Roberto Duran. Además, se declararon en Asamblea permanente “en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales”.

El desalojo fue ordenado por el Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial de 9na Nominación de la provincia de Salta, a cargo de la Jueza Guadalupe Valdez Ortiz y la Secretaria I, a cargo de Gabriela Veggiani y se debería al “vencimiento de contrato y falta de pago expediente Nº 361.547/11”, según expusieron en el comunicado de prensa firmado por la comunidad Diaguita y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta.

En este sentido, desde la comunidad denunciaron la “violación a los derechos que asisten a las Pueblos Originarios, tanto de rango constitucional como internacional, tal cual lo expresan el Art. 75 Inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional, el Convenio N°169 de la OIT-Ley 24071, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU”.

Según se explicó en el comunicado, la jueza en cuestión “ordenó el lanzamiento (desalojo) de los poseedores ancestrales del territorio Diaguita, haciendo caso omiso a las leyes vigentes que mandan suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Originarios del país, Ley Nacional N° 26.160 y sus prórrogas”.

Además, expusieron que “la Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí ‘El Algarrobal’, cuenta con el Relevamiento Territorial que ordena la Ley Nacional N° 26.160 y sus prórrogas, de orden público y de plena vigencia, realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI; organismo que mediante Resolución N° 494 de 2014 ha reconocido la ocupación actual, tradicional y pública del Pueblo Diaguita en Territorio del Algarrobal”.

En este sentido denunciaron al terrateniente y empresario de la zona Roberto Durand, “el cual mediante amenazas, aprietes, engaños y ataques sistemáticos continúa replicando la práctica colonial y feudal de hacer firmar contratos ilegítimos de arriendo a los poseedores ancestrales, hoy este sujeto acude a los tribunales, quienes en complicidad con el mismo personaje resuelven el desalojo comunitario, desconociendo nuestros derechos vigentes”. Y agregaron, “este empresario usurero, pretende hacer de nuestro territorio parte de sus negocios inmobiliarios, y en su avaricia humana no respeta nada y a nadie”.

Por último, exigieron a los organismos nacionales y provinciales responsables de la política indígena, que intervenga de manera inmediata “para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial”; solicitaron la urgente intervención de los organismos de Derechos Humanos y Defensor del Pueblo de Nación, “para velar por el cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestros territorios”.

“Como Pueblo Nación Diaguita preexistente, nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales”, concluyeron.

¡RESPETO POR NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO!

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UBA: Filosofía se suma a Sociales y exige la renuncia del vicerrector Richarte

PTS

Este martes, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) adhirió al reclamo estudiantil de remoción del cargo del actual vicerrector Darío Richarte.

Al respecto, el consejero estudiantil y militante de la Juventud del PTS Facundo Gómez declaró: “A instancias de la Juventud del PTS, la mayoría estudiantil de la Facultad presentó este martes, ante el Consejo Directivo, una propuesta de resolución que exige la inmediata renuncia del ex agente de inteligencia y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires Darío Richarte, aprobada por unanimidad. El proyecto adhiere al que aprobó la semana anterior la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por iniciativa de nuestra compañera Cecilia Mancuso, la consejera estudiantil que encabezó la exigencia de la separación del cargo de Richarte. Este pronunciamiento de nuestra Facultad implica un nuevo revés para Richarte y el Rectorado y es un claro mensaje de que no vamos a parar hasta expulsar a todos los servicios de inteligencia de la UBA".

Por su parte, la consejera por la mayoría estudiantil Jazmín Bazán agregó: "Gracias al apoyo de numerosas personalidades y organismos de derechos humanos, como Elia Espen (madre de Plaza de Mayo), entre otros, y a la denuncia que venimos impulsando los estudiantes, hemos logrado que las autoridades de Sociales y de Filosofía y Letras (UBA) se hagan eco de nuestro reclamo. Es un importante paso, pero nuestra exigencia no termina. A 39 años del golpe genocida, este 24 de Marzo vamos a marchar contra la impunidad de ayer y hoy, exigiendo la renuncia definitiva de Richarte de la UBA, y el fin del espionaje y la persecución a los trabajadores y a la juventud.”

Se adjunta resolución de los Consejos Directivos de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la UBA.

RESOLUCIÓN DE FILOSOFÍA Y LETRAS

17 de marzo del 2015 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

VISTO

La resolución Nº 186/2015 dictada por el Sr. Rector “ad referéndum” del Consejo Superior en la cual se le otorga licencia por el término de 90 días al Sr. Vicerrector Darío Florián Richarte;

CONSIDERANDO

Que Darío Richarte fue Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Fernando De la Rúa entre los años 1999 y 2001;

Que en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 se ordenó una represión que terminó con 35 muertos y que la SIDE estuvo implicada en esta masacre

Que es conocido, y objeto de denuncia por numerosos organismos de DDHH, el rol central que la SIDE jugó durante el golpe cívico militar y la continuidad que operó dentro de la SIDE desde el año 1976.

Que luego desde el año 1983 la SIDE con sus altas esferas como responsables, jugó un rol central para garantizar la impunidad de los genocidas. Que al día de hoy no se han abierto dichos archivos, obstaculizando la búsqueda por la Memoria, la Verdad y la Justicia, banderas que esta Facultad hace propias.

Que en nuestra Facultad como consecuencia del golpe de estado de 1976 desaparecieron más de 400 estudiantes, graduados, profesores y no docentes.

Que los cuestionamientos realizados al abogado Richarte por ocupar dicho cargo al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado ponen en cuestión su competencia para desempeñarse como vicerrector.

Que en el marco del caso de la muerte del Fiscal Alberto Nisman, salieron a la luz vínculos directos entre Darío Richartey agentes actuales o removidos del aparato represivo y los servicios de inteligencia, nacionales o extranjeros, como Antonio “Jaime” Stiuso, entre otros.

Que la designación del vicerrector Richarte fue rechazada por amplios sectores de la comunidad universitaria y sus organizaciones gremiales, tales como la Federación Universitaria de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Psicología y otros centros de estudiantes , la Asociación Gremial Docente, organismos de derechos humanos, entre otros.

Que el Consejo Directivo de Ciencias Exactas y Naturales se pronunció a través de su resolución Nº 654/2014 manifestando su “disconformidad y preocupación” con la designación de Richarte como vicerrector.

Que dicha designación también fue desaprobada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo –línea fundadora­ Nora Cortiñas, por José Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Que el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires prevé en su art. 98 inc. q) la separación del vicerrector “por causas notorias de inconducta, incapacidad o incumplimiento de sus deberes como tales ”;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSFÍA Y LETRAS RESUELVE:

ARTICULO 1°: Manifestar que los vínculos del Vicerrector Richarte con los servicios de inteligencia resultan incompatibles con su cargo en la Universidad de Buenos Aires y constituyen causales dentro de los marcos de lo expuesto en el Art 98 del estatuto de UBA.

ARTÍCULO 2º.­ Adherir al pedido de remoción de cargo del Vicerrector Darío Richarte presentado por el Consejo Directivo de Ciencias Sociales.

ARTICULO 3º.­ Enviar la presente declaración a las distintas dependencias, secretarías y departamentos de la Facultad y al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Difundir esta declaración por los medios institucionales disponibles. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN DE SOCIALES (UBA)

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015

VISTO

La Licencia ’Ad Referendum’ otorgada por el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, al Vicerrector Darío Richarte.

CONSIDERANDO

Que es de público conocimiento la participación del Vicerrector, ocupando el cargo de Subjefe, en la SIDE entre los años 1998 y 2002.

Que en el marco del caso de la muerte del Fiscal Nisman, salieron a la luz vínculos directos entre Darío Richarte y agentes actuales o removidos del aparato represivo y los servicios de inteligencia, nacionales o extranjeros, como Jaime Stiuso, entre otros.

Que es conocida, y objeto de denuncia por numerosos organismos de DDHH, la continuidad que operó dentro de la SIDE desde el año 1976 en que las Fuerzas Armadas avanzaron contra la democracia, jugando un rol central durante el golpe militar.

Que luego desde el año 1983 la SIDE, y sus altas esferas como responsables, jugaron un rol central para garantizar la impunidad de los genocidas. Y que al día de hoy no se han abierto dichos archivos, obstaculizando la búsqueda por la Memoria, la Verdad y la Justicia, banderas que está facultad hace propias.

Que en nuestra Facultad como consecuencia del golpe de estado de 1976 desaparecieron más de 250 estudiantes, graduados y profesores.

Que el Vicerrector Darío Richarte ha sido sujeto de cuestionamientos desde el momento mismo de su asunción por parte de estudiantes y docentes de las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Psicología, junto a sus Centros de Estudiantes y la FUBA.

La resolucion 20114 de este Consejo Directivo en la que se manifiesta: "disconformidad y preocupación con la designación del abogado Dario Richarte como vice rector de la UBA.

Que constituye un antecedente nefasto para el conjunto de la comunidad académica de la UBA, y de la Universidad pública en general, la pertenencia a la institución de miembros o ex-miembros de los servicios de inteligencia.

Que, a pesar de la licencia conseguida, Dario Richarte sigue ocupando el cargo de vicerrector de la UBA."

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales resuelve:

1- Presentar en el Consejo Superior la solicitud de inmediata y completa remoción del cargo para el Vicerrector con licencia Darío Richarte.

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Carpa para decir basta a la precarización laboral en la UBA

RED ECO

Será colocada este miércoles 18 de marzo frente al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en la calle Viamonte al 400. A las 11, habrá allí una conferencia de prensa, en la que se denunciará que a 15 días de empezar el cuatrimestre se han recortado cargos y rebajado salarios de los docentes de matemática.

El departamento de matemática comunicó a sus docentes que la secretaría académica del CBC exige la baja de 65 a 100 designaciones, pasando los que tienen 5 designaciones a 4 y los que tienen 4 quedarían con 3.

A través de un comunicado, desde AGD UBA afirmaron: “Este es un atropello no sólo a los afectados sino a todos los docentes del CBC. Los cambios que pretende imponer el Rectorado tocan ahora a los docentes de matemática. ¿Y después? ¿A quiénes intentarán seguir recortando salarios de los trabajadores históricos del CBC para poder ubicar a sus amigos, hacer padrón y seguir atornillados a sus sillas?

Llamamos a todos los docentes a organizarnos contra esta nueva embestida contra nuestros derechos. La única manera de revertir esta decisión es la organización de todos los docentes. Hagamos sentir nuestro reclamo! Decidamos entre todos los docentes las acciones a seguir.

Pase de 2ª a 1ª

Un año más y los docentes ya recibidos, que han cumplimentado los injustos requisitos de título en mano y no certificado de título en trámite, siguen esperando ser ascendidos a ayudantes de primera.

No basta con hacer el trabajo de ayudantes de primera, JTP y hasta a veces de adjuntos por el salario de un ayudante de segunda sino que ahora se suma un nuevo perjuicio: la imposibilidad de presentarse a la categorización en investigación. Por este motivo el miércoles 11 de marzo presentamos en el Consejo Superior un proyecto de resolución donde exigimos que se pase de manera inmediata a los docentes que revisten como ayudantes de segunda y ya han presentado el correspondiente título. El proyecto pasó a comisión con pronto despacho.

Ni las viejas autoridades (Ferronato) ni las nuevas (De Luca), más allá de los anuncios de pronta solución, han terminado de resolver esta grave situación.

Nuevamente tenemos que organizarnos para exigir que se nos reconozca el trabajo diario que realizamos y se nos pague el salario que corresponde. Convocamos a todos los docentes que estén en esta situación a reunirnos en la carpa que AGD UBA organiza el miércoles 18/3 a las 15 hs para discutir en conjunto las medidas a seguir”.

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Multitudinaria marcha de la CTA y la Multisectorial: Micheli llamó a construir un paro nacional para el 31 de marzo

Inés Hayes (ACTA)

Luego de una multitudinaria marcha desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo, la CTA y la Multisectorial volvieron a denunciar las condiciones salariales y de vida de millones de trabajadores en todo el país, así como la necesidad de contar con una justicia independiente y educación y salud públicas en serio. Pablo Micheli, Secretario General de la CTA llamó a que el 31 de marzo no sea sólo un paro de transporte sino un gran paro nacional.

Pasadas las 18.00, frente a la puerta del Ministerio de Trabajo comenzó el acto de la CTA y la Multisectorial. Antes de que hablaran los diferentes oradores, Juan Carlos Giuliani, Secretario de Relaciones Institucionales de la Central leyó una carta de adhesión de Rita Liempe, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA, quien por compromisos asumidos previamente no pudo estar presente en la jornada de lucha.

Luego fue el turno de José Oscari, en representación de Barrios de Pie. El dirigente celebró la jornada de lucha y remarcó la importancia de pelear por un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde a la canasta básica al tiempo que recordó que desde su organización vienen luchando desde 2001 por conseguir trabajos dignos con aguinaldo y vacaciones porque “lo que nosotros ganamos no alcanza ni para 10 días”.

Giuliani recordó además que el 13 de marzo la CTA se movilizó a la Embajada de Venezuela en la Argentina para denunciar al gobierno de Estados Unidos en su intento de hacer un golpe de Estado en la nación latinoamericana, defendiendo al gobierno y al pueblo venezolano.

La Federación Universitaria Argentina también estuvo en la marcha. Su presidente Arturo Posari dijo que celebraba la iniciativa de la CTA y la Multisectorial por su mensaje de unidad y de trabajo en la calle.

En representación del MST, Guillermo Pacagnini, también integrante de la Mesa Nacional de la CTA, dijo: “Estamos culminando una jornada nacional de lucha que levanta banderas que otros abandonaron en el camino. Estamos acá porque necesitamos poner de pie ese paro nacional por el salario, por el trabajo y para derrotar el ajuste”. En relación a los discursos presidenciales, Pacagnini agregó que la Presidenta, el 1 de marzo cuando abrió el año legislativo, olvidó hablar de la “inflación y la pobreza”. El dirigente sumó además que “los que estamos construyendo unidad en la calle somos los que nos movilizamos contra los de arriba. La semana pasada hubo 1500 despidos en la Peugeot de 3 de Febrero. Necesitamos una ley que frene los despidos y las suspensiones. Necesitamos educación y salud públicas y una justicia independiente. El 24 de marzo vamos a seguir levantando las banderas de los derechos humanos de ayer y de hoy, por la derogación de la Ley Antiterrorista y por la creación de una Comisión Investigadora del atentado a la AMIA”.

A su turno, Mariano Sánchez de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), volvió a reclamar 4 mil pesos de emergencia para todos los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados, así como un Salario Mínimo, Vital y Móvil que tenga en cuenta la canasta necesaria para un trabajador y su familia. “Es necesario seguir la lucha, hay que cambiar de fondo la Argentina para tener una patria libre y soberana”, finalizó.

El anteúltimo orador fue Omar Príncipe, Presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA): “Esta conducción está convencida que nuestro país necesita cambios estructurales y tiene que empezar con un gran debate que no está en la agenda ni de este gobierno ni de los demás candidatos y es debatir la distribución de la renta agraria de este país que está concentrada porque en el campo no somos todos iguales. Nosotros, los pequeños y medianos productores no consideramos a la tierra como un valor para el Mercado sino como valor social donde vivimos chacareros, trabajdores y familias”.

Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Pablo Micheli, Secretario General de la CTA saludó la presencia de todas las organizaciones en el acto y dijo: “No vamos a encontrar soluciones a nuestras reivindicaciones si no estamos en la calle. No vamos a conseguir que el Salario Mínimo, Vital y Móvil sea de 12 mil pesos si no estamos en la calle. No vamos a conseguir el 82% móvil si no estamos en la calle, no vamos a terminar con la impunidad si no estamos en la calle: vamos a seguir peleando porque sin pelea no se puede conseguir nada”.

En relación a la presencia de la Federación Agraria Argentina, el dirigente señaló: “En buena hora saluda esta Central que la FAA se haya alejado de la Mesa de Enlace. No se puede uno abrazar con el enemigo. En esta Multisectorial caben todos los que quieran luchar. Esta CTA empuja para que el del 31 no sea sólo un paro de transporte sino un paro nacional por una distribución justa de la riqueza. Venimos frente a este Ministerio de la vergüenza, que más trabajadores precarizados tiene e interfiere en las decisiones de los trabajadores, a denunciar a este ministro por su falta de libertad y democracia sindical. En la calle, con mucha lucha y organización le vamos a torcer el brazo. Fuerza compañeros”, finalizó Pablo Micheli ante los aplausos de todos los presentes.

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Jornada de lucha de la CTA. Peidro: “Esta Central no se va a disciplinar bajo ningún Gobierno”

Melissa Zenobi (ACTA)

La Central de Trabajadores de la Argentina protagoniza hoy una Jornada Nacional de Lucha con Paro y Movilizaciones de Jujuy a Tierra del Fuego. La medida, que se sentirá a lo largo de todo el país, tendrá su acto central en la ciudad de Buenos Aires, con una concentración a las 16 horas en el Obelisco para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. ACTA dialogó con Ricardo Peidro, Secretario Adjunto de la Central.

-¿Por qué la CTA marcha hoy al Ministerio de Trabajo en el marco de la Jornada Nacional de lucha con movilizaciones en todo el país?

- En principio marchamos porque no se han dado solución a las reivindicaciones, petitorios y puntos que veníamos planteando desde hace mucho tiempo. Y, por otro lado, por reivindicaciones concretas de la clase trabajadora: una de ellas tiene que ver con el impuesto al salario, más allá de que no alcance a toda la clase, creemos que es un hecho de injusticia. Acá es fundamental discutir si es justo, o no, que se le cobre a los trabajadores un impuesto cuando sabemos que el salario no es ganancia. Mientras tanto, sectores concentrados de la economía están invictos a este aporte. Como dicen todos los datos, incluyendo los oficialistas, la precarización laboral y el trabajo flexible va en aumento y todo esto impacta de manera directa sobre el salario y la capacidad de discutir con los empleadores. En este sentido, estamos pidiendo que se convoque de manera urgente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

-Y que el Consejo se convierta realmente en una herramienta donde se diriman las demandas de la clase.

- Exactamente, porque además convocan al Consejo del Salario cuando ya terminaron todas las paritarias y debería ser a la inversa. En Consejo del Salario debería poner un mínimo que marque una línea, pero se convoca sobre el final de las rondas paritarias cuando ya prácticamente no tiene ninguna influencia. Por eso es importante que se convoque con urgencia la apertura del Consejo del Salario. En los últimos trabajos que presentó la Central, vimos que una familia tipo necesita al menos 12 mil pesos para vivir. Y ese debería ser el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que no se tape más con estadísticas falsas la realidad nacional, seguimos insistiendo con una postura historica que es el 82% móvil y que el salario de los jubilados sea igual al Mínimo, Vital y Móvil de cualquier trabajador, que debería ser de 12 mil. Porque actualmente se equiparan, pero no por una cuestión de ascenso del salario del jubilado, sino porque el Salario Mínimo, Vital y Móvil no responde a la realidad de lo que necesita un trabajador para vivir. Por supuesto que también marcharemos por la derogación de la Ley Antiterrorista, la no criminialización de la protesta; todas estas cuestiones parecen no estar en la agenda del Gobierno, ni en la agenda de los principales candidatos visibles, los candidatos que el modelo nos presenta como presidenciables. Si bien el Estado tiene la obligación de dar respuesta a estas cuestiones, todos los candidatos deben saber que esta Central no se va a disciplinar bajo ningún Gobierno; este plan de lucha va a ser para cualquier Gobierno que pretenda que el ajuste lo paguen los trabajadores.

-En entrevista con ACTA, Pablo Micheli dijo que la jornada de hoy era la antesala a un posible paro nacional en unidad de acción con otras Centrales sindicales ¿Se avanzó en este sentido?

- Para nosotros, la unidad de acción es una bandera que implica la unidad de la clase trabajadora porque tiene mayor fuerza para obtener los objetivos que nos planteamos. O sea que la unidad de acción es clave, y no implica unidad orgánica, ni que estemos todos bajo el paraguas de una misma sigla. Nos referimos a la unidad de la clase trabajadora, que se consigue con la pelea y con un petitorio en común. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a dialogar y a juntarnos con las otras centrales para confluir en una medida nacional. Pero es una decisión que no depende sólo de nosotros. Desde lo discursivo nosotros vemos que esto va caminando. Creo que sí se puede confluir, la medida va a ser contundente porque hay muchas necesidades insatisfechas, hay derechos vulnerados y una profunda preocupación en todo el pueblo.

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