martes, 30 de septiembre de 2008

Argentina: Registro de femicidios se necesita

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Los femicidios, homicidios de mujeres - muertes intencionales, que conllevan entre sus características distintivas no sólo la crueldad con que son cometidos, sino la impunidad que sigue perpetuando su existencia - generan la denuncia de las feministas y el movimiento de mujeres que los han puesto en la agenda pública. Compartimos aquí algunas investigaciones y la presión para la elaboración de legislaciones que contemplen a este fenómeno dentro del marco de la violencia contra las mujeres en el caso más amplio y de la violencia familiar en el más restringido.

Como no es un asunto de índole privado, sino un fenómeno histórico, de orden cultural, que fundamentalmente se ejerce para disciplinar a las mujeres en un sistema que permite y aprueba-no sin fisuras- la desvalorización de las mujeres y la distribución del poder en forma asimétrica generando vulnerabilidad y desventajas para las mujeres, el Estado debería promover, investigar o apoyar las investigaciones que posibiliten conocer el problema.

Documentar los casos, registrarlos a partir de criterios comunes que permitan estandarizar la información es un primer paso, convertir la realidad en insumo para el desarrollo de acciones que modifiquen el punto de partida y erradicar la violencia contra las mujeres.

"La actual ausencia de información oficial fidedigna sobre la magnitud de la violencia contra la mujer, y específicamente del fenómeno del feminicidio, constituye un serio obstáculo para la investigación de los crímenes", señalan las investigadoras costarricenses Ana Carcedo y Montserrat Sagot.

Las autoras marcan la necesidad de aplicar las herramientas estadísticas a la problemática del femicidio "para la búsqueda de soluciones, establecer con mayor claridad las causas, relaciones y lógicas que dan lugar al femicidio".

En el mismo sentido van las declaraciones de la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elena Highton, quien al inaugurar la Oficina de Violencia Familiar que funcionará en ese ámbito gubernamental dijo que "las estadísticas se necesitan para tener una conciencia integral del tema. Pueden ayudar a que las autoridades se interesen más y mejor".

El número creciente de mujeres asesinadas por esposos, amantes, novios, ex parejas, ex maridos, ex amantes exige una revisión de los conceptos jurídicos desde los cuales se aborda y la incorporación de la categoría de género al análisis y registro estadístico que es deseable se emprenda a nivel nacional.

Sin la inclusión de este concepto no podrá entenderse el continium de violencia que deriva en el femicidio y las condiciones estructurales que lo posibilitan en la sociedad.

A modo de ejemplo

Para elaborar este artículo la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) me nutrió de experiencias desarrolladas en distintos países para registrar los femicidios en forma uniforme y en forma oficial. A la pregunta de cuál era la situación en los países de origen de las/los integrantes de la Red aparecieron las respuestas de Mirta Rodríguez desde República Dominicana (SEMlac), de Elena Crespo Yujra desde Bolivia (Red Nacional de Trabajadoras de la Información y la Comunicación) y de Sara Lovera, periodista y feminista de México (CIMAC).

En México se hizo un estudio nacional sobre el problema, se hicieron estadísticas y a partir de la situación emblemática que se registra en Ciudad Juarez se intentó hacer visible el problema en otras regiones del país, aportó Sara Lovera, coordinadora del proyecto de investigación de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana.

Dicha comisión que inició su trabajo en 2005, concluyó que más de 6000 niñas y mujeres mexicanas fueron asesinadas en 6 años, entre 1999-2005.

Para conocer la situación del femicidio en el país, uno de los motivos de su creación, dicho organismo diseñó una política de investigación para generar y reunir conocimientos confiables sobre la violencia feminicida y para recibir información sobre el feminicidio a través de informes oficiales de las autoridades y de otras fuentes.

La perspectiva de género primó en el trabajo que realizaron los equipos de investigación cuyas integrantes fueron seleccionadas por su comprensión y conocimiento del tema, su capacidad académica o periodística; un comité científico formado por especialistas en género y un consejo formado por las representantes de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas dedicados al adelanto de las mujeres.

Los datos que fueron sistematizados e interpretados fueron recabados directamente en instituciones de gobierno, se realizó un seguimiento periodístico, se entrevistaron autoridades, jueces e integrantes de organizaciones civiles y también se consultaron archivos.

Su tarea permitió confirmar cuantitativa y cualitativamente que el femicidio no es ajeno a la realidad mexicana.

La información posibilitó describir el femicidio en México; dimensionar el problema para denunciarlo; crear un archivo único en su tipo, por la especialización que adquirió en el tema por ejemplo describió la geografía del feminicidio en México, un levantamiento cartográfico a partir de los datos de distintas dependencias oficiales, no sólo de homicidios, sino de los tipos de agresión y la incidencia en el país.

Hoy ese material está en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Programa de Investigación Feminista, a partir de un convenio firmado con la Universidad y la Cámara de Diputados.

Un registro a la mexicana

Frente a la violencia contra las mujeres, el Estado debe tomar con urgencia la iniciativa de generar políticas públicas para evitar que se produzca y que no quede impune una vez que se materializa el crimen.

Una Comisión de Seguimiento del Femicidio en la Argentina, que funcione sobre datos ciertos, uniformes, sistematizados y recabados desde un perspectiva de género constituiría una respuesta a la violencia que se reitera y vulnera el derecho a vivir una vida libre de violencia.

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