jueves, 18 de septiembre de 2008

Argentina: La única respuesta es el silencio

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Dos años sin Julio López. Dos años de idas y venidas en una Justicia estrechamente ligada al poder político, destinadas a consagrar la impunidad y el encubrimiento de los autores materiales e intelectuales de un hecho aberrante para un Estado de Derecho. Parece que no basta con señalar la complicidad de los nostálgicos del pasado, pues ahora se pretende investigar a quienes también fueron víctimas de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

Dos años para seguir reclamando el esclarecimiento de lo sucedido, junto con la exigencia de la aparición con vida de un compañero que tuvo el coraje de enfrentar a Miguel Etchecolatz, fiel ladero del extinto Ramón Camps, en un tribunal. Mientras el Gobierno Nacional hace gala de su oratoria, de su verba inflamada por la vigencia de los Derechos Humanos, nada ha realizado para intentar, siquiera, echar un poco de luz y encontrarlo.

Se intentó esconderlo de los medios de comunicación y ahora, el ex-Ministro Arslanián, al igual que el juez que entiende en la causa, Dr. Arnaldo Corazza, intenta instalar la presunción de su muerte. ¿ Será otro Miguel Bru ?. Al menos, esa constituye la línea que comienza a enarbolar la justicia, siguiendo los lineamientos de un poder político al que le pesa este lastre que, sin dudas, mancha su caballito de batalla electoral y de gestión.

Por otro lado, nos encontramos ante la inusual exigencia del letrado patrocinante de la familia del compañero, señalada por la Prof. Dra. Adriana Calvo en su artículo de Página 12, acerca de investigar a quienes estuvieron junto a él en ocasión del juicio oral al genocida. Resulta indudable que representa una contribución significativa al proceso de encubrimiento que se realiza desde el poder, pero también no cabe duda que ello implica trasladar la responsabilidad de la custodia a los organismos de Derechos Humanos, nucleados en Justicia Ya ! La Plata, en lugar de exigir que se esclarezcan las responsabilidades que les caben a los organismos estatales por ello.

El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es elocuente. El poder político apostó al extravío, luego a consolidar la trama de la impunidad y del encubrimiento mediante una Sala de Apelaciones integrada por jueces ligados a la dictadura militar y ahora redobla su apuesta, para instalar la muerte de Julio López e intentar entorpecer la investigación, mediante la torpe argucia de hurgar entre quienes lo acompañaron.

Otra vez se realizará otra marcha. Los medios le dedicarán algún espacio, pero sigue flotando el silencio como respuesta acabada de la inoperancia e impericia del poder para encontrar a una persona que ha desaparecido en democracia. Ello es grave, en una democracia amenazada por el autoritarismo y por el avance de la derecha a través del campo y de la gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires, como también por la violación sistemática de los Derechos Humanos mediante la judicialización de la protesta social y el incumplimiento de las obligaciones estatales, de acuerdo a lo prescripto por la Constitución Nacional.

Si algo viene predominando desde el Estado es, precisamente, la falta de respuestas a las demandas sociales, constituyendo otro silencio significativo a la exigencia de los diferentes sectores sociales postergados, desde los sumergidos en la pobreza y en la indigencia a los colectivos soslayados, pese a la normativa vigente, como el integrado por las personas con discapacidad y los pueblos originarios.

De Julio López a la gran cantidad de problemáticas sociales irresueltas, nos encontramos con el común denominador del silencio. Sin respuestas a los interrogantes planteados, pero que suele transformarse en represión explícita cuando sus protagonistas ganan las calles y ello demuestra la impotencia estatal. 5.000 presos políticos, desde Las Heras a los detenidos por los hechos de Castelar; desde los presos políticos paraguayos a los inquilinos de San Telmo que no se dejaron estafar y desde la tragedia del hambre que no cesa a las muertes evitables en nuestra infancia, junto a la desprotección de los colectivos vulnerables, son las pruebas irrefutables que los Derechos Humanos no tienen la vigencia que deberían tener en nuestro país pese al discurso oficial.

La única respuesta es el silencio. Pero todavía somos muchas y muchos los que estamos dispuestos a hacernos escuchar para lograr el respeto a nuestros derechos, incluyendo el del compañero Jorge Julio López...

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.